México vive actualmente un acelerado proceso de militarización de la seguridad pública y el gobierno civil que trasciende las acepciones tradicionales del término e incorpora cada vez más elementos de un nuevo militarismo civil, entendido como la exaltación, promoción, reproducción e institucionalización de los valores, atributos y formas militares en la vida pública. Tanto la militarización como este nuevo militarismo han sido igualmente impulsados por actores civiles, sin que por tanto deje de mediar la injerencia de unas Fuerzas Armadas (FF. AA.) cada vez más fuertes, más presentes y más autónomas, política y económicamente.
A diferencia de otros contextos y momentos históricos, el proceso actual de militarización y militarismo llama la atención por emanar de decisiones voluntarias tomadas por gobiernos civiles de distinto corte ideológico y no por surgir de golpes de Estado. De la misma manera, preocupa porque no se limita al ámbito de la seguridad, sino que incluye también otras funciones de gobierno y se realiza en detrimento de la propia autoridad civil; y porque más allá de traducirse en la proliferación de disposiciones administrativas, legales y constitucionales que otorgan a las FF. AA. funciones contrarias a su naturaleza y objetivos, está acompañado por una intensa promoción y enaltecimiento de lo militar, que ya no sólo es visto como algo etéreo, sino como una forma de ser y de vivir deseable, que se propone incluso como algo útil para prevenir o solucionar problemas específicos. Un ejemplo de cómo se antepone lo militar en un asunto que antes sólo atendía el gobiernoson los bachilleratos militarizados, los cuales se abordan en este mismo número.
Pese al voluntarismo civil, este proceso no puede explicarse sin el intenso cabildeo castrense con el que los militares han buscado mantener y aumentar sus privilegios, lograr un blindaje legal que los proteja y hasta aumentar su participación en la toma de decisiones políticas ajenas a la disciplina castrense. Por el contrario, la militarización y el militarismo sólo se explican a partir del crecimiento en la importancia relativa de las Fuerzas Armadas y la independencia con la que se conducen como actores políticos. De ahí que lo que está en juego ya no es sólo el éxito de la estrategia de seguridad gubernamental en turno, sino la calidad del gobierno y la democracia.
En el contexto de la seguridad pública, la militarización consiste en el aumento progresivo de la presencia, poder y facultades de las FF. AA. respecto a funciones propias de las autoridades civiles, que puede incluir uno o varios de los siguientes elementos: el llamado a la participación e injerencia del Ejército en tareas policiales; la subordinación de las fuerzas policiales a la autoridad castrense; el nombramiento de oficiales militares en puestos clave de la conducción de la seguridad pública; y la incorporación de características militares a la estructura, organización y cultura de las agencias de seguridad pública.1 Por otro lado, en una dimensión eminentemente política, la militarización implica tanto la pérdida de la primacía y dirección política civil respecto de los planes militares y las necesidades del Ejército como la penetración de los valores e imperativos militares en la esfera de lo civil.2
De este modo, podría sostenerse que la militarización consiste en el aumento de la presencia, poder y facultades legales de las FF. AA. respecto a funciones propias de la autoridad civil, en conjunto con la correlativa pérdida de primacía y dirección política civil respecto a los asuntos militares, así como la penetración de los valores e imperativos castrenses en la esfera civil. Esto último, con independencia de si las atribuciones transferidas se encuentran o no relacionadas con la seguridad pública.
Dicho esto, resulta importante distinguir los procesos de militarización del militarismo como idea política. La militarización, por un lado, consistiría en la participación militar o la adopción de lógicas militares para la ejecución de funciones ajenas a su disciplina,3 mientras que el militarismo se configura como una postura ideológica que aspira a una mayor militarización de la esfera pública y privada de una sociedad y se ejerce por medio de un proceso intersubjetivo que la institucionaliza.4
A partir de estas definiciones, es posible afirmar que en México vivimos no sólo un proceso de militarización sino uno de militarismo en donde, desde el gobierno federal civil, se autoriza tanto la participación de los militares en tareas civiles como la reproducción de valores y atributos militares en la sociedad con el objetivo de institucionalizarlos. Se trata de un fenómeno en el que se diluye la línea entre lo civil y lo militar, al habilitar a los militares para ser actores políticos con influencia directa en la vida pública del país.
Comprender mejor el momento actual requiere, sin embargo, reconocer que la militarización actual y el nuevo militarismo en ciernes no se gestaron en el vacío, sino que responden a un proceso paulatino de mayor participación militar en tareas de seguridad pública que, por décadas, fue accionado por diversos actores civiles. En este sentido, la participación de los militares en seguridad pública no es nueva, aunque la militarización de la función de seguridad pública sí sea un fenómeno más reciente.
Al hablar de militarización como participación de militares en tareas de seguridad pública es posible encontrar un primer antecedente en la persecución del narcotráfico, que inicia en la década de 1940 y se intensifica en la misma área y en el control de los movimientos sociales desde entonces y hasta los años 1990.5 Lo mismo sucede con el aumento en el número de elementos castrenses participando en labores antidrogas o la inclusión de militares en puestos clave de la seguridad y la justicia que permitieron gobiernos posteriores, como el de Ernesto Zedillo o el de Vicente Fox. Es más, en términos de competencias, permitir que los militares participen en la persecución de delitos contra la salud y de delincuencia organizada, como se hizo al aprobar la Ley de Seguridad Nacional,6 también es un antecedente de militarización por el uso de militares en actividades ajenas a su disciplina, aunque no de la entrega de funciones completas a corporaciones castrenses.
Esto último no sucede sino hasta 2006, cuando el proceso de militarización daría un giro importante. Es el arranque de la política nacional de combate frontal al narcotráfico del presidente Felipe Calderón —que volvió permanente el despliegue de las FF. AA. en el territorio; recurrió al uso reiterado de un lenguaje bélico para justificar la estrategia,7 y permitió a los militares participar en la ejecución y conducción de la función de seguridad pública en todos los niveles—, lo que constituyó el inicio de la militarización presente. Es ahí cuando empieza la entrega de la función entera de la seguridad pública a los militares y cuando se toma una decisión que a la larga resultó catastrófica. En unos cuantos años la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes se triplicó y pasó de 8.1 en 2007 a 23.7 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2011.8
Pese a los pésimos resultados en materia de violencia, victimización e incidencia delictiva, el proceso de militarización de la seguridad pública continuó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con todo y aprobación e invalidación de la ley de seguridad interior,9 y se ha visto revigorizado en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tan sólo en estos cuatro años, desde el gobierno federal se ha impulsado la creación de una Guardia Nacional que, pese al pacto de unanimidad alcanzado con la reforma constitucional de 2019 que obligaba a que ésta se constituyera como un cuerpo civil y profesional,10 hoy se encuentra bajo control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional.11 También se ha impulsado la participación de la fuerza armada permanente en tareas policiales sin ningún tipo de control12 hasta el 2024, lo mismo que ampliar este plazo hasta el 202813 sin que la SCJN se haya pronunciado hasta el momento sobre los límites constitucionales del sobreúso de militares en tareas ajenas a su naturaleza.14
Si bien estas acciones corresponden a la lógica de militarización de la función de seguridad pública, en los hechos éstas constituyen también medidas con las que se amplía el poder político y la autonomía presupuestal de las FF. AA. De acuerdo al Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE-PPD), de 2006 a la fecha, los gobiernos civiles les han transferido a las Fuerzas Armadas al menos 227 funciones, de las cuales alrededor de cien ya no son de seguridad.15 De éstas, el 53 % ha sido transferido durante la administración del presidente López Obrador, e incluyen sectores tan disímiles como la construcción de obra pública, la distribución de bienes y servicios, la participación en programas sociales, la administración de aduanas, las comunicaciones marítimas y hasta la educación, la ciencia y la tecnología.
Con dicha transferencia de funciones no sólo se amplía el margen de actuación legal y político de las Fuerzas Armadas, sino que se aumenta su poder económico. El Banco del Bienestar, la institución de banca de desarrollo del gobierno, por ejemplo, ha transferido al Ejército un total de $3 759 437 587.71 (USD 185 275 117.1) por concepto de construcción de sucursales,16 mientras que para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se les asignaron $3 384 242 035 (USD 166 786 062.56).17 Tan sólo la participación de los militares en la construcción de ciertos tramos del Tren Maya le ha dado a la Secretaría de la Defensa Nacional la responsabilidad de construir alrededor del 40 % de una obra que, en total, tendrá un costo de $299 367 000 000 (USD 14 975 537 801.67).18
Todo este empoderamiento implica riesgos particulares para la estabilidad democrática. Cuando el gobierno presenta a las FF. AA. como superiores a sus contrapartes civiles en cualquier tipo de tareas y las asume como un importante aliado en la ejecución de su proyecto político, construye una narrativa que, de ser aceptada entre la población, podría llevar a escenarios de autoritarismo. El CIDE-PPD realizó una encuesta en 2021 en municipios con fuerte presencia militar y encontró que el 68.8 % de los encuestados apoya que el Ejército juzgue a políticos si siguen siendo corruptos; 57.6 % que tomen el control del gobierno si la inseguridad se sale de control; 55 % que controlen el Congreso si diputados bloquean el avance del país, y 53.8 % que controlen el gobierno si los conservadores “intentan revertir los logros de este sexenio”.19
Pero estas actitudes no serían riesgosas si, en los hechos, las Fuerzas Armadas se mantuvieran al margen de la política y ejecutaran únicamente sus funciones constitucionales, sin posibilidad de aumentar sus recursos de manera autónoma o de negociar para sí convenios de colaboración con estados y municipios. Lo son porque hoy nos encontramos en un escenario en el que el titular del Ejército puede públicamente tomar postura respecto de un proyecto político determinado o arremeter contra las críticas en torno a su participación excesiva en áreas ajenas a la seguridad, y hacerlo sin consecuencias.
Durante una ceremonia en septiembre de 2022, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, señaló que las FF. AA. deben velar por la “unidad nacional” y discernir (sic) de quienes “con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía”.20 En otras ocasiones, el mismo secretario se ha pronunciado abiertamente a favor de la Cuarta Transformación21 y no ha dudado ni un segundo en defender los cambios legales que se proponen desde el Ejecutivo para perpetuar su participación en tareas inconstitucionales.
En una frase: si bien la militarización y el militarismo están siendo promovidos por las propias autoridades civiles, las élites castrenses aceptan estos roles y gustan de obtener los beneficios que sus nuevas funciones traen aparejados.
Todo lo anterior es relevante por las consecuencias del militarismo y sus narrativas en la democracia y en los derechos humanos. La autoridad civil, cuya legitimidad proviene precisamente de procesos democráticos, debe ser la que se encargue primariamente de la administración estatal y no las FF. AA., que no se encuentran concebidas para esta tarea en un contexto de democracia.
La situación de crisis actual amerita revertir en lo máximo posible las dinámicas de militarización, quitando fuentes significativas de poder político y económico a las FF. AA. Además, se debe construir una opción civil, tanto en el ámbito de la seguridad como en toda área de gobierno, que democratice y profesionalice el servicio público. Se trata de elegir de forma definitiva la vía civil para eliminar institucionalmente la insistencia en un esquema de militarización que corrompe la democracia y vulnera los derechos humanos de la población. De lo contrario, el militarismo y sus consecuencias seguirán en avance.
Lisa Sánchez
Maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics y directora general de México Unido Contra la Delincuencia A. C.
Gerardo Álvarez
Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México e investigador de México Unido Contra la Delincuencia A. C.
Alejandro Ravelo
Licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por el Centro de Investigación y Docencia Económicas e investigador de México Unido Contra la Delincuencia A. C.
1 Ramalho, A. J.; Diamint, R., y Sánchez, L. La militarización de la seguridad pública en América Latina. Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 2020.
2 Senghaas, D. Armamento y militarismo. Siglo XXI, Ciudad de México, 1974.
3 Arana, D., y Anaya, L. “De la militarización al militarismo”, nexos, 2020,
4 Verdes-Montenegro, F. J. La (re)militarización de la política latinoamericana, Fundación Carolina, 2019, https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/09/DT_FC_14.pdf
5 Romero, J. J. “El Ejército mexicano y la democracia”, Noroeste, 2016, https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/el-ej-amp-eacute-rcito-mexicano-y-la-democracia-KTOP97815
6 Madrazo, A. El impacto de la política de drogas 2006-2012 en la legislación federal. Programa de Política de Drogas, 2014.
7 Bravo, C. “Una ayudadita de memoria para Felipe Calderón”, nexos, 2011.
8 Galindo, C.; Gómez, M.; Zepeda Gil, R., y Roberto, C. Seguridad Interior: elementos para el debate. Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 2017.
9 Zaldívar, A. “Ley de seguridad interior: fraude a la Constitución”, Milenio, 2018.
10 Ángel, A., y Rincón, S. “3 años con la Guardia Nacional: más violencia, más militares, menos capacitación y transparencia”, Animal Político.
11 Sánchez, F. “México: Cámara aprueba pase de Guardia Nacional a Sedena”,AP News, 2022.
12 Alvarado Espinoza y otros vs. México (Corte Interamericana de Derechos Humanos). 28 de noviembre de 2018. Sentencia obtenida de: https://bit.ly/3yCBBb2
13 Pérez, M. “Diputados aprueban ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles”, El Economista, 2022.
14 Ángel, A. “Corte acumula 10 recursos sin resolver contra la militarización de la seguridad pública”, Animal Político, 2021.
15 Programa de Política de Drogas del CIDE. Inventario Nacional de lo Militarizado.
16 Idem.
17 Idem.
18 Vázquez, J. “Costo de la obra del Tren Maya aumenta 150 %”, El Economista, 2022. México Cómo Vamos. Tren Maya y aeropuertos coordinados por SEDENA, 2022.
19 Zizumbo-Colunga, D., y Martínez-Velasco, B. Militarización en tiempos de pandemia: Una exploración de las experiencias, percepciones y preferencias de la ciudadanía. Programa de Política de Drogas del CIDE, 2021.
20 García, J. “El jefe del Ejército reprocha a quienes critican a las Fuerzas Armadas en medio del debate sobre la militarización del país”, El País, 2022.
21 Ferri, P. “El discurso en favor del Gobierno del jefe del Ejército abre el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en México”, El País, 2021.