En los años noventa muchos creímos que las izquierdas mexicanas se habían democratizado sinceramente, que de verdad estaban dispuestas a comprometerse con la vía electoral y partidista de acceso al poder y que habían renunciado a la costosa fantasía de la democracia directa, de la acción colectiva, de la violencia revolucionaria y de la ruptura, que tan dolorosas experiencias impuso al siglo XX en todo el mundo. Ese cambio, que creímos definitivo, fue uno de los capítulos más alentadores de los procesos de transición democrática, porque sellaba la caducidad de algunos de los argumentos más socorridos que justificaban el autoritarismo. Creímos que las izquierdas mexicanas, como las europeas, estaban dispuestas a asumir el papel de “oposición leal” a los principios y las instituciones de la democracia, cuando así les tocara, y que serían igualmente leales cuando ejercieran el poder.
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