¿Qué pasó durante la transición a la democracia en México que no se consolidó un nuevo Estado civil para suplir el arreglo clientelar del sistema de botín priista? Lo que los estudios latinoamericanos de la segunda mitad del siglo solían considerar la excepcionalidad mexicana —gobiernos civiles despersonalizados, con un pluralismo limitado, sin golpes de Estado, con los militares excluidos de la contienda por la presidencia de la República y con una burocracia relativamente fuerte, integrada por camarillas altamente politizadas— parece no haber resistido el tránsito del monopolio político a la competencia pluripartidista.
Desde el sexenio de Fox, pero sobre todo a partir del despliegue del Ejército ordenado por Felipe Calderón para enfrentar a los grandes cárteles del narcotráfico, los gobiernos civiles de tres partidos distintos han cedido terreno de responsabilidad gubernativa a las Fuerzas Armadas. Primero, les confirieron la seguridad pública, tanto en el ámbito federal como en los estados; y después, sobre todo durante lo que va del actual gobierno, han transferido segmentos muy relevantes de la administración pública a la administración castrense, como una suerte de reconocimiento de su fracaso para gestionar al Estado.
El papel de los militares no fue discutido ni atendido durante el proceso de negociación del pacto democratizador de 1996. El consenso entonces entre las fuerzas políticas que pactaron las nuevas reglas por el control de la dirección del Estado no consideró importante revisar el papel de la milicia en la construcción del nuevo orden. Un tema que había sido central en las transiciones a la democracia en España, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, en México simplemente se soslayó.
Lo que durante el régimen del PRI funcionaba de manera no muy eficiente pero relativamente incontestada —la reducción de la violencia— perdió su eficacia con la democratización. Los mecanismos de venta de protección, negociación de la desobediencia y lealtad clientelar dejaron de servir para mantener la paz: la competencia por el botín fraccionó a las redes de venta de protección y las dejó a merced de los mejores postores locales, que suelen resolver sus controversias con el uso de la fuerza. Ante la falta de la mediación informal de la red de protección política centralizada, el recurso a la violencia se extendió, sin que existieran nuevas capacidades políticas y administrativas para contenerla.
Debido a la guerra contra las drogas, las organizaciones dedicadas al control de mercados clandestinos pudieron reclutar ejércitos y comprar armas en cantidades ingentes sin que hubiera un sistema de seguridad y justicia medianamente eficaz para contenerlos, porque judicaturas y policías formaban parte del botín a capturar por los políticos. La incompetencia policiaca y la extremada politización y venalidad de la justicia hicieron imposible contener de manera apegada a la ley a las nuevas organizaciones con ventaja competitiva en la violencia que se han extendido por todo el territorio. Los sucesivos gobiernos eludieron las reformas a la estructura misma del aparato estatal, mientras ponían atención en las llamadas reformas estructurales de la economía, que también requerían de una gestión pública muy distinta a la heredada del régimen del PRI.
Ante la incapacidad civil y pese a que sus resultados son bastante malos —desde 2011 la tasa de homicidios se disparó y no ha podido ser reducida—, los militares han convencido a tres sucesivos presidentes de la República, provenientes de tres coaliciones diferentes, de que sólo ellos pueden garantizar la contención del desplome de la autoridad del Estado en muchas regiones del país.
Desde el pacto fundacional del PRI, en 1946, las Fuerzas Armadas han contado con un blindaje informativo que no admite el cuestionamiento de sus actuaciones. La opacidad de la operación de la milicia, con la argucia de la seguridad nacional, ha evitado que sean evidentes sus actos de corrupción, sus reiteradas violaciones a los derechos humanos y su ineficacia en la contención de la delincuencia; de ahí su aparente popularidad, más producto de falta de información que de reconocimiento de sus resultados y honradez. Frente a la incapacidad de gobernar de las burocracias civiles, identificadas más como grupos políticos en competencia que como cuerpo profesional de gestores, la milicia aparenta ser un cuerpo más disciplinado, con menos problemas de agencia y más responsable, o al menos así parece verla el presidente López Obrador.
El problema es que las Fuerzas Armadas están armadas: su ventaja es la violencia y en la medida en la que controlen el botín público pueden acabar por prescindir de la política democrática o simplemente convertir la gestión civil de los cargos electivos en una mera fachada. Lo increíble es que los políticos no parezcan advertirlo o, tal vez, se han dado cuenta de su incompetencia y han decidido simplemente abdicar. En lugar de emprender la reforma del servicio público civil y del sistema de procuración e impartición de justicia, le están devolviendo el control a la fuerza primigenia del Estado.
Jorge Javier Romero Vadillo
Profesor e investigador titular del Departamento de Política y Cultura de la UAM–Xochimilco