Decíamos la semana pasada en este espacio que sin duda el sector eléctrico es imperfecto y que en algunos aspectos tiene riesgos reales, pero que estos se pueden resolver sin la necesidad de una contrarreforma Constitucional.
Ilustración: Augusto Mora
La semana pasada tuve el gusto de ser invitado a un debate sobre planeación del sector eléctrico y su impacto en la seguridad y confiabilidad del mismo, en el marco del Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados.
Ahí se tocaron temas como, por ejemplo, la falta de inversión en transmisión. Quienes fueron a defender la iniciativa sorprendentemente hicieron alabanzas a los modelos de temporadas abiertas, que fueron el modelo de ampliación de la Red Nacional de Transmisión ligados a los autoabastecimientos, aportaciones de generadores que permitieron ampliar al sistema. No olvidemos que ahora el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) y los manuales de interconexión también aportan mecanismos que permiten esta ampliación.
En ese sentido, hubo dos conclusiones en las que todos los asistentes coincidieron: se requiere inversión en la Red Nacional de Transmisión para darle seguridad al sistema eléctrico. Incluso se habló de la necesidad de aportaciones por parte de la iniciativa privada, lo que la nueva reforma no permitiría. Además, debemos recalcar que el marco jurídico actual ya cuenta con mecanismos, recursos e incluso proyectos para fortalecer el sistema, pero que todo aquello fue frenado por la actual administración.
Por el contrario, la contrarreforma no establece los mecanismos ni tiene información respecto al origen de los recursos que permitirán la expansión de la Red Nacional de Transmisión (RNT), sino que todo queda a cargo del Estado. Eso significa incrementar las obligaciones del gobierno —la presión fiscal o presupuestaria— sin integrar mecanismos para atender las necesidades del propio sistema. Actualmente las tarifas de transmisión aportan los recursos para ello.
Hay quien considera que la planeación del sistema debería estar completamente en el operador del sistema, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), mientras que ahora el control está en la Secretaría de Energía (Sener) y el Cenace sólo aporta una parte. La reforma se la da a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la propia empresa.
La misma contrarreforma indica que será el Estado quien se haga cargo de la transición energética —lo que representa una carga adicional para las finanzas públicas— sin indicar el origen de los recursos para ello. Tan sólo para cumplir con las obligaciones en materia de energía limpia se requiere instalar una capacidad nueva de generación, entre eólica y fotovoltaica, de 14 000 megavatios nuevos de aquí a 2024, mientras que los planes de la CFE en ese periodo de tiempo no llegan ni a los 1400 MW.
El actual modelo cuenta con herramientas para que se instale mayor capacidad de generación. Ejemplo de esto son los nuevos parques eólicos y solares que acaban de entrar en operación o ya operan en diversas regiones del país, y que en el caso de Baja California Sur cuentan incluso con baterías. El modelo permite ofrecer no sólo una generación limpia, sino también firme.
¿Qué sucede si en los procesos de subastas ningún privado ofrece nueva capacidad de generación en esas zonas? Fácil: la CFE tendría el camino libre para instalar sus proyectos en todas las zonas donde no haya otros oferentes. Pero si sí los hay, la CFE deberá competir para ofrecernos mejores servicios, lo que sería una ganancia para los consumidores. Se puede incrementar la libertad del Suministrador de Servicios Básicos, una vez que no hubiera ofertas en subastas.
Uno de los riesgos que tiene el sector eléctrico es la baja confiabilidad que ofrecen las centrales eléctricas térmicas de la CFE. Muchas de estas plantas, con más de cuarenta años de antigüedad, presentan el doble de indisponibilidades por fallas que por mantenimiento. El gran problema es que las fallas no son predecibles, como sí es posible predecir la variabilidad de las renovables. Entonces la confiabilidad del sistema eléctrico se basa en reservas inseguras, que un día podrían no operar y generar apagones. La contrarreforma agudiza este problema al regresar al 54 % de la generación proveniente de la CFE. Esto significa incrementar la generación de termoeléctricas y carboeléctricas, con las fallas que mencionamos arriba. Actualmente, la planeación del sistema indica la instalación de nuevas centrales y el retiro de otras, para ir renovando las capacidades del sistema y evitar depender de las centrales con fallas constantes. La reforma no sólo no soluciona este asunto, sino que lo empeora al depender más de las centrales térmicas con alto grado de indisponibilidad.
De aquí surge una duda planteada en el parlamento abierto: ¿qué pasará el día cuando la CFE no alcance a generar el 54% de la energía? ¿Violarán la Constitución o causarán un apagón? No hay de otra.
Finalmente, hay quien considera que los conflictos sociales causados por los proyectos renovables son un tema que hay que atender, y aquí no se puede sino coincidir. Pero la iniciativa no sólo no toca el asunto, sino que podría agravarlo. De estos conflictos sociales hablaremos en la siguiente edición.
Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía