Chiapas: Las negociaciones avanzan

El 19 de enero concluyó una fase de la negociación entre el EZLN y el gobierno federal. Luego de diez días de trabajos se dieron a conocer los acuerdos en relación al primer tema de la agenda: “Derechos y cultura indígena”. Ahora, la delegación del EZLN llevará los mismos a consulta y el 13 de febrero regresará con una respuesta definitiva a la mesa de negociación de San Andrés Larráinzar.

Se trata de un paso venturoso en el largo y tortuoso proceso de negociación, porque demuestra que los acuerdos son posibles y que por la vía del diálogo un buen número de los reclamos del EZLN pueden atenderse. Además contribuye a distender aún más el ambiente no sólo en la región sino en todo el país.

Se lograron acuerdos que comprometen a cambios constitucionales y legales tanto a nivel federal como estatal. Los compromisos supondrían reformas a los artículos 4 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como a diferentes ordenamientos en materias tan importantes como salud, comunicación, educación, cultura, electoral. De la misma manera sufrirían cambios la Constitución del estado de Chiapas y diversos códigos entre los que se encuentran los que tienen que ver con la organización municipal y la distritación del estado.

El clima, luego de darse a conocer esos acuerdos, en principio fue de un optimismo moderado. Se inicia, no sin problemas, el arduo camino de tejer acuerdos, e incluso el EZLN y la representación gubernamental firmaron un comunicado conjunto, preparado por la CONAI y la COCOPA, en donde se reconoce que “se requiere un nuevo esfuerzo de unidad nacional, que el actual gobierno federal, con la participación de los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad, se compromete a impulsar para que no haya mexicanos con potencialidades restringidas […]”. Se trataría de establecer una nueva relación entre el Estado nacional y los pueblos indígenas que al parecer supone reconocer “el derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía asegurando la unidad nacional”, como requisito para hacer realidad los derechos sociales, económicos, culturales y políticos.

Se trataría también de ampliar los cauces para la participación y representación políticas de las comunidades indígenas dentro de la estructura republicana de gobierno al tiempo que se aceptarían procedimientos de designación de autoridades y fórmulas de resolución de conflictos internos tradicionales.

Al parecer (y decimos al parecer porque nuestra fuente es la información de la prensa y no los documentos originales) se reconocería a las comunidades como entidades de derecho público, con capacidad para asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como la posibilidad de que dos o más municipios puedan asociarse con la finalidad de coordinar sus acciones.

Se trata de enunciados generales que será necesario traducir en normas específicas, pero desde ahora puede apreciarse la tensión que existe entre la necesidad de contar con normas de carácter universal que no hagan distingos entre los ciudadanos y el reclamo de asumir peculiaridades culturales, políticas y sociales que no pueden homogeneizarse por decreto. La conjunción de ambos polos sin erosionar garantías individuales, sin escindir aún más a los pueblos indios del resto del país, es quizá uno de los retos mayores que enfrentan los negociadores de la paz.

Por lo pronto, el jefe de la delegación gubernamental, Marco Antonio Bernal, pudo afirmar que los acuerdos “satisfacen necesidades y planteamientos de ambas partes” y deseó que después de la consulta que realizará el EZLN ojalá no se deseche lo alcanzado (quizá pensando en el destino de aquellos 34 compromisos que en principio parecía que se habían forjado en las conversaciones en la Catedral y que llevaron a cabo el EZLN y el equipo encabezado por Manuel Camacho en 1994).

Por su parte, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN emitió un comunicado donde luego de asentar que las transformaciones a las que aspiran “no pueden limitarse a los pueblos indígenas ni a Chiapas”, aseguran que “vamos ahora a la consulta, a escuchar la palabra de nuestros pueblos sobre estos compromisos y propuestas, pero lo decimos claro: de nada servirán las palabras y los compromisos que se pretenden serios y firmes si persiste el hostigamiento a nuestros pueblos y otros pueblos en otros estados […] Son a todas luces necesarias las señales de distensión que reflejen que el gobierno está decidido a avanzar por los caminos del diálogo […]”.

Es decir, desde el gobierno aún se espera la respuesta definitiva del EZLN (luego de la consulta que llevará a cabo) no sin cierta preocupación por la respuesta. Mientras el EZLN vuelve al tema de la distensión y demanda del gobierno gestos adicionales que coadyuven a pavimentar el terreno del diálogo.

Sería entonces prematuro festejar lo que apenas es un eslabón de una cadena que deberá desembocar en la multiproclamada paz con dignidad. No obstante, a todas luces parece que las posibilidades de una salida negociada al conflicto se siguen abriendo paso, mientras que las probabilidades de un reinicio de hostilidades son cada vez menores. Ese gradualismo en la desactivación productiva de un complejo conflicto es al parecer una imposición más de la “realidad” que no acepta ni medidas unilaterales ni acuerdos sólo generales.

LA BOMBA GARCIA ABREGO

La expulsión del narcotraficante Juan García Abrego ha desatado un intenso debate, que tiene aristas jurídicas, derivaciones políticas y pone de manifiesto la debilidad de nuestro aparato encargado de la impartición de justicia.

Jurídicamente es altamente discutible que el artículo 33 de la Constitución cancele todo otro proceso jurídico derivado también de la Carta Magna. Si García Abrego era perseguido por la justicia mexicana por delitos supuestamente cometidos en el país, entonces no es claro que su carácter de extranjero indeseable lo excuse de ser juzgado aquí, por jueces mexicanos y por crímenes cometidos en México Mucho menos puede servir de argumento, para el fast track extraditorio realizado, el que el gobierno norteamericano lo requiriese en su territorio para responder a cargos múltiples, vinculados con el tráfico de drogas.

Tendrá el gobierno que explicar lo que ha ocurrido con nuestro vapuleado sistema jurídico y lo que debemos esperar en el futuro, cuando esta nueva escaramuza con el crimen organizado se despliegue en nuevas rutinas policiacas transnacionales, como no puede sino ocurrir de modo más y más frecuente. Porque si vivimos la primera crisis del siglo XXI, empezamos también a vivir las fronteras jurídicas, políticas y morales del nuevo milenio, que no serán, ya no lo son, las que nos enseñaron en los libros de texto de medio siglo.

Políticamente, más quizá que jurídicamente, estamos en verdad en medio de un laberinto. Hay, en todo el desenlace del caso García Abrego, una extraordinaria confesión de debilidad estatal que por desgracia sólo se ve correspondida con la que cruza a todo el cuerpo político nacional y se expresa puntualmente en los medios. “Vergüenza, entrega, rendición”, se ha gritado, sin que medie el menor análisis de lo que todo esto implica para la nueva realidad política en formación y para nuestra reubicación en el mundo, proceso que ya arrancó y no puede ser revertido a voluntad, aludiendo a los muchos sobresaltos imprevistos que una y otra vez el cambio del mundo produce en nuestras mentalidades, nostalgias y estructuras de poder rebasadas.

Lo malo es que frente a todo esto, en la cumbre se guarda un silencio sin fundamento, o se le busca explicar apelando a las descripciones de lo ocurrido. Es decir, no se explica. Sin duda, la decisión tomada se puede razonar y entender. Pero ello, el entender y razonar, no debería servir para soslayar lo que ahora aparece a la luz del día como cuestión fundamental a resolver o subsanar para darle una mínima solidez a la existencia democrática de México: la debilidad del Estado y sus instituciones para lidiar con las convulsiones que emanan del mundo en que queremos estar insertos.

Ya lo vivimos desde diciembre de 1994 en la economía. que nos dejó inermes ante las veleidades y durezas del exterior, así como ante la avidez y el egoísmo domésticos. Ahora, lo vivimos y sufrimos de nuevo en lo jurídico-policiaco.

Sentido de la realidad y sentido práctico, una deliberación de alcances constitucionales, horizonte de mediano plazo, y grandes dosis de política normal adoptada a los tiempos que vienen, más que pragmatismo de ocasión o invocaciones a los “buenos” tiempos idos, es lo que requerimos. Y pronto.

Rolando Cordera Campos, José Woldenberg K. Enero 22, 1996