“Al chile ahorita el barrio está muy cachondo: ha habido muertitos y varias detenciones”, me advierte Chris antes de una de nuestras incursiones por Tepito. Yo no quiero jugarle al Lupe Tijerina y decirle que “aquí no hay novedad”. Los dos somos nativos del barrio, ninguno es ajeno a los ajusticiados o a las intervenciones policiales, ni siquiera a aquéllas relacionadas con el mercado de las drogas ilegales. Sin embargo, sabemos que sí hay algo diferente en el ambiente y que ese algo es La Unión, una organización criminal que apostó por erigirse como la actual administradora de la violencia local y en el camino ha dotado de cierta novedad algunas de las violencias que ya teníamos por cotidianas. Este breve artículo es un primer intento por analizar el proceso de cartelización que vive Tepito, para dicho análisis me apoyo en algunos relatos de sus habitantes, incluido el mío.
El término cartelización fue acuñado por Natalia Mendoza. La autora lo usó para analizar los cambios en las prácticas de los narcotraficantes de Altar, Sonora, que observó durante su segunda temporada de trabajo de campo (seis años después de su etnografía original). En el centro de esos cambios se encontraba por supuesto un cártel (el de Sinaloa), que tras disputar con otros grupos locales había conseguido de manera relativamente exitosa, no sólo supeditar la mayoría de las actividades criminales de los otros grupos, sino incluso extenderse a ámbitos ilegales que rebasaban su rango de acción y que tenían sus propios especialistas (como ocurrió con los “polleros”, dedicados al tráfico de migrantes ilegales).
El proceso de cartelización tiene dos caras: una externa y otra interna. La externa implica que la organización criminal se erija como una nueva entidad de mediación con el poder y la influencia para negociar a una escala que es a un tiempo más amplia y más directa, que imbrica problemas que antes parecían estrictamente locales con dinámicas regionales (a veces incluso nacionales). Ya no se negocia con los policías de a pie, sino con los mandos de las corporaciones; ya no se negocia con las figuras de la política municipal, sino con los funcionarios estatales y federales. La cara interna de la cartelización involucra la aparición de una pequeña burocracia dedicada a la vigilancia, al uso de la violencia y a la extracción de recursos económicos (casi siempre, pero no exclusivamente, dinero en efectivo).
Esas descripciones suenan bastante similares a algunos de los hechos que constatamos desde hace algún tiempo en la capital del país. De hecho, ése es el proceso que la conversación pública parece narrar a trompicones y cuyo motor es al parecer La Unión. Tenemos los elementos: un grupo dedicado originalmente al narcotráfico que disputa con grupos rivales. Los medios hablan de la existencia de una Anti-Unión y de otras organizaciones que parecen más pequeñas y se encuentran en pugna en las colonias cercanas, como La Ronda 88 en Peralvillo. Según ese mismo relato, durante los últimos años La Unión se expandió violentamente desde “su espacio original” (Tepito, el Centro Histórico, la Merced) hacia otras demarcaciones (Zona Rosa, Roma-Condesa, Polanco) e incluso hacia otras actividades ilícitas: toda la narrativa del cobro de piso y la venta de seguridad.
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