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CUADERNO NEXOS

El nuevo padrón: Inercias y desconfianzas

Al lado de la integración de los organismos electorales que se encargarán de preparar, vigilar y garantizar el desarrollo de las elecciones del próximo agosto de 1991, los trabajos para integrar el nuevo padrón electoral federal constituyen ahora la fase más importante del proceso comicial.

La configuración de un listado ciudadano, que en otros países transcurre sin mayor problema, en México es objeto de una atención especial y materia prima de los debates políticos, justamente porque más allá de los problemas técnicos inherentes a la confección y permanente actualización de un padrón de más de 40 millones de ciudadanos, este listado ha sido recurrentemente utilizado por el régimen de partido de estado para violentar la voluntad popular expresada en las urnas o evitar que ésta se exprese sin distorsiones.

Así, dado que el anterior tenía un inmenso grado de error, se debió reconocer que había que partir de cero para el nuevo padrón. Desde la Resolución del 4 de mayo de 1990 adoptada por la extinta Comisión Federal Electoral se admitió la necesidad de que los partidos políticos tuvieran una participación activa en todas las fases del proceso. De esta manera se abrió un espacio de discusión y concertación entre el Registro Federal de Electores y los partidos a través del Grupo de Asesores Técnicos y de la Comisión Nacional de Vigilancia.

Durante toda la etapa de diseño y planeación fueron múltiples y de gran importancia las propuestas formuladas por los partidos -y aceptadas por el R.F.E.- para introducir una serie de controles y candados al nuevo padrón a efecto de lograr resultados con bases mínimas de confiabilidad. Dentro de los avances que se recogieron podemos citar los contenidos de la clave de elector, que ahora sí estará ligada de por vida a la identidad del ciudadano (contiene seis letras correspondientes al nombre del individuo, seis dígitos para la fecha de nacimiento, dos para la entidad de nacimiento, una letra para el sexo, un dígito verificador y dos más para romper homonimias); la aceptación de que el folio de la solicitud de empadronamiento tenga a su vez las barras para lectura óptica y que dicho folio aparezca en la credencial para votar a efecto de facilitar y garantizar la rastreabilidad de cualquier información; asimismo, que se puedan efectuar labores de supervisión y de muestreo por los partidos para verificar la calidad de los trabajos, incluso en los sistemas de cómputo.

Posteriormente, ante los problemas surgidos a raíz de las elecciones de Coahuila, Hidalgo y México, en medio de airados reclamos políticos, se reconoció la necesidad de evitar que los gobiernos locales «le metan mano» al padrón («federalización del padrón») y también de revisar la currícula de los funcionarios del registro para asegurar una mínima honorabilidad y calidad técnica.

Todo eso en la fase del diseño y planeación, salvo los trabajos de adecuación cartográfica en los cuales ha sido escasa nuestra participación.

En este terreno, el de la metodología, hemos dicho que técnicamente no hay mucho margen para la comisión de ilícitos; pero que sin embargo el sistema no está vacunado contra las trapacerías y las acciones inducidas políticamente por los tradicionales artífices del fraude.

Por eso, el hecho de que reconozcamos los avances logrados en las fases anteriores, no significa que extendamos un aval sobre lo que ahora se hace en el campo. Digamos, incluso, que caminamos al lado del Registro con la duda por delante, permanentemente, recurrente, exigentes de que se cumplan los acuerdos firmados y adoptando otros que signifiquen nuevos avances.

Ahora bien, ¿qué apreciación tenemos del levantamiento del padrón? ¿Qué problemas apreciamos? ¿Qué proponemos para avanzar hacia una mayor confiabilidad de los trabajos?

1. A estas alturas resulta altamente preocupante que importantes zonas del país aún no hayan sido visitadas por los empadronadores y que en aquellas por donde ya pasaron hayan quedado pendientes de empadronar buen número de ciudadanos. Además en el caso específico del Distrito Federal, el Registro Federal de Electores se apartó de la metodología general al instalar poco más de 600 módulos de empadronamiento para cubrir 5,200 secciones (poco más de 8 secciones por módulo), cuando el acuerdo era instalar un módulo por sección, lo cual ha provocado desconcierto y «embotellamientos» ciudadanos los domingos que es cuando funcionan los citados módulos, con el agravante de que algunos prestan sus servicios sólo de 10 a 14 horas.

2. A pesar de la promesa priísta de que detendría su campaña de filiación en campo desde el 15 de enero (día en que iniciaron los trabajos del nuevo padrón), esa labor ha continuado, introduciendo desaliento ciudadano porque mucha gente cree que estamos «ante lo mismo de antes», ya que se han detectado casos en que los propios visitadores del R.F.E preguntan sobre la militancia política de los ciudadanos; o los priístas o empleados de gobierno pasan por los domicilios diciendo que van apoyando al R.F.E. e indagando sobre militancia partidaria.

3. El grueso de la estructura para el operativo de campo, validar la información y coordinar las acciones, proviene de las filas gubernamentales o del aparato priísta. Incluso en algunos lugares -como ciertas zonas de Veracruz la condición para trabajar en el R.F.E. es que se afilien al PRI; y ya como parte de su trabajo se deben llevar una hoja de afiliación de dicho partido por cada hoja de empadronamiento. Esto provoca rechazos de la ciudadanía (en un programa de Radio una visitadora -por cierto la que empadronó a Salinas en los Pinos- reveló que la mayoría de los rechazos que tenían era porque la gente les decía que «somos del PRI»), y genera irritación entre los partidos.

4. La adecuación cartográfica está dejando mucho qué desear: hay ausencia de colonias o comunidades enteras en el catálogo de viviendas; cambio de cabeceras de sección de localidades más pobladas a otras de menor densidad (curiosamente en aquellas ha ganado la oposición); fusión generalizada de secciones electorales en aquellas entidades perdidas por el PRI en 1988, para dejarlas en un promedio de mil electores, con lo cual se tendrán que montar un alto porcentaje de «casillas bis» el día de la elección (tal es el caso del D.F. y Morelos, por ejemplo) y se amplía el área geográfica en la cual se tendrán que desplazar los ciudadanos para ir a sufragar.

5. La presunción de que estaríamos ante un empadronamiento selectivo por razones políticas y de que, por lo tanto, de un universo estimado de 45 millones de ciudadanos sólo se empadronen y se les entregue la credencial a un 70% de personas en edad de votar, alegando «desinterés» o cualesquiera otras razones.

Cierto que las autoridades del Registro y del R.F.E. -Gobernación reiteran a cada momento que desean un padrón no impugnado ni impugnable y que no sea objeto de disputa política, pero los nubarrones existentes, producto de inercias oficiales y de desconfianzas ciudadanas, plantean la necesidad de intensificar las labores de campo, de la puesta en marcha, inmediatamente, de los operativos de auditoría y de control de calidad por el propio Registro, del ajuste de los plazos acordados, del otorgamiento de mayores garantías a los partidos para acceder a la información en los 18 centros regionales de cómputo (petición recurrentemente negada por el R.F.E. y objetada por el PRI) y de una inusitada creatividad para aplicar los artículos transitorios del COFIPE referidos a los listados del padrón y las nominales, así como la entrega de credenciales.

La tan pregonada «modernización política» no se puede dar el lujo de propiciar que caminemos hacia atrás. Sería imperdonable para la vida nacional. Es tiempo de brindar confianza de que podemos iniciar un tránsito firme a la democracia. ¿Está dispuesto el «sistema»? ¿Existe la voluntad política para ampliar lo poco que se ha hecho en la etapa de planeación del padrón a su concreción y, después, a otras esferas del quehacer político? Esas son las cuestiones de fondo.

Jesús Zambrano Grijalva. Miembro del Consejo Nacional y representante del PRD ante la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores.