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CUADERNO NEXOS

El periodo que se acaba

Antes de que concluya es conveniente tener un juicio sobre el significado de la LIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Las actuales condiciones políticas vuelven imperativo, más que en ninguna otra, medir el rendimiento y la repercusión de la asamblea de representantes populares, producto de las peculiares elecciones de 1988 y hacer en torno a ella una valoración sobre el impacto que tendrá en el futuro de nuestras instituciones.

La Cámara expresó vivamente la secuencia de fenómenos que se manifestaron a partir del 6 de julio de 1988. Los signos ominosos que amenazaron la regularidad y estabilidad del país durante el Colegio Electoral, la instalación de la Legislatura y la calificación de la elección presidencial, marcaron su desempeño. La sociedad política nacional se vio alterada por los comportamientos atípicos suscitados cotidianamente en su seno. Los partidos políticos encontraron un ámbito privilegiado para plantear reivindicaciones y estrategias, no siempre acertadas y racionales. La exaltación de la lucha política nacional se trasladó al recinto parlamentario y trajo consigo la cauda del conflicto polarizado.

Una versión desde dentro puede ser cuestionada como unilateral, ya que como testigo cercano o como actor de los acontecimientos, suele uno verse involucrado o comprometido y, por consecuencia, restar objetividad a los sucesos e impedir el balance justo. Por contra, es posible ofrecer el testimonio más directo y vivo, el que proviene de quien estuvo en el ojo del huracán y tuvo acceso a la información y a las razones, fue parte de las circunstancias y sufrió las viscisitudes que se manifestaron durante los tres años de esta Cámara.

Por una parte, la coyuntura histórica y, por otra, el nuevo equilibrio entre las fuerzas políticas representadas, convirtieron a la Cámara en sede propicia para forjar los más importantes consensos, pese al exacerbamiento de las disputas. A medida que la Legislatura avanzó en su ejercicio, se advirtió que sólo mediante acuerdos, a veces dificilmente pactados, era posible el cumplimiento de las atribuciones constitucionales.

La función deliberativa, connatural a toda asamblea representativa, se cumplió hasta en exceso. El uso de la palabra no tuvo más limite que el sueño o el agotamiento físico de los diputados. Los más importantes temas y las más insignes trivialidades fueron objeto de enjuiciamiento y del debate totalizador. Para el balance de la posteridad queda determinar hasta que grado prevaleció la confrontación racional y la discusión analítica por sobre la manifestación estridente y la oratoria delirante.

La correlación con el Ejecutivo inició una transformación por el derecho de iniciativa y de enmienda ejercido. Buena parte de la legislación promulgada en este periodo reconoce autoría o cierta clase de paternidad en los diputados. Antes de someter un proyecto a la Cámara, el gobierno tenía que realizar un examen respecto de su viabilidad, pues era previsible que de los mismos diputados del grupo mayoritario proviniera el rechazo.

En menor medida que en otras asambleas democráticas se invocó la disciplina de partido para producir la adhesión incondicional. En todos los grupos partidistas afloraron actitudes de divergencia que lejos de merecer sanción se consideraron con respeto. Sin embargo, prevaleció la articulación de las fracciones partidistas. La Legislatura pudo funcionar debido a la cohesión de los grupos parlamentarios, quienes fungieron como instancias eficaces para el logro de los acuerdos que posibilitaron el funcionamiento regular de la Cámara.

La práctica recurrente del obstruccionismo, tanto el técnico como el físico, restringió a menudo el cabal cumplimiento de las atribuciones y el desarrollo de los trabajos. El empleo de recursos por parte de las minorías, con el fin de retrasar las deliberaciones y las decisiones, tuvo su contrapartida en el uso de medidas antiobstruccionistas por la mayoría. Se rompieron algunas marcas mundiales en esta materia exceso de peticiones para comprobar el quórum, retiro del salón para provocar la suspensión de la sesión, inscripción del mayor numero de oradores, extensión desmesurada de las intervenciones, tomas de tribuna y rompimiento del orden, lo mismo que sesiones interminables. El obstruccionismo constituye, a no dudarlo, una patología del quehacer parlamentario cuyo exceso pudo tener explicación en esta Legislatura, pero a futuro debe dominar una cultura parlamentaria fundada en conductas racionales.

La conformación de un nuevo régimen jurídico y político para el Poder Legislativo en el futuro inmediato, tendrá que considerar la evolución global de las asambleas políticas en otras democracias representativas. Si México ha llegado hasta ahora a esta etapa de competencia y equilibrio entre las fuerzas políticas, es necesario considerar las vías por las que disculpe hoy en día el parlamento y entender que la llamada crisis del parlamentarismo no es otra cosa que su adaptación al nuevo rol que le corresponde en el Estado contemporáneo.

El «parlamentarismo racionalizado» tiene que ver con la concentración de atribuciones en el Ejecutivo, el gabinete, el primer ministro, para hacer frente a las necesidades de la vida política, económica y social. Ese incremento de poder no ha sido necesariamente el resultado de arrancar atribuciones al Legislativo. Los parlamentos hacen hoy más de lo que hicieron y los legisladores trabajan más horas y se interesan por una agenda de temas mucho más amplia. Los poderes del parlamento, dice Wheare, han crecido en términos absolutos, aunque en términos absolutos su posición haya decaído.

La presencia en la Cámara Legislativa de partidos fuertes y disciplinados altera profundamente la definición del parlamentarismo. Los partidos políticos, repitiendo a Sartori, convierten al parlamento en un «controlador controlado». El partido funciona como la «grapa de hierro» que sujeta al parlamento y al gobierno y concede al segundo un completo dominio del proceso legislativo. La persona del diputado que decidía por su cuenta y obraba por iniciativa propia, ha sido sustituida por el partido y por la fracción política que decide la actividad del diputado, sus discursos y votaciones.

El funcionamiento del parlamento en comisiones trasciende a la asamblea plenaria. El verdadero trabajo legislativo se cumple en el interior de las comisiones pues se comprende bien que la atmosfera de estas sea más favorable al examen de los textos que una asamblea tumultuosa. De igual manera, el ejercicio de las aptitudes parlamentarias se ha desplazado del político a secas en favor del experto.

La creciente complejidad técnica de las materias hizo que la función legislativa dejara de ser dominio del parlamento convirtiéndole en mero validador de las iniciativas del gobierno y de lo que este haya cedido, según el calibre de la oposición. La delegación al gobierno de funciones legislativas, ha transformado al parlamento en «legislador de leyes» y sustraído buena parte de la competencia parlamentaria en esta materia.

Estos cambios no sugieren la decadencia del parlamento sino que llevan a redefinir su papel para adaptarlo a las exigencias de la realidad. Sigue siendo el mecanismo afortunado para equilibrar al moderno Leviatán. El cúmulo de poderes del Ejecutivo vuelve indispensable el ejercicio de controles más eficaces por un cuerpo autónomo de representantes populares. El parlamento tiene una parte vital que desempeñar como órgano regulador y estabilizador de la dialéctica política. Tiene la importante función de permitir una confrontación continua, regular e institucionalizada entre las diferentes posiciones políticas, facilitando la cohesión por encima de las diferencias, y de actuar como válvula de seguridad en los momentos de tensión como instrumento de composición de los conflictos.

Esta LIV Legislatura, próxima a concluir, significa un parteaguas en la historia de nuestras asambleas legislativas. Pese a las insuficiencias y precariedades y a los incidentes poco memorables, experimentamos, gracias a ella, un aliento democratizador que impacta positivamente sobre las instituciones del país. Mucho de lo sucedido servirá para configurar en el futuro los nuevos esquemas, practicas y reglas que habrán de revalorar el Poder Legislativo y a otorgarle un peso decisivo en el seno del Estado.

Rodolfo Duarte Rivas. Diputado. Director del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados.