Víctor Alejandro Espinoza Valle. Director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio  de la Frontera Norte.

Un grupo de dieciocho intelectuales se ha puesto a la tarea de pensar nuevas opciones políticas para México. ¿Hacia dónde apuntan?

Espinoza Valle Varios

Los compromisos con la nación

Plaza y Janés

México, 1996 

438 pp.

En 1988 Ludolfo Paramio trazaba una tipología de los intelectuales y criticaba a quienes no “eran responsables ante la sociedad presente y futura, sólo ante sí mismos”. Lo más sencillo, afirmaba, era no tener ningún tipo de militancia y evitar “correr el riesgo de llegar nunca al gobierno y defender una política concreta. (…) El verdadero intelectual comprometido, cuando expone su verdad, caiga quien caiga, se juega la cara en un proyecto colectivo, aunque exista la horrible posibilidad de que ese proyecto pueda llegar o haya llegado de hecho al poder”.1 

El libro Los compromisos con la nación reúne a 18 intelectuales mexicanos que apuestan por un proyecto de nación. No es común encontrar un texto que se comprometa políticamente a superar la profunda crisis que padecemos. Abundan los ejemplos de trabajos que presentan el diagnóstico de ciertos fenómenos o problemas; muy pocos, como el presente, que trazan soluciones posibles a los gravísimos desequilibrios del presente; de ahí su riqueza, pero también las críticas y reacciones generadas. 

Ciertamente nos encontramos ante un libro que aborda, desde diferentes perspectivas, los problemas más acuciantes de nuestra sociedad. Detrás de los textos encontramos trayectorias personales diversas: académicos, dirigentes de partidos, funcionarios y exfun-cionarios de primer nivel, consejeros ciudadanos, miembros de organizaciones no gubernamentales, sindicalistas, etc. Este grupo de nuevos Contemporáneos, se ha reunido sin unanimidades, más bien a partir de convergencias. Su objetivo en común, según declaran, “es lograr un nuevo equilibrio de fuerzas que sea favorable a la sociedad y que permita dar un impulso definitivo a nuestra transición a la democracia”.2 Comparten la certeza de que las soluciones para el México de hoy se fincan en un nuevo acuerdo institucional; el actual se encuentra en una crisis sin retorno.

Una de las evidencias más tangibles de la crisis política ha sido la división al interior del Partido Revolucionario Institucional. La escisión de 1987 fue fundamental para los derroteros de las elecciones presidenciales de 1988 y 1994. Esa renovada vocación democrática de algunos exmiembros del otrora invencible, ha enriquecido la vida política mexicana. Pero precisamente por la nueva participación social, por la ampliación de opciones que ofrece el mercado político y, sobre todo, por el tipo de salida que demanda la crisis, se requiere consolidar los liderazgos y no depender del caudillismo. Este es el reto también para algunos de los participantes en el libro. Para ellos será una ardua tarea reconstruir la legitimidad perdida por su identificación con la generación en el poder. La miope y machacona personalización para explicar el origen de la crisis, se convierte en un difícil handicap. Está muy arraigada en nuestra sociedad la creencia de que las crisis se explican sólo por las corruptelas de algunos funcionarios. No es de extrañar que durante los últimos 20 años tanto el PRI como el PAN, y aun el gobierno mismo, insistieran en que con el desplazamiento de los malos burócratas y con administración honesta se resolverían los grandes problemas nacionales. Libros como el actual nos recuerdan la complejidad de la explicación de nuestros padecimientos y, sobre todo, los retos para aliviarlos. 

A partir de 1982 el grupo gobernante impulsó un proyecto de modernización que daba prioridad a la reforma económica. Se pensaba que la salud económica garantizaría la estabilidad política, sin la necesidad de pasar por las conmociones de un cambio político profundo. Sin embargo, como señala David Ibarra: “La instauración de estrategias económicas radicalmente distintas a las tradicionales produce rupturas que desbordan la esfera económica e invaden el dominio de la política” (p. 298). En efecto, las políticas de ajuste, privatización y de racionalización del gasto público tuvieron su correlato en la esfera política, erosionando las bases de sustento del pacto corporativo. Ello propició, de nuevo en palabras de David Ibarra, “la supresión del paternalismo estatal, rompiendo uno de los pilares del autoritarismo”. 

Lo que nos muestra bien el libro es que la “crisis de México es una crisis política y económica simultánea”, como la describe Jacobo Zaidenweber (p. 322). Hemos llegado a una situación tal que lo que pasa en la esfera económica tiene consecuencias inmediatas en el terreno político y viceversa. Si las políticas económicas aplicadas de manera inflexible durante los últimos catorce años han ahondado los desequilibrios, conduciéndonos a una peligrosa segmentación social, las graves desavenencias políticas dan cuenta de la imposibilidad del régimen político para mantenerse al margen de cambios profundos. El costo, incluso en sangre, del mantenimiento de un orden artificial, es demasiado alto para la nación. 

Sin embargo, no hay recetas para salir de nuestros problemas. Este grupo pone a discusión compromisos, respuestas posibles a la pregunta de por dónde enfocar nuestros esfuerzos para iluminar la salida del túnel. Pese a lo que pudiera pensarse en una facilona actitud descalificadora, en el libro no se propone una vuelta al pasado. No se encontrará una reivindicación “populista”, en la cual se añore al Estado Providencia, previo a la moda del Estado Mínimo o Modesto, según lo califica Michel Crozier. Pero sí se cuestiona a fondo la idea de que las fuerzas libres del mercado son la panacea a los problemas económicos. Los costos de esta estrategia están a la vista. Por ejemplo, a estas alturas resulta trágico sostener “que la mejor política industrial, o la mejor política agropecuaria, es la que no existe” (p. 324). Para Julieta Campos “el Estado no puede abdicar de su función esencial de promotor del bien común”. La solución ante los extremos serían “las actitudes intermedias”; en palabras de Zaiden-weber: “Ni los extremos keynesianos estatistas de los gobiernos de 1970 a 1982, ni una transición [económica] acelerada y radical desconsideradora de las características de nuestra sociedad. Sostengo una posición intermedia subsidiaria: tanto Estado como sea necesario, tanta sociedad como sea posible” (p. 324). Así, se llega a la conclusión de que no podemos saltar sin red; ni siquiera los ejemplos paradigmáticos del mundo neoliberal (Estados Unidos bajo Reagan e Inglaterra bajo la Thatcher) prescindieron, como se pregonaba, del gasto público y del intervencionismo gubernamental. Partamos de nuestras condiciones precarias y de una difícil inserción en el mundo contemporáneo; no obstante, dicen los autores, debemos darle un “sentido nacional a la modernización” (p. 309), a nuestra salida a la crisis. 

Esa puerta hacia el futuro sólo puede abrirse con democracia; en palabras de Porfirio Muñoz Ledo, debemos apostar por la “renovación del pacto social” (p. 420); Ricardo García Sáinz lo describe como un gran “acuerdo nacional” (p. 162). Sólo un “pacto social renovado” (Julieta Campos, p. 183), un nuevo “arreglo institucional”, permitirá, entre otras soluciones, corregir el déficit social que amenaza en convertirse en ingobernabilidad. No se trata de la firma de ningún documento, la vía es establecer verdaderos compromisos para diseñar, cumplir y hacer cumplir las nuevas reglas del juego democrático, capaces de imprimirle certidumbre a nuestra transición. 

La tarea no es sencilla, David Ibarra y Jacobo Zaidenweber recuerdan que durante los últimos años se han dado experiencias alentadoras para iniciar el camino. (Los pactos económicos a que se comprometieron diferentes actores sociales a partir de 1987.) El grupo coincide en que existe una gran oportunidad para el acicate de la transición con las elecciones federales de 1997.3 

Para esa coyuntura, Manuel Camacho realizó la propuesta que sin duda ha recibido la mayor atención de los medios. Escribió Camacho Solís: “Como sociedad enfrentamos cuatro opciones políticas: 1. conservación del régimen con alguna concesión de reforma electoral; 2. ‘normalización’ autoritaria; 3. cambio de régimen a partir de una victoria electoral en el 97, y 4. potenciar las fuerzas opositoras para forzar la salida del actual grupo gobernante. De éstas, la más probable, en las condiciones actuales, es la primera, de concesiones limitadas. La más remota es la tercera, en su modalidad de frente opositor y programa conjunto, aunque sin duda es la mejor para el país” (p. 414). Como lo previera Camacho, a raíz de la reciente reforma electoral, la primera opción parece imponerse. Sin embargo, la creación de una coalisión opositora ha sido fuertemente criticada.4 Se le calificó como una propuesta excluyente y, sobre todo, irrealizable. 

No obstante, las críticas se fincaron en la percepción de que la propuesta sólo tenía afanes protagónicos o añoranzas de caudillo. Camacho Solís defiende la necesidad de integrar un frente opositor “que asegure una gran victoria a partir de la cual se pueda negociar una verdadera transición con las fuerzas del régimen” (p. 414); es decir ganar el Congreso para forzar al Ejecutivo y emprender la transición, que hasta la fecha es sólo una ilusión. 

La duda sobre las posibilidades de llegar a conformar un amplio frente opositor, que garantice el triunfo electoral, estriba en que deberá incluir al Partido Acción Nacional. Sucede que, dada la trayectoria triunfante del PAN, difícilmente renunciaría al liderazgo de la coalición, en el caso que decidiera participar. Nada indica que lo hará, su estrategia federalista de acceso al poder ha sido exitosa. Mediante triunfos locales, se prepara para el asalto al cuartel central: la Presidencia de la República en el año 2000. Así, el impulso a la transición democrática por esta vía opositora parece lejana. 

Aún más, pese a las innegables virtudes de la recién aprobada reforma electoral, la imposibilidad de candidaturas comunes -entre partidos- va contra la opción. Otras omisiones (como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, las candidaturas independientes, la prohibición de los colores y símbolos patrios en los logos de los partidos, la imposibilidad de reelección de los Consejeros Ciudadanos, la designación por sustitución del gobernador del DF o los candados para impedir participar a los exregentes) cuestionan la “definitividad” de la reforma. 

Los retos para salir del atolladero son enormes. Al terminar la lectura del libro, uno tiene la certeza de que pese a las dificultades, la vía para remontar los desequilibrios presentes es la apuesta por el cambio democrático; amplio, no excluyente. Es, además, la única garantía para el retorno de la confianza. Es éste un libro esperanzador; nos presenta opciones factibles ante modelos y políticas que se nos ofrecieron como las únicas y como evidencias del “fin de la historia”. Se agradece que en medio del estupor y la parálisis de los últimos tiempos, 18 intelectuales se atrevan a proponer.

1 Ludolfo Paramio: “Carlos Pereyra”, en Zona Abierta, Fundación Pablo Iglesias, nos. 48/49, Madrid, julio-diciembre de 1988, pp. 8-9, 11.

2 “Los compromisos con la nación”, desplegado publicado en Proceso, México, no. 1025, 21 de junio de 1996, p. 73

3 “Sostenemos que esta transición habrá de sustentarse en una nueva mayoría que podría tener carácter constituyente, surgida de las elecciones federales de 1997”, “Los compromisos con la nación”, desplegado, loc. cit.

4 Véase, Antonio Camou: “¿Vidas paralelas?”, y Jorge Javier Romero: “Agendas políticas solapadas”, en Nexos 222, junio de 1996.