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CUADERNO NEXOS

La racionalidad política y otras apuestas necesarias

Nuestra difícil transición a la democracia se caracteriza por ser el resultado del agotamiento de la hegemonía revolucionaria sustentada en el corporativismo autoritario y paternalista del Estado mexicano, pero también por la descomposición del instrumento central de dicha hegemonía: el Partido Revolucionario Institucional. Nadie puede discutir seriamente la impresionante eficacia política que, desde el punto de vista de la gobernabilidad, tuvo por décadas este aparato de control que no sólo integró y articuló -aunque muy desigualmente- los intereses populares fundamentales, sino también disciplinó y hasta cierto punto racionalizó el comportamiento de los segmentos principales de nuestra clase política. Pero nadie puede poner en duda, de la misma manera, que dicha integración y tal disciplinamiento no sólo fueron flagrantemente autoritarios sino también, las más de las veces, profundamente inmorales.

El surgimiento de una nueva sensibilidad dentro de la sociedad mexicana, que con cierto optimismo cabe denominar ciudadana, puso de relieve el grave deterioro de los mecanismos tradicionales de la hegemonía revolucionaria, y también hizo evidente la crisis de identidad y de proyecto de las fuerzas políticas integrantes del partido oficial. Una crisis cuyas primeras manifestaciones se remontan a la Reforma Política de 1977-78, cuando el sector obrero mostró sus serias reservas hacia las nuevas reglas del juego político, pero que sólo reveló toda su profundidad con la escisión de la Corriente Democrática y sus secuelas ulteriores.

Dicha crisis tiene una doble dimensión: por un lado es consecuencia directa del abandono pragmático por parte del gobierno de muchos mecanismos tradicionales de política económica y social: nacionalizaciones, gasto público, clientelismo, privilegios corporativos selectivos, todos estos mecanismos sufrieron el efecto de políticas de ajuste y modernización implementados por las dos últimas administraciones. Lo que no pudo sino generar desorientación y malestar a una clase política que veía seriamente limitados sus instrumentos tradicionales de poder e incluso sus símbolos «revolucionarios» más sagrados. Los reclamos de las confederaciones sindicales, pero también de líderes populares de la más diversa especie, expresaban no sólo intereses caciquiles, sino la incapacidad de tales dirigentes para adecuarse a los cambios políticos. A lo que habría que agregar procesos como la reprivatización de empresas y bancos en estridente contradicción con las más caras tradiciones del priísmo histórico.

Por otro lado, la irrupción ciudadana antes mencionada abriría paso a una competitividad electoral nunca vista en el país, cuestionando el otro pilar básico de la cohesión y disciplina del partido oficial: la certidumbre en el triunfo de sus candidatos en todos los niveles. Como es sabido, más allá de su diversidad «ideológica» -sin duda efectiva pero sumamente opacada por el pragmatismo más oportunista- la unidad priísta se sostuvo mucho tiempo precisamente en la seguridad de que, tarde o temprano, la lealtad hacia los de arriba se vería premiada con una candidatura que, prácticamente, aseguraba un cargo público. Como es lógico, dicha regla «no escrita» hacía pasar a último término las ideologías y los principios: en todo caso, aun si algo de esto se tenía, había que saber esperar.

La irrupción de la competitividad electoral no pudo sino poner en crisis esta regla, haciendo surgir un fenómeno radicalmente chocante para la mentalidad autoritaria del priísmo tradicional: la incertidumbre acerca de los resultados electorales. Desaparecida o por lo menos limitada la seguridad de la victoria en los comicios, cuestionados los medios y símbolos políticos tradicionales, la cohesión del aparato priísta habría de verse gravemente conmovida, dando paso a un activismo inédito de sus bases que se expresó abiertamente en su última Asamblea Nacional. El «reclamo democrático», quién lo dijera, se hizo presente en el seno mismo del PRI. De la noche a la mañana, la lealtad a toda costa se convirtió en reivindicación de liderazgos y militancias antiautoritarias y anticentralistas, que en no pocos casos se han sostenido en la amenaza más o menos abierta de salirse -con todo y huestes de apoyo- del PRI y pasarse a un partido verdaderamente «democrático».

Hemos asistido así al espectáculo nunca visto de una circulación de las élites, en las que el reclamo democrático parece haberse convertido en bandera de todos los resentimientos y aval de todas las causas. Es muy posible que, en algunos casos, tal reclamo sea más que justificado, pero con mucha frecuencia lo que parece poner en evidencia es una lucha sin cuartel, una refriega sin principios ni reglas por alcanzar, cueste lo que cueste, el botín ligado a los cargos públicos.

Desde esta perspectiva, algunos dirigentes del PRD -en su denodada lucha por acabar con el «sistema de partido de Estado»- parecen apostar a la profundización de la descomposición priísta como modo de ganar espacio y elecciones políticas: poco importa, al parecer, la posición y naturaleza de los resentidos por las designaciones del partido oficial, basta con que estén dispuestos a pasarse a las filas perredistas. Así, Muñoz Ledo ha publicado un llamado en Guanajuato que sólo puede interpretarse en la lógica de que el resentido con mi enemigo es (o por lo menos está a punto de ser) mi amigo.

No es el caso discutir la eficacia potencial de esta táctica. Lo que importa más bien es su sentido y sus consecuencias políticas. En cuanto a lo primero parecería que el antipriísmo perredista es más bien superficial, por cuanto no propone realmente superar la naturaleza oportunista, puramente pragmática de la mayor parte de las tradiciones del partido oficial, sino simplemente aprovechar su desprestigio por un lado y sus dificultades internas por otro. Lo que, a corto plazo, puede dar réditos electorales pero difícilmente renueva política y democráticamente a la clase política. En todo caso, el PRD acabaría haciendo, en grande, lo que el PARM hacía en pequeño desde tiempo atrás.

Todavía más graves, sin embargo, son sus consecuencias para la democracia por venir. Contra lo que diversos analistas plantean, no parece evidente que la transición mexicana a la democracia pueda revertirse. Tanto por razones externas como por condiciones internas, México se encamina hacia un régimen de partidos competitivos, en el que el ideal del sufragio efectivo habrá de tener cada vez más efectividad a pesar de los enclaves autoritarios del sistema y de la debilidad de la oposición. Por ello debiera considerarse la necesidad de pasar de la pregunta abstracta sobre si vamos a la democracia, a la pregunta sobre el tipo de democracia hacia el que nos dirigimos. Porque, en fin de cuentas, hay de democracias a democracias, y demasiadas experiencias muestran que los procedimientos propios de este tipo de régimen pueden dar lugar a situaciones políticas muy diferentes.

En este sentido, no parece descartable la ominosa posibilidad de que el país se encamine hacia una democracia que lejos de limitar los vicios e ineficiencias del priísmo histórico, los generalice y extienda a un sistema de partidos ciertamente competitivo pero incapaz de representar adecuada y positivamente la complejidad y los intereses de la mayor parte de la sociedad mexicana. Un sistema de partidos en el que predomine el más feroz pragmatismo electorero, en el que cada agrupación sólo se preocupe por desprestigiar a las otras y ganar la mayor cantidad de posiciones al precio que sea.

Se trataría entonces de una democracia en la que sólo estarían realmente interesadas las élites políticas, que indiferentes a cualquier principio o a cualquier ideología -véase el caso sintomático del Dr. Nava- sólo utilizarían a los partidos como trampolín electoral. Un sistema de catch-all parties, carentes de perfil y de valores, y por consecuencia, políticamente irresponsables y dispuestos a apostar a la irracionalidad emotiva y personalizada de los electores.

Se dirá que esos fenómenos están presentes en prácticamente todas las democracias reales. A ello se debiera contestar señalando que no de la misma manera ni con la misma intensidad, y que, precisamente por ello, algunas democracias son mejores que otras políticamente hablando. Por cierto, nuestra cultura política parece favorecer la apuesta por la irracionalidad de los electores, en la medida en que la enorme desinformación y desconfianza políticas, así como el malestar provocado por la crisis económica beneficia las dimensiones carismáticas y afectivas de las reacciones sociales. Pero dicha apuesta, tarde o temprano, tiene costos muy altos para la democracia pero también para la sociedad.

Por ingenua que parezca la apuesta por la racionalidad de los ciudadanos supone entonces la definición no sólo de candidatos atractivos, sino también y sobre todo de principios y de programas. De principios que permitan justamente evaluar a la política y a los políticos; de programas que, combinando lo deseable con lo factible, determinen una oferta política argumentable y por ende racional. Ello acaso parezca desdeñable a nuestros «nuevos» realistas y pragmáticos: lo importante, dirán, es ganar las elecciones. El precio de ello es, sin embargo, muy alto: la democracia se convierte entonces en el triste escenario de una lucha entre personalidades «carismáticas». Y la política, en mercado irresponsable, o peor, en fanatismo irracional.

Luis Salazar C. Filósofo. Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha colaborado en nexos anteriores.