La victoria del ejido El Bajío

En 2013, los ejidatarios de El Bajío, en el municipio de Caborca, Sonora, lograron que se ejecutara una orden de desalojo contra la compañía minera Penmont, que durante años había explotado comercialmente el tajo Soledad-Dipolos sin tener convenios válidos con los dueños de la tierra, ni poder demostrar la titularidad de la concesión para la explotación mineral en esa área. Dos sentencias subsecuentes, que no han sido ejecutadas, establecen además que la compañía minera no sólo está obligada a restaurar el ecosistema a su estado original, libre de toda contaminación, sino a regresar el oro extraído o su equivalente en valor monetario.

La minera Penmont es una filial de Industrias Peñoles, la segunda compañía minera más grande de México; el mayor productor de oro en el país, y de plata en el mundo. Es difícil pensar en otro caso en México en el que una comunidad agraria haya conseguido vencer legalmente a una empresa extractiva de ese calibre y desalojarla de sus tierras. El conflicto de El Bajío, sin embargo, no ha recibido la atención pública que merece, y las pocas referencias que hay en la prensa suelen perderse en especulaciones sobre la intervención del narcotráfico hasta desvirtuar y ocultar lo realmente importante del caso: la victoria legal de la propiedad ejidal de la tierra y los beneficios que estas sentencias podrían tener para el sinfín de casos similares que han proliferado en el país.

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