Un lunes de finales de noviembre las calles de la ciudad de Oaxaca son testigo de la lenta despedida de las celebraciones del Día de muertos que han hecho famosa a esta ciudad. Cerca del centro, en el que quedan algunas imágenes de calaveras y la resaca de los miles de turistas que la capital atrae cada año, decenas de personas empiezan a congregarse en una carpa para abordar el problema del feminicidio en el estado. Se saludan con timidez y prolongan el momento de tomar asiento; saben que les esperan muchas horas de reunión. A mi llegada, aún no habían montado el cartel con el nombre del evento. Podría tratarse de cualquier cosa, pero pequeños indicios dan cuenta de que no es así. Las esculturas alegóricas de la Fuente de las Ocho Regiones, que está al centro de esta plaza, tienen los rostros semicubiertos con paliacates morados; desde hace un par de días, frente a esta fuente se levanta una enorme estructura de metal, el símbolo de Venus, que conmemora a víctimas de feminicidio con la leyenda: “Ni perdón ni olvido”. Las pocas flores que están al pie de la estructura siguen frescas.
Lo que más llama la atención es que las asistentes que van llegando son exclusivamente mujeres. La mayoría de ellas están vestidas con blusas de colores y motivos tradicionales. En su camino a las sillas plegables esquivan una plataforma cubierta con pétalos que irá acumulando velas blancas. En un rincón una mujer respira hondo y se prepara para dar sesiones de reiki.
Un hombre se acerca a la congregación con paso inseguro. Es algo mayor, su ropa está deslavada y tiene las manos sucias. Se ve confundido, quizás por haber consumido alguna droga. El segundo día del evento, entrará antes que nadie a la carpa. Atraído por la música que ambienta la espera, baila a los pies del templete hasta que se desploma en unos escalones. Se queda sentado con las piernas estiradas, moviendo la cabeza sin ritmo aparente ni intenciones de abandonar el único acceso al estrado. Los varones del equipo organizador se ven obligados a sacarlo delicadamente en varias ocasiones. Será el único hombre que busque entrar a la carpa en esos dos días.
Estas son las escenas de un juicio. En un banquillo simbólico, como parte de los acusados, está nada menos que el aparato de justicia del estado de Oaxaca y varios de sus funcionarios, entre ellos el exfiscal Rubén Vasconcelos. Se trata del Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca, el primero en su tipo, previsto para el 29 y 30 de noviembre de 2021. Las partes acusadoras son madres, hermanas y primas de mujeres que fueron víctimas de feminicidio en la última década en Oaxaca y “que no hayan tenido acceso a la justicia, por lo menos, desde hace tres años”. Una convocatoria publicada en los medios locales y redes sociales las invitó a mandar los detalles de sus casos no resueltos a una dirección de correo electrónico. Durante dos días, estas mujeres testificarán frente a cinco defensoras de derechos humanos reconocidas por su activismo feminista dentro y fuera del país. La tarea de éstas será actuar como juezas: escuchar, tomar notas y determinar culpables. Han venido de distintas partes del país; casi todas son jóvenes abogadas. Se sientan con el rostro serio en un estrado decorado con girasoles. Si todo juicio es en cierta medida una puesta en escena, este juicio off off-Broadway se anuncia imperdible.
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Las organizadoras del evento son un grupo de madres de víctimas, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio —o OCNF, un grupo que vigila la información sobre feminicidios en México y presiona para que se castigue a los culpables— y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, una de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos más reconocidas de la región. Estos grupos cuentan 588 feminicidios en el estado de Oaxaca desde 2016, cuando empezó el gobierno de Alejandro Murat; pero, como se sabe, un registro cabal es casi imposible dada la falta de investigación, las barreras que impiden a las mujeres denunciar y los onerosos criterios que un caso debe cumplir para ser clasificado oficialmente como feminicidio. La Fiscalía General de Oaxaca sólo reconoce unos 180. De las resoluciones, ni hablar: en México apenas uno de cada diez homicidios se sentencia, lo que sea que eso signifique.
Esta falta de eficacia no ha escapado a los legisladores de México, quienes en años recientes han promovido reformas legales que buscan —no siempre con éxito— transformar el sistema jurídico. Con la intención de hacer el proceso de procuración de justicia más rápido, eficiente y respetuoso de los derechos de las partes, desde 2016 el proceso penal en México se compone de tres etapas en las que las víctimas participan activamente. A grandes rasgos, el proceso funciona así: después de que se ha interpuesto una denuncia, en la etapa de investigación inicial el Ministerio Público y la policía tienen que recabar los elementos que permitan formular una acusación. De encontrar dichos elementos, el Ministerio Público acude con el juez de control y realiza la acusación o imputación formal. El juez determina si existen elementos de prueba suficiente para llevar al acusado a juicio. La etapa intermedia busca depurar la información reunida por los investigadores. Si se cuenta con las suficientes pruebas de que una persona pudo haber cometido el delito, se presenta la acusación ante un segundo juez. En esta etapa participan testigos y peritos, y se consideran las pruebas del equipo de defensa. El juez define qué pruebas admitir y cuáles no. Finalmente, si no hay cabida para medidas de solución alternas ––sea por la gravedad del delito o porque la víctima no quiere––, se pasa al juicio oral. Tras escuchar a las partes y valorar las pruebas, el juez dicta sentencia. Si el acusado se determina culpable, un tercer juez, el de ejecución penal, se encarga del cumplimiento de la pena.
Históricamente, las mujeres han recurrido a ejercicios como este tribunal organizado en Oaxaca para denunciar las fallas en las instituciones del Estado, incluidas las encargadas de la procuración de justicia. Cansadas de no tener respuestas, de ver sus audiencias diferidas y a las autoridades impávidas, las madres, hermanas y primas de mujeres víctimas de feminicidio que han viajado a la capital de Oaxaca buscan compartir sus experiencias con el sistema de justicia formal. La intención del Tribunal Feminista es juzgar a este sistema y determinar su rol en la “estructura social patriarcal, que discrimina, excluye y desvaloriza la vida de las mujeres”. Para ello, durante los siguientes días se seguirán procedimientos que retoman algunas formas del sistema jurídico oficial, pero también otras que provienen de círculos de escucha, ejercicios de autocuidado y otras prácticas comunitarias, retomadas por el feminismo. El juzgado escuchará los testimonios y se espera que las juezas dicten sentencia. Sin embargo, los acusados ––las instituciones y el funcionariado–– no han sido llamados a comparecer. Cabe preguntarse: ¿cuáles pueden ser las consecuencias en la búsqueda de justicia de un tribunal simbólico como éste? ¿Y en las vidas de las mujeres que contarán sus historias?
El tribunal empieza al calor del mediodía. Las organizadoras dan la bienvenida al evento y se apoyan en los pendones con los rostros y nombres de las víctimas que decoran las paredes de la carpa para enlistar los casos que escucharemos: cuatro en el primer día y tres en el segundo. En algún lugar se quema copal. Los periodistas, la mayoría de los cuales no llegará a escuchar el tercer caso, se acomodan al frente. Hasta atrás, sabré después, hay una agente del Ministerio Público.
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En un principio me imagino que escuchar a estas mujeres no será muy distinto de las muchas ocasiones en las que, en marchas o asambleas, las madres de mujeres desaparecidas o asesinadas en México toman el micrófono para contar su historia. Estos suelen ser relatos estructurados, con detalles precisos y mensajes de movilización. Hoy, sin embargo, no es así. Los testimonios que presentan estas mujeres son brevísimos. Los habrán contado demasiadas veces, o quizás es que no los habían contado nunca y no saben cómo hablarle a una audiencia de desconocidas. Acostumbradas a que su voz no importe, la mayoría de ellas ocupa con incomodidad el estrado que se les ha dispuesto. No hay gritos ni llanto descontrolado, pero sus silencios obligan a bajar la mirada.
Son historias espeluznantes. Todas empiezan relatando el momento del homicidio, que en algunos casos incluso ocurrió delante de testigos. Siguen con los primeros episodios de revictimización, al momento de interponer la denuncia, cuando las autoridades “dijeron que le había sido infiel a su marido” o “lo hicieron pasar por un suicidio”. El final de los relatos es siempre el mismo: la irremediable frustración por las malas investigaciones y la falta de resultados, aunque las temporalidades varíen. A veces son meses esperando que se ejecute una orden de aprehensión; otras, tres años pagando viajes para acudir a la misma Fiscalía que cerró la carpeta. La primera en testificar cuenta que han pasado nueve años desde el asesinato de su hija. A pesar de ello, ninguna de las mujeres que sube al estrado se oye cansada. Saben que de eso depende todo. Como me dirá otra de las madres: los fiscales, jueces y gobernantes “le apuestan a que te agotes” y, eventualmente, los medios también dejan de darle seguimiento a los casos. El hecho de que no haya pasado nada no da para los titulares, aunque esa debería ser la noticia, me explica.
En estos primeros relatos, las mujeres dibujan las estructuras del machismo que desciende hasta el horror: “Mi hija quería ser abogada pero él la convenció de estudiar diseño de modas”. “Mi hermana nunca fue sino sumisa, esa es la costumbre del pueblo”. “Él no la dejaba tener amigos, por eso lo cortó”. “Se enojó porque ella fue a reclamar la pensión alimenticia de sus hijos”.
Lo que cambia de una a otra es el tono. Oscilan entre la franca irritación y la tristeza; no hay otro registro para hablar de la falta de justicia. También cambia la soltura con la que se enfrentan a las preguntas más personales que les hacen las juezas tras sus primeras intervenciones: “¿Cómo era su hija? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cómo afectó todo esto a la familia?”. Una de ellas dice que su mayor miedo es que una de sus hijas se encuentre con un hombre como el que asesinó a su hermana y duda en cómo contarle a las juezas los detalles que acompañaron el crimen.
Ilustración : Belén García Monroy
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El primer día me conmueve especialmente el relato sobre una mujer campesina de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, en la región Mixteca. Es un testimonio distinto de la mayoría de las historias, en las que los homicidas son las parejas de las víctimas. En este caso, la víctima es una mujer de 63 años; su homicida, un vecino del cerro contiguo. El conflicto suena a relato rulfiano: los animales de Maria Paula se cruzaban hacia el terreno de este hombre, un problema común en contextos rurales. La sindicatura municipal determinó que María Paula y su vecino debían llegar a un acuerdo de paz. Un día antes de que el hombre tuviera que acudir a una cita por incumplimiento de este acuerdo, el asunto terminó en uno de los asesinatos más crueles que hubieran visto los encargados de la autopsia, a decir de ellos mismos.
Quien la representa hoy es su prima, que ha viajado desde la Ciudad de México porque el hermano de Maria Paula está sumergido en un duelo de alcohol desde hace meses. “Ya ni sus animales le importan”, cuenta la prima de la víctima. Ha dejado el campo y la casa en la que vivía con su hermana. Muy pronto se le murieron varios chivos.
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Tribunales como éste, que ocurren al margen de los aparatos de justicia de los Estados, han sido un mecanismo del movimiento feminista para documentar y visibilizar violaciones a los derechos de las mujeres. En 1976, inspiradas por el Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra que Jean Paul Sartre y Bertrand Russell formaron en 1966 para evaluar la intervención de Estados Unidos en Vietnam, un grupo de feministas organizó en Bruselas el Tribunal Internacional de Crímenes Contra las Mujeres. En la última década se han celebrado ejercicios parecidos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Alba Pérez, la fiscal del Tribunal de Mujeres Contra la Violencia Machista que tuvo lugar en España en noviembre de 2017, está de acuerdo cuando le señalo que este tipo de ejercicios simbólicos parecen haberse concentrado especialmente en Centroamérica. La razón parece ser la existencia de una red que agrupa a casi 2000 mujeres en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, de la que Consorcio Oaxaca es un elemento central.
El juicio en España en el que participó Alba Pérez buscaba señalar la omisión y la violencia institucional expuestas por las marchas multitudinarias celebradas en varios países en 2015, bajo la consigna de “Ni Una Menos”. En aquel ejercicio la presentación de casos se hizo alrededor de cuatro ejes: el sistema de justicia patriarcal y las razones detrás de la falta de confianza de las mujeres frente a este sistema; la violencia sexual y su prevalencia más allá de las parejas y exparejas; la escasez de presupuestos y recursos para sostener políticas públcias que ya habían sido definidas pero que no se habían puesto en práctica, y la responsabilidad de los medios de comunicación en el statu quo violento. Para denunciar todo ello las participantes mezclaron testimonios reales y ficticios. Uno de los reales era el de una mujer que denunció 37 veces a su pareja y solicitó medidas de protección. En una de sus visitas, el hombre asesinó a su hija en común.
A pesar de su carácter más bien alegórico, estos ejercicios tienen repercusiones en el mundo real. En ese caso, el gobierno español adoptó varias de las reivindicaciones del juicio en el Pacto de Estado Contra la Violencia Machista; entre ellas, la admisión de que el feminicidio podía ocurrir fuera de las relaciones de pareja o expareja. Por otro lado, Alba Pérez recalca que, desde entonces, el movimiento feminista español ha incorporado la vigilancia a las instituciones a su quehacer, lo que le ha permitido plantear demandas más sofisticadas.
Una historia menos alentadora es la que me cuenta una de las integrantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia en Nicaragua, a propósito de los tribunales de conciencia que se han organizado en este país y que las feministas oaxaqueñas reconocen como su antecedente inmediato. El más grande de estos fue celebrado también en 2015 y contó con la presencia de varias embajadas y organizaciones internacionales. En ese tribunal las activistas presentaron la historia ficticia de “Angela Esperanza” para hablar de casos de feminicidio frustrado y de la responsabilidad del Estado en la perpetuación de la violencia de género. Era un caso cuya sentencia caía por su propio peso, diseñado para que las juezas —entre las que se contaban abogadas, médicas forenses y defensoras de derechos humanos— pudieran analizar y evaluar al sistema de justicia.
Este tribunal efectivamente atrajo la atención del gobierno de Nicaragua que, en respuesta, reglamentó la Ley 779 contra la violencia hacia las mujeres que estaba pendiente desde hacía cuatro años. Esto, sin embargo, fue menos un triunfo que una estocada a las mujeres: mientras que en su concepción original el proyecto legislativo eliminaba algunos elementos que definían si un asesinato podía ser considerado un feminicidio —tales como la existencia de un vinculo afectivo entre la víctima y el victimario— para hablar de “violencia contra las mujeres” en lugar de “violencia intrafamiliar o violencia doméstica”, la norma aprobada restauró los viejos elementos al insistir en la importancia de salvaguardar “la unidad familiar”. Las feministas se movilizaron contra la ley y, desde entonces, me dice esta mujer, el gobierno no ha dejado de perseguirlas. Son activistas que dan asesorías jurídicas, generan estadísticas y dialogan con redes internacionales, pero que temen llamar la atención y esperan disimuladas en las plazas cada vez que acompañan a una mujer a denunciar violencia. La persecución está velada: “Si yo hago una declaración sobre esto en los medios, mañana vienen por mí con el pretexto de que no pagué algún impuesto o se las arreglan para implantarme droga”.
Karla Micheel Salas, jueza en el Tribunal Feminista oaxaqueño y participante en tres de esos tribunales en Nicaragua, explica que en el país que gobiernan Daniel Ortega y Rosario Murillo la represión ha complicado terriblemente la lucha. Muchas mujeres activistas —es imposible saber cuántas— están en la cárcel desde las movilizaciones de 2018.
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Hay otros aspectos que distinguen al juicio que tiene lugar esta mañana de noviembre en Oaxaca de ejercicios similares. Para empezar, los casos no son ficticios, y son las propias mujeres quienes cuentan sus historias. En otros tribunales, cuando las activistas no diseñan casos imaginarios, se evita que las víctimas directas o indirectas lean sus testimonios y revivan el dolor. En Oaxaca, las madres, hermanas y primas son las que testifican y, al hacerlo, nombran a los agresores y otros implicados en lugar de limitarse a señalar al monstruo inasible que es el Estado. Las pausas que hacen cuando lloran discretamente sólo son interrumpidas por el zumbido de los micrófonos. Las bocinas me parecen demasiado grandes para el tamaño de la concurrencia, pero a ellas no les asusta lo fuerte que suenan sus voces. Pronuncian con claridad los nombres de los funcionarios públicos que se entretejen en sus historias. Tan sólo una de ellas anuncia que su testimonio reúne a dieciocho funcionarios del estado de Oaxaca que, en su experiencia, han sido negligentes o cómplices en el tratamiento del caso.
También hay personajes que se salen del guión de un juicio como los que nos ha acostumbrado a imaginar la televisión estadunidense. Hay una mujer con un ligero acento extranjero que pide a la audiencia que se acerque a prender una vela cada vez que las testigos terminan de hablar. “Que vengan todas”, nos llama, “no sólo las que estamos siempre”. La intención, explica, es hacer un ritual de honra y dignificación de las víctimas. En cada ocasión, pronuncia casi gritando el nombre de la mujer en cuestión y sentencia: “Vamos a pedir al universo que tiemble y se rompan las estructuras patriarcales. Seguiremos nombrando uno a uno a los agresores hasta que caigan, y si los tribunales no hacen su trabajo, lo haremos nosotras. Les devolveremos a los perpetradores su vergüenza, les devolveremos su miseria. Que la carguen ellos en su sistema”.
Los mensajes mezclan alusiones a la energía, el fuego, el universo y “los afiches que colgaremos”. Algunas de las juezas se levantan junto con mujeres del público para participar del ritual, sin importar que las ideas que lo acompañan ––un poco desordenadas–– desentonan con el lenguaje jurídico que usan estas jóvenes abogadas. Recuerdo la transmisión del Tribunal Contra la Violencia Machista en España y los símbolos que usaban las feministas de ese juicio para transmitir solemnidad: la enorme sala del Congreso de los Diputados, los cargos ficticios del tribunal y hasta las togas de las juezas. Lo que ocurre en Oaxaca definitivamente es otra cosa.
Me pregunto cómo interpretarán las madres, hermanas o primas este ritual y si los referentes tienen sentido para las que dicen tener depositada en Dios toda su confianza. El episodio es muestra, a pequeña escala, de uno de los retos a los que se enfrenta el feminismo contemporáneo en México: cómo dialogar con las miles de mujeres, multiplicadas exponencialmente por las condiciones de inseguridad, que han llegado a estos espacios a partir de la desaparición o asesinato de mujeres de su familia, pero cuya relación con el feminismo, sus conceptos y prácticas era antes inexistente.
Pese a las bocinas, en la explanada nadie parece inmutarse por lo que sucede dentro de la carpa. Familias esperan durante horas para entrar o tener noticias del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, ubicado al este de la plaza. A pesar de que el centro médico también ha sido escenario de la violencia estructural que afecta a las mujeres en México —a principios de 2021 una mujer embarazada murió escandalosamente afuera de este hospital, y los medios reportaron un incremento del 50 % en las muertes maternas en la entidad—, quienes esperan ni siquiera voltean a ver el evento. Cuando le pregunto a una de las personas si no le da curiosidad saber qué ocurre a unos pocos metros de donde lee el periódico, me contesta con hastío: “Siempre hay cosas”. ¿Cómo transmitir que todas estas “cosas” se conectan?
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Al terminar el primer día del tribunal llegan dos testimonios no previstos. Estas mujeres testifican cuando ya ha caído el sol y no hay más luz que las velas a los pies del estrado. Cuentan estar viviendo en estos momentos, ellas y sus hijos, una serie de agresiones por parte de sus exparejas. Las organizadoras del evento nos piden que no las fotografiemos ni grabemos.
Las intervenciones de las juezas inmediatamente cambian su dinámica. En contraste con el tono discreto que habían usado hasta ahora, hacen preguntas prácticas, procedimentales: “¿Tienes una abogada en materia familiar? ¿Y en materia penal? ¿Cómo se llama la juez?”. De algún modo, estos dos casos devuelven un poco la esperanza. Estas mujeres siguen vivas, lo que quiere decir que todavía se puede hacer algo por ellas. Y es que, si algo han demostrado las historias que antecedieron a los testimonios de las recién llegadas, es la recurrencia de señales de alarma previas a los asesinatos. Es ahí en donde tenemos que concentrar los esfuerzos, según explican las expertas en estos temas: abrir los caminos para que las mujeres hablen, ir a los espacios en donde buscan ayuda, sin importar si no son lugares especializados, y así tratar de prevenir el hecho fatal. Este estrado en penumbras es uno de esos espacios. Una de las juezas usa más tarde una expresión que enchina la piel por descriptiva y literaria: uno de los casos que escuchamos esa noche es, dice, “un feminicidio anunciado”.
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En cuatro de los siete testimonios de feminicidio que escuchamos en estos dos días, las autoridades del sistema de justicia del Estado ya habían dictado una orden de aprehensión contra los culpables. En por lo menos dos, la familia de las víctimas sabe dónde están los asesinos. Le pregunto cómo es esto posible a una de las abogadas que funge como jueza simbólica, Karla Micheel Salas, quien en 2004 coordinó el trabajo jurídico de “Campo Algodonero”, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que encontró al Estado mexicano responsable de la desaparición y muerte de tres jóvenes en Ciudad Juárez. Me explica que muchas veces estas situaciones —órdenes de aprehensión que no se ejecutan, investigaciones que ignoran hechos notorios— son producto de dinámicas de corrupción, en las que operadores del sistema de justicia dilatan o suspenden ciertos procesos a cambio de dinero. Los policías en el estado de Oaxaca ganan poco más de 8000 pesos al mes, me recuerda. Esto es: 5000 pesos menos que el salario promedio nacional de un policía estatal. Según reportan Guillermo Raúl Zepeda y Paola Jiménez en el Índice estatal de desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019, Oaxaca, junto con Morelos, está en el último lugar en lo que respecta a la resolución de los homicidios dolosos. El 99.4 % de los casos queda impune.
La conversación sobre la impunidad en México es sin duda fundamental. A decir de muchas abogadas feministas, sin embargo, medir la impunidad únicamente en términos del porcentaje de delitos denunciados que resultan en sentencias tiene limitaciones importantes, sobre todo cuando se trata de delitos en razón de género. Como explica el informe “Violencia contra las mujeres e impunidad ¿más allá del punitivismo?”, de la organización EQUIS Justicia para las Mujeres: “En el caso particular de las mujeres, ninguna definición o indicador que se enfoque principalmente en elementos punitivos estará midiendo la impunidad de manera integral y con perspectiva de género, pues excluiría del análisis los obstáculos adicionales que enfrentan las mujeres para siquiera acceder a la justicia penal e invisibilizaría todas las agresiones que no son denunciadas”. En ese sentido, la creación de nuevos delitos es una solución meramente discursiva: la tipificación de un delito es una simple formalidad si el Estado es incapaz de abrir la puerta a las denuncias, investigar con perspectiva de género y hacer cumplir la ley vigente, la cual, al menos en teoría, prevé medidas de reparación para las víctimas además de castigos a los culpables.
Por otro lado, es un hecho que el aumento de penas por sí sólo no cambia nada. El feminicidio fue tipificado en Oaxaca en 2012 con penas de hasta sesenta años de cárcel, pero estos cambios en la ley no parecen haber disminuido la prevalencia de la violencia de género en el estado, según lo que declaran diversas organizaciones civiles. La legislatura local recientemente aprobó una nueva reforma al Código Penal que tipifica el delito de homicidio por razones de identidad de género u orientación sexual y prevé penas similares en el caso de asesinatos de miembros de la comunidad LGBTQI+, una medida que ilustra la misma tendencia de enfrentar la violencia de género mediante el punitivismo. La promotora de la reforma es la exdiputada Magaly López, una activista feminista que llegó al poder legislativo con la intención declarada de cambiar las cosas para las mujeres de su estado y hacer rendir cuentas al poder estatal. Formó parte de la bancada, liderada por mujeres de Morena, que históricamente logró despenalizar el aborto en Oaxaca —entonces apenas el segundo estado en hacerlo—, y tiene una apreciación muy completa de las estructuras que dan forma a las desigualdades de género en el contexto oaxaqueño. Entre ellas, las que impiden el acceso a la justicia. Sin embargo, su apuesta, como la de buena parte del feminismo mexicano contemporáneo, incluye la disuasión por penas.
Al escuchar los testimonios en el Tribunal Feminista, me pregunto qué tanto de este punitivismo es una consecuencia del proceso de revictimización que han sufrido todas estas mujeres. Conforme pasa el tiempo y las mujeres ven cómo se corrompen los agentes del Ministerio Público, los policías de investigación e incluso los jueces, o cómo se protege a los criminales por amiguismo, la meta irremediablemente se vuelve el castigo. Una de las madres que lleva largo tiempo en este proceso recarga sus codos en el estrado y dice con seguridad: “Yo a cualquier asesino le daba cadena perpetua, sin ningún derecho. Porque en la cárcel comen, duermen y ven a su familia. Castigo es el que nos dieron a nosotras quitándonos a nuestras hijas”. Algunas integrantes del público aplauden dubitativas.
El problema con este énfasis en la retribución, según Lucía Núñez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, es que el castigo no sólo no erradica las causas de fondo de la desigualdad de género, sino que trae consigo una visión de esa desigualdad “como violencia más que como opresión”: un asunto de criminales individuales en lugar de una sociedad criminal. A decir de Nuñez, esta concepción del problema hace que sea muy difícil acercarse críticamente a “los aparatos e instituciones de justicia penal y su papel en la reproducción en las desigualdades sociales y, por supuesto, de género”. Para esta autora, la pregunta que debe hacerse el feminismo versa sobre las estrategias políticas para erradicar las desigualdades, y sobre el rol que el castigo debe tener o no en estos esfuerzos. La cárcel como la conocemos, recuerda la abogada feminista Estefanía Vela, es una institución patriarcal. Y, a pesar de ello, explica: “Las feministas nos hemos encargado de incorporar una variedad de delitos al Código Penal”. Estos cambios legales a veces han tenido consecuencias inesperadas, como el gran número de mujeres encarceladas por el delito de violencia familiar que en un principio se pensó para protegerlas a ellas. En ese sentido, Vela llama a pensar menos en reformar este sistema —que al fin y al cabo hace de las penas el estándar del valor que se le otorga a la integridad de las mujeres— y más en repensar por completo la naturaleza misma del sistema.
Las organizadoras del Tribunal Feminista en Oaxaca lo concibieron como un mecanismo político que interpelara al Estado desde un lugar distinto a otros tipos de protesta, como la marcha o el plantón. Es difícil que este tipo de ejercicios eludan las peticiones de castigo, pero es interesante ver cómo se mezclan en él referentes y lenguajes en donde conviven alusiones a lo jurídico y llamados a la solidaridad comunitaria, insinuaciones anarquistas y referencias a Dios. ¿Cómo balancear en medio de todo esto las expectativas concretas de obtención de justicia?
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Como reconocen las propias organizadoras, el Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca también debe pensarse como parte de una larga tradición de tribunales de pueblos y de defensa del territorio recurrentes en la región. Recuerda al juicio simbólico de 2007 en el que famosamente se condenó al gobernador Ulises Ruiz por crímenes de lesa humanidad tras la represión al movimiento encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; y también a un tribunal de 2018 en el que —bajo el lema “¡Ni oro, ni plata, la minería mata!”— más de cincuenta comunidades se organizaron para juzgar al Estado y a las empresas mineras por el daño que causan a los territorios, la salud y la vida social.
Durante el Tribunal Feminista no se habla en ningún momento de los sistemas legales basados en usos y costumbres que informan a estos ejercicios. Sin embargo, algunos de los casos relatados sí ocurrieron en jurisdicciones de este tipo, como es de esperarse considerando que 417 de los 570 municipios que hay en Oaxaca se rigen por este sistema. Esto añade una capa de complejidad al problema de la violencia de género en este estado. Vale la pena detenerse en ella, por los retos, pero también por las posibilidades que presenta para un manejo más expedito de las agresiones contra mujeres.
En México los sistemas de “usos y costumbres” son formas de organización social que han surgido orgánicamente de la historia y la tradición, y que garantizan la autonomía de comunidades que se autoadscriben como indígenas para elegir a sus autoridades, estructurar sus instituciones, solucionar problemas e impartir justicia. Desde 2001, la ley reconoce que la competencia para regular situaciones o resolver casos entre personas indígenas y en territorio de comunidades indígenas corresponde a la jurisdicción de usos y costumbres. Sin embargo, algunos hechos y situaciones deben ser del conocimiento de la justicia formal: cuando el conflicto involucra a una persona no indígena, cuando alguna de las partes considera que la decisión de la autoridad tradicional choca con un “núcleo duro de derechos humanos” ––por ejemplo: el derecho a la vida, la integridad física o la libertad––, o cuando el conflicto involucra delitos previstos en el Código Penal Federal. El feminicidio es uno de estos últimos, por lo que debe turnarse a las Fiscalías, sean especializadas o estatales —una situación que propicia que las Fiscalías se pasen la responsabilidad entre sí, sobre todo cuando tienen demasiado trabajo.
El proceso para que las madres, hermanas, primas o cualquier persona proveniente de una comunidad indígena haga una denuncia en el sistema legal ordinario —aquel que no se rige por usos y costumbres— es complicado. Estas personas con frecuencia se enfrentan a las dificultades materiales de emprender un viaje fuera de sus comunidades para llegar a Fiscalías que no siempre cuentan con los servicios de traducción necesarios para poder levantar una denuncia. Edith Matías, intérprete zapoteca del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, me explica que a veces estas razones llevan a las autoridades comunitarias a procesar estos delitos, a pesar de que estén fuera de su jurisdicción. Esta práctica expone a dichas autoridades a que los acusados de violencia las denuncien, a su vez, por abuso de autoridad. Además de que esta dinámica interrumpe el proceso de procuración de justicia para las mujeres, también menoscaba un aparato que ––aunque imperfecto–– es el que en los hechos tiene las formas, lenguajes y estrategias para regular la vida comunitaria y a la violencia de género que se pueda presentar en ella. “Los alcaldes [como se conoce a la figura de autoridad que imparte la justicia municipal] orientan, dan consejos con la finalidad de que no se repitan las acciones y la comunidad suele respetarlos”, dice Matías.
Rita Bell López, abogada del Centro Oaxaqueño para la Igualdad, explica que, si bien es cierto que los hombres que ocupan cargos de autoridad en estas comunidades suelen ser machistas –––un prejuicio reiterado, y que, sin embargo, es tan cierto de este sistema como de cualquier otro––, los mecanismos de justicia basados en usos y costumbres ofrecen a las mujeres violentadas soluciones que muchas veces implican a la comunidad entera, lo que trae consigo mayores posibilidades de que éstas efectivamente se lleven a cabo. López menciona el caso de un hombre que se tuvo que comprometer frente a toda la comunidad, impulsado por sus padres y su padrino, a tratar bien a su esposa. Con delitos federales como el feminicidio todavía no hay un punto de encuentro, pero la abogada ve con esperanza que los proponentes del derecho positivo y de los derechos humanos universalistas empiezan a entender cada vez más el valor de las jurisdicciones de usos y costumbres para regular la vida comunitaria.
Sin embargo, el aprendizaje también ocurre a la inversa. En 2019, la comunidad de Santa María Yucuhiti —uno de los cuarenta municipios en Oaxaca con alerta de violencia de género contra las mujeres, y que se rige por usos y costumbres— desarrolló un plan de acción para hacer frente a la violencia contra las mujeres a partir de un diagnóstico de las necesidades y expectativas de justicia comunitaria y con la colaboración de las autoridades del municipio. Los habitantes de Santa María implementaron soluciones para prevenir, entre otras cosas, que los conflictos en torno a la separación de parejas y al pago de pensiones derivaran en violencia, pero respetando los ritmos y tiempos de la comunidad. “Las autoridades determinan cuánto de la cosecha anual debe irse a los hijos en forma de pensión, por ejemplo”, me explica Edith Matías.
Rita Bell López habla de la importancia de reconocer estas formas de resolver conflictos pues, en última instancia, “la justicia se debe tratar de construir personas, comunidades, y no de dar condenas”. En este punto coincide con Jorge Peniche, el codirector de la organización Justicia Transicional México, para quien las preguntas urgentes en nuestro país ––en donde, a decir de él mismo, las violencias han sido históricamente parte del disciplinamiento comunitario–– son qué es la justicia y cómo debe verse. La tarea consiste en atajar la violencia que enfrentamos cotidianamente en muchas partes del país, reconociendo que hay muchos tipos de justicia y buscando las fórmulas que mejor convengan a cada contexto específico. Tomando en cuenta los límites de la justicia regular, la justicia transicional que recientemente se ha integrado a las discusiones en México tiene el propósito de atender experiencias de violencia graves y extendidas —tales como las atrocidades cometidas por dictaduras— para dilucidar los hechos y contextos en los que estas ocurren, resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la repetición de la violencia. Según me explica Peniche, la justicia transicional aún no ha sabido incluir los sistemas y procedimientos de formas de justicia basadas en usos y costumbres porque éstas a veces no cumplen con las garantías del debido proceso. Sin embargo, dialogar con estas alternativas es fundamental “para empezar a imaginar sistemas en los que la gente experimente de hecho la justicia”. Para esto, ejercicios como el Tribunal Feminista en Oaxaca son clave.
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El último caso que se presenta en el estrado bajo la carpa que protege del sol de mediodía oaxaqueño es de algún modo el primero. La testigo es la reconocida periodista feminista Soledad Jarquín, quien ha sido clave en la organización de este evento después de tres años de luchar por la resolución del caso de su hija María del Sol. Muy pronto queda claro que el suyo es un relato distinto al resto de los que hemos escuchado, pues en sus orígenes hay intereses políticos aún sin descifrar.
La hija de Soledad fue asesinada en Juchitán un par de noches antes de las elecciones de 2018, durante un atentado contra Pamela Terán, la candidata a segunda concejal en el municipio por la alianza del PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. María del Sol, quien trabajaba como directora de comunicación en la Secretaría Estatal de Asuntos Indígenas, estaba en Juchitán porque su jefe, Francisco Javier Montero, la había mandado a cubrir en calidad de fotoperiodista la candidatura de su hermano, Hageo Montero. Según me explica Soledad cuando nos reunimos en un café semanas antes del tribunal popular, la presencia de María del Sol en Juchitán respondía a un desvío ilegal de recursos públicos para apoyar una campaña en la que ella no quería participar. A la mañana siguiente del asesinato, su madre denunció frente a los medios este delito electoral, pensando que así atraería la atención de las autoridades. Sin embargo, el caso tardó mucho en llegar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Cuando finalmente lo hizo, los fiscales frustraron las expectativas de Soledad al impedirle ver la carpeta de investigación, explicándole que, en términos legales, la víctima indirecta del delito electoral no era ella, sino la sociedad oaxaqueña.
Aunque su testimonio frente al podio de las juezas simbólicas es muy conciso, en nuestro encuentro Soledad me narra con detalle y habilidad periodística todo lo que ha podido reconstituir sobre la noche del asesinato de su hija. Sabe con quiénes estaba, que una de las personas salió antes que ella del lugar en cuestión con un pretexto irrisorio ––su mamá le había hablado por teléfono porque ya era muy tarde–– y cómo el hombre que acompañaba a Pamela y María del Sol salió ileso en la ráfaga de disparos. Soledad también sabe quién fue al cuarto de hotel de María del Sol al día siguiente y le robó la computadora de trabajo y su cámara, y con ellas toda su obra fotográfica. Finalmente la periodista ha dado seguimiento puntual al trabajo de las Fiscalías ––en Oaxaca, como a nivel federal, la Fiscalía General se subdivide en Fiscalías Especializadas––, encontrando malas diligencias y filtraciones de información. Recuerda haber tenido que escuchar pacientemente a un fiscal señalar la negligencia de otro.
Al hablar de algunas partes del proceso jurídico, la voz de Soledad delata todavía cierta incredulidad. Su impresión es que en un principio —muy al principio— la investigación avanzaba bien, hasta que se detuvo abruptamente. A su parecer, todo el caso está cubierto de una bruma que sólo puede responder a intereses políticos. Como ha reportadoCorriente Alterna, la candidata Pamela Terán, con quien estaba María del Sol la noche de su muerte, pertenecía a una familia polémica del Istmo. Se volvió una importante líder social —entre otras cosas, por oponerse a plantas de energía eólica en la región— y a partir de eso había empezado a construir su carrera política. La familia de Pamela no ha estado presente en todas las audiencias desde esa noche de junio, según me cuenta Soledad. Por eso, la periodista se ha acostumbrado a pedir justicia también por la candidata de 29 años. El suyo es el único caso en el que las juezas del Tribunal Feminista determinan que no existen las condiciones para que se resuelva en Oaxaca y sugieren que se lleve a instancias internacionales; un proceso que, sin embargo, puede durar más de diez años y que requeriría que Soledad agote todas las instancias de la justicia nacional.
Soledad enfrentó amenazas que llegaron hasta la relatora especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos de las Naciones Unidas. Pese al miedo, la tristeza y la frustración, la periodista sabe la fortuna que ha tenido al poder visibilizar su caso y contar con acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Esto, me dice, se lo debe a las amigas y aliadas que ha conocido en una larga carrera en el periodismo feminista, muchas de las cuales la rodean el día del Tribunal. Esta red solidaria ya le había ayudado a Soledad a llevar el caso de su hija a una serie de foros previos. Entre ellos, la conferencia mañanera del presidente, en la que Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender el caso y lo refirió a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ese camino terminó en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, sin mayores resultados. La experiencia de acercarse a distintos funcionarios y legisladores para pedir que hagan valer la ley ha decepcionado a esta periodista de manos fuertes. Algunos de estos nunca tuvieron el menor interés de ayudarla, y los que sí lo tenían se iban desalentando en el camino. La convocaban a foros y otros eventos políticos, pero el juzgado de todas formas siguió difiriendo sus audiencias. “Entonces decidí dejar de ser carne de cañón”, me dice Soledad con la parsimonia de quien ha entendido con claridad algo inadmisible.
Lo que sí logró la presión política movilizada por Jarquín fue que el entonces fiscal de la administración de Alejandro Murat, Rubén Vasconcelos, ––con quien Soledad y otras madres de víctimas de feminicidio habían tenido diversas reuniones–– fuera llamado a comparecer en diciembre de 2020 ante el Congreso de Oaxaca. Lo convocó la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado, presidida por la diputada de Morena, Elisa Zepeda Lagunes, quien también ha sido víctima de violencia política y de una tentativa de feminicidio en 2014. Coincidentemente, el primer día de este Tribunal Feminista de finales de 2021, Zepeda declaró haber recibido nuevas amenazas.
En su comparecencia, Vasconcelos fue señalado por las diputadas Lagunes y Magaly López, también de Morena, por no haber investigado el delito electoral que cobró la vida de María del Sol y por haber tardado más de dos años en formular una orden de aprehensión contra la persona que robó sus pertenencias. Por su parte, las mujeres que esta mañana de noviembre se han reunido junto a la Fuente de las Ocho Culturas lo acusan por inacción o decidida obstrucción. Confiaron en él porque decía tener voluntad de ayudarlas. Como dice una de las madre subiendo los hombros: “Es que Vasconcelos nos terapeaba muy bien”.
Rubén Vasconcelos renunció a la Fiscalía en marzo de 2021 y ahora es el secretario del Bienestar del gobierno de Oaxaca. Una de las finalidades explícitas de este Tribunal, que queda reflejada en la sentencia simbólica que las juezas dictan al concluir el ejercicio, es que sea destituido de su cargo. Vasconcelos no respondió a mi invitación, transmitida a través de su secretario particular, a conversar sobre el tema de este artículo. Sería muy importante conocer su opinión sobre el sistema de justicia, sobre todo considerando que, antes de ser fiscal general del estado de Oaxaca, fue director general de la Asesoría Jurídica Federal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en 2016 y 2017.
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En la contienda electoral en la que murió Maria del Sol fueron asesinadas dieciocho mujeres candidatas en el país. Las últimas elecciones dejaron un saldo de veintiuno. Los comicios de este año traen consigo el temor de que aún más mujeres sean agredidas. En Oaxaca las élites locales son muy poderosas, lo que multiplica las posibilidades de que haya intereses involucrados en las contiendas electorales y que la posterior resolución de los casos dependa de su voluntad. También se trata de un estado en el que la falta de alternancia política y la continuidad en el poder del PRI y sus aliados ha estorbado los mecanismos de rendición de cuentas. Por lo demás, es un hecho que los hombres que participan en la política siguen resistiéndose a que las mujeres ocupen cargos, incluso cuando son elegidas por la población, me dice Claudia Ramírez, del Colectivo Ciudadanía por las Mujeres de Oaxaca. Por eso, desde que existe la paridad obligatoria, las mujeres son relegadas a los municipios más pequeños, sus campañas no cuentan con apoyo económico y en ocasiones hasta se inventan regidurías sin ningún peso político para que sean ocupadas por ellas.
Según Ramírez y la exdiputada Magaly López, en este estado del sureste del país el fenómeno de la violencia política en razón de género se relaciona nuevamente con la pervivencia de ciertas ideas conservadoras sobre el rol de las mujeres en la sociedad. La intérprete zapoteca Edith Matías matiza el alcance que ha tenido la paridad por ley para resolver dicho problema estructural, pues ésta promueve la participación política individual, una responsabilidad que resulta muy difícil de asumir para las mujeres que se encargan del hogar y de su familia. Las mujeres que empezaban a participar de otras formas se están echando para atrás, me explica esta abogada zapoteca. Por su parte, Claudia Ramírez también reconoce el difícil balance entre hacer cumplir la ley y acompañar a las comunidades más tradicionales —muchas veces indígenas— sin imponer o forzar cambios culturales. Me dice que una buena noticia para la participación política de las mujeres en estas comunidades es que el Consejo electoral acaba de nombrar a la primera mujer en ocupar la presidencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca: Elizabeth Sánchez, una abogada zapoteca con trayectoria en la defensa de los derechos indígenas y de las mujeres.
Pero también hay buenas razones para ser menos optimista respecto al alcance de estos gestos institucionales. El estado de Oaxaca actualmente tiene una Fiscalía Especializada en Género, y las Secretarías de la Mujer incluyen una oficina para la prevención de la violencia. No obstante, los resultados son magros. He tratado de hablar con Edna Liliana Sánchez, exfiscal especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género en Oaxaca y hoy subsecretaria del área de prevención en la Secretaría de la Mujer del estado, para saber qué opina de que un juicio popular se haya organizado para visibilizar las carencias de estas instituciones o, en dado caso, entender las limitaciones que interrumpen su trabajo (este texto de Estefanía Vela da varias pistas). Pese a mis mejores esfuerzos, no conseguí que Sánchez me concediera una entrevista.
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Cada testimonio registrado en el Tribunal Feminista de Oaxaca comprueba que la justicia les queda muy lejos a las mujeres que hablan, tanto en los hechos como en términos conceptuales. Por momentos da la impresión de que las juezas les hacen muchas y muy complicadas preguntas a las testigos. Ellas a veces no saben lo que significan los conceptos jurídicos que se usan; incluso ignoran si sus abogados son del Estado o no. Es evidente que a algunas les avergüenza su desconocimiento de estos términos y procesos, aunque la responsabilidad no sea suya, sino de los operadores jurídicos, quienes con frecuencia no cumplen con su responsabilidad pedagógica de educar a la población sobre el funcionamiento del complicado sistema de justicia. Las organizaciones que han acompañado a las testigos —como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Consorcio Oaxaca, o la Comisión Diocesana de Justicia y Paz— las ayudan a disminuir esa brecha, aunque esto trae consigo retos de comunicación y adaptación, según la situación de cada una de las víctimas.
Pero la justicia muy seguido también queda lejos materialmente. En algunos de los casos que escuchamos, los Ministerios Públicos a los que estas mujeres han ido incansablemente están a más de cinco horas de donde viven: llegar hasta ellos implica gastar dinero, perder un día de trabajo y dejar de lado otras responsabilidades. La mujer que testifica antes que nadie en este juicio popular, la madre de la víctima del primer asesinato determinado como feminicidio en Oaxaca, lo tiene muy claro: “Como somos pobres, no podemos comprar a la justicia”. Esto ocurre porque el dinero también es un problema para las propias oficinas de procuración de justicia. Más allá del tráfico de influencias y la corrupción por amiguismo, el presupuesto del sistema de justicia de Oaxaca depende de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (algo insólito si se pretende que los funcionarios sean imparciales) y éste lo tiene en una situación raquítica. No hay dinero para contratar peritas especializadas en violencia sexual contra niñas, por ejemplo, y en general las condiciones de trabajo de los fiscales y agentes del Ministerio Público son imposibles. Oaxaca es uno de los tres estados del país que destina el menor presupuesto por persona a la procuración de justicia.
El pacto patriarcal existe y alcanza al sistema de justicia. Pero si algo prueba el caso oaxaqueño es que este es un pacto que se alimenta, primero que nada, de la precariedad.
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Al terminar el Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca y tras dictar una larga sentencia, las juezas se reunieron con el nuevo fiscal general del estado. Arturo Peimbert tuvo el cargo de Defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca entre 2012 y 2019; resultó ser muy popular en el Congreso de Oaxaca y su mayoría de mujeres cuando fue ratificado para ocupar la Fiscalía. Según me relata una de las juezas, Peimbert asumió plenamente la sentencia del Tribunal Feminista y se comprometió a reunirse con las familias y resolver sus casos, por lo cual “habrá que darle el beneficio de la duda”.
Esta es una conclusión que quizás les permita a las mujeres que han ido a testificar atisbar por un momento el otro lado de la vida: los nietos a los que se ha vuelto imposible ver por los recuerdos que despiertan, al hijo al que “tal vez descuidé”, a “mi hija, a la que siento que no dejo descansar por no poder sacármela de la cabeza”. Pero cada vez que las juezas preguntaron a estas mujeres qué esperaban del Tribunal Feminista, ellas dijeron que esperaban justicia. Y, a más de un mes de concluido este juicio, los casos presentados siguen prácticamente intactos.
La sentencia dictada por las juezas del Tribunal Feminista queda como precedente conceptual, si bien no legal, y esto no es menor. Como dice Jorge Peniche, de la organización Justicia Transicional México, parte de la valía de estos juicios populares está en su utilidad para generar memoria, hacer explícita la pluralidad de contextos en los que ocurre la violencia y visibilizar con más precisión las partes del sistema que no funcionan. Beatriz Cumplido, internacionalista y abogada con experiencia trabajando con víctimas, explica que estos ejercicios son importantes porque reconocen y visibilizan casos frente a las autoridades y la opinión pública que, de otro modo, no se conocerían. Sin embargo, me explica que, si bien la sentencia del Tribunal Feminista es en muchos sentidos “ideal”, su ambición y algunas recomendaciones son tan amplias y generales que resulta dificil precisar cómo podrían llevarse a la realidad, más allá de que no sea vinculante. Cita como ejemplo el hecho de que la sentencia solicite a las autoridades de Oaxaca acciones de prevención de la violencia en todos los ámbitos en donde participan las mujeres, sin señalar exactamente a quién deben dirigirse estos reclamos. En este sentido se asemejan más a las sentencias de la Corte Interamericana que a las normativas federales. Y esto, a decir de Cumplido, puede ser problemático si se generan expectativas entre las víctimas indirectas que no sea posible lograr.
Otros aspectos de la sentencia, en cambio, son concretos y podrían implementarse. Entre ellos está la creación de una mesa de seguimiento de los casos presentados en el tribunal y la creación de una Comisión de Víctimas en Oaxaca. Finalmente, entre los principios de la Ley General de Víctimas publicada en 2013 está la “participación conjunta”, una figura legal que abre la puerta a que “la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas” —y no sólo el Estado— puedan “ejecutar planes o medidas” que aporten a “superar la vulnerabilidad de las mujeres”. De cumplirse el espiritú de esta ley, sentencias como la de este Tribunal Feminista tendrían que ser tomadas en cuenta, dice Cumplido.
Por otro lado, para esta abogada, un aspecto interesante del ejercicio ocurrido en Oaxaca es que el Tribunal Feminista se plantee a sí mismo como un “espacio de reparación simbólica”. La reparación es un tema fundamental en la experiencia de la justicia, como la Ley General de Víctimas deja claro en su Artículo 1: “Es obligación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres Poderes Constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada que vele por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral”. En la práctica, el cumplimiento de esta obligación se enfrenta a diversos retos que tienen que ver con que el sistema es lento y muy burocrático. En primer lugar, el Ministerio Público debe determinar que la persona en cuestión tiene calidad de víctima o víctima indirecta conforme a la ley; después de eso, las víctimas deben lograr que se les incluya en el Registro Nacional de Víctimas y, por último, darle seguimiento al proceso de la mano de los asesores jurídicos ––abogados que el Estado asigna a las víctimas para acompañarlas en el proceso, en general insuficientes––, lo que deja a muchas víctimas en el camino. A decir de Cumplido, si bien la Ley General de Víctimas tiene muy claras las obligaciones del Estado frente a los derechos de las víctimas, carece de las acotaciones conceptuales y candados que permitan garantizar que funcione de forma eficiente, para quien debe funcionar y sin caer en dinámicas revictimizantes.
Discusiones sobre las instituciones, las medidas de asistencia y reparación, y los actores del sistema de justicia, como la suscitada por el Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca, nos obligan a hacer una reflexión más filosófica sobre las diversas formas de concebir y esperar a la justicia, que consideren los muchos tipos de víctimas que existen hoy en un país sumido en la violencia, como México.
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Las madres, hermanas y primas de las mujeres víctimas de feminicidio recibieron la sentencia impresa de manos de las juezas. Se tomaron una foto en el podio, sonriendo y agitando el folder en señal de triunfo. Para quienes estuvimos ahí en calidad de espectadoras, este tribunal ha sido un combate de símbolos parecido al que rodea la carpa en donde ha tenido lugar el evento: la “antimonumenta” para conmemorar a las víctimas de feminicidio flanquea las altísimas columnas neoclásicas de la Hacienda La Aguilera, que alguna vez perteneció al gobernador Miguel Bolaños. Sobre las piedras de la enorme fuente en el centro de este paisaje, las consignas contra el feminicidio se han integrado al conjunto de pintas que denuncian los megaproyectos, el ecocidio y la tala de 1600 árboles por la que el artista Markoa Vásquez sostenía en esos días una huelga de hambre en el atrio de Santo Domingo.
Al finalizar un tribunal similar que juzgó a los medios de comunicación en Costa Rica, por su falta de perspectiva de género al cubrir la violencia contra las mujeres, la periodista Ana Beatríz Fernández González citaba una conversación con Marcela Lagarde —una de las principales teóricas del feminicidio—. Lagarde insistía en la importancia de ejercicios como estos juicios populares para el proceso de “construir la topía, en lo que logramos la utopía”. Es decir: para construir un lugar más habitable, en lo que llega el no-lugar, el lugar que hasta ahora no existe más que en nuestra imaginación.
Pese al ruido de los coches que van a toda velocidad por la calzada Porfirio Díaz, la caminata en dirección opuesta que lleva a la Fuente de las Ocho Regiones, empinada y a veces sofocante, quiso ser, durante estos dos días, una de las vías para llegar a ese lugar.
Ana Sofía Rodríguez Everaert
Historiadora y editora
Agradezco a Elba Gutierrez la ayuda en la elaboración de este texto.