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CUADERNO NEXOS

La liberación productiva del ejido

A lo largo de la crisis productiva del campo, los representantes de los diversos agentes económicos polemizaron frecuentemente sobre la problemática y perspectivas del ejido. Esta polémica rindió escasos frutos y en cierto sentido, jugó un papel negativo al polarizar las posiciones y mantenerlas como enceguecedora pirotecnia ideológica de grandes generalidades.

Sin embargo, de un tiempo acá se viene gestando un cambio cualitativo en las condiciones para el diálogo. Agentes productivos, organizaciones de productores y el Estado mismo coinciden para que este cambio, resultado de una larga y penosa maduración, encuentre definiciones precisas y equitativas para todos los habitantes del campo mexicano.

Es así que se está permitiendo aclarar las perspectivas reales del ejido. Sin duda, existe el más amplio consenso en cuanto a que el ejido ya no puede continuar como está y tiene posibilidades de cambiar. De hecho, la historia del ejido nos muestra que no ha permanecido inmutable.

Ahora, es necesario reconocerlo, entramos a una etapa de transición donde el ejido tiene que transformarse porque está en juego su inserción en el nuevo contexto de apertura comercial, desregulación económica y pluralismo político. Es más, los esfuerzos por la organización autogestiva que han avanzado segmentos del campesinado son signo inequívoco de que la transformación del ejido no está limitada a una oferta sexenal, sino que la ha anticipado en por lo menos diez años. 

No existe el ejido sino una inmensa diversidad de ejidos. Esta afirmación es una obviedad, pero conmina a desechar la pretensión que supone que sólo con políticas globales se puede enfrentar la problemática ejidal.

La diversidad en la propiedad social se expresa dentro del mismo ejido, entre ejidos de la misma región, y aún más si son de diferentes regiones. Las diferencias se refieren a la calidad y cantidad de tierra, a la disponibilidad de agua y a otras condiciones agroclimáticas; pero también, y no en menor medida, se refieren a las posibilidades de acceso a recursos, apoyos técnicos y mercados, a los patrones culturales, a las experiencias y madurez organizativa, a las diversas estrategias económicas de los campesinos y a la propia historia particular de la lucha campesina por ganar el acceso a la tierra.

Sería de la mayor gravedad intentar aplicar una política general frente a ejidos muy diferentes y frente a circunstancias muy diversas. Las soluciones deben ser regionalizadas y contemplar fenómenos y expresiones locales; es decir, no hay fórmula general. Esta óptica reclama una gran disposición política y grandes esfuerzos de concertación para que en cada lugar los ejidatarios decidan, sin restricciones burocráticas, cómo deben organizarse.

Para poder incorporar la variedad del universo ejidal en los procesos de cambio, resulta de la mayor importancia que las organizaciones regionales de los productores más sólidas asuman un papel de liderazgo regional. Que sean ellas las encargadas de orientar el debate, ponderando cada situación e intercambiando experiencias.

Una de las vertientes de esta discusión se refiere a la regulación excesiva. La regulación jurídica de las formas que puede adoptar la organización económica de los productores rurales, ha tenido un desarrollo histórico tal que hoy en día resulta ser inconexa, incoherente y con una superposición de figuras legales.

Esta «camisa de fuerza» normativa del crecimiento de la organización económica de los productores rurales, para el caso del ejido, está acompañada por una acción intervencionista por parte del Estado que sustituye o inhibe la iniciativa económica de los productores. Esta práctica social se basa en la normatividad que le permite a los organismos gubernamentales intervenir en la vida interna de los ejidos, en la integración de sus órganos directivos, en el control técnico financiero de su producción, y en la asociación productiva del ejido con inversionistas privados y con otros ejidos en la formación de empresas.

La presencia estatal en el ámbito ejidal ha sido una mezcla de excesiva regulación y escaso fomento. Esto se observa claramente en el crédito preferencial, donde la mayoría de los recursos se concentraban en las regiones más desarrolladas y en cierto tipo de productores, y una parte menor en recursos y muy menor en asistencia técnica y créditos refaccionarios, se canalizaba a los ejidos que realmente requieren del apoyo estatal para arrancar un desarrollo autosostenido.

En contrapartida a este ralo fomento en materia de crédito preferencial, los ejidatarios se veían abrumados, obstruidas sus iniciativas económicas y en muchos casos convertidos en jornaleros al servicio de los organismos gubernamentales, a través del denominado «crédito supervisado» y de las diversas reglamentaciones burocráticas que controlan su organización económica y la operación de sus actividades productivas.

Además, no se puede olvidar que buena parte de los organismos de fomento rural operaban o eran evaluados de acuerdo a programas y metas fijadas centralmente, que respondían a objetivos generales del sector. De esta forma las instituciones generaban intereses propios en cuanto al desarrollo rural, que pasaban por encima de las necesidades y demandas específicas de los productores.

Es este profundo desequilibrio entre regulación y fomento lo que lleva a plantear que el inmoderado intervencionismo estatal en la vida interna del ejido, ha sido factor determinante -para la mayoría de los casos- de su desempeño productivo. A su vez, esto ha limitado severamente las posibilidades del ejido de acrecentar y retener su excedente económico, para capitalizarse y mejorar los satisfactores del bienestar.

También es necesario enfatizar que la regulación resulta anacrónica en cuanto a su intención de aislar el desarrollo productivo de los diferentes regímenes de tenencia de la tierra.

El problema no es la inmovilidad de la tierra, sino la inmovilidad de los factores de la producción respecto de una normatividad que impide la integración vertical y los encadenamientos horizontales en las actividades económicas del campo mexicano.

Otro plano de la problemática ejidal son los límites a la asociación entre sectores, el celo desmedido por aislar a los ejidatarios y comuneros de otros agentes económicos. Lo anterior se vinculó con una elaboración ideológica cuyo supuesto básico era condenar las asociaciones productivas sobre el entendido de que siempre serían injustas para los ejidatarios. La metáfora que acompañó esta visión era la que se tiene del «corral donde se meten juntos a los lobos y a las gallinas».

El problema de fondo con una regulación que trata de separar artificialmente a los productores rurales de los otros agentes económicos, ya sean inversionistas, comerciantes, industriales o de los mismos consumidores, estriba en que de todos modos y por la naturaleza propia de sus actividades, los agentes económicos encuentran fórmulas de vinculación, pero caracterizadas por ser inseguras, inestables, sin acceso a los canales de fomento y más aún, peculiarizadas por la simulación.

En este ambiente de irregularidades legales en las prácticas de los agentes económicos, y de ausencia por parte del estado de acciones de fomento y de conciliación y arbitraje en torno a las asociaciones entre sectores, es natural que proliferen el rentismo, el acaparamiento de tierras y los contratos leoninos de compraventa o suministro.

No se trata de reconocer en forma cínica, las deformaciones de la organización económica rural sólo para avalarlas con una buena dosis de pragmatismo sin principios, sino de buscar establecer reglas claras del juego, donde las decisiones de los productores son objeto de apoyo y protección a través de una normatividad que reconoce y fomenta su libertad para asociarse en esquemas estables y equitativos con otros agentes económicos.

Actualmente, las posibilidades de asociación entre sectores privado y social se limitan a contratos de compraventa o suministro y contratos de asociación en participación. Estos últimos, sin implicar la conformación de una figura jurídica propia, establecen una relación contractual que permite a ejidatarios y comuneros garantizar la titularidad y la posesión de las tierras, obtener inversión para capitalizar su unidad de producción, incorporar tecnología y mejorar sus ingresos.

Sin embargo, la asociación en participación presenta desventajas en varios aspectos fundamentales: primero, no garantiza los plazos necesarios para la plena recuperación de las inversiones; y segundo, no contempla mecanismos de seguridad para el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Y el reto verdadero está en crear las condiciones para que las relaciones contractuales con agentes privados, resulten lo más beneficiosas posible para los ejidatarios; y esto sólo se logra conformando un espacio institucional y jurídico adecuado para que los productores rurales puedan acceder al control de eslabones estratégicos en la cadena producción-consumo.

Finalmente, otro elemento central a incorporar en el debate sobre la transformación del ejido, se refiere a que en la gran mayoría de los ejidos persiste la tendencia a un creciente desequilibrio en la relación hombre-tierra; la cual ha hecho cundir en múltiples regiones el minifundismo.

La transformación del ejido corre el riesgo de frustrarse si no se resuelve este problema de productividad y organización económica en el minifundio, sin ellas, ningún proyecto productivo, ningún programa de fomento es viable.

Por esto todas las reformas orientadas a liberar el potencial de organización económica del ejido, deben disponer tanto de opciones de reconversión productiva y nuevas tecnologías productivas que tengan relación con la disponibilidad de factores del minifundio, como de acciones efectivas para enfrentar la fragmentación por cesión, el arrendamiento, la aparecería, el ausentismo, y otras prácticas que distorsionan el carácter del ejido como unidad económica.

Todos los esfuerzos autogestionarios que han desarrollado los campesinos durante los últimos años y a contracorriente de la acción estatal, entran en una nueva fase que perfila la actuación de un ejido transformado que confluye con la reforma del estado para liberar las capacidades productivas del campo.

Gustavo Gordillo. Subsecretario de Política Sectorial y Concertación de la SARH.