Después del parlamento abierto organizado por la Cámara de Diputados respecto a la propuesta de reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, han salido a la luz algunos posibles acuerdos que significarían modificaciones a la iniciativa presentada por el presidente. Los cambios a la iniciativa son cuatro: 1) incorporar la electricidad como un derecho humano; 2) estímulos fiscales para los autos eléctricos; 3) revisión de tarifas eléctricas; y 4) participación del sector social. El primero de estos, el del derecho humano, es el único que requiere un cambio constitucional. Esta modificación sería una aspiración legítima, pero lo cierto es que codificarla en la Constitución no asegura nada. Si el Estado no hace algo para que se vuelva una realidad, sería una mera figura decorativa. Los otros tres puntos, por otro lado, no requieren reformar la Constitución. Vayamos uno por uno.
Estímulos fiscales a autos eléctricos. Es enteramente posible conceder estímulos fiscales a través de modificaciones legales que no toquen la Constitución. Bastaría con reformar la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. También se pueden establecer mecanismos fiscales locales —por ejemplo: sobre la tenencia— sin necesidad de cambiar la Constitución. Algo importante en materia de movilidad eléctrica es que, más que impulsar los autos eléctricos, el Estado debe impulsar la movilidad limpia a través, por ejemplo, de transporte público con bajas o nulas emisiones, pues esa es la forma en la que la mayoría de la población se mueve.
Revisión de tarifas eléctricas. Las tarifas son un asunto de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un organismo que las revisa de forma cotidiana. El objetivo de las tarifas es siempre y lo recuperar los costos de la industria eléctrica para ofrecer el servicio al ciudadano de la forma más eficiente y menos costosa posible. No es necesario una reforma legal y mucho menos una reforma a la Constitución para modificar las tarifas. Si lo que busca este punto es que baje el costo de la energía, lo que debemos hacer es reemplazar a los generadores más caros (que en este momento son de la Comisión Federal de Electricidad) por otros más baratos, ya sean de la propia CFE o privados.
Participación del sector social. La participación del sector social ya está integrada en el marco jurídico actual. No es necesario ni siquiera una reforma legal para que esto suceda. ¿Qué sí hace falta? Fortalecer, por ejemplo, el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease); generar políticas públicas para que las comunidades tengan herramientas de desarrollo de proyectos; y mejorar y presentar las disposiciones administrativas en materia de generación distribuida colectiva que la CRE frenó en 2019. Con esto se buscaría permitir y favorecer la creación de comunidades o cooperativas solares locales, lo que beneficiaría a la red y a los usuarios. Para hacer todo esto, de nuevo, no se requiere cambiar la Constitución.
Si estos cuatro puntos son los únicos cambios a la reforma antes de su aprobación, esto significaría que los legisladores no han entendido del sector eléctrico, lo que representaría un fuerte golpe a México. Incluso con estas modificaciones, la iniciativa de López Obrador condenaría al mexicano a comprar energía eléctrica del generador más caro (recordemos que el 54 % de la energía vendría de la CFE, la cual hoy en día produce la energía más costosa del país). Esta energía, además, se volvería aún más cara de lo que ya es, pues la reforma dispone que el 16 % de la generación que ahora vendría de la CFE provendría de generadores que ahora están inactivos, por la simple razón de que son muy costosos. Por si esto fuera poco, la reforma nos condenaría a recibir sanciones internacionales, pues nos llevaría a incumplir los compromisos de energía limpia que hemos firmado al no recuperar los Certificados de Energía Limpia. Encima de todo, la reforma nos obligaría a pagar indemnizaciones millonarias a los generadores que nos ofrecen energía más barata y que apostaron por México bajo las condicione que puso el Estado mexicano
Los cambios propuestos, en fin, ignoran la naturaleza del mercado y la discusión en torno a éste, así como los beneficios que la inversión abierta y regulada en energía supone para el país. Las modificaciones ignoran también las desventajas de los monopolios y el impacto que éstos pueden tener para los ciudadanos. Fueron expuestos por el coordinador de legisladores de Morena, pero no queda claro si existe un acuerdo para integrarlos a la iniciativa.
La triste realidad es que la iniciativa de reforma, con todo y los cambios propuestos, no tiene nada rescatable. No busca mejorar al sector, sino llevar a cabo una serie de vendettas y castigos producto de la ignorancia de quienes la redactaron. Aprobar la reforma con los cambios propuestos significaría que el parlamento abierto pasó de noche y que no se ha entendido el modelo actual, pues las modificaciones no son más que retórica vacía que busca salvar una iniciativa sin sentido.
Los cambios propuestos, en conclusión, no rescatan ni al mercado eléctrico, ni a las subastas, ni a la competitividad; no garantizan la independencia de los reguladores; no generan confianza para la inversión, ni aseguran que el mexicano tenga energía al costo más bajo posible, ni garantizan la transición energética. Tampoco resuelven la aberrante distribución de la generación eléctrica que le entregaría por decreto el 54 % de dicha generación a la CFE, una distribución que cercena al mercado para construir un monopolio discrecional. Incluso con las modificaciones, la reforma propuesta no deja de ser perversa.
Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.