Invento sobre ruinas

La desigualdad es una marca indeleble en el sistema educativo de nuestro país. De ahí que cualquier reforma educativa requiere atender los principios de inclusión, equidad y excelencia como una prioridad. Consideremos el acceso a la educación: 7 de cada 10 niños que comienzan la educación primaria no llegarán a superior, debido a una serie de desafíos económicos, de aprendizaje y socioemocionales. Aunque el artículo 3 constitucional garantiza el derecho a la educación desde preescolar hasta media superior, en este último nivel ya habremos perdido a 5 de cada 10 estudiantes y a pesar de que 4 de éstos ingresarán a la universidad, entre 2 y 3 la culminarán con éxito. Además, ir a la escuela no siempre equivale a aprender. El talón de Aquiles continúa siendo la deficiencia de aprendizajes: sólo 4 de cada 10 estudiantes adquieren los conocimientos esperados en disciplinas esenciales como matemáticas y comprensión lectora.

La pandemia de covid profundizó aún más este problema al enviar a 36 millones de estudiantes a su hogar como medida preventiva. Lo que inicialmente se esperaba que fuera una emergencia de unos meses, se extendió a casi dos años. Esta situación dejó al descubierto las grandes deficiencias y negligencias educativas acumuladas durante años, empezando por la falta de coordinación entre las autoridades federales y estatales. Por ejemplo, sólo un tercio de los estados canceló clases antes de la indicación federal y en el regreso los que tenían gobiernos afines al partido del presidente lideraron la reapertura.

También evidenció la improvisación de la autoridad ante la emergencia con el programa “Aprende en casa”, que dejó mucho que desear: la adaptación de los materiales didácticos para su enseñanza en línea fue precaria; faltaban servidores con suficiente capacidad para dar acceso simultáneo a millones de usuarios; y no existió una política para atemperar el acceso desigual a internet con fines educativos al 39.1 % de los hogares que no contaban con el servicio. La estrategia para garantizar la enseñanza de los aspectos esenciales del currículo a través de la televisión estatal fue insuficiente: sólo cubría el 50 % del territorio nacional; tampoco se les dio a alumnos, maestros y padres de familia guías que complementaran el aprendizaje. Por si fuera poco, la premura en la elaboración de materiales condujo a la importación de recursos educativos de otros países y a la creación posterior de materiales locales que salieron con errores y eran poco pedagógicos.

Para al menos 40 % de alumnos identificados con alguna condición de vulnerabilidad, la suspensión de clases implicó menores oportunidades de aprender en casa, mayores costos para su familia por razones de cuidados y mayor riesgo de abandono escolar. Según cifras de la propia SEP, al término del primer año de la estrategia se registraba que al menos 20 % de las alumnas y los alumnos (6 millones aproximadamente) no lograron comunicarse con sus docentes.

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