El 20 de noviembre se conmemoraron veinte años de la muerte del dictador Francisco Franco, hecho que dio inicio a uno de los procesos de transición más exitosos dentro de la historia contemporánea de la democracia: el proceso español.

Emprender otra revisión de la tan estudiada transición española puede aparecer como un trabajo ocioso; no obstante, los cambios que han acompañado a los códigos iniciales de la democracia durante la última década indican que merece la pena intentar una nueva evaluación.

Existen fuertes convergencias en el análisis de los rasgos distintivos del tránsito hacia la democracia en España. Las opiniones coinciden en ubicar en cuatro factores el carácter específico del caso: la visión progresista del rey y al liderazgo de Adolfo Suárez, el diseño de la estrategia que permitió un cambio sin rupturas violentas; el respeto de las normas y protocolos del antiguo régimen en la disposición de los procedimientos políticos que enmarcarían el inicio de la democracia; la tolerancia de los personajes de los partidos que permitió la definición de una política del consenso, plasmada finalmente en el pacto constitutivo de 1978; y la proclividad de la ciudadanía para participar políticamente en acato a los nuevos preceptos y a las nuevas instituciones.1

Más que ahondar en una reseña histórica de aquellos hechos, lo pertinente hoy sería preguntarse sobre las permanencias, las mutaciones y los resultados de la propuesta española para la democracia.

En un libro reciente Shain y Linz exploran las posibilidades de sobrevivencia de los gobiernos interinos, de aquellos encargados de emprender el proceso transicional, tomando en cuenta dos factores: la manera en que se legitima la nueva entidad política y / o la forma en que se define la naturaleza del régimen.2

En relación con lo primero, se puede afirmar que el énfasis legitimatorio en el tránsito español se situó en la definición de los ámbitos de representación: en la aceptación del carácter pluralista de la competencia política; en el reconocimiento de los partidos como los representantes autorizados de las demandas políticas de la sociedad; y en la construcción de las instituciones parlamentarias para la expresión de los intereses y la precisión de las normas para la convivencia política.

En España, los rasgos de permanencia de esta nueva legitimidad se encontrarían en dos de los atributos con los que Przeworski distingue a la democracia, la constitución de un sistema de convocatoria abierta en el que los partidos pueden ganar o perder las elecciones, y la sujeción de los intereses dentro de un marco institucional, como base para el traslado de la autoridad de un grupo de personas a un cuerpo de normas.3

Lo que se observa como mutación del modelo que dio lugar al tránsito a la democracia se sitúa en la larga permanencia de un partido en el poder, los casi catorce años de hegemonía del PSOE han producido una suerte de desvío del estado de competencia original provocado por la inelasticidad entre la oferta de los partidos y las demandas de la sociedad . A veinte años de instaurada la democracia española parece haber caído en una “falacia electoralista” en la que el voto se convierte en un refrendo periódico de los procedimientos.4

Por lo que respecta a la forma en que se definió la naturaleza del régimen, más que hablar de las transformaciones sucedidas a la monarquía parlamentaria, lo pertinente sería contrastar sus objetivos y sus resultados. Pese a las particularidades de la reinstauración en España, la función de la corona no difiere del resto de las monarquías modernas, en las que el rey fungiría como la figura arbitral que permite una referencia estabilizatoria ante la incertidumbre generada por la expresión de los diversos intereses en la arena política. En efecto, la imagen de Juan Carlos de Borbón es la del resguardo de la institucionalidad de la democracia,5 y aunque los españoles han declarado una menor confianza en la capacidad representativa y en la eficacia de los partidos, su referente positivo hacia la monarquía no ha variado con el tiempo. No obstante, la discreción con la que el rey ha dotado su injerencia en asuntos políticos deja la sensación de que ha omitido una de sus funciones: la de supervisar el buen uso de las responsabilidades públicas, lo que en los análisis anglosajones se conoce como accountability.

El prolongado gobierno socialista amerita una nueva evaluación de las categorías con las que se define al régimen. Ante la presencia de Felipe González, quien representa un liderazgo casi omnipotente en la cabeza del gobierno; de un Parlamento en el que la oposición semileal funciona en reiteradas ocasiones como aval de las propuestas de gobierno; en el que la oposición real se muestra temerosa de hacer uso de los instrumentos constitucionales para ejercer un contrapeso ante lo que aparece como impunidad del gobierno, dos preguntas se antojan indispensables: ¿se puede llamar a esto democracia?, o ¿es acaso que el viejo dictador se salió finalmente con la suya en su objetivo de dejar todo “atado bien atado” para perpetuar muchos de los rasgos del autoritarismo en España?

Sin embargo, el principio de esperanza está vigente, las próximas elecciones del 3 de marzo mostrarán si los españoles se han instalado cómodamente en la inercia del uso de la democracia, o bien, si el inminente triunfo del Partido Popular marcará una nueva fase en la que los protocolos de la transición se convertirán en responsabilidades de la ciudadanía

REFERENCIAS

1 Valgan como ejemplo las siguientes referencias: Maravall José María, The transition to Democracy in Spain, Croom Helm, Londres, 1982; Carr Raymond y Juan Pablo Fussi, Spainfrom Dictatorship to Democracy, Allen and Unwin, Londres, 1981; Preston Paul, The Triumph of Democracy in Spain, Methuen, Londres, 1986; Meyenberg Yolanda, Democracia y sociedad civil en España, Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales, El Colegio de México, México, 1994.

2 Shain Jossi y Juan Linz, Between States, Interim Governments and Democratic Transitions, Cambridge Studies in Comparative Politics, Cambridge, 1995.

3 Prezworski Adam, Democracy and the Market, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

4 Schmitter Philipe y Terry Lyn Karl, “What Democracy is …and is not”, Journal of Democracy, número 3, verano 1991.

5 Salvo en casos excepcionales como el del presunto chantaje provocado por las declaraciones del empresano catalán Javier de la Rosa, en el que se implicaba a miembros de la Casa Real en la recepción de fondos para actividades políticas.