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CUADERNO NEXOS

En la pista de 1991

Nunca antes unas elecciones intermedias habían suscitado tanta controversia como las de este 1991. Y es que lo que está en juego en esta coyuntura es, en última instancia, la posibilidad de que las elecciones se asienten como el canal institucional básico para impulsar nuestra transición a la democracia y a través de una vía democrática.

De acuerdo, la democracia no se agota en la pista electoral, pero la democracia electoral es una condición necesaria para que las formas democráticas penetren y se arraiguen en otras zonas de las relaciones sociales. Esto es particularmente cierto en México, donde el argumento para retrasar la democracia electoral ha sido precisamente su falta de sustancia efectiva.

Desde esta perspectiva, tres grandes asuntos se pondrán a prueba en este año: 1) los alcances de la reforma electoral de 1989; 2) la capacidad de los partidos políticos para constituirse como sujetos centrales de la transición y 3) la voluntad del gobierno para hacer cumplir su promesa de elecciones imparciales. La nueva reglamentación electoral contiene puntos muy criticables como los excesos del premio de mayoría, mejor conocido entre nosotros como «candado de gobernabilidad», pero ha abierto mayores espacios y un mayor número de instancias para que partidos y ciudadanos intervengan y supervisen los comicios. La forma como se llenen estos espacios definirá los verdaderos alcances del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Las oportunidades abiertas colocan a los partidos políticos ante el reto de desplegar habilidad política y capacidad organizativa para aprovecharlas al máximo, sobre todo teniendo en cuenta que en esta ocasión el padrón y la administración misma del proceso electoral se están desarrollando simultáneamente. De tal suerte, los partidos tienen que desempeñar muy distintas tareas y además, paralelamente (vigilar la elaboración del padrón, participar con representantes en los organismos electorales en sus distintas esferas federal, local y distrital, capacitar a sus electores para que estén en mejores condiciones para ser seleccionados como funcionarios de las mesas de casilla, etc.).

Sin embargo, estas tareas no serán suficientes para dotar de credibilidad a los comicios. Además, los partidos políticos tienen que encontrar nuevas formas de entendimiento interno y de comunicación con el electorado.

Los tres principales partidos atraviesan por un momento de diferenciación interna, en buena medida producto del crecimiento del juego electoral. Han surgido, también, movimientos en contra de las decisiones cupulares, aun cuando éstas cuenten con la bendición de los máximos dirigentes como Cárdenas en el caso del PRD, o el propio presidente de la República, en el del PRI.

Esta situación podría ser un signo de vitalidad y de modernización de los institutos políticos, pero ni los partidos ni los medios de comunicación están acostumbrados a ella. La diferenciación y la indisciplina se confunden, revelando el peso de los partidos centralizados en nuestra tradición contemporánea; los intentos descentralizadores generan tensiones que amenazan la unidad de los partidos y es esto lo que mayormente llama la atención de los medios informativos. Por ello, de no estar claras y acordadas las reglas de convivencia, este fenómeno puede volverse en contra de las propias organizaciones y darle la razón a los grupos y tendencias que se oponen al cambio.

Por otra parte, si entendemos que toda transición que se quiera institucional debe ser pactada, es indispensable la disposición del gobierno a impulsarla. El discurso oficial ha reiterado su llamado a la concertación y a la tolerancia, pero existen signos que presagian un endurecimiento del gobierno. La mecánica que llevó a la reforma del COFIPE en diciembre del año pasado, que se realizó con la sola aprobación de la diputación priísta, las presiones que se han venido ejerciendo sobre algunos medios de comunicación independientes y críticos y, por último, la reaparición de un discurso añejo y excluyente dentro de la élite priísta que lejos de reconocer el derecho de todos a defender sus puntos de vista particulares, para descalificar a su adversario recurre a la fórmula vigente en los años treinta, según la cual todo lo que no es igual a sí mismo es la reacción, son ejemplos que contrarian la voluntad expresa de apertura.

La creciente efervescencia del debate electoral entre y dentro de los partidos, que con frecuencia adopta rasgos de verdadera violencia verbal y que ha encontrado eco en los medios de comunicación, parece correr en sentido inverso al interés y la respuesta de la ciudadanía. Así lo demuestran sondeos de opinión en el D.F. y balances parciales del empadronamiento que hablan de la indiferencia de la población hacia los comicios de este año.

Tal parece que todo lo que está en juego hoy, poco o nada atañe a la población que está fuera de los marcos partidarios y gubernamentales. Vuelve a enseñorearse la vieja característica de nuestras elecciones, al menos hasta antes de la reforma política de 1977, de ser asuntos de las élites políticas, en donde la población sólo hace su aparición para sancionar lo ya decidido. Aunque con diferente énfasis, los partidos políticos siguen definiendo sus estrategias de lucha y desde luego buena parte de sus tácticas electorales en función de su relación con el gobierno, fincada, ya sea en la negociación o, peor aún, en la negación. Como en todo esquema autoritario, su referente privilegiado todavía está lejos de ser el ciudadano, aunque cabe mencionar que el PAN ha sido quien ha puesto mayor énfasis en esto.

El clima de agresión verbal entre partidos; la imposición como sinónimo de unidad interna, aunados al fraude como factor central de los comicios y la desconfianza como materia prima de las actitudes políticas, conforman una pesada carga que lleva a cuestas nuestro sistema electoral y que sólo la participación puede contribuir a aligerar. Para que la convocatoria a la participación electoral encuentre respuesta, es indispensable que ésta redunde en beneficios claros para el votante, es decir, que efectivamente se vea que se avanza en la erradicación de los males que aquejan a las contiendas electorales. De otra manera, seguirá acentuándose la esquizofrenia entre el discurso electoral de los partidos y la respuesta del sujeto electoral que constituyen los ciudadanos.

Jacqueline Peschard. Investigadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.