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CUADERNO NEXOS

De la legalidad

Jesús J. Silva-Herzog Márquez. Politólogo. Obtuvo mención en el premio de ensayo Carlos Pereyra 1993.

A Diego Valadés

La ley esta hoy en el cruce de las dos demandas centrales de la República: democracia y seguridad. La construcción de un verdadero estado de derecho es la única forma imaginable para conciliar orden y libertad. La legalidad habrá de constituirse en el piso de nuestra democracia: el calibrador de los poderes, la certidumbre del productor; la seguridad del ciudadano, la defensa de los sin-poder.

La democratización mexicana tendrá que poner la legalidad en primer termino. No se trata del discurso de Orden y Ley de los viejos y nuevos conservadores. La legalidad no es sostén del establishment. Este se reproduce, precisamente, en la ilegalidad o, por lo menos, en una legalidad porosa. En el proyecto del estado de derecho esta una de las esperanzas mas hondas del país. Es señal de cambio no de conservación. La izquierda europea, por ejemplo, ha descubierto la «política de legalidad» como bandera central de su propuesta. El sociólogo italiano Paulo Flores d’Arcais, director de la revista Micromega, sostiene que la «izquierda por inventar» tendrá que esgrimir una «estrategia de legalidad intransigente.»(1)

(1) Paulo Flores D’Arcais, «La izquierda por inventar», Claves de razon práctica, Madrid, España, julio-agosto 1993, numero 34.

La aspiración central de la ley es el equilibrio: los platillos en perpetuo balance. Equilibrio es, precisamente, lo que falta a nuestra practica política. Todas las pesas en una sola institución, la Presidencia. Ahí se origina buena parte de nuestro «déficit» democrático. No adjetivo la democracia al decir que esta es mucho mas que transparencia electoral. Las reglas del juego democrático no son solo reglas de acceso al poder sino, fundamentalmente, reglas de ejercicio del poder.

Para construir el equilibrio democrático es indispensable fortalecer las tres columnas del Estado, oxigenar la sociedad política, consolidar y ampliar los espacios de la sociedad civil. El Poder Judicial es pieza clave en el diseño de la maquinaria democrática. Su reforzamiento será una de las más eficaces defensas contra los excesos del poder. La intervención del Poder Judicial en el proceso político convierte el interés público en un espacio controvertible. De esta forma, los tribunales dan vida al principio democrático de disputabilidad del poder. Antes que el poder de la mayoría, la democracia es el poder de la ley, el sometimiento del poder al derecho. En México, el alegato de Montesquieu que el poder controle al poder -es, todavía, voz de futuro. La democracia no concluye en la representación. Más que poder popular, la democracia liberal implica poder limitado.

Además de señalar la repercusión macropolítica del sistema de justicia es necesario subrayar su dimensión micropolítica: la importancia de la legalidad como experiencia, el proceso judicial como espacio democrático. La apertura del proceso jurisdiccional convierte a los particulares en agentes del orden público. El acceso a la justicia pone a disposición del ciudadano toda la autoridad del Estado, empezando por sus instrumentos de coacción. No podemos subestimar la dimensión democrática de esta transformación. Se trata de un asunto que es, por lo menos, tan importante como el voto. La medida de la democratización nacional puede ser, en efecto, más la disponibilidad de la justicia que la disponibilidad del sufragio. «El voto da poder a una mayoría El litigio da poder a cada ciudadano».(2)

(2) Paul W. Kahn, «Independence and Responsability in the Judicial Role,» en Stotzky, Irwin, ed. Transition to Democracy in Latin America. The Role of the Judiciary, Wesview Press, Boulder, Colorado, 1993.

Cuaderno de nexos

Coordinador: Rolando Cordera, Coeditores: Soledad Loaeza, José Woldenberg

Cuaderno de nexos es una publicación mensual de nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V. Certificado de Licitud de Titulo No. 5480 del 6 de diciembre de 1990 y Certificado de Licitud de Contenido No. 3970, expedido el 6 de diciembre de 1990 por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas llustradas de la Secretaría de Gobernación.

En un régimen de derecho el espacio de los tribunales clausura el reino del mercado y del poder. Ciertamente, como descubrió pronto el liberalismo social mexicano, la igualdad jurídica no elimina la desigualdad social. Sin embargo, el resguardo de la ley puede ser una barrera contra las injusticias sociales, un antídoto contra la arbitrariedad y el abuso. No puede subestimarse la función igualadora del derecho que impide, en su ámbito, el privilegio y la discriminación. Fuera del estado de derecho la dignidad del hombre es frágil, vulnerable. La dignidad jurídica de la persona es, así, requisito de su dignidad social.

Por otro lado, la legalidad debe reafirmarse frente a la violencia. El asomo del México bronco coloca nuestra ya alborotada transición democrática ante la amenaza de la descomposición política. Lo dijo bien Héctor Aguilar Camín: las turbulencias del alumbramiento democrático pueden romper el huevo con todo y nido. Estamos ante el peligro de destrozar no solo el cascaron antidemocrático sino el entramado de la vida institucional.

En la Italia de fines de los setentas, Norberto Bobbio escribió que la mayor prueba al estado de derecho es el caso en que un grupo declara la guerra al Estado. El Estado mexicano enfrenta hoy dos declaraciones de guerra. Una suspendida pero amenazante en Chiapas, otra, la del narcotráfico, en combate abierto. El Estado tiene el reto de combatir la guerra sin caer en ella Dice Bobbio: «la prueba de fuego del Estado democrático es no dejarse envolver en un estado de guerra con ninguno de sus ciudadanos, y por lo tanto reside en la capacidad de responder a las declaraciones de guerra reafirmando una vez más, solemnemente, las tablas de la ley».(3) Cuando se enfrenta la violencia con ilegalidad se confiesa el fracaso de la autoridad. La arbitrariedad, como dijo Benjamín Constant, es el verdadero enemigo de la seguridad pública.

(3) Norberto Bobbio, «Si cede la ley», en Las ideologías y el poder en crisis, Barcelona, Ariel, 1988.

Si algo positivo puede traer la reaparición de la violencia, es la unidad que genera su repulsión. La desintegración institucional a nadie conviene. La amenaza de violencia puede ser catalizador de una unidad política concebida en nuevos términos. El peligro es acicate. Si se trasciende el miedo y las tentaciones de la exclusión puede forjarse el acuerdo político que la democracia reclama.

Algo es claro, sólo un estado democrático de derecho podra ser el cemento de la sociedad mexicana de hoy. Ahí, adelante, esta la estabilidad.