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Entre otras cosas, las elecciones federales del presente año pondrán a prueba la nueva legislación electoral aprobada en 1989 (reformas constitucionales) y 1990 (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales). En agosto, al mismo tiempo que podremos medir los avances y retrocesos de las diferentes formaciones políticas, el incremento o disminución del abstencionismo, el asentamiento o desgaste de las propias elecciones, la nueva conformación política de nuestro Legislativo y de la Asamblea de Representantes, se tendrá que evaluar el impacto de la legislación recién estrenada. Como no pienso que el nuevo ordenamiento legal sea definitivo y concluyente- eso supondría que todo está resuelto a satisfacción- , de la contienda próxima pueden extraerse las lecciones para confeccionar la agenda de nuevas reformas. Pero por lo pronto, algo se puede avanzar sobre los efectos que la nueva normatividad tendrá en los próximos comicios.

Varios asuntos quedaron pendientes de resolución en la nueva legislación: Senado, gobierno del D.F., autocalificación, medios de comunicación.

Senado Al elegir sólo un senador por entidad, el litigio debe resolverse en cada estado y en el D.F. en términos de todo o nada. Se trata de una fórmula que no deja espacio para la expresión de la pluralidad que existe en cada entidad. De esa manera, la contienda por la representación tiende a la exclusión- en cada estado- y no a la recreación y a la representación de la pluralidad. Al final, los efectos de sobre y subrepresentación de las distintas fuerzas políticas que acarreará serán evidentes, y nada venturosas en términos de la distensión de nuestra vida política.

Este texto fue leído en el seminario «Perspectivas políticas a partir de las elecciones de 1991», que se llevó a cabo en la UNAM el mes de febrero de 1991. 

Distrito Federal Por segunda vez se elegirá a la Asamblea de Representantes. Dicho órgano, a pesar de sus limitaciones legales, ha demostrado las virtudes de un cuerpo pluripartidista, electo, como espacio para el procesamiento de muy diversas iniciativas sociales. Dada la cerrada competencia que seguramente existirá en el D F. quizás observemos la aplicación de la polémica «cláusula de gobernabilidad». Si ninguno de los partidos políticos logra la mayoría absoluta de los votos, y por la vía uninominal tampoco alcanzan la mayoría de los escaños, entonces quien tenga el 30% o más de los votos será llevado, por ley, a ocupar la mayoría más uno de los escaños de la Asamblea (por cada cuatro puntos porcentuales extras por encima del 30%, el partido beneficiado obtendrá un asambleísta más). De llegarse a esa situación, en efecto, se habrá fortalecido la «gobernabilidad», pero de forma tan artificial, que quienes se vean subrepresentados evidenciarán de inmediato la inconsistencia de la norma.

Autocalificación Ahora, ciertamente, la autocalificación – es decir, el proceso a a través del cual los presuntos diputados y senadores participan en la propia calificación de su elección- está acotada por las resoluciones del Tribunal Federal Electoral. Si este último realiza sus trabajos con apego al derecho y si sus dictámenes resultan centrales en materia de litigio electoral, entonces el proceso de autocalificación se dará enmarcado por la actuación del Tribunal. Ello puede contribuir a modular, por lo menos, la discrecionalidad con la que los Colegios Electorales han actuado en el pasado.

La autocalificación tiene la enorme desventaja de ser más una instancia de calificación política que auténticamente jurídica. Acotada por resoluciones jurídicas puede, quizá, limar el impacto de los alineamientos políticos. No obstante, una calificación que en última instancia realizan los propios sujetos del litigio, no puede ofrecer garantías de imparcialidad suficientes a los participantes.

Medios de comunicación Sin duda, la forma en que se comporten los medios de comunicación masiva en relación a las elecciones será fundamental para modelar el clima de la contienda. Por desgracia, en esa materia la nueva normatividad es prácticamente idéntica a la anterior. Los partidos tendrán un acceso reglamentado a la televisión y la radio. Pero se trata de una presencia más bien simbólica. Por ello, el comportamiento de los medios- a través de sus noticieros y programas especiales- resultará crucial. Por desgracia, en esa materia la legislación es absolutamente omisa, y si los medios vuelven a funcionar como hasta ahora, tendremos un tratamiento parcial- a favor del PRI- de las distintas campañas.

Las anteriores son asignaturas que prácticamente quedaron intocadas por las nuevas disposiciones legales. No obstante, algunas modificaciones que pueden considerarse como nuevos candados también dejarán su sello en los próximos comicios. Digamos algo sobre ellas.

Asociaciones políticas Las asociaciones políticas- como figura legal- han desaparecido, con lo cual se clausuró precipitadamente un canal de acceso a agrupamientos que siendo más pequeños que los partidos podían participar, aliados, en contiendas electorales. Diez de doce agrupaciones que solicitaron su registro condicionado como partidos políticos nacionales, recibieron una negativa por parte del Consejo General del IFE. Algunas de ellas podrían haber sido reconocidas como asociaciones políticas, y de esa manera incorporar a agrupamientos que no se identifican con nuestro espectro actual de partidos, pero al cerrarse el expediente quedaron simplemente sin personalidad jurídica De todas formas, su acceso a la contienda electoral podrá realizarse a través de los partidos políticos que estén dispuestos a abrir sus puertas a la eventualidad de alianzas electorales. Veremos qué partidos acuden a esa fórmula y qué «asociaciones» responden a sus llamados.

Candidaturas comunes No existe más el expediente de las candidaturas comunes. Ahora se pueden integrar coaliciones, las cuales requieren un mayor número de requisitos que la simple postulación de la misma persona por dos o más partidos. Esa disposición puede dificultar los acercamientos entre los partidos del flanco izquierdo de nuestro espectro político, que quizás hubiesen podido postular algún número de candidatos comunes, pero que obligados a presentar coaliciones más amplias tendrán que rebasar conscientemente buena parte de sus lógicas particularistas o aparecer cada uno por su lado.

El asunto se complica porque los partidos con registro condicionado (PRT y PT) están imposibilitados por ley a participar en coaliciones, ya que de manera individual tienen que obtener su registro definitivo. Así, ambas disposiciones gravitan sobre las dificultades de por sí existentes para integrar referentes electorales unitarios en el flanco izquierdo de nuestra banda electoral.

Primera proporcionalidad En la asignación de los diputados plurinominales se utilizará la llamada fórmula de «primera proporcionalidad» que significa beneficiar a las pequeñas formaciones políticas en detrimento de las medianas. De esa manera, los pequeños partidos que obtengan un poco más del 1.5% de la votación, tendrán unos cuantos diputados más que los que les correspondería según su porcentaje de votos. De esa disposición pueden beneficiarse el PPS, el PFCRN, el PARM, el PDM, el PRT y el PT. Pero quizá también varios de ellos no lleguen siquiera al 1.5% de la votación y queden fuera del escenario político electoral institucional.

Cámara de Diputados Si la tendencia electoral de las últimas décadas se mantiene (es decir, un decrecimiento progresivo del PRI y un incremento de los votos de la oposición), entonces, el partido con mayor número de votos y mayor número de constancias de mayoría se beneficiaría, por primera vez, de la cláusula de gobernabilidad. De hecho, casi en cualquier pronóstico se aplicará la mencionada cláusula; porque el mayoritario, si su votación fluctúa entre el 35% y el 60% (el escenario más probable), recibirá los diputados plurinominales en compensación que marca la ley. Ahora bien, si la votación se acerca al 35%, el número de sus diputados será notoriamente desproporcionado a su votación (con el 35% de los votos 50.2% de los diputados, 36%=50.6, 37%=51… 60%= 60), pero conforme se acerque a 60 tiende a cerrarse hasta Igualarse en ese número.

Lo que sí puede preveerse desde ahora es que difícilmente un partido podrá volver a tener los diputados suficientes para modificar por sí mismo la Constitución. Para que ello fuera posible debería obtener el 66% de la votación, eventualidad que se observa lejana.

Por otro lado, la «cláusula de gobernabilidad» que regirá en las próximas elecciones puede ayudar (se trata de la lectura optimista de esa fórmula, que no supone declinar la crítica a la sobrerrepresentación artificial que puede arrojar) a que el PRI acepte una votación por debajo del 50%, ya que si continúa siendo el partido mayoritario se beneficiaría de las disposiciones en la materia. En ese caso, la idea de un «aterrizaje» planeado de la fuerza del oficialismo se estada cumpliendo, tal como en su momento lo indicaron algunos voceros del PAN.

Pero la nueva legislación tiene avances importantes que deben ser evaluados para preveer el posible desarrollo de los próximos comicios. Digamos algunas palabras sobre algunos de ellos. Empecemos por el que resulta más relevante.

Organización de las elecciones La nueva normatividad estableció, en las distintas instancias encargadas de la preparación de los comicios, un sistema de pesos y contrapesos que debe ayudar a una organización electoral menos parcial que las anteriores. En cada nivel de la organización se puede preveer que los representantes partidistas, jueces y parte en el litigio, continúen actuando con la parcialidad propia de su representación. No obstante, los consejeros magistrados (en el terreno del Consejo General) y los consejeros ciudadanos en los consejos locales deben convertirse en el fiel que dé certidumbre y objetividad a las decisiones de los órganos electorales. Si ello sucede, se habrá dado un enorme paso en el proceso democratizador, no obstante, si esa espectativa es defraudada, entraremos en un círculo de desgaste cuyo desenlace no puede anunciar nada bueno. Por desgracia, en el caso de los consejeros ciudadanos en los consejos locales, los signos no son los mejores, puesto que los ciudadanos designados en no pocos casos están identificados de manera clara con el oficialismo.

La nueva forma de designación de los funcionarios de las mesas de casilla, deberá ofrecer mayores márgenes de garantía de imparcialidad a los contendientes. El presidente y el secretario ya no serán nombrados por el presidente del comité distrital, sino que luego de un proceso de insaculación y capacitación, serán nombrados por las Juntas Distritales Ejecutivas. Se trata, sin duda, de uno de los eslabones cruciales del proceso electoral. Puede afirmarse que si la estructura electoral of rece certezas de imparcialidad, lo fundamental de una contienda se habrá logrado: confianza. En esa misma dirección deberla jugar lo que es la novedad más sobresaliente de la nueva legislación: el sistema profesional electoral.

Sistema profesional electoral Se trata, según la ley, de empezar a construir un sistema prfesionalizado encargado de cumplir con la función electoral. De esa forma se inaugura una especie de carrera civil electoral que debe contar con sus propios cauces de reclutamiento, capacitación y promoción. Su ventaja: que el personal profesional electoral no dependa de la Secretaría de Gobernación sino del Instituto Federal Electoral.

Se trata, quizá, de la apuesta mayor, pero puede verse desvirtuada por varias razones: a) porque el personal que antes laboraba bajo el mando de la Secretaría de Gobernación sea trasladado, sin mayores ajustes, al Instituto, y b) porque el sistema profesional electoral debería estar regulado por, un Estatuto especial, y hasta la fecha, la Junta General Ejecutiva, encargada de elaborar dicho proyecto, hasta donde se sabe, no lo ha presentado, de tal suerte que el sistema profesional quizá no funcione para las elecciones de este año.

De hecho, por la vía de los artículos transitorios del propio Código, se pueden dejar en suspenso, por lo pronto, algunas de las mejores promesas de la legislación electoral nueva .

Registro Federal de Electores Se está levantando ya el nuevo registro de electores. A través de la técnica censal que será complementada por módulos auxiliares, y con la supervisión de los partidos, debemos lograr un padrón confiable que multiplique los grados de certeza en esa materia. Una credencial de elector con huella y firma (a la que en 1994 se le añadirá la foto) debe servir como el punto de partida de una elección con anomalías e impugnaciones claramente acotadas.

Tribunal Federal Electora Sin duda el nuevo Tribunal, que sustituye al del Contencioso Electoral, está mejor diseñado y tiene facultades mayores. Las salas regionales y los jueces instructores deben servir para reforzar a los magistrados, de tal suerte que éstos puedan desahogar de mejor manera los recursos que reciban. Igualmente, además de las pruebas documentales públicas que antes podían recibir, ahora también podrán ser documentales privadas. Pero lo más importante es que sus resoluciones serán de pleno derecho, lo cual debe ir enmendando desde el inicio las anomalías que se presenten a lo largo del proceso.

Si bien los colegios electorales pueden modificar los fallos del Tribunal que se produzcan luego de la jornada electoral (con las dos terceras partes de los votos), parece indudable que, en lo general, los colegios deberán asumir las resoluciones del Tribunal para sus calificaciones últimas. Ello debe servir tanto para acabar con la discrecionalidad absoluta con que en otros momentos actuaron los colegios como para ofrecer garantías de apego al derecho a los partidos políticos.

Cómputo de los votos Si el cómputo provisional que señala la ley se lleva a cabo, el mismo día de la elección tendremos una muestra más que significativa de las tendencias electorales en cada distrito. Así, aunque el conteo definitivo se haga tres días después, las cifras del día de las elecciones en los consejos distritales servirán para evitar la manipulación de los votos entre el día de su emisión y el de su cómputo. Se trata de una reforma muy importante y que puede ayudar a acotar las especulaciones en tomo a los resultados electorales.

Registro condicionado Por lo pronto, la fórmula de registro condicionado que la reforma de 1986 había desechado, ha vuelto a ponerse a funcionar. Por esa vía el PRT podrá participar de nuevo en contiendas electorales, y el PT y el Partido Verde podrán ingresar este año al terreno electoral.

Dada la volatilidad que aún tiene nuestro abanico de partidos y 1a fase inicial de construcción de un auténtico sistema partidista, resulta pertinente la reinclusión del expediente del registro condicionado. No obstante, el mismo debería tener una salvedad: aquellos partidos que en la elección inmediata anterior no hubiesen obtenido el mínimo necesario para refrendar su registro (el 1.5% de los votos), deberían por lo menos «descansar» en los comicios siguientes, porque ahora tenemos, consagrado por la ley, que un partido al que los electores le quitan su registro, lo vuelve a obtener por voluntad del Consejo General del IFE.

En 1991 contenderán diez partidos. La pugna fundamental se dará entre tres (PRI, PAN y PRD), el resto deberá batallar para lograr no perder su registro definitivo.

Existen además una serie de normas que tienen un impacto menor, o quizá menos visible, pero que contribuyen a mejorar, en un sentido democrático, nuestra legislación electoral. Entre ellas se pueden mencionar las disposiciones más claras en tomo al financiamiento de los partidos o los recursos con que cuentan los partidos para inconformarse por actos de las autoridades electorales. Por mi parte, sólo quisiera enunciar otra reforma que puede tener un impacto muy positivo en nuestro sistema electoral: la adición al Código Penal de un capítulo titulado «delitos electorales y en materia de Registro Nacional Ciudadano. Tengo la impresión de que en el momento de que se le aplique la ley a algunos de los delincuentes electorales, a lo mejor el resto se abstiene de incurrir en faltas que lo pueden llevar hasta la cárcel.

Contamos con un marco legal que introdujo disposiciones mejores en todo lo que se refiere a la organización, vigilancia, conteo de votos y procesamiento del contencioso en materia electoral. Si eso se cumpliera en los comicios de ese año, buena parte de los temas que merecen revisión podrían empezar a desahogarse en un ambiente político menos enrarecido. Sin embargo, si a las normas no las acompaña la voluntad política suficiente para llevar a cabo unas elecciones limpias, no se estará vulnerando sólo a la normatividad sino a las posibilidades reales de una contienda política civilizada.