La contraviolencia social

A pesar de que las violencias del México actual son muchas y variadas, la multiplicidad se ha ido reduciendo a unas pocas y arquetípicas expresiones. Sea por comodidad analítica o por resguardo psicológico, pareciera que el enorme fenómeno que se extiende a lo largo del país puede comprenderse en unas cuantas y aparentemente manejables categorías. La acción del Estado y sus fuerzas de seguridad, la de los delincuentes organizados y sus sicarios, la de los sociópatas individuales o la de algunos dañinos delincuentes comunes son los concentrados con los que quisiéramos abarcar una pluralidad de actores, motivos y situaciones geográficamente expandidas y materialmente diferenciadas. La ventaja de reducir lo mucho a unos cuantos elementos es, desde luego, posibilitar la comprensión del mundo en el que se vive y, con ello, la de la vida cotidiana misma. Las desventajas se actualizan porque la comodidad de la percepción oculta una gran cantidad de particularidades y modos distintos de ser y de estar que, finalmente, impiden entender el mundo actual en el que debemos vivir.

A nadie puede escapar el hecho de que las violencias que padecemos tienen, efectivamente, sus causas en las acciones de los sujetos ya identificados de fuerzas de seguridad, políticos, burócratas judiciales, lavadores de dinero, sicarios y otros personajes de la actual picaresca nacional. Sin embargo, al concentrar nuestra atención sólo en tan destacados sujetos y en las actividades que realizan, dejamos de lado a personajes que de distintas maneras participan en el entramado social que ante nuestros ojos se despliega día a día. La perspectiva imperante no ha logrado invisibilizarlos por completo, pero sí reducirlos a una posición secundaria en la gran escenificación que suponemos como totalidad. Es verdad que las víctimas de las violencias tienen un lugar destacado, pero también es cierto que en la representación les da importancia secundaria y cada vez más disminuida. El papel social asignado a las viudas, a los huérfanos, a los desaparecidos y a sus buscadores así lo corroboran. Es verdad que también existen las organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos o los periodistas que dan cuenta de los avances de la criminalidad y de sus alianzas con los poderes políticos y financieros. Sin embargo, la colocación de estos actores y de sus acciones también están quedando constreñidas a un segundo plano. A una especie de acompañamiento o derivación de lo que los actores principales hacen. A los periodistas o a los defensores asesinados se les reconoce por lo que hicieron o dijeron respecto del narcotráfico, pero no —o cada vez menos— por su persona o trabajo propio.

El desdibujamiento de diversos actores y procesos nos está llevando a suponer la existencia de unos cuantos y concentrados polos de producción de violencia, negocios y, en general, dominación política, social, cultural y económica. Si leemos los diarios o vemos y escuchamos lo dicho en los medios electrónicos, nos vamos quedando con la sensación de que son esos cuantos polos o factores los que, sin más, dominan la totalidad de la vida cotidiana. Me parece que va quedando la sensación de que no hay un más allá, sino que todo queda reducido a las estrechas fronteras de las representaciones ordinarias que se han creado y, de varias maneras, se nos han impuesto. Prácticamente cualquier hecho de la cotidianeidad vinculado con la violencia es fácil y rápidamente reducible a una de las categorías vinculadas con los actores ya mencionados. Una matanza, por ejemplo, activa de inmediato y en automático las representaciones de narcotraficantes, sicarios, plazas o ajustes de cuentas. El asesinato de un político de cualquier nivel o filiación evoca su corrupción, su traición y la pertenencia al crimen organizado. El balazo recibido por un joven genera preguntas inmediatas sobre sus vínculos con grupos delictivos. Salvo pruebas en contrario —por lo demás de difícil obtención y más compleja aportación—, todos los fallecidos y buena parte de los imputados están quedando marcados por algún tipo de vínculo perverso y difuso con la delincuencia y sus ramas política, empresarial o financiera.

Lo que esta manera de entender la realidad está produciendo es la idea de que existe un proceso hacia la homogeneidad social donde todo, por lo mismo, quedará afectado por lo delictivo. En donde la criminalidad asociada con el Estado o generada frente a él terminará por definir una parte muy extensa de la vida cotidiana de todos nosotros. Sin restarle importancia a la gravedad de las situaciones vigentes, pienso que las cosas son mucho más diversas y complejas de lo que esta caracterización —en alguna medida necesaria y tranquilizadora— nos muestra y pudiera determinarnos.

Los análisis tradicionales relativos a la dominación social suelen poner el énfasis en la acción realizada por los agentes estatales o económicos. En el primer caso, se consideran las maneras en las que la coacción se impone y los motivos para hacerlo, normalmente a partir de lo dispuesto en normas jurídicas. En el segundo, se aíslan las distintas formas en las que los medios de producción y consumo determinan las representaciones del mundo y las conductas ordinarias de las personas sometidas a aquéllos. A pesar de la importancia que tienen estos ejercicios prototípicos, no son suficientes para abarcar otras maneras de dominación social. De una parte, por ejemplo, no queda claro cómo es que los actores sociales ven afectadas sus vidas por la delincuencia ni cómo es que la delincuencia controla al aparato gubernamental para ejercer su poder e imponer su coacción. En los análisis tradicionales tampoco queda clara la manera en la que la delincuencia impone su control y su coacción sobre las poblaciones con independencia de la actuación estatal.

En los tiempos que corren, sin embargo, no es posible seguir suponiendo que todos los ejercicios de dominación se realizan por un Estado legitimado y omnipotente como el que suele imaginarse en los ejercicios analíticos más comunes. Tampoco es posible admitir una separación binaria entre Estado y delincuencias. Lo que más bien hay que entender no es sólo la porosidad entre los mundos del derecho y la ilegalidad, sino la identificación o composición unitaria de ambas actividades en un mismo aparato orgánico. Uno en el que delincuencia y gobierno se identifican en un número importante —y me temo creciente— de actividades, junto con otros en los que fuera de esa completa identidad existen espacios no autónomos, pero sí menos interrelacionados de acción gubernamental y de acción delictiva.

Ilustración: Víctor Solís
Ilustración: Víctor Solís

A partir del reconocimiento de existencia de la vinculación entre el Estado y el crimen, me parece necesario averiguar la presencia de posibilidades humanas diferenciadas dentro de los procesos que, como señalaba al inicio, parecen hegemónicos o en camino de serlo. Dicho de otra manera: considero que es necesario hablar de la existencia de acciones sociales diversificadas y distintas dentro de la aparente completitud que generan las actividades de dominación que el Estado y la delincuencia realizan cotidianamente. Creo que es primordial romper la idea de que o es el Estado y sus diversos grupos de apoyo los que determinan la totalidad de lo social, o que son las delincuencias estatales o autónomas las que lo hacen. Frente a estas reducciones, debemos atender a las diversas maneras en las que, más allá de las preponderancias de lo estatal y de lo delictivo, las personas generan opciones de vida para cotidianamente vivir frente o ante esas dominaciones.

En los estudios tradicionales, la posición de quienes ejercen el poder es concebida de tal manera que quienes están sometidos a él no tienen más remedio que sufrirlo de un modo entendido como completamente pasivo. La condición de los subordinados se entiende como de meros consumidores o víctimas que no tienen más remedio que padecer lo que ante ellos y contra ellos se genera, prácticamente sin su aquiescencia. Bajo la idea de que los Estados actúan en el plano de la más completa legitimidad y desarrollan pulcramente los contenidos de las normas jurídicas, se asume que los distintos actores sociales no tienen más remedio que cumplir o someterse a tales normas. Aun en los casos en los que los agentes estatales actúan vinculados en mayor o menor medida con los delincuentes, la condición de las personas sometidas es igualmente pasiva. En el mismo sentido, ahí donde la delincuencia actúa por sí misma y desvinculada de la acción estatal, también se asume que las personas sometidas son sólo consumidores netos de las formas de violencia que se esté generando.

Frente a estos tres entendimientos comunes, conviene preguntarse si, efectivamente, la condición de los individuos y los colectivos que logren articularse son o no meros receptores de las imposiciones provenientes de cualquiera de esas formas de dominación. Si, dicho de otra manera, su papel se limita a aceptar lo que desde fuera se les impone.

Hace algunos años, Michel de Certeau publicó un interesante y extenso libro para dar cuenta de las maneras en las que los grupos sociales utilizaban a su favor las creaciones que los colectivos dominantes pretendían imponerles.1 De Certeau apuntaba que no existían estudios acerca de ese tema, sino que, por el contrario, se asumía que las personas eran meras receptoras pasivas de todo aquello que la dominación pretendía imponerles. Para resolver esta ausencia se planteó un completo programa de trabajo. Por no ser este el lugar para resumirlo, me limito a destacar de manera muy sintética sus principales aportaciones. Ello, porque con las mismas es factible analizar, mutatis mutandis, una serie de problemas contemporáneos para, en el pensamiento de aquel destacado jesuita, iniciar algunas tareas de recomposición de nuestro muy rasgado tejido social.

De Certeau estimaba que una cosa es suponer la existencia de productos elaborados e impuestos, y otra muy distinta entender de qué modo sus supuestos destinatarios se los representan y utilizan. De qué manera, dicho de otra forma, hacen uso de esos productos en sus vidas cotidianas. A esos usos los llama “maneras de hacer”, es decir: las prácticas mediante las cuales los usuarios se reapropian de un espacio organizado con base en las técnicas de producción sociocultural dominantes. Dada la amplia condición de los usuarios, estas prácticas no se reducen a episodios aislados, sino que en realidad tienen el carácter de una “marginalidad masiva”, en tanto son expresiones de muchas personas actuando de manera extendida, constante y diferenciada, en diversos lugares y momentos. Una distinción central en su propuesta tiene que ver con las estrategias y las tácticas. Si bien es cierto que ambas expresiones cuentan con un extendido uso en diversas disciplinas o quehaceres, De Certeau las reconfigura para considerar que la estrategia se refiere al cálculo de las relaciones de fuerza que puede ejercer un sujeto dotado de poder con base en una posición que le es propia; por táctica entiende, a su vez, el cálculo que se hace por quienes no cuentan con un lugar propio ni con una base desde la cual puedan actuar ni capitalizar sus ventajas.

Los trabajos de De Certeau se realizaron sobre el mundo de finales de la década de los años setenta del siglo pasado. Por ello tomaban en cuenta las condiciones dominantes, a su vez, de aquel periodo. Su objetivo era descubrir las señaladas prácticas cotidianas frente al Estado y a las fuerzas productivas entonces imperantes. Con independencia de la historicidad de estos estudios, nada impide utilizar su aparato analítico para preguntarnos sobre las artes de hacer de los colectivos y las personas que hoy se encuentran sometidas ya no sólo a las fuerzas dominantes tradicionales, sino también a las que a partir de entonces han aparecido y se encuentran en plena expansión. Me refiero, por una parte, a la clara asociación entre el Estado y la delincuencia y, por otra parte, a las acciones que la delincuencia realiza con independencia del aparato estatal. Me parece que es fundamental preguntarnos por las maneras en las que ciertos grupos poblacionales generan prácticas de diversa magnitud e importancia frente a los nuevos poderes hegemónicos, para tratar de hacer algo de sus vidas cotidianas. Sea esto para tratar de mantener por lo menos en parte sus modos tradicionales de vida, sea para generarse espacios de sobrevivencia o, de manera mucho más simple, pero tal vez más dramática, para vivir allí donde se han roto las precarias formas de convivencia hasta ahora conocidas.

Como acabo de señalar, las condiciones de dominación históricamente reconocidas permanecen en algunos ámbitos de nuestra vida cotidiana. El Estado, por una parte, realiza respecto de ciertos actores un ejercicio fundado en normas y prácticas jurídicas bastante bien concebidas y racionalizadas. Casos como estos tienen que ver con sectores altamente regulados nacional e internacionalmente, como acontece con el bancario, por ejemplo. Por otra parte, es verdad que hay evidencia de que la criminalidad se sigue imponiendo sobre algunas personas sin mediación alguna del Estado. Muestra de ello es la conocida regulación de las conductas entre miembros de las organizaciones delictivas entre sí. Sin embargo, y como ya lo apunté, mucho hay de novedoso en la extensión de las formas de dominio que pretenden ejercerse —y se ejercen— a partir de la identificación del Estado con la delincuencia, o mediante el control delincuencial ejercido directamente sobre la población o algunos segmentos de ella.

Si tomamos las categorías expuestas y aplicadas por De Certeau, es posible indagar en las prácticas o maneras de hacer de las poblaciones frente o ante la dominación que se está ejerciendo sobre la población por parte de los agentes estatales-delincuentes o de los delincuentes por sí mismos. Creo que, así como existieron y existen diversas maneras de resistir, disimular, evitar, distorsionar o engañar a los poderes hegemónicos tradicionales, se están dando acciones de signos semejantes para actuar frente a los novedosos a que acabo de referirme.

Ilustración: Víctor Solís
Ilustración: Víctor Solís

La identificación de las prácticas cotidianas en la modalidad de resistencia o sobrevivencia presentan algunos problemas y riesgos dada la extensión de la criminalidad estatal y de la criminalidad “pura”. Para no incurrir en el error de suponer que cualquier acción conlleva un arte de hacer del tipo “práctica de resistencia”, es importante generar una malla o red analítica. Mediante ésta, deben diferenciarse una enorme cantidad de fenómenos que, en principio, parecieran semejantes o, al menos, continuos. La condición y posición del Estado-criminal o del crimen es distinta en diversas zonas del país. No es lo mismo el modo como uno y otro operan, por ejemplo, en el llamado “triángulo dorado” o en Matamoros, a como lo hacen en una alcaldía de Ciudad de México o en un municipio conurbado y densamente poblado del centro del país. Con independencia de la facilidad de echar mano de un criterio que aparentemente se reduce sólo a lo geográfico, en realidad existen una diversidad de conductas, códigos, actividades, símbolos y productos entre los diversos espacios que, insisto, por comodidad podemos adscribir con un criterio de ese tipo. En realidad una cosa es, por ejemplo, que la delincuencia tenga un control territorial tan apretado y extendido que las fuerzas estatales prácticamente sean irrelevantes para la imposición de la coacción cotidiana, y otra es que esta última se lleve a cabo por las policías o los miembros de las fuerzas armadas bajo las instrucciones de los criminales. En el mismo sentido, es importante diferenciar entre las acciones que realizan soldados o marinos con respecto a las que llevan a cabo policías estatales o municipales, dados los niveles de opacidad, protección e impunidad con que unos y otras pueden actuar. De igual manera, es preciso distinguir entre diversas maneras de inserción o realización de la pretendida dominación. No es lo mismo querer desplazar a las fuerzas estatales que utilizarlas o convivir con ellas en espacios y tareas asignadas. La existencia de una gran cantidad de posibilidades hace necesario identificar las artes con las que se quiere hacer.

Del mismo modo, del lado de la sociedad es preciso incorporar numerosas diferenciaciones para no suponer que se está, a su vez, ante una unidad, por decirlo así, unitariamente pasiva. El término sociedad tiene que descomponerse en una pluralidad de formas de organización, tales como oficios, barrios, clubes, familias, pertenencias o clases sociales, siempre bajo la suposición de su transversalidad e interacción. Adicionalmente, es preciso entender que los componentes sociales y los que corresponden al Estado criminal y a la criminalidad, pueden tener formas distintas de relación y de mediación, tales como partidos políticos, sindicatos o asociaciones profesionales o empresariales, por ejemplo. Dicho de otra manera: la identificación de las prácticas tiene que ver —además de con las prácticas mismas— con las condiciones sociales en que pueden realizarse. No es lo mismo, desde luego, lo que las familias de agricultores medios pueden hacer respecto de la dominación puramente criminal en una zona con pleno dominio territorial de la delincuencia a lo que pueden hacer los productores agrícolas altamente industrializados en una región dominada por el Estado-criminal.

La manera de observar las prácticas cotidianas frente a los actores que, por decirlo así, estoy tratando en este ensayo, tiene que desagregarse atendiendo a los productos o actividades involucradas. Es obvio diferenciar entre quienes están sometidos a un trabajo agrícola para la producción de mariguana o amapola en una región montañosa y aislada de la Sierra Madre Occidental, a quienes tienen que interactuar con organizaciones que cobran un “derecho” de piso para la realización de una actividad lícita en una ciudad no dominada del todo por la delincuencia.

A partir de las diferenciaciones señaladas con base en territorios, sujetos y actividades, es posible comenzar a construir algunos puntos de análisis. Por ejemplo, distinguir entre zonas controladas por completo por el Estado delincuente o la delincuencia, de aquéllas controladas parcialmente por espacio, actividad o producto por parte del Estado vinculado con el crimen o por el crimen mismo. Adicionalmente a esta caracterización primaria, es posible sobreponer otras diferenciaciones. Por ejemplo, si la actividad estatal se lleva a cabo por policías o militares, o si las pretensiones de los grupos delincuenciales buscan la ocupación territorial y el desplazamiento del Estado o, por el contrario, se limitan, por decirlo así, a la extracción de riqueza de ciertos sectores o actividades específicas, manteniendo en lo demás la regulación estatal.

En el ejercicio de sobreposición de diferenciaciones analíticas, es factible incorporar sucesivamente otros elementos para la constitución de la red a la que me he referido. Por ejemplo, parece necesario distinguir entre las personas que se encuentran en una situación económica lo suficientemente holgada como para constituir su táctica de resistencia mediante el pago de las extorsiones exigidas, de aquellas otras que estando en la misma condición económica ven amenazada directamente la actividad mercantil que desempeñan. Para entender esta diferencia pensemos en el cobro de un “derecho” de piso para poder actuar, frente al robo de mercancía para ser vendida en un mercado distinto y controlado por quienes participaron en el delito.

Ante la enorme gama de posibilidades de acción de los agentes estatales-criminales o criminales “puros”, así como a la diversidad de productos, personas, oficios, espacios y otros elementos semejantes, es que seguramente se realizan prácticas de sobrevivencia, evitación o administración como las referidas. Los actores que pretenden no ser engullidos por los respectivos esfuerzos de dominación tendrán que encontrar el modo, así sea precario, temporal y contingente, de sobrevivir. Algunas veces lo harán para mantener lo que tienen y otras para no perderlo. En todo caso, deben estarse dando actuares deliberados por parte de quienes, como dice De Certeau, al no contar con un campo o espacio propio, tienen que incidir en uno ajeno que desde luego no controlan.

En este ensayo no puedo dar cuenta de la gran cantidad de variantes con las que, a mi juicio, sería factible llegar a la composición de una red para identificar las muchas prácticas sociales que están construyendo quienes están siendo sometidos a procesos de dominación por parte del Estado-criminal o de la criminalidad. Es por ello que me he limitado a plantear una hipótesis acerca de la necesidad de recuperar esos ejercicios, así como a esbozar un método para recogerlo y sistematizarlos.

La identificación de las prácticas a que me he referido no sólo tiene repercusión académica. No sólo es relevante para comprender de mejor manera lo que nos está sucediendo y cómo es que la vida social se está transformando ante nosotros. También tiene una importancia moral en tanto posibilita la empatía con quienes están tratando de sobrevivir las duras condiciones que se les impone mediante la violencia estatal-criminal o puramente criminal. Finalmente, el ejercicio de identificación de estas artes de hacer tiene que ver con el futuro. Al poder identificar las maneras en las que individuos y colectividades enfrentan hoy las violencias dominantes que se les pretenden imponer, podemos conocer algo de lo que habremos de vivir. Una vez más, no tendrá la misma afectación para lo que viene: la opción del desplazamiento forzado de territorios ocupados que la formación de grupos paramilitares de defensa.

 

José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro. Es miembro de El Colegio Nacional y profesor en El Colegio de México.


1 Me refiero a La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer, publicado originariamente en 1980 y reelaborado para una nueva edición aparecida en 1990. Hay traducción al español de Alejandro Pescador, Universidad Iberoamericana/ITESO, México, 1996.

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Publicado en: 2022 Agosto, Expediente

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