El pasado 7 de noviembre el Presidente presentó al Congreso una iniciativa de reformas al artículo 27 de la Constitución que en lo fundamental da un rango constitucional al ejido como forma de propiedad, distinguiendo entre los que son dotaciones para el asentamiento humano de aquellos que son bienes productivos de usufructo individual. En su iniciativa, el Ejecutivo propuso terminar el reparto agrario, derogando todas las disposiciones constitucionales que lo sustentaban; permitir a los ejidatarios enajenar sus tierras si así lo desean; facilitar las distintas formas de asociación entre ejidatarios e inversionistas, permitiendo a las sociedades por acciones poseer tierras e invertir en el campo y abrir el sector agrícola a la inversión extranjera, y mantener los límites actuales a las distintas formas de pequeña propiedad. La iniciativa de Ley fue finalmente aprobada por la Cámara de Diputados el 5 de diciembre por 387 diputados y en contra votaron solamente los 50 diputados del PRD y del PPS.
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