Oscar Espinosa Villarreal. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

“El propósito del actual gobierno ha sido el trabajar en los cuatro frentes para hacer la ciudad más viable. En lo político para que sea más democrática y gobernable; en lo social, para hacerla más segura, justa y armoniosa; con más y mejores oportunidades de desarrollo para sus habitantes; en lo urbano, para que cuente con un proyecto claro que preserve las áreas ecológicas, que aproveche mejor el suelo ya urbanizado y que dé plena certidumbre al eliminar la discrecionalidad en el uso del suelo, que su infraestructura y sus servicios estén a la par de nuestras necesidades y expectativas; y, en lo económico, para contar con el motor de bienestar que permita avanzar al ritmo y velocidad que la ciudad requiere mediante la creación de empleos”. 

En ocasión de mi primera comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal formulé los principios que habrían de guiar el ejercicio de gobierno, el hilo conductor de las medidas concretas que mi administración se proponía llevar a cabo y los lineamientos que más tarde se convertirían en el Programa General de Desarrollo 1995-2000 para el Distrito Federal. 

Aprovechando el espacio que Nexos brinda para discutir los grandes problemas de la vida nacional, quiero plantear ante sus lectores la visión que de los retos de la ciudad y la manera de enfrentarlos tiene Oscar Espinosa. Plantear mis puntos de vista, tiene como propósito hacer explícitos, no tanto los logros y pendientes de mi administración a más de dos años de gestión, sino, más bien, animar una discusión informada sobre lo que significa gobernar a la ciudad más grande del mundo, los retos que enfrenta y enfrentará cualquier gobernante y las perspectivas futuras. 

Cuando asumí la jefatura del gobierno del Departamento del Distrito Federal, confirmé que a pesar de la gran pluralidad que caracteriza a la ciudad de México, existía un gran acuerdo sobre las aspiraciones de los ciudadanos independientemente de su condición social u orientaciones políticas. Confirmé que todos coincidíamos en la necesidad de tener, por ejemplo, una ciudad mas democrática, mas segura, con mejores servicios, con mayor crecimiento y mejores oportunidades de desarrollo social. 

Este acuerdo, era claro, debía ser la guía de acción, el eje ordenador de las medidas de gobierno. Pero el acuerdo terminaba aquí y los retos comenzaban. Junto a estas aspiraciones, a estos intereses generales, se alzaban de una parte, concepciones distintas sobre cómo alcanzarlos y, de otra, un conjunto de intereses particulares, muchos de ellos legítimos, producto de un contexto definido por una enorme pluralidad de organizaciones, asociaciones y corrientes políticas que le dan el complejo perfil a la capital de la República. Esta pluralidad es lo que, finalmente, representa el desafío de gobernar la ciudad. 

Para enfrentar estos retos, la administración que encabezo trazó un plan de gobierno que orientara su acción de acuerdo a las aspiraciones ciudadanas antes mencionadas, a partir de un supuesto general del que se derivan un conjunto de principios de acción que guiarían el ejercicio de gobierno.

Por una ciudad viable

El supuesto general detrás de las acciones del gobierno del DF ha sido el de coadyuvar a la viabilidad de la ciudad, esto es, a tomar medidas que permitan que la ciudad pueda seguir desarrollándose a largo plazo, a superar problemas que atentan contra el futuro de la ciudad como organismo político, social, urbano, y económico. Asumir como supuesto el de la viabilidad de la ciudad puede parecer sencillo pero tiene consecuencias políticas que no son fáciles de asumir para un gobernante. Comprometerse con hacer viable nuestra ciudad significa, entre otras cosas, sacrificar medidas que atraerían popularidad al gobierno y asumir costos, desde luego en el corto plazo, con miras a no hipotecar el futuro. Gobernar buscando la viabilidad supone, entonces, buscar la solución de problemas y no sólo o no principalmente, de conflictos; significa reconocer que los problemas y desafíos que vive la capital no se van a resolver dentro de los términos de duración de un gobierno, pero que las medidas que tome un gobierno determinado tendrán consecuencias para el desempeño de los que vendrán después pero sobre todo para los habitantes de la ciudad del mañana. Gobernar la ciudad con miras a acrecentar su viabilidad supone asumir que las acciones de gobierno no estén supeditadas a las aspiraciones políticas del gobernante en turno. Supone distinguir entre dos grandes tipos de problemas que por igual requieren la acción del gobierno. Los primeros, los estructurales, los que concitan el acuerdo ciudadano y de cuya resolución depende la viabilidad, la sobrevivencia de la ciudad. Problemas como el del abasto y suministro de agua, como el de la seguridad de los habitantes, como el de la contaminación o el del transporte. Los segundos, de carácter mas particular, que tienen que ver con los intereses promovidos por asociaciones y organizaciones sociales y políticas que buscan la satisfacción de demandas de grupos específicos. Es obligación del gobierno actuar sobre estos dos frentes garantizando que la solución de los segundos no comprometa la de los primeros so pena de tener un gobierno popular a costa de una ciudad viable. 

Según fue planteado en el plan de gobierno, existen cuatro ejes para asegurar la viabilidad de la ciudad: la viabilidad política, social, urbana y económica de la ciudad. Esta distinción analítica es útil porque permite plantear con claridad el modo como se abordan los problemas de la ciudad. En la práctica, es evidente que estos ejes se condicionan mutuamente. Por ejemplo, hacer viable la ciudad en lo político supone asegurar que la ciudad cuente con instituciones y reglas políticas que garanticen que la lucha por el poder no se traduzca en problemas de gobernabilidad, estabilidad o conflictos políticos que alteren el funcionamiento de otras áreas de gobierno. Vale la pena detenerse con mayor precisión en cada uno de estos ejes.

Viabilidad política. ¿Cómo se concibe este eje de acción? ¿Por qué ha sido parte del plan de gobierno? ¿Cuáles han sido las principales acciones para asegurar la viabilidad política de la ciudad? 

En un contexto caracterizado por la pluralidad de intereses, de organizaciones y de asociaciones, la viabilidad política requiere por una parte, de un marco institucional democrático -condiciones de competencia equitativas- en el que partidos políticos fuertes y responsables, sean capaces de absorber y canalizar la participación política a efecto de que no se rebasen los marcos que dan legalidad y legitimidad al régimen. Por la otra se requiere también reconocer que los partidos no agotan el marco de la representación ciudadana y que existen intereses cuya representación y resolución se da al margen de las organizaciones partidarias. 

Para promover el primer aspecto de la viabilidad política, mi gobierno se comprometió activamente con el Acuerdo Político Nacional entre los Partidos Políticos en lo referente a la Reforma Política del DF impulsada desde el inicio de su administración por el Presidente Ernesto Zedillo. Después de largas negociaciones, el acuerdo fructificó en un proyecto legislativo que fue aprobado en agosto de 1996 y que entre otros importantes avances reconoce los siguientes:

La elección directa del Jefe de Gobierno en julio de 1997. 

Una nueva demarcación territorial de los 40 distritos electorales uninominales para la elección de miembros a la ARDF y de 30 distritos electorales federales uninominales para la elección de diputados por mayoría relativa al Congreso de la Unión. 

La completa ciudadanización de los órganos electorales locales que tendrán bajo su jurisdicción la totalidad del proceso electoral. 

La elección indirecta de delegados en la que las 2 terceras partes de los miembros presentes de la ARDF deberán aprobar las propuestas formuladas por el Jefe de Gobierno. 

La reglamentación del financiamiento a los partidos y los topes de campaña.

A pesar de tan grandes avances quedan todavía aspectos importantes por reglamentar en lo que toca a la institucionalidad política básica de nuestra ciudad. Tal es el caso del estatuto de gobierno que deberá ser discutido en el Congreso. 

Sin embargo, la viabilidad política de nuestra ciudad va mas allá de lo que concierne a la vida de los partidos y las condiciones de la competencia electoral. Se trata de la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el ejercicio de gobierno. En lo que toca a la participación ciudadana, el gobierno se ha preocupado de incorporar al quehacer del gobierno -tanto en lo referente al proceso de toma de decisiones como en la fase de ejecución- a grupos de ciudadanos que por sus conocimientos, experiencia y voluntad de trabajo han sido indispensables para resolver los problemas. Destacan, por una parte, los Consejos de Asesores que en diversas materias (vivienda, transporte, fomento económico, desarrollo urbano y protección social, entre otros) se han formado, y por la otra las brigadas de bienestar o los grupos de trabajo delegacionales que se han formado para instrumentar la atención a las demandas que cotidianamente reciben los delegados. 

Junto a la participación ciudadana y a la partidaria coexisten también la participación de las múltiples organizaciones sociales. El gobierno de la ciudad ha reconocido a los movimientos y organizaciones sociales como un signo de vitalidad de la sociedad civil y por ello ha mantenido abiertos los canales de comunicación y resolución de demandas. Pero al mismo tiempo se ha evitado que la interacción con esas organizaciones se dé en el marco de relaciones clientelares o de arreglos políticos que con frecuencia obligaron al aplazamiento de decisiones en aras de mantener equilibrios políticos que más que beneficiar a la ciudad, privilegian intereses particulares. 

De ahí que desde el inicio de mi gestión, pusimos empeño en fomentar un nuevo arreglo social en el que los tres tipos de asociación y representación de intereses -partidos, organizaciones sociales y ciudadanos- redefinan su interacción con su gobierno para hacerlo más transparente, orientado a asegurar la viabilidad de la ciudad, más que a la promoción de intereses particulares. En este nuevo arreglo se busca una relación entre el gobierno y la sociedad en la que se privilegia el apego a la ley, el diálogo, la concertación y la corresposabilidad en las tareas de gobierno. El conjunto de estos principios en la relación gobierno-sociedad acompañado por las nuevas instituciones democráticas y, por supuesto, el compromiso de las partes a participar bajo sus reglas es lo que garantizará la viabilidad política de nuestra ciudad y, con ella, la gobernabilidad. 

Sin embargo, de poco habrá de servir un gobierno comprometido con la democracia si es ineficaz, es decir si no es capaz de resolver los problemas o al menos de sentar las bases para hacer a nuestra ciudad viable en lo social, lo urbano y lo económico. 

Viabilidad social. En lo social, la viabilidad se expresa en un doble frente. No puede hablarse de la viabilidad social de la ciudad si no somos capaces de garantizar la seguridad física de sus habitantes. Este es un asunto de primerísima importancia en la agenda del gobierno y no se escatiman recursos para ganar la batalla a la delincuencia. Durante el periodo de la presente administración se incrementaron los recursos en el rubro de Seguridad y Justicia en más del 100%. Los resultados hasta ahora obtenidos no son los que quisiéramos ni los ciudadanos ni sus gobernantes, pero es indiscutible que hay avances producto de la reorganización de la Secretaría de Seguridad Pública, de destinar más y mejores recursos a las labores de vigilancia y prevención de delitos, de la aprobación del Programa de Seguridad Pública, de la instalación de la Comisión Metropolitana de Seguridad Pública y de Impartición de Justicia. 

Pero el gobierno de la ciudad responde a la violencia y a la demanda por seguridad no sólo procurando prevenir la delincuencia y castigando con la ley a los que en ella incurren sino también eliminando las causas económicas y sociales que, en alguna medida, la provocan. 

Es éste el segundo frente de la viabilidad social. Es responsabilidad del gobierno garantizar oportunidades de bienestar a quienes no se han podido incorporar al desarrollo y ampliar las oportunidades de salud, vivienda, educación, cultura y recreación a todos sus habitantes. Si bien es materialmente imposible que durante el periodo de una administración se logren revertir los rezagos sociales, en algunos rubros existen avances muy importantes. Por ejemplo, todos los niños del Distrito Federal tienen acceso a educación básica, 45% del total de familias de escasos recursos han sido atendidas por las brigadas de bienestar, en materia de salud la atención preventiva y curativa ha superado todas nuestras metas. 

También es una exigencia revertir las enormes desigualdades que se han generado en la ciudad, a través de la protección de los sectores más desfavorecidos. Resaltan en este aspecto los programas de atención a indigentes, discapacitados y niños de la calle.

Viabilidad urbana. Pero ningún mínimo de bienestar será suficiente si no se garantiza, al mismo tiempo, una ciudad habitable en su entorno físico. En el frente urbano, el reto es asegurar que la infraestructura y red de servicios a la comunidad correspondan a las necesidades y dimensiones de hoy pero también del futuro. Los habitantes de esta ciudad hemos pagado un precio muy alto por su crecimiento. Esto no tiene por que seguir siendo así. El crecimiento puede ser ordenado y regulado. Se trata de hacer un uso intensivo y no extensivo del suelo para establecer un límite absoluto al tamaño de la mancha urbana. En esta dirección hemos avanzado a través de la elaboración y aprobación, con el concurso de la Asamblea de Representantes, del Programa General de Desarrollo Urbano. 

Los problemas del entorno urbano son enormes y diversos: red vial, pavimentación, transporte público suficiente y adecuado, construcción de estacionamientos, aire limpio, defensa de recursos naturales y áreas verdes, promoción de industrias limpias, regularización de la tenencia de la tierra, drenaje, recolección de basura, centros de abasto y mercados. En fin, la lista es interminable. La solución de cada uno de ellos conlleva resistencias pues afecta intereses particulares. Su solución rebasa los límites de cualquier periodo de gobierno pero la obligación asumida por esta administración ha sido la de sentar las bases para que la planeación del crecimiento urbano revierta la anarquía. 

Viabilidad económica. Ninguna ciudad es viable si no garantiza su desarrollo económico. Las ciudades, sobre todo las de gran magnitud como la nuestra, presentan grandes restricciones a la actividad económica, sobre todo de orden demográfico y ambiental. No podemos aspirar a mejorar los niveles de vida de la población sobre la base de un crecimiento sostenido en el número de trabajadores que se concentran en la ciudad, ni sobre las bases de una sobreexplotación de los recursos naturales. Pero, al mismo tiempo, es un hecho que las grandes ciudades presentan ventajas comparativas que se traducen en grandes oportunidades para generar empleos cada vez más productivos, y en consecuencia, cada vez mejor remunerados, todo ello respetando las restricciones ambientales que nos impone el medio físico que ocupamos. 

Durante mucho tiempo prevaleció en la ciudadanía y autoridades la idea de mantener restricciones al crecimiento económico por encima de la valoración de oportunidades. De ahí que, a lo largo de muchos años, se haya ido convirtiendo en lugar común, la idea de que para solucionar los problemas de la ciudad había que inhibir su desarrollo económico. Este ya no es el caso. Si de algún consenso se puede hablar hoy por hoy en la ciudad de México, es el que se refiere a la necesidad de impulsar su desarrollo económico. El reto en este sentido es claro: necesitamos más empleos mejor remunerados que vayan sustituyendo a los puestos de trabajo menos productivos y peor remunerados, en particular los que se ubican en el sector informal de nuestra economía. 

El Distrito Federal se encuentra en una inmejorable posición para lograr lo anterior: cuenta con una masa crítica de recursos dedicados a la investigación y el desarrollo sin paralelo en el país. Es el centro nacional de la actividad financiera, cuenta con la mejor red de telecomunicaciones de la república y con una concentración extraordinaria de capital y talento empresarial. Dada la dinámica inserción de México en la economía global, que requiere una creciente competitividad industrial, todas las empresas del país necesitarán de los insumos tecnológicos, financieros, de teleinformática y de capacidad empresarial y organización que sólo la capital puede ofrecer. Con estos sectores como motor del desarrollo, y apoyándose en un amplio y diferenciado mercado, se generarán cada vez más empleos mejor remunerados en la ciudad, lo que aumentará la capacidad de pago de impuestos. Ello a su vez permitirá mejorar los servicios públicos, incrementando, en un círculo virtuoso, la competitividad de la ciudad. Por esta vía, además de mejorar el ingreso y la calidad de vida del Distrito Federal, la capital estará haciendo una contribución de primer orden al desarrollo del país, al poner a disposición de las empresas de otras entidades, servicios de cada vez mayor calidad a precios cada vez más competitivos.

En todo ello, el Gobierno de la Ciudad tiene un papel importante que jugar: se deben crear las condiciones en materia jurídica, de infraestructura, de planeación urbana, de servicios, de seguridad pública y del marco institucional para que las empresas aprovechen al máximo las ventajas que ofrece la ciudad. En los últimos dos años se han dado pasos importantes en esta dirección. Se ha revisado y modificado, en estrecha colaboración con la Asamblea de Representantes, el marco jurídico de la Ciudad para aumentar la certidumbre en esta materia, se ha simplificado la relación entre autoridad y ciudadanía y a desregular la actividad económica, lo que resulta en una reducción importante de los costos de transacción que deben enfrentar las empresas que operan en el Distrito Federal. Se han establecido diversas instancias -el Consejo de Fomento Económico, los Consejos de Fomentos Delegacionales y el Consejo de Fomento Industrial- en las que se suman las voluntades de los sectores público y privado para impulsar el desarrollo económico, y se ha hecho un esfuerzo, que comienza a dar frutos, por fomentar la vinculación de las instituciones de investigación y de enseñanza superior y las empresas y el Gobierno de la Ciudad. 

Además de fomentar la actividad económica, el Gobierno de la Ciudad tiene la grave responsabilidad de satisfacer la demanda social de bienes y servicios de carácter público sin poner en riesgo la viabilidad financiera de la administración pública a largo plazo. Un gobierno responsable debe, en consecuencia, enfrentar disyuntivas inevitables en materia fiscal, reconociendo las restricciones que imponen las finanzas y buscando la conciliación de los intereses, frecuentemente contradictorios, de la ciudadanía. La ciudad debe cobrar conciencia de que no se puede, al mismo tiempo, exigir una aumento en la cantidad y la calidad de los servicios, una disminución de impuestos y tarifas y una deuda pública bajo control. Si bien se ha hecho un uso responsable, pero decidido, de la capacidad de endeudamiento del Distrito Federal para acelerar la recuperación económica de la ciudad una vez superada la emergencia económica de 1995, hemos debido enfrentar las difíciles disyuntivas que se han presentado en materia fiscal. Por ello nos hemos empeñado en racionalizar los subsidios, buscando maximizar su función redistributiva al concentrarlos en los bienes estrictamente públicos y en las zonas de mayor rezago, pero, en contrapartida, hemos tomado la decisión de reducirlos, que no eliminarlos, en la prestación de otros servicios como el de transporte. 

Contamos hoy con una estructura de ingreso, gasto en la ciudad más orientada a la inversión, que contribuye a igualar las oportunidades entre sus habitantes y que ha sentado las bases para la expansión de la oferta de servicios públicos sin poner en riesgo la viabilidad financiera del Distrito Federal. 

Los principios de Gobierno

Al inicio de este artículo afirmé que al asumir la Jefatura del DDF constaté la existencia de un consenso sobre las aspiraciones de los ciudadanos y la presencia de una sociedad caracterizada por una gran pluralidad e intensa vida política y social. La pluralidad y diversidad que definen a la ciudad plantean un gran desafío a sus gobernantes. El desafío es cómo gobernar frente a una gran cantidad de intereses particulares que requieren atención pero que a menudo se anteponen al interés de la ciudad, cómo decidir entre demandas contradictorias en donde los demandantes, al exigir soluciones, pierden de vista los derechos de terceros y el funcionamiento y viabilidad de la ciudad. Los ejemplos abundan: se demanda combatir la contaminación pero todos quieren circular diariamente, se demanda que se cierren las empresas que contaminan pero se exigen empleos, se demanda la defensa de áreas verdes pero se presiona para construir vivienda en zonas de reserva ecológica, se exigen más y mejores servicios pero se rechaza el ajuste presupuestario por la vía de impuestos y contribuciones, se exige aplicar la ley, pero se condena el uso de la fuerza cuando se desalojan a invasores de tierras. 

A estos desafíos se añade el factor de sobreestimación del poder del gobierno y la falta de credibilidad sobre el mismo. Se asume que el gobierno lo puede todo y a menudo se le identifica como la causa de todos los problemas, infiriendo, falazmente, que todas sus iniciativas o programas están condenados al fracaso o que siempre parecerán “insuficientes”. 

La solución de los problemas no depende exclusivamente de la voluntad política del gobierno. Los retos exigen participación y corresponsabilidad ciudadana porque buena parte de los problemas que encara la autoridad son conflictos entre intereses particulares. 

Conscientes del contexto de pluralidad y los desafíos que éste plantea, los planes diseñados y las medidas de política que mi administración ha tomado con respecto a los cuatro ejes fundamentales que aseguran la viabilidad de la ciudad, esto es, las estrategias adoptadas, han estado guiadas por un conjunto de principios de acción en el ejercicio de gobierno. En primer lugar, mi gobierno se comprometió con el apego a la ley con el fin de recuperar la confianza ciudadana y fortalecer las instituciones. En segundo lugar, conscientes de que en una situación de pluralidad de intereses y de grandes retos es necesario el concurso de quienes habitan la ciudad, el diálogo, el debate y la participación han sido principios rectores en la acción gubernamental. Esta participación puede constatarse en la elaboración de los programas de acción en cada uno de los ámbitos que revisamos mas arriba e incluso en las fases de ejecución de algunos programas (ARDF, Consejos Delegacionales, Consejos Asesores, Brigadas de Bienestar, organizaciones sociales, partidos políticos). Finalmente, ha sido principio de acción la búsqueda de consensos y la concertación que no la cultura del arreglo en la que se solucionan conflictos aunque los problemas de fondo persistan. 

El futuro inmediato

Estamos hoy a tres meses de la primera elección para Jefe de Gobierno de la ciudad y de la cuarta para representantes ante la Asamblea. Por primera vez, los ciudadanos de la urbe más grande del mundo tendrán la oportunidad de elegir entre distintas ofertas políticas. Este cambio histórico fue hecho posible por el concurso de diversas voluntades políticas: por la de los ciudadanos capitalinos, por la de los gobiernos federal y local, por la de los partidos y el de las asociaciones políticas. Todas estas voluntades concurrieron en hacer posible las reformas política y electoral que el próximo 6 de julio dará como resultado el primer gobierno electo de la ciudad. 

Existen voces que se alzan para alertar sobre la incertidumbre y la posible ingobernabilidad que se ciernen sobre la capital. Ante ellas tengo una posición y un compromiso. La posición del gobierno capitalino es que la incertidumbre no debe ser motivo de preocupación porque es parte inherente a todo proceso político-democrático. El temor a la incertidumbre nace de la angustia o desesperación por no saber en qué grado se puede generar determinados resultados políticos, o por la sobreestimación que desde el presente se hace en diagnósticos de caos. Frente a ello debe quedar claro que la incertidumbre se da en razón de la democracia política por la que todos hemos trabajado. Nuevas reglas, procesos inéditos, esperanzas y desánimos se mezclan para crear un ambiente político que, en las urnas, reflejará la madurez política de los capitalinos. En las próximas elecciones ganarán el partido y el candidato que logren convencer que su oferta política es la que de mejor manera satisface las aspiraciones ciudadanas. A partir de julio de este año, al poder de la ciudad se llegará por las urnas, previo convencimiento de la mayoría ciudadana. Así debe ser y no tiene por qué generar temores infundados. En todos sentidos, puede decirse que la elección de 97 será una elección que ya todos ganamos. 

Con respecto a la ingobernabilidad, también debe quedar claro que no es un problema en la ciudad. La ingobernabilidad no deriva de que un partido u otro estén al frente del gobierno capitalino y de la Asamblea o de que la jefatura de gobierno sea ocupada por un partido distinto al de la mayoría en la Asamblea. Desde la primeras elecciones para la Asamblea de Representantes en 1988 la capital ha estado gobernada por una pluralidad de partidos al tiempo que la acción del gobierno, lejos de haberse paralizado, se ha visto enriquecida. En la actualidad, los dos principales partidos de oposición, el PAN y PRD, tienen una importante y activa representación en la Asamblea. Más aún, miembros y simpatizantes de los partidos de oposición han sido valiosos colaboradores del gobierno que encabezo.

Las condiciones esenciales de la gobernabilidad son muy claras: 

Cuando existen instituciones que dirimen eficazmente conflictos. 

Cuando existen canales y medios para el diálogo entre distintas fuerzas políticas. 

Cuando existe legitimidad en el liderazgo político. 

Cuando la organización del poder político responde a un diseño en donde la mayoría no es rehén de la minoría, que con frecuencia antepone los intereses de partido con el fin de bloquear una conducción de gobierno cuyos resultados esperan ser aprovechados en el discurso impugnador o en el siguiente proceso electoral. 

En general, todas las fuerzas políticas de la ciudad hemos podido fortalecer el principio de que el interés general de la ciudad se anteponga a los intereses particulares de grupos y organizaciones. Ello ha tenido una influencia decisiva para lograr que una gran cantidad de propuestas legislativas de gran importancia para el futuro de la ciudad hayan sido aprobadas por unanimidad o con el consenso de dos o más fuerzas políticas representadas en la Asamblea. Destacan, entre otras, la Ley Ambiental, la Ley de Transporte, la Ley para Personas con Discapacidad, la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Asistencia, Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. 

Hasta el momento el gobierno de la ciudad no se ha visto ni paralizado, ni acotado en su capacidad para enfrentar los problemas de cuya solución depende la viabilidad de la ciudad misma. Aunque con frecuencia se confunde la capacidad para resolver esos problemas con la falta de gobernabilidad. Creo que la magnitud y complejidad de nuestra ciudad nos hacen ver con claridad que sea quien fuere quien resultare electo, los retos serán los mismos porque la democracia -por sí misma- no resuelve los problemas, simplemente señala la voluntad de los ciudadanos sobre quién habrá de intentar resolverlos. 

Los retos de la ciudad no pueden ser superados en el curso de una administración. Ni de ésta ni de la siguiente ni de las que vendrán después. Los retos se recrean día a día. Por eso la necesidad de los gobiernos. Pero es responsabilidad de ellos que los casi nueve millones de habitantes cuenten cotidianamente con gran cantidad de servicios, es su responsabilidad promover la actividad económica que representa el 27% del PIB de la nación, atender las demandas de más de 1500 agrupaciones individuales y 150 organizaciones cupulares, enfrentar la dura realidad de una ciudad que tiene en promedio 5.5 delitos por cada cien mil habitantes, operar un sistema de transporte que mueve a más de 5 millones de pasajeros al día, en fin, de una ciudad que es el centro de la vida política nacional. Es también responsabilidad de los gobiernos que sus acciones reditúen un saldo que favorezca a quienes la habiten y no a las figuras políticas que las gobiernan. 

El propósito del actual gobierno ha sido el trabajar en los cuatro frentes para hacer la ciudad más viable. En lo político para que sea más democrática y gobernable; en lo social, para hacerla más segura, justa y armoniosa; con más y mejores oportunidades de desarrollo para sus habitantes; en lo urbano, para que cuente con un proyecto claro que preserve las áreas ecológicas, que aproveche mejor el suelo ya urbanizado y que dé plena certidumbre al eliminar la discrecionalidad en el uso del suelo, que su infraestructura y sus servicios estén a la par de nuestras necesidades y expectativas; y, en lo económico, para contar con el motor de bienestar que permita avanzar al ritmo y velocidad que la ciudad requiere mediante la creación de empleos. 

Por otra parte, y para finalizar, el compromiso de mi gobierno es trabajar en lo que resta de esta administración para, por un lado, coadyuvar a garantizar la estabilidad necesaria para que las elecciones se desarrollen en un clima de equidad, paz y tranquilidad y, por el otro, entregar a quien resultara electo una ciudad con bases institucionales más sólidas, que faciliten la futura tarea de gobierno.