Una de las preguntas clave sobre la contrarreforma eléctrica es si esta resultará en un aumento o disminución de las tarifas o el precio de la electricidad. Hagamos un análisis.
Primero, lo que se dice. La iniciativa de reforma no habla de bajar los costos de la energía eléctrica, además de que el propio discurso presidencial ha sido que las tarifas no se incrementen por arriba de la inflación. En redes sociales el propio director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dicho que la reforma busca que la industria pague más que los hogares por la energía eléctrica. Este último punto es absurdo, pues es parecido a decir que ir a la Central de Abasto deba ser más caro que comprar en una tiendita.
Pero dejemos las declaraciones y vamos al fondo. ¿Quién genera energía eléctrica en México? Según la propia iniciativa, el sector privado genera el 62% de la energía, mientras que la CFE el 38%. Al inicio del sexenio la proporción era justamente la que propone la iniciativa: 54% de CFE y 46% de privados. ¿Cuál fue la razón del cambio? Que entraron en operación centrales de generación —por ejemplo: las de las subastas de energía eléctrica de largo plazo— que ofrecían costos más bajos. El resultado fue que esas centrales fueron llenando las necesidades del sistema y las plantas más caras —que eran de la CFE— dejaron de entregar energía.
¿Qué significa entonces regresar al 54% de energía proveniente de la CFE? Fácil: volver a operar con mayor intensidad estas centrales, que son principalmente de carbón y termoeléctricas. Estas centrales entregaron cada megawatt-hora por precios entre 1353 y 1789 pesos en diciembre pasado, un costo superior al promedio de privados tanto de antes (los Productores Independientes de Energía) como de después de la más reciente reforma (subastas). Mientras más se genere con estas centrales, el costo de la energía tenderá a subir, y lo mismo es cierto de sus emisiones contaminantes. Por eso la iniciativa de reforma propuesta por la actual administración no se compromete a bajar el costo de la energía.
Ahora, la propia CFE sabe que para lograr el 54% de la energía tendrá que usar más centrales de turbogas y combustión interna, que son mucho más caras. Muchas de estas centrales habían sido retiradas el sexenio pasado y fueron “recuperadas” al inicio del periodo de Andrés Manuel López Obrador. Esto generó más costos a la empresa; costos que estas no tienen hasta ahora forma de recuperar, pues por caras no son despachadas, además de que no tiene sentido despacharlas.
¿Qué tipo de centrales de generación dejarán de operar de prosperar la iniciativa de reforma? Lo que sabemos es que hay una serie de parques eólicos que la iniciativa considera —sin fundamento— ilegales. La iniciativa dice que estos parques no podrán participar en el 46% de generación que quedará reservado para la iniciativa privada, por lo cual suponemos que estos parques dejarían de operar. Esto sería contraproducente, pues estos parques ofrecen energía —por la que la ciudadanía no paga— a la industria a bajo costo. La actual administración se queja de los parques de renovables con porteo de “estampilla”, pero esta energía sólo representa el 3% de la red. El resto de autoabastecimientos representa un 10%, por lo cual resta otro 3% que no sabemos de donde saldría.
Un dato interesante es que el modelo de mercado eléctrico fue planeado para incentivar la inversión. Los generadores más baratos son los que tenían certeza de que su energía se iba a recibir. Por lo mismo, tiene sentido invertir más para tener costos bajos y garantizar que la energía se recibiera. Al final, las inversiones de costos más bajos empujaban y sacaban de despacho a las centrales más caras, con lo cual el beneficiado era el usuario final.
La capacidad instalada privada, al pasar del 62 al 46%, quedará subutilizada pese a que es más eficiente que la de la CFE. Esto elimina los incentivos para invertir. Primero, porque un generador de energía podría ser más barato que la CFE pero, por la simple razón de que no es parte de la CFE, no tendrá ninguna garantía de que su energía será recibida. Segundo, porque se centraliza la planeación. No tendrá sentido buscar desde la iniciativa privada mejores opciones de generación o nueva tecnología, pues los actores privados no sabrán si sus proyectos entrarán dentro de la planeación centralizada del sistema. Este es un golpe a la innovación, pero recordemos que uno de los objetivos de la innovación es generar eficiencias que terminan traduciéndose en disminución de costos. Al sacar por decreto y limitar a las empresas a un porcentaje máximo de participación en el despacho eléctrico y establecer contratos discrecionales, la reforma propuesta nos dejaría sin mecanismos certeros para agregar o tener disponible más generación de bajo costo.
Es por eso que, exceptuando a algunos legisladores trasnochados que no entienden la reforma, los defensores de la misma que sí la entienden no se atreven a hablar de costos bajos, pues rescatar a la CFE de esta forma es en realidad hacernos pagar las ineficiencias.
Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía