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En su artículo «El límite neoliberal» ( nexos 163, julio de 1991) Lorenzo Meyer divide a las miradas sobre la transición democrática en optimistas y pesimistas. José Woldenberg encuentra las debilidades de esta tipología y defiende la idea de que en los últimos 20 años México ha tenido cambios realmente democratizadores.

Comparto algunas de las conclusiones centrales a las que Lorenzo Meyer llega en su artículo «El límite neoliberal», publicado en nexos 163 de junio pasado. Destaco las siguientes: 1) «la transición mexicana a la democracia aún se mantiene como una posibilidad…», 2) «será gradual» (yo diría viene siendo gradual, si se quiere demasiado gradual), y 3) «no debe descartarse el hecho de que México se estacione en el semiautoritarismo».

No obstante quisiera hacer cuatro comentarios, que quizá sirvan para aclarar algunas diferencias de perspectiva.

1. No creo que la mejor manera de catalogar a las diferentes apreciaciones que se tienen sobre las dificultades de la transición democrática mexicana, sea la de dividir a la gente en optimistas y pesimistas. (A lo mejor mi reacción resulta exagerada, pero es que fui colocado en el grupo de los optimistas).

En relación a la transición, si se la observa en términos históricos, el optimismo y el pesimismo carecen de valor. Nadie puede ser optimista o pesimista con respecto al pasado. Dado que la historia ya fue, se puede realizar una recons- trucción cierta o falsa, coherente o incoherente. Se trata de pensar a los hechos del pasado, para observar las modifica- ciones que el sistema político mexicano ha sufrido en los últimos años y evaluar su sentido y orientación. En esa dimensión, se puede evaluar la veracidad de las aseveraciones, la relevancia o no de los hechos que se destacan, el rigor en la reconstrucción, pero escasa utilidad tiene desentrañar los estados de ánimo de los analistas.

En mi caso, he señalado que en los últimos veinte años México ha vivido cambios fundamentales en su vida política, que vistos en retrospectiva tienen un sentido claramente democratizador.

Ubiquémonos, por ejemplo, y sólo como un ejercicio, en 1971. Recordemos el clima ominoso de aquellos años, las secuelas opresivas de la represión al movimiento estudiantil de 1968, refrendada el 10 de junio. Pensemos en la impermiabilidad de la prensa para hacerse cargo de la pluralidad política que existía en el país, en los grupos de estudiantes que, desesperados por la asfixia política, empezaban a discutir la pertinencia de optar por la vía armada como fórmula para el cambio social, o en la rutina en que se encontraba atrapado nuestro sistema electoral, partidista y de representación. Puede tomarse también como indicador, el número de marchas convocadas cuya realización impidieron los cercos policiacos que las coartaban, o los discursos integristas de matriz revolucionaria tanto del gobierno como de la inmensa mayoría de las corrientes de izquierda

Veinte años después, muchas cosas han cambiado para bien. El derecho a manifestarse se ejerce sin mayores complicaciones, no existe corriente política relevante que no se encuentre medianamente representada por nuestro germinal sistema de partidos, y éstos gozan de un status legal que les permite realizar su trabajo a la luz pública; la prensa y la radio reproducen -aunque de manera desigual- la pluralidad que coexiste en el país; la Cámara de Diputados se ha vigorizado con la presencia de nuevos y renovados partidos; las elecciones son revaloradas (por lo menos en el discurso) por todas las fuerzas políticas importantes del país; palabras como tolerancia, convivencia, pluralidad, empiezan a desplazar -aunque muy lentamente- a nociones propias de los códigos excluyentes y autoritarios.

Creo entonces que a lo largo de veinte años el país ha sufrido importantes cambios democráticos. Sin embargo, estos han sido lentos, erráticos, contradictorios y, al final, falta aún mucho por transitar para contar con un escenario cabalmente democrático. Se trata de cambios que exigen, por su propia dinámica, nuevos cambios.

Me parece pertinente subrayar lo errático del proceso porque ilustra los grados de dificultad del mismo. Pensemos que la «apertura democrática» finalizó con el golpe a Excélsior, que el grado de tolerancia en el que se desarrolló el sindicalismo universitario tuvo uno de sus puntos culminantes en la entrada de 12 mil policías para romper la huelga que se desarrollaba en la UNAM en 1977, y se observa no sólo la conducta gubernamental sino la expresión de la ciudadanía, pude documentarse Como a olas de participación siguen replie- gues de apatía. Creo que hasta aquí no existen demasiadas diferencias entre lo que escribe Lorenzo Meyer y mis opiniones.

Lo que sucede, y aquí la discusión seria con otras interpretaciones, es que no pocos analistas niegan relevancia democratizadora a lo que ha venido sucediendo en el país en los últimos años, existiendo incluso quienes hablan de in- volución o de la incapacidad de cambiar del sistema político mexicano.

Ahora bien, si hablamos de las perspectivas del proceso, en efecto, se puede hablar de optimistas y pesimistas. Pero se trata, insisto, de estados de ánimo que suelen decirnos más de sus portadores que de un asunto que nadie puede preveer. Por mi parte, en ocasiones soy «optimista» y en otras «pesimista».

El optimismo se alimenta de un marco constitucional y normativo que no deja de ser republicano, federal, democrático y representativo, de la emergencia y consolidación de un sistema de partidos cada vez más competitivo, de la evidencia de que la complejidad y diversificación del país no cabe más en un sólo referente partidista, de la revaloración de las elecciones y de la extensión del reclamo democratizador, de nuestro pasado inmediato, en fin…

Pero el pesimismo no tiene nutrientes menos fuertes: la articulación especial entre el PRI y el aparato estatal que coarta la consolidación de un auténtico sistema de partidos, las irregularidades y fraudes electorales, la persistencia en el gobierno y en la oposición de no pocos resortes integristas, la superficialidad de las convicciones democráticas en dos de nuestros tres principales partidos políticos (el PRI y el PRD), las dificultades para que la izquierda asuman un auténtico perfil y compromiso democráticos, otra vez, en fin…

Lo que deseo señalar es que no se deben mezclar dos discusiones distintas aunque éstas se encuentren conectadas: una es la evaluación del proceso de cambio de los últimos veinte años, y otra las perspectivas del proceso. En la primera yo sostengo que se puede fundamentar y probar que el sentido general de los cambios ha sido democratizador, pero en relación al futuro carezco de certezas acabadas. Sobre todo, por el comportamiento de las élites políticas, asunto sobre el cual Lorenzo Meyer se ocupa de manera incompleta, y al que me refiero en el punto siguiente.

2. En el ensayo de Lorenzo Meyer hay una ausencia notable que no permite evaluar con suficiencia el momento político que vive el país: la actuación de los partidos políticos. Todo acontece como si el único actor sobre el escenario fuera el gobierno, y de él dependiera todo el futuro.

Hace bien Lorenzo Meyer en situar al gobierno y al presidente en el centro, pero al no evaluar la acción de los partidos no es posible completar el cuadro. Porque a fin de cuentas, en el proceso democratizad juegan un papel fundamental aquellos que quieren impulsarlo y hacerlo calidad, y seria bueno y pertinente crear un contexto de exigencia no solamente a uno de los actores sino a todos.

Lorenzo Meyer constata, por ejemplo, que «la tradicional apatía ciudadana está retornando a México:, y que sin ese combustible la transición puede frenarse. Estoy de acuerdo, pero creo que no todo puede atribuirse a la «acción estatal», como si los partidos no tuviesen una responsabilidad en ese fenómeno.

Una explicación de la desmovilización y el desánimo de la gente que no toma en cuenta a las organizaciones encargadas de la mediación política me parece incompleta y sesgada. Más, cuando el propio Lorenzo Meyer constata que el PAN ha logrado no sólo movilizar sino organizar a la gente en defensa del voto, y con ello ha obtenido victorias relevantes: Baja California y Mérida. En ese sentido, en la enorme abstención en Morelos y el Estado de México ¿no tiene ninguna responsabilidad el PRD?

Si como pienso, en los procesos de tránsito democrático las élites políticas suelen jugar un papel central, ya que se trata de construir nuevas instituciones, normas, prácticas, relaciones, entonces las acciones u omisiones de un grupo no justifican de por si las acciones u omisiones del otro. Y creo que uno de los problemas mayores del contexto intelectual en el que se da la discusión, es que los analistas parecen seguir la lógica de los partidos en conflicto. Así, quienes realizan un análisis critico de las acciones gubernamentales tienden a no desarrollar el mismo rigor cuando juzgan al partido de sus preferencias; y a la inversa, los apologistas del gobierno, son inclementes con la oposición, pero incapaces de ver la «viga propia». Esa dinámica, que tiene su «explicación» en el terreno de la contienda política propiamente dicha, parece inundar todo el debate, incluso el académico, impidiendo la creación de un necesario contexto político-cultural exigente con todos los actores.

3. El «Factor americano». Lorenzo Meyer señala que el reconocimiento externo al gobierno mexicano resulta un elemento que no contribuye a la transición. Y compara el caso mexicano con las transiciones española, chilena y nicaragüense.

Primero. Creo que las comparaciones no arrojan demasiada luz, precisamente porque el caso mexicano no puede equipararse a los anteriores, y porque el tratamiento que el gobierno mexicano ha recibido de otros países, más que llevarnos a clamar por otro comportamiento de aquellos gobiernos, nos debería obligar a pensar nuestra situación con otros ojos, y no seguir alimentando modelos que no resultan pertinentes para nuestra realidad. Las transiciones chilena, española, nicaragüense, u otras (argentina, uruguaya, turca), pueden servir como referentes, para ampliar nuestro horizonte y evitar las discusiones aldeanas. Pero (creo) siempre hay que tomar en cuenta que los modelos de transición modelos son, y que las diferentes realidades suelen ser irreductibles a aquéllos.

Segundo. A diferencia de lo que puede desprenderse del texto de Lorenzo Meyer, no deseo que el «factor externo» sea una fuerza decisiva del tránsito democrático en nuestro país. Estoy convencido, por lo que ha pasado en los últimos años (y a lo que me referí en el punto 1), que es posible seguir caminando hacia la democracia sin presiones externas, apuntalando el proceso en las corrientes políticas internas.

Tengo la impresión de que el país tiene las reservas institucionales, el marco constitucional, y los partidos necesarios, para que sin intervenciones, que acaban resultando muy costosas, pueda desatar por si mismo los nudos antidemocráticos. Cuando el «factor externo» se convierte en determinante, lo que realmente se constata es la incapacidad de las fuerzas internas (todas, no sólo las gubernamentales) para dirigir el proceso de cambio interno. Eso no lo deseo, aunque sé que puede suceder, porque ciertamente el «factor americano» suele actuar siguiendo la lógica de sus propios intereses.

4. Un último punto para hacer algunas precisiones menores.

a) La expropiación o la nacionalización de la banca no se realizó «a fines de agosto de 1982», sino el primero de septiembre de ese año.

b) El PAN no ganó las elecciones en la capital de Guanajuato en 1983. Es más, ese año no hubo si quiera elecciones en aquel estado. Quizá Lorenzo Meyer se refiera a las de 1982, pero entonces el ganador fue el PDM y no el PAN.

c) Haciéndose eco de una aseveración que se encuentra en el artículo de Alberto Azis y Juan Molinar, «Los resultados electorales» (Pablo González Casanova -cordinador-: Segundo Informe sobre la Democracia. siglo XXI, 1990), Lorenzo Meyer dice que «de haberse anulado los 58 distritos bajo sospecha (en 1988), el PRI hubiera sido minoría en esa institución» (la Cámara de Diputados). No, puesto que al anularse esos distritos, y sus respectivas votaciones, por ser el PRI el partido con mayor número de constancias de mayoría y también el de mayor porcentaje de votos, se hubiera beneficiado de la cláusula de gobernabilidad.