Jorge Javier Romero. Politólogo. Investigador de la UNAM.

Ya deberíamos estar acostumbrados a que cada cierto tiempo el tema de la relación con los Estados Unidos vuelva a ponerse en el centro de la discusión nacional y a que siempre que esto sucede se desempolven los mismos tópicos sobre la dignidad nacional mancillada y sobre la falta de firmeza del gobierno frente a la amenaza constante del gigante con el que compartimos tres mil kilómetros de frontera. Estas reacciones no deberían sorprendernos, pues son expresión del imaginario sobre el que se ha construido una buena parte de nuestra identidad como nación: la diferenciación de lo gringo y la defensa frente a su potencial agresivo, nada desdeñable por lo demás.

Pero el problema radica hoy en cómo construir una relación normal con un país que es nuestro principal socio comercial y que, además, juega un papel determinante en el conjunto de las relaciones internacionales. Durante muchos años, aquellos dorados tiempos de la estabilidad mercadointernista, una retórica de consumo interno enmascaró hacia adentro las dificultades de establecer una relación de iguales en donde sólo había los escollos de una desigualdad real, evidente por la descomunal diferencia de dos economías que, sin embargo, establecieron una relación de dependencia vergonzante por la parte mexicana. Vino después la euforia del libre comercio y se decretó el idilio, pero la realidad, tenaz como suele ser, acabó por imponerse: no es fácil tener como vecina a la potencia más grande del mundo y la dificultad se multiplica cuando las economías y las culturas se contraponen de manera tan aguda.

Recurrentemente, aunque con menos fuerza de lo que solemos creer en México, este país -o mejor dicho, sus habitantes- se vuelve un tema de política interna para los Estados Unidos. Por lo general cuando se acercan las campañas electorales -ya sea en algún estado fronterizo, o cada que hay elecciones generales- los candidatos se acuerdan que existe un flujo constante de trabajadores mexicanos que son atraidos por la imagen de la prosperidad norteamericana. Entonces, como en toda campaña que se precie de serlo, las dosis de demagogia xenófoba aumentan y son frecuentes las declaraciones sobre la adopción de medidas radicales para impedir la llegada masiva de trabajadores ilegales. Los mexicanos, entonces, se convierten en rehenes de la política interna norteamericana. Y en México surgen las voces de alarma que claman por la dignidad perdida; se multiplican las protestas y las notas diplomáticas, que acaban por darle verosimilitud, del otro lado de la frontera, a los clamores populistas con fines electorales. Después de la vuelta de tuerca, las aguas vuelven a su cauce y los indocumentados siguen haciendo florecer la economía del sur estadunidense.

En la última edición de la etapa crítica de este ciclo perverso, las autoridades norteamericanas han decidido situar observadores militares en la frontera, a la vez que se pretende blindar esa cicatriz con un auténtico telón de acero que divida no al perverso comunismo del mundo libre, sino al mundo rico del pobre. Como se ve, el asunto da para la demagogia de cualquier signo, pero detrás existe, a no dudarlo, un problema político real, que atañe fundamentalmente a la forma en la que los sucesivos gobiernos mexicanos han manejado la relación con los Estados Unidos, ya que finalmente el tema de los indocumentados regresa como bumerang al terreno mexicano y se convierte en un instrumento de presión sobre la política nacional.

El otro ejemplo reciente de las escabrosas relaciones vecinales ha sido la expulsión de García Abrego. Más allá de su significado como reconocimiento explícito de ingobernabilidad (cabe recordar que ingobernabilidad no significa desmoronamiento del gobierno, sino incapacidad de ejercer eficientemente las funciones propias de un Estado, entre ellas la de hacer cumplir sus leyes y castigar a los infractores en su territorio), la polémica aplicación del arcaico articulo 33 constitucional, eficaz instrumento del viejo autoritarismo para deshacerse de extranjeros políticamente molestos contra los que no tenía argumentos jurídicos para juzgarlos aquí, ha colocado al Estado mexicano en el papel de sucursal de las policías norteamericanas en una guerra perdida que, por lo demás, no es en realidad nuestra.

Detrás de todo, lo que hay es un Estado débil, sin instrumentos reales ni para promover el desarrollo que impida la emigración, ni para hacer cumplir eficazmente sus propias leyes. La debilidad no es nueva, pero la enmascaraba un régimen fuerte que podía hacer alarde retórico de su fortaleza. Una relación normal con los Estados Unidos, que parta del reconocimiento de los diferentes niveles de desarrollo y de la diversidad cultural, no sólo requiere de tratados de libre comercio que homologuen las normas del intercambio económico; requiere de una nueva capacidad del Estado mexicano para hacerle frente con eficacia a los problemas reales que cotidianamente implica un intercambio que sobrepasa al mercado.

Si la ley mexicana es incapaz de ser ejercida realmente en lo que toca a los derechos humanos de los indocumentados o en lo referente a los delitos que se ejercen en el territorio nacional, nuestra debilidad frente a los dictados del norte será cada vez más notoria. La independencia no puede volver a ser simplemente retórica, pues la nación no es ya una comunidad imaginaria, ideal. Hoy lo único que le puede dar sentido a nuestra independencia es una comunidad de derechos compartidos con un Estado que los ampare auténticamente. Si no es así, lo único que queda es el reclamo nacionalista sin contenidos.