Arnaldo Córdova. Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Entre sus libros, La revolución en crisis. La aventura del maximato (Cal y arena).

La complejidad de las relaciones de México con los Estados Unidos, hoy en día, casi no tiene límites. Y el asunto de la certificación por parte del gobierno norteamericano de la acción de México en contra del narcotráfico lo pone plenamente de manifiesto. En sí mismo, por supuesto, ese “reconocimiento” de un gobierno hacia otro no sólo no tiene ningún fundamento legal en el derecho internacional porque, objetivamente, se trata de una indebida intervención en los asuntos internos de otro país, sino y sobre todo, porque revela la tendencia de la única superpotencia que sobrevive en el mundo a considerar que dentro de su estrategia de poder todos los demás países y sus gobiernos son algo menos que sus dependientes y sus servidores. Eso, como lo hizo ver en los mejores términos el presidente Ernesto Zedillo, es ofensivo e inaceptable para cualquier nación que tenga un mínimo sentido de la dignidad de su soberanía. Pero hacer notar eso e indignarse con toda razón no son el asunto principal. 

Que el gobierno mexicano ha sido incapaz de combatir con eficacia la acción del crimen organizado y, en particular, del narcotráfico, es un hecho. También lo es, como lo mostró el increíble asunto del general Jesús Gutiérrez Rebollo, que la corrupción y la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado se da a todos los niveles, incluidos los más altos. Es asimismo un hecho que los cárteles criminales no podrían sobrevivir un solo día si no contaran con la protección de quienes representan la autoridad de las instituciones. Si ese hecho no se diera, todos los capos mafiosos estarían ya bajo juicio. Cada vez que hay un arresto de un pez gordo de la delincuencia siempre caen varios oficiales de policía en servicio que le servían como guardaespaldas, para no hablar de expolicías que, al parecer, forman el grueso de las tropas de línea de las organizaciones criminales. Cuando hay despidos masivos de policías, como ha ocurrido recientemente en Baja California, hay que estremecerse, porque esos despedidos, expertos sólo en el uso de las armas, no van en chirona sino al desempleo que es el mercado de trabajo del crimen organizado. México, sencillamente, no tiene con qué combatir la delincuencia de alto calibre. Eso es un hecho que se demuestra cada día que pasa. No hay nada de malo, objetivamente, en que al Ejército se le meta a desempeñar funciones de policía. En especial, cabría señalar el hecho de que el crimen organizado ha logrado tal poder económico y logístico que no existe corporación policiaca que pueda combatirlo con eficacia. El Ejército tiene los medios y poder suficientes para hacerlo. Pero hay un par de cuestiones que ya han sido abundantemente señaladas y que ponen en duda la eficacia de esa medida. En primer lugar, los soldados son soldados y no policías. Eso quiere decir que no cuentan, en principio, con la preparación adecuada para hacerla de policías, preparación que es crecientemente sofisticada y que a ellos les cuesta mucho adquirirla. Eso podría remediarse con cursos e instrucción adecuados en los cuarteles y en las instalaciones policiacas para soldados metidos a policías. Por otro lado, queda el hecho de que el soldado nunca dejará de ser un soldado. Muchos hemos tenido la oportunidad de toparnos con policías y soldados. Con los primeros uno puede argumentar e incluso arreglarse por la vía de la “mordida”. Con los soldados eso es casi imposible. Apuntándole a uno a la cabeza sus pavorosas armas, casi no puede cruzar palabras con ellos. El caso es que el soldado tiende mucho más fácilmente a violar derechos humanos que los mismos policías. Lo hemos podido ver en los recientes operativos antinarcóticos que han corrido a cuenta de los militares. Cuando actúan, además, en zonas rurales, pueden cometer cualquier brutalidad en contra de las personas y no hay nada que los detenga si ellos cuentan con sus “órdenes superiores”.

Creo que México, en ese sentido, no cuenta con muchos certificados de buena conducta. Pero, a final de cuentas, ése es un asunto nuestro y no de nuestros vecinos ni de ningún otro. Puede entenderse que el gobierno norteamericano esté profundamente insatisfecho por el trabajo que los mexicanos han hecho en contra del narcotráfico. Es lo mismo que sentimos todos los mexicanos. Fue admirable que, en el momento mismo en que Clinton “certificaba” a México, algunos de sus funcionarios se fueran de la boca y declararan, a veces cobardonamente, sin dar sus nombres, que nuestro país en realidad no se merecía la tal certificación y que esperaban que el Congreso la impidiera finalmente. Fue increíble. El presidente norteamericano, de verdad y como lo hizo notar Zedillo, quería dar su aval al gobierno mexicano. Clinton tiene ya demasiados intereses fincados en México como para hacerle al tonto con las famosas certificaciones. Pero, para su desgracia (y para la nuestra), hay otros poderosos intereses en los Estados Unidos que militan en contra de la relación de los Estados Unidos con México. El famoso TLC (o NAFTA) no es un capítulo cerrado de ninguna manera. La mayoría de los republicanos y muchos demócratas se mueven por intereses económicos que han sido afectados por el Tratado. Ciertas cifras muestran (a mi parecer con mucha superficialidad) que los mexicanos están ganando y muchos norteamericanos están perdiendo. A esos antimexicanos el asunto de la certificación les cayó como un regalo del cielo para hacerle la guerra a Clinton como “promexicano” y a México como un país que no tiene remedio y del que lo mejor es mantenerse a distancia. 

Es una posición, vista objetivamente, muy estúpida, ni duda cabe. Si Clinton tiene algún mérito es el haber comprendido que México resulta vital para Estados Unidos, sea económicamente, sea en la estrategia mundial del poder. México no es Colombia, aunque comience a parecérsele mucho. Pero ése no es realmente el asunto. Clinton puede querer mucho a Zedillo, pero dentro de su misma administración casi todos sus funcionarios están convencidos de que México no merece el apoyo que él le está dando. Mientras el presidente daba su certificación, muchos de aquellos funcionarios, comprendidos los que forman el estado mayor de la DEA, cabildeaban en el Congreso para que el reconocimiento fuera revertido. La DEA, en particular, abiertamente en contra de su presidente, se quejaba de que los mexicanos eran unos corruptos irremediables y de que no hacían nada para combatir el narcotráfico. ¿Cómo es que Clinton no les llamó la atención a los directores de la DEA? Imposible saberlo. Como es bien sabido, a veces los cuerpos de seguridad e inteligencia en los Estados Unidos resultan insindicables o intocables. La oposición al reconocimiento de México, hay que repetirlo, totalmente ilegal y ofensivo, no fue solamente la acción de una corriente mayoritaria en el Congreso, sino también la acción deliberada de enteros organismos y numerosos funcionarios de la administración de Clinton. 

En el Congreso el punto fue romper compromisos con el gobierno mexicano y someter a su gobierno a una condición en la que sólo pudiera obedecer indicaciones dirigidas desde Washington. En el gobierno de Clinton la divisa fue aprovechar la certificación para presionar sobre los mexicanos y obligarlos a “hacer mucho más de lo que estaban haciendo”. Qué era eso, no lo dijo sólo un funcionario del gobierno, sino también un congresista, Dennis Hastert, que propuso una enmienda para postergar la certificación durante 90 días, los que faltan para que en México se realicen las elecciones de julio. Los voceros de la DEA, evidentemente, fueron los que inspiraron esa enmienda. ¿Por qué Clinton los dejó actuar públicamente sin decir esta boca es mía? ¡He ahí el punto! O Clinton no le está jugando limpio a su “querido” Zedillo o es un tonto y, creo, no tiene un pelo de tonto. Al final, la famosa certificación ha sido toda una charada, pero ha sido también una excelente medida para tratar de poner a México de rodillas, y no sólo de parte de los antimexicanos del Congreso (una espantosa mayoría, contados algunos méxico-norteamericanos amigos de influyentes creadores de opinión en México que hacen abierta profesión de fe antigubernamental). 

Los seis puntos que introdujo en la resolución de la Cámara de Representantes la dichosa enmienda Hastert, francamente, no tienen nombre. Claro que México no es Colombia, pero tampoco es Puerto Rico, dicho con todo respeto para esos países. Colombia está “descertificada”; Puerto Rico es, virtualmente, una colonia. Colombia está prácticamente crucificada por el gobierno norteamericano y se encuentra en la increíble situación de tener que combatir a sus narcos y al mismo tiempo a la DEA, que es absolutamente incapaz de realizar operación alguna que lleve a buenos resultados en aquel país (igual que en México). ¿Cómo se pueden justificar, ante el derecho internacional e, inclusive, ante algunos ordenamientos legales de los propios Estados Unidos las siguientes propuestas de la “enmienda Hastert”: 1) incrementar el número de los agentes de la DEA en México; 2) autorización para que los agentes antinarcóticos estadunidenses porten armas; 3) acciones para eliminar la corrupción en las agencias de seguridad pública mexicanas; 4) compromisos para agilizar extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos; 5) autorización para sobrevuelos y derecho de reabastecimiento para navíos y aviones antinarcóticos norteamericanos; y, 6) avances sobre un acuerdo marítimo para permitir la detención de narcotraficantes en aguas mexicanas, todo ello a realizarse en 90 días? El congresista Hastert debe ser un ignorante supino del derecho internacional. Ni siquiera vale la pena comentar esa propuesta, pues toda ella es intervencionista y violatoria de los principios de acuerdo con los cuales las naciones se rigen en sus relaciones mutuas. Pero eso, como es bien sabido, no importa a los flamantes representantes del pueblo norteamericano que, como bien apuntaba hace cerca de tres decenios el historiador Arthur Schlesinger, se rigen por poderosos intereses (muchas veces locales) y no por valores políticos. Remember Ghephart, demócrata de Saint Luois, Missouri, que se opuso al TLC porque era sólo un servil de poderosas compañías de su distrito y todo mundo se lo dijo en su cara y él solo tuvo que reconocerlo.

No se puede no estar de acuerdo con el presidente Zedillo en este punto. En México hay que combatir el narcotráfico y el crimen organizado porque representan el peor desafío a la seguridad nacional que el país jamás haya experimentado en los últimos siete decenios y no por hacerle un favor a los Estados Unidos que este país no se merece. Su denuncia de que los norteamericanos no han sido mínimamente capaces de controlar el consumo de drogas de sus connacionales que va siempre en ascenso es más que apropiado. Si ellos insisten en que el problema es la oferta y no el consumo de drogas, seguirán haciendo del narcotráfico una potencia que, tal vez, un día ni ellos mismos podrán controlar. Ni siquiera ellos han podido argumentar con un mínimo de racionalidad por qué se niegan a legalizar el consumo de drogas. Las drogas no son, necesariamente, malas. Ultimamente se ha hecho notar que algunas drogas, incluida la mariguana, por supuesto bajo control médico, pueden tener efectos muy positivos sobre ciertas enfermedades del hombre. El moralismo norteamericano, que rige inflexiblemente algunas de sus leyes y sus decisiones políticas, pertenece, en realidad, a la época de la caza de brujas de Salem. La sociedad estadunidense lo está pagando caro. Lo peor es que nos lo hacen pagar a todos los demás. México tendrá que decidirse a combatir solo su batalla contra el crimen organizado y dejar, cada vez más, de depender de los Estados Unidos para llevarla a cabo. La cuestión es si podremos hacerlo.