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En los últimos seis o siete años el ritmo del cambio político en México se aceleró. En ese tiempo pasamos del pesimismo que provocaron las dificultades económicas de fines de 1981, al optimismo que inspiró la espontánea solidaridad de los habitantes de la ciudad de México ante los sismos de septiembre de 1985 y las movilizaciones electorales del sexenio de Miguel de la Madrid, al déjà vu de la no participación y las intransigencias de los políticos marmóreos. Tanto así, que a principios de 1991 los buenos augurios que nacieron de la apretada contienda presidencial de 1988 y que hicieron creer a muchos que el fin del partido dominante podía ser rápido y limpio, han sido matizados por los titubeos que naturalmente acompañan al cambio gradual.

Durante todo este tiempo prevaleció la convicción de que el régimen político experimentaba mutaciones significativas e irreversibles. No obstante, nunca han desaparecido del todo las interrogantes en cuanto al rumbo que sigue un proceso que nos aleja del régimen que gobernó este país durante los años del crecimiento económico. Tal vez las dudas más persistentes pesan sobre las posibilidades de levantamiento de un pluripartidismo durable y funcional.

El desmantelamiento del autoritarismo requiere, además de la movilización electoral y del pacto entre las élites (pacto que va del PECE a los acuerdos PRI-PAN) un marco institucional alternativo que acoja los resultados del juego de las dos primeras variables. Es allí donde el proceso avanza más lentamente y con mayores dificultades. Aunque la legislación electoral ha sido modificada y ha logrado cieno grado de credibilidad, la construcción del sistema de partidos se asemeja al telar de Penélope donde lo que un día se teje por la noche se desteje.

No obstante los múltiples tropiezos de los comicios de julio de 1988, en los meses siguientes la idea de que el país estaba comprometido en una transición a la democracia se apoderó de la imaginación pública mexicana. El proceso se entendió casi en los mismos términos en que los planteó el propio candidato del partido oficial, Carlos Salinas de Gortari horas después de la elección presidencial, como el paso de un régimen de «partido casi único» a un «régimen de partidos», con todas sus implicaciones en términos de la organización corporativa de la sociedad política que había sido el sustento del autoritarismo mexicano.

Las expectativas de desarrollo de una oposición auténtica y viable que había alimentado el avance del Partido Acción Nacional entre 1983 y 1987, se sumaron a las que generó el éxito inesperado de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República en 1988. Así, las predicciones acerca de lo que parecía ser el inevitable desarrollo de un régimen de partidos acababan las dudas que hubiera podido plantear la previsible resistencia del partido oficial a renunciar a su hegemonía.

Sin embargo, a casi tres años de la elección presidencial, el pluripartidismo- que es todavía la solución deseable para muchos- , ya no puede ser visto como un desarrollo natural, como la única salida posible del debilitamiento del régimen priísta. Tanto el PRI, como los dos grandes partidos de oposición, el PAN y el PRD, han encontrado enormes dificultades para asumir la representación del pluralismo de la sociedad mexicana y el liderazgo del cambio político. Por otro lado, la restauración de la hegemonía priísta parece impensable, tanto así que en el cálculo de nuestras opciones futuras es preciso contabilizar el riesgo de la fragmentación política, que acecha a toda experiencia fallida de pluripartidismo.

Este artículo de Soledad Loaeza fue preparado en su primera versión para el Coloquio «Voter en Amérique Latine, Association Francaise de Science Politique, París, Francia, enero 24-25,1991.

LA IRRUPCIÓN DEL PLURALISMO EN EL DISCURSO POLÍTICO

Una de las características centrales de la sociedad mexicana ha sido la heterogeneidad derivada, primero, de diversidades regionales y luego de desigualdades que han obstaculizado el desarrollo de una sociedad articulada internamente. Desde el siglo XIX las élites políticas han estado obsesionadas por 1a necesidad de superar dicha heterogeneidad que asociaban invariablemente con inestabilidad, en la medida en que la prevalencia de intereses particulares era sustento de fragmentación política, al mismo tiempo que impedía la identificación de un interés colectivo que apoyara la legitimidad de la autoridad política.

La estabilización que finalmente logró el porfiriato encontró en el nacionalismo y el ideal democrático bases de homogeneización política capaces de enmascarar otras diversidades. No obstante, en la medida en que las disparidades sociales eran más poderosas que la ficción de la igualdad que construían el nacionalismo o la democracia, la Revolución desnudó violentamente las desigualdades y diversidades que estallaron en la fragmentación política de una guerra civil que duro más de diez años.

Esta experiencia de inestabilidad fue simultánea al surgimiento y desaparición de partidos que en muchos cacos eran, antes que nada, instrumentos de liderazgo personalizados que no buscaban, y probablemente tampoco pretendían, representar nada más que sus intereses particulares, y cuya participación sólo exacerbaba las diferencias sociales. De esta manera el pluripartidismo quedó asociado con inestabilidad política.

Esta apresurada referencia histórica parece necesaria para entender la obsesión del Estado posrevolucionario por la unidad política de la sociedad. Así, durante la mayor parte de este siglo, con base en el principio de que el Estado nacional es el único representante legítimo de los intereses colectivos, el propio Estado se impuso como actor político privilegiado, como centro de referencia de una coherencia social mínima y como núcleo generador y concentrador de las principales tendencias a la organización política de la sociedad. La preeminencia se tradujo en el empeño de mantener el monopolio del liderazgo político, propósito que se inscribe dentro de la tradición bismarckiana del Estado modernizador.

Aunque es indudable que esta estructura centralizada del poder vertebró a la sociedad posrevolucionaria, y luego contuvo la dispersión y la fragmentación políticas, también es cierto que inhibió el desarrollo de organizaciones independientes capaces de expresar los intereses, naturalmente parciales, de los diferentes grupos. Dentro de este contexto parecía casi imposible identificar las preferencias ideológicas de la sociedad.

La superioridad del interés nacional por sobre cualquier otro, y el horror a la fragmentación y la inestabilidad que podría provocar, justificaron el cuasi monopolio del poder del partido oficial por décadas. Más todavía, desde su fundación, este partido nació como instrumento del Estado, y por lo consiguiente pretendía como él mantener la mayor representatividad posible. Por esta razón, salvo durante los años del radicalismo cardenista, siempre ha insistido en su carácter de organización pluriclasista. De ahí que el partido oficial se viera a sí mismo invariablemente como el partido de las mayorías. De suerte que el autoritarismo mexicano durante décadas reconoció únicamente dos tipos de intereses: por una parte, los de la mayoría revolucionaria en el poder, y por la otra, los que se definían solamente por la oposición a ellos, los de las minorías contrarrevolucionarias.

A raíz de la crisis de 1982, sin embargo, la legitimidad electoral quedó en el corazón del equilibrio político, generando una tensión entre la tradición política que privilegia a la mayoría y las nuevas demandas de reconocimiento de la pluralidad social.

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 repite como una línea de política gubernamental, una idea que había expresado Miguel de la Madrid durante su campaña electoral, la de que el pluralismo político debe reflejar la pluralidad social. Una afirmación de esta naturaleza revelaba un cambio conceptual profundo en la manera de entender la democracia en México, pues ya no sería más un asunto de mayorías absolutas y minorías apenas toleradas; sino de representación de los intereses de diversos grupos sociales. De esta manera el pluripartidismo irrumpió en el proyecto político mexicano, cancelando algunas de las justificaciones fundamentales del autoritarismo; por ejemplo, la centralización de la estructura política o la necesidad de mayorías electorales absolutas. Quizá lo más importante sea que esta propuesta transfería a los partidos algunos -todavía inexistentes- funciones de articulación y agregación política que hasta entonces había desempeñado fundamentalmente el Estado.

Los códigos electorales de 1987 y de 1990, respectivamente, reflejan la tensión entre mayoría y pluralismo ya que ambos intentan conciliar dos modelos de democracia que se excluyen mutuamente, pues se apoyan en lógicas contradictorias: una mayoritaria y la otra consensual. La primera tiende a concentrar tanto poder como sea posible en manos de la mayoría; y la segunda parte de la premisa de que el poder debe ser distribuido y compartido. Este es el origen de la fórmula mixta del sistema electoral mexicano que combina la representación proporcional con la representación mayoritaria.

EL régimen mexicano jamás adoptó la definición del partido único y desde los años sesenta se empeñó en asimilar, como parte de su funcionamiento, el principio de la representación de las minorías. Este fue el punto de partida del reformismo electoral. Sin embargo, la noción de minoría ha evolucionado de manera sustancial. En 1963 se refería a los partidos perdedores que había que incluir dentro de la estructura de poder real- así no fuera más que de manera marginal- para escapar al monopartidismo, en cambio la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977 introdujo la representación proporcional para neutralizar a minorías políticas que, de mantenerse excluidas podrán desestabilizar al régimen. El Código Federal Electoral de 1987, por su parte, como lo plantearía luego el COFIPE en 1990, perseguía «… representar con una amplitud sin precedentes a la diversidad de fuerzas y corrientes nacionales».

A diferencia de las leyes anteriores, Las dos últimas admiten y promueven la representación política de la diversidad social dentro de un esquema igualmente diverso. La noción de mayoría, en cambio, se mantiene intacta, y sigue entendiéndose como la parte de la sociedad que, por ser mayoría, debe gobernar sin compartir el poder. Así, desde 1963 se ha conservado como materia no negociable el principio de que ningún cambio debe alterar los privilegios de la mayoría.

Esta contradicción está en el origen de muchos de los debates recientes en torno a procesos electorales. Pero aquí lo que interesa destacar es que el pluralismo político que se ha convertido en el objetivo aceptado del cambio mexicano, se ha topado con las dificultades que han enfrentado diferentes fuerzas políticas para consolidar partidos estables que pueden servir como referencia para fijar las identidades políticas de la sociedad. Quizás el indicador más importante de este fenómeno sean las elevadas tasas de abstencionismo que han arrojado la mayoría de los comicios que han tenido lugar desde julio de 1988. El problema podría ser de gravedad, pues la debilidad de los partidos en un contexto de deterioro de una estructura centralizada del poder podría evolucionar hacia una fragmentación política que reflejaría las muchas diferencias sociales en un sentido adverso, sin que hubiera manera de que cristalizaran en organizaciones coherentes de competencia y negociación políticas.

Un proceso de este tipo sería indeseable, primero, porque habla más de descomposición que de cambio; luego, porque en una situación así se agudiza la desagregación social y se profundizan los obstáculos para negociar reglas comunes de comportamiento y para identificar los intereses colectivos. Por otra parte, las diferencias no tardarían en contaminar acuerdos extraparlamentarios que, como el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económicos, han contribuido de manera fundamental a la estabilidad de los últimos años.

Diversos elementos explican la debilidad y los desgajamientos de los partidos. Algunos están relacionados con la incapacidad de las organizaciones existentes para enfrentar los problemas que supone el desafío de una auténtica competencia electoral, la expansión de la militancia o el crecimiento del electorado. Acción Nacional, por ejemplo, ha sufrido numerosos conflictos y numerosas tensiones internas derivadas del hecho de que ha dejado de ser una oposición en términos absolutos y ha pasado a ser, en cierta forma, un partido gobernante. Desde 1988 el PAN representa a la primera fuerza de oposición en la Cámara de Diputados y desde 1989 ocupa una gubernatura, es decir, es un partido con el cual el PRI ha tenido necesariamente que negociar temas cruciales como la reforma electoral y la privatización bancaria. El PRI, por su parte, ha enfrentado largos periodos de parálisis ante las presiones contra su hegemonía, provenientes del electorado o del propio gobierno. Tampoco parece dispuesto a renunciar a su virtual monopolio electoral ni al apoyo que tradicionalmente ha recibido de corporaciones y autoridades gubernamentales. El PRD se ha desgarrado en el falso dilema que opone un liderazgo mítico al principio de organización partidista.

La debilidad de los partidos también ha sido resultado de la habilidad del Poder Ejecutivo para arrebatarle el liderazgo político a organizaciones nacientes, que el 6 de julio de 1988 recibieron antes que nada un voto de confianza del electorado. El abstencionismo también ha impactado de manera significativa la fuerza de los partidos, porque, contrariamente a lo que dejó esperar la última elección presidencial, la movilización electoral no sobrevivió a la rutina del poder gubernamental y el peso de los hábitos de la no participación. Así, los numerosos comicios que se han celebrado desde entonces, muchos de ellos extraordinariamente conflictivos, en vista también de las inercias priístas, han estado marcados por tasas de participación muy bajas.

Por otra parte, la fragmentación que puede sobrevenir del fracaso del proyecto pluripartidista en la solución del problema central de toda democracia: la representación, también seria producto de la incapacidad de los partidos para conquistar la credibilidad del electorado. Asimismo, el hecho de que uno de los primeros efectos de la crisis de 1981-1982 haya sido la prevalencia de los intereses particulares haría de la fragmentación política el mero reflejo de un fenómeno que primero se expresó en el ámbito social y económico.

Hasta ahora el cambio del régimen mexicano ha logrado conjurar el riesgo de la inestabilidad y la generalización de los desacuerdos. Pero en ocasiones la cuerda parece extraordinariamente frágil y tensa, es entonces cuando los partidos tendrían que ser los artesanos de una transición que reintegre la diversidad.