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Casi en la escalerilla del avión con rumbo a China y a la reunión de la APEC, el presidente Zedillo se dio tiempo para tomar parte en la discusión sobre el sentido último de las reformas aprobadas la semana pasada por la Cámara de Diputados en materia electoral. Luego, su argumentación fue ampliada por el secretario de Gobernación en su discurso del 20 de noviembre, en el que la Revolución de 1910 se globaliza y no sólo se inscribe en la ola democrática y de mercado pleno que recorre al mundo, sino que ella misma, por obra y gracia de la reforma política, se vuelve sinónimo de conciliación de los contrarios. Pace Hegel, dirán los nostálgicos.

Votadas por el PRI en solitario, las reformas reglamentarias de la reforma electoral definida con anterioridad por consenso de todos los partidos en su nivel constitucional, fueron desaprobadas sin más, pero sin demasiados aspavientos por la oposición y condenadas de inmediato y hasta con entusiasmo por el coro democratoide que forma el latifundio de la sociedad civil. Antes, los políticos del no partido habían asistido con fastidio y silencio a los consensos fundacionales que desembocaron en los cambios de la Constitución, y dieron su verdadero curso al sistema electoral que organizará el litigio político futuro.

No se puede ni debe menospreciar la falta del consenso, cuando de afirmar y afinar las reglas básicas del juego electoral se trata. Pero, a la vez, es claro que las modificaciones finales a la legislación electoral secundaria no revierten nada de lo que en lo fundamental se logró antes. Sí dan cuenta de lo precario que todavía son los entendimientos básicos que sobre la transición política guardan los actores principales. De aquí la importancia de una intervención activa del gobierno, en especial del Presidente, en asuntos que, en efecto, no pueden quedarse en el ámbito inter o intrapartidista, sino que afectan al conjunto del Estado.

La manera como se llevó a cabo esta fase terminal de la reforma, también sirvió de pretexto y foro para nuevos despropósitos de los priístas, que no aciertan a encontrar el mejor modo de dar rienda suelta a sus múltiples dificultades para adaptarse a la nueva situación que ha creado ya la reforma. Las primeras muestras de esto las tuvimos en las elecciones locales de Guerrero y con toda fuerza en las del Estado de México e Hidalgo. La pluralidad externa, ésa que entraña la posibilidad de perder, no forma parte aún del menú cotidiano del priísmo.

Para el Presidente, a las modificaciones aprobadas en materia de financiamiento a los partidos les asiste y antecede una “visión de Estado” que  sin embargo, no había merecido exposición previa alguna de su parte. Como lo ha hecho en otras ocasiones, Zedillo quiso poner punto final a una discusión que avanzaba sin rumbo claro y había dado en los últimos días un estruendo digno de mejor causa.

La verdad es que no era para tanto, menos para acudir a la siempre resbalosa noción de la “razón de Estado”. Las coordenadas maestras del teatro político futuro no sólo están establecidas sino que en los hechos son asumidas como tales por los principales participantes. Lo demás es ruido con muy pocas nueces y proviene en lo fundamental de las periferias, donde viven y se desviven por ser protagónicas y centrales las curiosas figuras de una “sociedad civil” que poco o nada tiene que ver con lo que ocurre en la política y la vida social que producen cotidianamente las mayorías nacionales.

El del financiamiento puede ser, sin duda, un asunto no sólo estético sino ético, como se dijo desde las cumbres opositoras, pero en rigor no es un tema de la política constitucional, sino más que nada de las contingencias de una política normal cuya hora está llegando. Se trata, además, de un problema que sigue en la casilla de los pendientes en prácticamente todo el mundo.

En este sentido, es indudable que tienen valor los dichos del presidente del PAN en su Convención Nacional, los cuales en otras circunstancias no serían sino bravatas. El PAN podrá, en efecto, después de julio de 1997, cambiar la reforma y darle otro contenido al asunto financiero, sin que por ello peligre decisivamente el rumbo del Estado. Lo mismo podrán hacer el PRD o el PT, solos o unidos, si logran conformar una mayoría que puede ser de ocasión o durar un buen tiempo, y si es que en verdad, como dicen creerlo hoy, la solución al tema financiero es para ellos cuestión no sólo de dineros sino de principios.

De lo que nos privaron los partidos en su litigio, junto con el Presidente y su gobierno que hablaron a destiempo o con demasiado sigilo, fue de una discusión de aliento en torno a lo que está debajo de las cifras y los montos para el financiamiento de la política. Sólo a modo de ejemplo, señalemos algunas cuestiones.

De una parte, está la que se refiere al tipo de formaciones partidarias a que se puede aspirar para darle el empujón final a la normalización política democrática de México. No es lo mismo un esquema de partidos sin actividad continua y densa, reducida a las jornadas electorales, que unos partidos con existencia permanente, actividad cotidiana y destacamentos y organizaciones específicas y profesionalizadas de un modo digno.

Para lo primero, se requiere sobre todo de clubes de notables y acceso a financiamientos ocasionales, pero de preferencia amplios y flexibles. Para lo segundo, no parece haber hoy otra alternativa mínimamente transparente que un financiamiento adecuado y prioritariamente sustentado en fondos fiscales, susceptibles del ejercicio de un claro y legítimo control y monitoreo.

Esta sería, en las actuales circunstancias del país, una de las principales contrapartes operativas de la definición constitucional de los partidos como entidades de interés público.

Por otra parte, y más allá de estas consideraciones que en la práctica admiten varias posibilidades y mezclas, está lo que tal vez constituye el meollo de la “visión de Estado” a que aludió el Presidente. Se trata de la construcción de avenidas y ductos, obligadamente aceitados por un financiamiento aceptable, que auspicien la normalización menos traumática posible del priísmo, que de todas formas nos va a salir cara, si es que proyectamos su conducta de los meses recientes.

Negar hoy un financiamiento amplio al PRI, que además sea público y auditable, es abrir la esclusa a una desenfrenada búsqueda de recursos para el año entrante que sería justificada por la pretensión opositora de definir de antemano, en la mesa de la negociación y no en las elecciones por venir, la derrota del Institucional. Así, por lo menos, rezaría una posible lectura priísta desde una paranoia alimentada por sus derrotas recientes, una nunca bien explicada y menos entendida “sana distancia” y por el cruce implacable de intereses, ambiciones y tentaciones de fuga a que está llevando en sus filas esta fase final de la transición.

Antes que una feria envenenada por los poderes fácticos de todo tipo y color, vale la pena explorar vías públicas, fiscales, para encarar una cuestión que no ha encontrado solución fácil ni satisfactoria en ninguna parte del mundo.

En su vertiente reglamentaria y de innovación institucional no hay reforma política definitiva. Pero pienso que es válido proponer como hipótesis futura de trabajo, que en lo esencial ha concluido una fase constitucional que abre nuevos panoramas y define nuevos horizontes. En el ámbito del Estado, uno de nosotros, José Woldenberg, encara ahora responsabilidades y encargos honrosos y en extremo demandantes que reclaman toda su atención y esfuerzo. Así las cosas, habrá que cerrar este cierre para pensar en abrir otras ventanas.

San Pedro Mártir,

20 de noviembre de 1996