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CUADERNO NEXOS

La reforma laboral: Una asignatura pendiente

Después del proceso electoral del 6 de julio de 1988, las perspectivas de la democracia en México parecieron depender – considerando los factores institucionales que trababan su desarrollo- del sentido y la magnitud de los cambios en dos sectores clave del ordenamiento jurídico: el electoral y el laboral. Tres años más tarde, la próxima contienda del 18 de agosto permitirá evaluar, con base en una primera experiencia de aplicación, los alcances y las limitaciones de la nueva legislación en torno a las demandas centrales de la oposición: la imparcialidad de los órganos electorales y la transparencia del proceso.

Por el contrario, nada se ha avanzado en el terreno de la reforma a la legislación laboral, cuyos pasos iniciales se dieron en 1989. Parecía que, por primera vez, concurrían las condiciones necesarias para impulsar el juicio de un modelo de regulación que dio soporte al sistema político en ese ámbito durante cinco décadas: 1) los votos de oposición del PRI en las elecciones de 1988 expresaban el rechazo de la sociedad a los mecanismos autoritarios y corporativos puestos al servicio de una modernización excluyente y con altos costos sociales; 2) la nueva composición del Congreso y la falta de legitimidad del gobierno impedirían a este imponer su propio proyecto de reforma, por lo que se vería obligado a romper una vieja tradición del sistema en la tarea legislativa; 3) la restructuración productiva encontraba ventajas pero también obstáculos en la legislación vigente, que eran puestos de manifiesto por los empresarios en sus propuestas de reforma laboral impulsadas a través de una fuerte presión para acelerar el cambio.

Es evidente que una transformación de la Ley Federal del Trabajo que alcanzara tanto a los mecanismos que han sostenido al corporativismo sindical como a la intervención del Estado en este espacio -pilares ambos del viejo modelo de regulación-, no podría venir de las centrales y sindicatos oficiales ni del gobierno. En el primer caso, porque pondría fin al monopolio de representación que ejercen al margen de la voluntad de los agremiados. En el segundo, porque ante la persistencia de la crisis económica – y la consiguiente necesidad de los pactos corporativos- se requería de esa intervención para poner en práctica las medidas correctivas diseñadas por la nueva administración.

El sindicalismo independiente, que en los sesentas impulsó un proyecto de reorganización democrático y alternativo a la subordinación corporativa, obstaculizado por la legislación laboral, se encontraba seriamente debilitado al terminar la década siguiente. Como consecuencia de una desigual confrontación con el sindicalismo oficial y el poder patronal, no tenía tampoco una base social amplia para respaldar sus iniciativas(1).

Era de esperarse, sin embargo, que las corrientes de oposición nacidas o confirmadas en las elecciones de 1988 retomarán sus aspiraciones democratizadoras y se convirtieran en las impulsoras del cambio legislativo en este escenario. En contra de esta expectativa, tanto el PAN como el PRD – donde se aglutinaron las principales fuerzas políticas opositoras- descuidaron esta tarea para concentrarse en la problemática electoral(2).

De esta manera, la discusión en torno a la reforma laboral volvió a circunscribirse a una serie de observaciones puntuales que reflejaban posiciones encontradas en torno a la conveniencia de modificar algunas de las normas e instituciones (salario, ascenso escalafonario, duración de los contratos de trabajo, procedimientos de reajuste, etc.). Tanto los empresarios como los partidos políticos – incluyendo al PRI- participaron con sus opiniones en el análisis de los conflictos laborales de los tres últimos años, protagonizados o apoyados por el sindicalismo independiente. Ello resulto insuficiente para vencer las inercias y la reticencia gubernamental en torno al cambio de la legislación.

De esta forma han quedado sin respuesta muchas de las interrogantes surgidas a lo largo de una década de reestructuración laboral, por la vía de los hechos. Si la defensa de los intereses de los asalariados, a través de la acción colectiva y la tutela del Estado, resultaron afectados por el nuevo modelo económico, ¿cuál sería el modelo de regulación que reemplazara al anterior y permitiera recrear el consenso de todos los integrantes de este escenario?

La falta de representación de los intereses de los asalariados frente a las más importantes decisiones nacionales tomadas a partir de 1982, se extiende a la actual negociación del Tratado de Libre Comercio. Esta llega, además, cuando la confusión en torno a las ventajas y desventajas de la legislación vigente cobija toda suerte de reproches: desde las demandas «flexibilizadoras» por su rigidez y alto nivel de protección (paternalismo, en el lenguaje empresarial) hasta las denuncias en torno a un estado general de indefensión (como las expuestas por la AFL-CIO).

Además de las presiones internas y externas de la legislación laboral de Estados Unidos, Canadá y México, la suerte de la legislación laboral dependerá en buena medida de la composición que tenga el Congreso de la Unión, con base en la próxima elección. Por lo menos en dos casos sería de esperarse una reforma, aunque en cada uno de ellos tendría características muy distintas: 1) si se configurara una amplia mayoría priísta se avanzaría hacia la introducción de ajustes puntuales como los que hoy demanda el sector empresarial para acercar los niveles de protección entre México y EU. En tal caso no se tocarían los mecanismos autoritarios y corporativos que han convenido a la legislación en un instrumento de ejecución de la política gubernamental, como lo son el sistema tripartito de justicia laboral y las disposiciones que garantizan el control del proceso organizativo y reivindicativo; 2) por el contrario, de producirse un avance significativo de las fuerzas de oposición, y en el caso de que éstas se decidieran finalmente a abordar esta tarea, es posible que se ejerza la presión necesaria para impulsar una restructuración profunda que incluya los aspectos políticos de la legislación. Este sería, por tanto, un escenario propicio para reconsiderar el sentido y el alcance que en el futuro deba tener la intervención gubernamental en el mundo del trabajo, así como para dar una respuesta, más cercana al pluralismo, al problema de la representación.

Conviene, por tanto, revisar la oferta que los tres partidos más relevantes del escenario político (PRI, PAN y PRD) hacen en sus respectivas plataformas electorales de 1991. 1) El PRI se propone «lograr respuestas efectivas a las legítimas demandas» de los asalariados, pero no cuestiona la eficacia de la ley vigente durante la crisis y la modernización, cuando estas demandas quedaron totalmente insatisfechas. De manera muy escueta menciona como objetivo de su acción política, que los intereses de los asalariados sean considerados en la consulta para el establecimiento de una zona de libre comercio con EU y Canadá, sin mencionar cual es la alternativa a la crisis de representación que enfrentan las dirigencias obreras. Se indica que los beneficios de la modernización deben ser compartidos por los trabajadores a través de la autonomía y la democracia en los sindicatos, el mejoramiento de las condiciones laborales, incluyendo al salario y las prestaciones, el aumento de empleo y la productividad. No hay, sin embargo, una propuesta tendiente a reestructurar el viejo e ineficaz esquema jurídico de protección con el propósito de que se cumplan estas metas. 2) El PRD centra sus planteamientos en la sustitución del actual sistema autoritario y corporativo por una «democracia social y efectiva» con los siguientes requisitos en el terreno laboral: a) libertad de organización y afiliación individual a los partidos políticos; b) eliminación de trabas burocráticas, como las cláusulas de exclusión y los controles cupulares; c) respeto al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo en sus disposiciones relativas al salario y las prestaciones; d) autonomía de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Sin negar valor a estas propuestas, cabe señalar que deja sin tocar aspectos esenciales de la reforma laboral, como lo es el problema de la efectividad y posibilidades de manipulación de la legalidad vigente. 3) La propuesta panista es la más extensa y fundamentada de todas. Junto a su concepción humanista del trabajo, ofrece un modelo alternativo de regulación que trastoca los pilares del actual. Mientras este incluye un bajo nivel de protección legal, promoviendo a los sindicatos y a su acción como los instrumentos del mejoramiento de las condiciones de trabajo – limitada a través de la intervención estatal en el proceso organizativo y reivindicativo-, el que ofrece el PAN invierte los términos: alto nivel de protección legal y sindicatos con menor capacidad de acción, aunque democráticos y liberados de la tutela estatal. La viabilidad de un modelo semejante, en contra de las tendencias flexibilizadoras, pero acorde con el actual redimensionamiento del poder sindical, parece escasa en razón de las características de algunos de los mecanismos legales concebidos para proteger los intereses de los asalariados. Así, por ejemplo, la pretensión de integrar al trabajador en el funcionamiento, en la propiedad y en las ganancias de las empresas preocuparán dentro y fuera del país, aún más que las propuestas democratizadoras del PRD. Igual sucedería al considerar las complejas formas de retribución concebidas en la plataforma panista(3).

Estas son, en síntesis, las alternativas de reemplazo de actual marco jurídico laboral ofrecidas hoy a quienes con su voto decidirán cual debe ser el peso de los partidos políticos en la próxima legislatura.

Graciela Bensusán. Profesora de tiempo completo en la UAM- Xochimilco, colabora de tiempo parcial en la FLACSO-Sede México.

1. En torno a este sector del sindicalismo, véase: Janette Góngora, «El Sindicalismo Independiente y los límites de la denuncia» en Revista Trabajo 3-4, pp. 24 a 31.

2. Véase Luis Salazar, «PRI y PRD: El Show del enfrentamiento», Cuadernos de nexos no. 36, p. V.

3. Véase al respecto el extracto de las «Plataformas Electorales de 1991 de PRI, el PAN y el PRD» en Entorno Laboral no. 612, pp. 23-25.