La semana pasada, en este mismo espacio, enumeraba seis mitos sobre la contrarreforma eléctrica, además de mostrar las razones por las cuales la reforma no solucionaría ninguno de los supuestos problemas que supuestamente se propone resolver. Hoy explico por qué no lo hace.
Ilustración: Víctor Solís
La reforma dice regresar el control del sistema eléctrico al Estado mexicano, aunque lo cierto es que este ya lo tiene. Pero la reforma, más que fortalecer al Estado, le da poder plenipotenciario al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De concretarse el cambio legal, quien esté a cargo de dicha institución podrá decidir discrecionalmente a quién le compra, cuánto cobra y a quiénes le vende, entre otras cuestiones. La reforma propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López obrador significaría el fin de los contrapesos y concentraría el poder en una sola persona, por orden constitucional, porque la CFE se volvería un órgano autónomo. La reforma no promete una estructura de Estado en el sector eléctrico, sino ceder todo el control a una sola persona.
El segundo mito es que, de no haber reforma, tendremos incrementos de precios de energía parecidos a los que España ha sufrido recientemente. La realidad es que allá hay tres condiciones que incrementaron los precios. Primero, un altísimo costo de gas, que es el que pone el costo de generación; en México tenemos el gas más barato del mundo al otro lado de la frontera. Segundo, en España hay un impuesto a las emisiones, que en México no existe. Tercero, se está pagando una deuda comprometida años antes. Pero supongamos que tuviéramos un incremento de costos del gas en algún momento —cosa enteramente posible— y que eso incrementa las tarifas.
Lo que sucederá en realidad es que, aunque el costo de la tarifa no aumente en apariencia, lo terminaremos pagando todos los mexicanos en el gasto público, con dinero que el gobierno tendrá que desviar descuidando a la salud, la educación y el desarrollo social. En otras palabras, si hubiera una situación como la de España, los mexicanos la padeceríamos, pero el gobierno la disfrazaría con dinero público. Hay soluciones para evitar incrementos en costos de esta naturaleza, como ir incrementando la participación de energías renovables y el almacenamiento de gas, reduciendo así nuestra dependencia a los combustibles fósiles y la volatilidad de sus costos.
Se dice que la reforma busca generar “tarifas justas”. Entendamos tarifas justas por costos bajos. Pero entonces regresemos al punto anterior: si las tarifas suben, serán tapadas con subsidios. Además, con la contrarreforma, las centrales termoeléctricas echarán a andar con costos de alrededor de 2000 pesos por megawatt-hora, para sustituir a generadores privados que entregan la misma energía con ciclos combinados por menos de 1000 pesos. Eso hará necesario un incremento en el costo eléctrico, que se verá reflejado en tarifas o subsidios. Considerando esto, la “tarifa justa” se convierte en un espejismo.
El argumento pro-reforma dice que, como están las cosas ahora, la CFE tiende a desaparecer. Además de que esto es falso, la contrarreforma propuesta no va a mejorar las condiciones de la CFE. Al incrementar los costos de energía, pero al mismo tiempo verse forzada a mantener tarifas, la empresa se verá obligada o bien a hacerse cargo de las pérdidas, o bien a recibir más subsidios. La presión presupuestal terminará afectando las finanzas de la CFE y, aunque esta no desaparecerá, la situación terminará afectando sus finanzas de forma importante. El modelo propuesto con la contrarreforma se nos revelaría entonces como un asunto de presión presupuestal, amarrando el desarrollo del país a las capacidades finitas del Estado.
Uno de los mitos es que el actual modelo puede llevar a que los usuarios se vuelvan rehenes de los generadores privados. En mi columna en este espacio la semana pasada explicaba por qué este no es el caso, pero hay que decir que la contrarreforma hace al usuario un rehén de la CFE. No habrá forma en este país de tener electricidad si no es mediante la CFE, bajo las condiciones, precios y todo lo demás que su director general determine, de forma autónoma, y sin que haya algún control, contrapeso, ni recurso alguno a través del cual el ciudadano de a pie se pueda defender. Ahora existe la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un organismo diseñado para controlar desde fuera a los participantes del mercado. Con la reforma la CFE se convertiría en la única entidad a la que se le podría comprar energía. Por si esto fuera poco, la propia Comisión sería responsable de toda la regulación sobre sus actividades. Ahí si nos volveremos rehenes de la CFE.
Finalmente, tenemos que considerar la función social de la CFE. La iniciativa dice que, por el hecho de que la Comisión está contemplada en la Constitución como un órgano del Estado, la empresa seguirá cumpliendo con su función social. Más allá de que en realidad ahora mismo tiene esa función y tiene las herramientas para ello (el Fondo del Servicio Universal Eléctrico, que toma recursos del mercado) con recursos que no necesariamente provienen del Estado, la reforma no garantiza que la CFE tendrá los recursos necesarios. En su lugar, todo dependerá de las finanzas públicas, que no son infinitas.
En resumen: hay que insistir en que la reforma energética propuesta por López Obrador crea problemas inexistentes o fácilmente manejables, pero cuya solución no está contemplada en la propuesta. Al contrario: la reforma complica cosas que o bien no son problemas o bien se están solucionando. ¿Hay asuntos que atender en el sector eléctrico? Sin duda. En las siguientes semanas haré una compilación de ellos para explicar porqué no se necesita reforma alguna para solucionarlos.
Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía