Hermenegildo Castro. Periodista.

Concluida la guerra fría y semienterrado el fantasma del comunismo que recorría el mundo, un sector importante del gobierno y la sociedad de Estados Unidos puebla su imaginación con un fantasma siempre temido por un país que ha participado en incontables guerras sin que nadie, excepto Pancho Villa, haya tocado su territorio continental: la invasión. Ahora, el enemigo identificado es moreno y mexicano.

Ahogados por el río de tinta que provocó la decisión del gobierno de Estados Unidos de incumplir el Tratado de Libre Comercio en cuanto a la circulación de camiones mexicanos en su territorio y la solicitud de asilo político del exsubprocurador Mario Ruiz Massieu, dos hechos ilustran la paranoia estadunidense: los ejercicios militares y policiales para manejar “una vasta inundación de inmigrantes ilegales” y, en un cambio notable en la relación bilateral moderna, la concesión de asilo político a por lo menos 55 mexicanos supuestamente perseguidos por su gobierno.

Al mando del coronel Richard Coffin, decenas de elementos del ejército, la Patrulla Fronteriza, la policía local y del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) realizaron del 5 al 7 de diciembre una serie de prácticas para “manejar” lo que consideran una posible invasión pacífica de miles de mexicanos huyendo de “una catástrofe social inmencionable y no específica” vinculada a un colapso en la economía, un golpe de Estado o “cualquier cantidad de otras situaciones”, según información recogida por Sam Dillon, corresponsal del diario The New York Times durante los ejercicios celebrados en Nogales, Arizona.

En su oficina californiana de San Diego, el senador republicano Duncan Hunter, célebre en México por patrocinar al grupo racista Iluminen la Frontera, aplaudió de gusto pues recientemente propuso al Congreso de California la iniciativa de Ley AB‑57 para reforzar la vigilancia en la frontera con diez mil soldados de la Guardia Nacional. Dicha iniciativa será discutida en los próximos días aunque, en la práctica, los militares ya participan en el patrullaje en la zona fronteriza bajo la cubierta de “asesores” de los elementos de la Patrulla Fronteriza para el manejo del sofisticado equipo de sensores y rayos láser dispuestos en la línea para impedir el cruce de los indocumentados.

Las prácticas conjuntas para enfrentar una posible “invasión” de miles de mexicanos huyendo de su país y el cambio en la práctica de la política de asilo ocurren en una temporada preelectoral y alimentan el clima antimexicano que el año pasado permitió la aprobación de la Ley 187 en California para negar servicios de salud y educación a los indocumentados, pero sobre todo demuestra que un sector del gobierno y de la sociedad norteamericana actúa con un profundo desconocimiento de la realidad mexicana o, lo que es peor, con perfidia.

En su característica política de doble cara, la administración estadunidense declara por una parte su confianza en la recuperación económica de México -Lawrence Summers, subsecretario del Tesoro, sostiene que “la etapa crítica ya pasó”- y, por la otra, toma en serio la por ahora increíble hipótesis de una ola café de mexicanos que, huyendo de una catástrofe social, inundaría “comunidades enteras” del sur de Estados Unidos.

Lo significativo del asunto es que la paranoia llega hasta las oficinas de la Comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización, Doris Meissner, quien declaró a The New York Times sobre la posibilidad de la invasión: “Pienso que es remota, pero es parte de nuestro mundo. Tenemos que estar seguros de que podemos manejar las emergencias si éstas llegaran a presentarse”. No es casual, por tanto, que Meissner en persona haya supervisado las prácticas que continuarán en 1996 y que ya se habían realizado en MacAllen, Texas, en una operación sin precedente.

La práctica, según la descripción del diario, consiste en rodear con malla ciclónica un determinado perímetro para concentrar a los indocumentados detenidos, un campo de concentración vigilado con reflectores y dotado de tiendas de campaña, tanques de agua, baños portátiles. Aquellos detenidos que no aceptaran la deportación voluntaria e inmediata tendrían derecho a un abogado y un juez migratorio y a ser enviados a un centro de detención de emergencia para, posteriormente, pasar a “prisiones, cárceles de condado o bases militares”.

La posibilidad de recurrir a un juez migratorio también indica que existe en parte del gobierno estadunidense una visión equivocada o esquemática de los problemas de México. La crisis económica, que ha tenido un altísimo costo social con el evidente empobrecimiento de la clase trabajadora y campesina, no se tradujo en un endurecimiento de la política sino, al contrario, en una apertura que logró sentar en la mesa para las negociaciones de la reforma electoral y del Estado a los cuatro partidos políticos con registro y en la ausencia de conflictos postelectorales en 13 de los 15 procesos registrados en 1995. Además, se amplió el uso de la libertad de prensa y el guerrillero subcomandante Marcos, obligado por el resultado de una consulta popular sobre el destino del EZLN, primero convocó a la creación de una nueva fuerza política bajo la denominación de Frente Zapatista de Liberación Nacional, que será “pacífica, independiente y democrática”, y después entregó temporalmente sus armas al mayor Moisés.

Sin embargo, funcionarios del gobierno de Estados Unidos, indicó The New York Times el 2 de diciembre pasado, “han concedido discretamente asilo político a por lo menos 55 ciudadanos mexicanos en los últimos 14 meses, lo cual significa un cambio importante después de muchos años en los cuales virtualmente todas las solicitudes de asilo de mexicanos fueron rutinariamente rechazadas”. Del total de casos de asilo, 54 se aprobaron en el último año. La medida es una declaración tácita en el sentido de que existe represión y persecución gubernamental en contra de personas que sostienen ideas contrarias al gobierno.

Aunque solamente cita dos casos de asilo político, el de Ernesto Poblano y Ana María Guillén, exalcalde de Ojinaga y exlideresa del PRD en Matamoros, The New York Times recoge una declaración de Dan Kesselbrenner, director del Proyecto de Inmigración del National Lawyer Guild, que ilustra la percepción de una parte de la sociedad sobre nuestro país: “La disposición de los jueces para otorgar asilo a la gente de México refleja las actuales condiciones objetivas de México, donde hay represión política a la gente que realiza actividades en contra del gobierno”.

Ante las prácticas antiinvasión y los casos de asilo político la Secretaria de Relaciones Exteriores de México ha guardado un penoso silencio. Tan penoso como el silencio ante hechos poco denunciados y documentados: en el periodo del primero de enero de 1993 al 30 de abril de 1995, los consulados de México en Estados Unidos registraron 24 casos de mexicanos ultimados en incidentes violentos en los que participaron agentes de la Patrulla Fronteriza, diversas corporaciones policiacas y civiles estadunidenses.

Conforme a una práctica que garantiza la impunidad de los agentes de la Border Patrol y la policía en el caso de agresiones contra migrantes mexicanos, las autoridades locales realizaron investigaciones en 12 casos de homicidio “sin que el resultado haya sido entregado a los consulados mexicanos”, según un informe de la SRE sobre casos de violencia ejercida en contra de mexicanos en Estados Unidos, citado en nota de David Aponte en La Jornada, el 2 de enero pasado.

Los 24 mexicanos asesinados por agentes del gobierno no incluyen los 11 muertos en la última temporada de lluvias en el Río Tijuana -en un tramo de escaso kilómetro y medio donde la Patrulla Fronteriza suele perseguir a quienes intentan cruzar a Estados Unidos- ni los cada vez más constantes agravios en contra de la mayoría de los 40 mil 536 indocumentados mexicanos deportados en 1995. Esta cifra, se supone, corresponde a personas que ya tenían un empleo o habían logrado adentrarse en Estados Unidos más allá de los 20 kilómetros de la franja fronteriza porque sólo en los límites de la frontera, en la zona de “la línea”, fueron detenidos y expulsados inmediatamente, en el mismo periodo, un millón 400 mil mexicanos. Son, desde la perspectiva de un sector de la administración y la sociedad estadunidense, “los enemigos” que no encuentran en las autoridades correspondientes de México la suficiente defensa de sus derechos humanos.