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CUADERNO NEXOS

Los órganos electorales: Un balance preliminar

Es casi un lugar común afirmar que el gran reto que plantean los comicios de este año es que las elecciones logren cobrar credibilidad como terreno privilegiado de construcción democrática.

Dadas las características de nuestro sistema electoral, hoy tan cuestionado, la fórmula más simple de hacer creíbles unas elecciones es que pierda el PRI. En efecto, desde el decenio pasado en que las elecciones se colocaron en el centro del debate político, mucho se ha insistido en que «el PRI gana perdiendo y pierde ganando».

Las proyecciones para agosto próximo apuntan hacia una recuperación de la votación del PRI del orden del 10 al 15%. El problema entonces vuelve a ser, como antes de 1988, si el partido del gobierno puede ganar y convencer para mantener vivo el interés de los partidos de oposición por las contiendas comiciales.

La credibilidad electoral se alimenta de dos grandes principios: legalidad e imparcialidad. A los órganos encargados de preparar y vigilar los procesos electorales les compete dar cuenta de la objetividad y el respeto a la norma. 

En nuestro país, los órganos electorales han estado siempre en manos del gobierno y los partidos políticos; desde los años cincuenta, las elecciones se han legitimado más que a través de procedimientos imparciales, por el apegó a una normatividad dictada por el partido en el poder, o bien por la vía de la negociación política.

Después del desprestigio que cayó sobre los órganos electorales en 1988, aquellos que surgieron con la entrada en vigor del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) abrieron expectativas, si no de imparcialidad, al menos de que hubiera un mayor equilibrio entre los intereses involucrados y de que una gestión ceñida a la legalidad redundara en la legitimación del proceso.

El Instituto Federal Electoral (IFE) nació con una estructura diferenciada de la Secretaría de Gobernación y con una composición mixta, es decir, con presencia del gobierno, las Cámaras Legislativas, los partidos y una representación de la ciudadanía (cuerpo pretendidamente imparcial). Esta estructura se reproduciría en los niveles federal, local y distrital y su operación quedaría eventualmente en manos de un servicio civil profesionalizado.

A ocho meses de que se instaló el IFE es posible aventurar una primera evaluación de su papel para organizar la primera fase del proceso electoral de 1991.

Lo primero que salta a la vista es que la relativa independencia del gobierno ha permitido que el IFE se dedique exclusivamente a los asuntos y litigios electorales, resolviéndolos con mayor fluidez, sobre todo en este proceso en el que han desarrollado a la vez el empadronamiento y la preparación misma de la jornada electoral.

El carácter excepcional de esta contienda, contemplado en los propios artículos transitorios del COFIPE, ha obligado a reacomodar las fases del proceso y a echar mano de la negociación para fijar nuevas fechas. De esta manera, se ampliaron los plazos para el empadronamiento y está por aprobarse si se hace lo mismo para la capacitación de los funcionarios de casilla y la entrega de credenciales. El problema aquí es que cada vez son más estrechos los márgenes de tiempo con que se cuenta para cumplir con las disposiciones legales y es entonces que aparecen las tentaciones de suplantar la legalidad por la negociación política.

Las presiones de tiempo pueden echar abajo disposiciones legales pensadas como candado para la alquimia. Así, la manera más objetiva de evitar que voten los muertos o que algunos lo hagan más de una vez es asegurando que se cuenta con una lista nominal (empadronados que recibieron su credencial), avalada por los partidos, que defina el número preciso de boletas que deberán imprimirse.

El retraso en la confección y entrega de credenciales obliga hoy a extender el plazo para no dejar a nadie con deseos de votar sin posibilidad de hacerlo, pero eso retrasa la elaboración de las listas nominales y recorta los tiempos para que los partidos políticos puedan someterlas a revisión. El riesgo aquí es que alguna de las fases del proceso quede sin cumplimiento, violentando los dictados legales no sujetos a transitoriedad alguna.

En el Consejo General Electoral, que es el órgano máximo de autoridad del IFE, pueden distinguirse dos grandes modalidades de acuerdo con el tipo de decisiones que se han tomado y de posiciones que se perfilan: 1) las decisiones que se refieren a asuntos técnicos (ubicación de las cabeceras de las circunscripciones plurinominales, los modelos de documentación electoral, credenciales, actas, etc.), cuyos acuerdos se toman por unanimidad, reflejando el trabajo previo de las Direcciones Ejecutivas del Instituto y 2) las decisiones propiamente políticas que tienen que ver con el ejercicio de las facultades asignadas al Consejo General: la acreditación del registro de partidos políticos, candidatos y coaliciones, o la designación de las autoridades del IFE y de los consejeros ciudadanos de los 32 Consejos Locales.

En esta vertiente de decisiones no se observan alianzas ni la conformación de un eventual bloque opositor. Las posturas más encontradas se han dado entre el PAN y el PRD, pero lo preocupante es que invoque la decisión política y no el cumplimiento de la ley para resolver algún litigio. El caso más sonado fue el de la solicitud incompleta de registro de la coalición PRD y PPS para postular candidatos a senadores en 8 entidades federativas. A partir de la contradicción que existe en la ley entre los requisitos para registrar candidatura y aquellos para registrar coaliciones, se optó por la conveniencia política de no obstaculizar fórmulas electorales encabezadas por la candidatura de Heberto Castillo en el DF. Solamente el PAN se inconformó abiertamente por lo que consideró una violación a preceptos legales; los consejeros magistrados dividieron sus votos entre la abstención y el apoyo al registro.

La nueva conformación de un órgano centralizado – Consejo General Electoral- parece ofrecerle al PRI la oportunidad de reservarse una carta de negociación que es consustancial a la política. Lo que no puede justificarse es que ésta tome el lugar de la legalidad, socavando las bases mismas de la institucionalidad.

Jacqueline Peschard. Politóloga, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.