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El 25 de febrero de 1990 representó un hito histórico en el desarrollo político de Nicaragua. Por primera vez en la historia del país un gobierno revolucionario acepta su derrota electoral y declara su disposición de entregar el poder a un nuevo gobierno democráticamente electo. Con este suceso se inaugura un nuevo capítulo para la profundización de la democracia en América Latina bajo condiciones muy adversas:

· Una guerra prolongada de «baja intensidad», pero con serias consecuencias para la economía y la vida social del país.

. Una economía en proceso de ajuste que con el paquete de la «compactación» entró en una fase de reorientación en las necesidades económicas, quedando por encima de los supuestos mandos de la dirigencia militar.

· Una cultura política altamente polarizada que se concretiza en el choque del complejo del antisandinismo con el complejo del antiamericanismo.

Ante este escenario, y contemplado desde la perspectiva del presente, no parece ser tan grande la sorpresa de que a pesar de las predicciones de casi todas las encuestas y de su propio triunfalismo no ganó el FSLN, sino la coalición de los 13 partidos reunidos en la UNO con 54.7%. Resultó que en un lapso de 6 meses se pudieron establecer términos de entendimiento entre el gobierno de Violeta de Chamorro y el FSLN que garantizaron a los sandinistas una participación sustancial en las decisiones gubernamentales, demostrándose igualmente la incapacidad de Violeta de Chamorro para mantener la unidad dentro de la UNO.

El voto de 40.8% para el FSLN encuentra entonces su realización en una forma de «cohabitación» sandinista en la política nicaragüense. La discusión resultante sobre pragmatismos y principalismo en el FSLN acompañó el camino de los sandinistas hacia su primer congreso planeado para los días 19, 20 y 21 de julio de 1991.

¿PACTISMO O CUOTA DEL PODER?

Los acuerdos de transición firmados entre el gobierno saliente y una comisión nombrada por la nueva presidenta representan una primera prueba para la coalición de la UNO. Fuerzas radicales rechazaron cualquier acuerdo con los sandinistas y criticaron fuertemente la permanencia de Humberto Ortega como jefe del Ejército Popular Sandinista. Los sandinistas, por su lado, en un intento por salvar elementos políticos de su gobierno, promulgaron leyes de mayor envergadura al por mayor antes de la entrega del poder el 25 de mayo de 1990. Este intento de subsanar faltas de 10 años de gobierno en un lapso de 3 meses vino acompañado de la «piñata sandinista», un proceso hasta hoy poco esclarecido, que consiste en pasar bienes estatales a organismos no gubernamentales bajo control sandinista o bien como regalías personales.

Aunque el nuevo gobierno declare inexistentes los decretos y leyes promulgados en la fase de la transición, hasta hoy queda sin resolución política el comportamiento de ciertos funcionarios sandinistas durante «la piñata». En julio de 1990 el FSLN aprobó la instalación de una Comisión de Etica para investigar en su propio seno estas actitudes sin que hasta la fecha se hayan dado a conocer los resultados de las pesquisas correspondientes.

Las huelgas de mayo y la huelga general de julio, organizadas especialmente por el Frente Nacional de Trabajadores de reciente creación en abril de 1990, que aglutina todos los sindicatos sandinistas, pueden interpretarse como un primer intento de medir fuerzas con el nuevo gobierno. Aunque las reivindicaciones laborales habrán sido muy pertinentes, quedó remarcada la solución del conflicto de julio- que llevó al país al borde de una guerra civil- , a través de un entendimiento entre el FSLN y el gobierno. Los sindicatos del FNT solamente llegaron a firmar acuerdos en cuyas negociaciones con el gobierno no habían participado públicamente.

La valoración de esta primera crisis del gobierno de Violeta de Chamorro es muy heterogénea según la postura que se guarde en el escenario político polarizado: el FSLN vio reforzada su opinión de que no será posible un gobierno en abierta confrontación con el sandinismo e incluso se oyeron voces que alababan el éxito de un «gobierno desde abajo» como nueva estrategia del FSLN. Los sectores radicales de la UNO detectaron un entreguismo del gobierno a los sandinistas, y llegaron a la conclusión de que con este procedimiento se veía tergiversada la votación popular en favor de una separación definitiva entre el sandinismo y el poder.

La continuidad del pactismo sandinista con el gobierno no solamente abarca los Acuerdos de Transición, sino que pasando por la contención de la violencia en la huelga de julio, encuentra su concreción en otras tres decisiones claves:

. Los Acuerdos de la Concertación Económica y Social firmados por los sindicatos del FNT, del progobiernista CPT y el gobierno, mientras que los empresarios del COSEP rehusaron en último momento firmar los acuerdos al ver frustradas sus intenciones de recibir patentizada la devolución de bienes confiscados y nacionalizados durante el gobierno sandinista.

· La aceptación del veto presidencial contra recortes ampliados al presupuesto del Ejército realizados anteriormente por la UNO, votando la bancada sandinista de la Asamblea Nacional con la parte progobiernista de la UNO a finales de diciembre de 1990.

· La elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Alfredo César, gracias a los votos sandinistas, lográndose así una mayoría contra los grupos más radicales de la UNO.

Esta cooperación parlamentaria y extraparlamentaria ente el FSLN y el gobierno obedece a dos factores. Por un lado quedó claro que el sandinismo como fuerza social no quedaba liquidada por la derrota electoral, aunque sus bases sobre el tiempo -especialmente a nivel sindical- se hubieran debilitado. Por otro lado el gobierno no logró preservar a través de sus acciones la coherencia de la UNO, que desde su fundación más bien obedecía a su común denominador como organismo antisandinista. Por lo tanto la fracturación dentro de la UNO se enfrenta con el FSLN, cuyo máximo interés a su vez fue evitar cualquier ruptura de la unidad como consecuencia de la inesperada derrota electoral. Por lo tanto se enfrentan más bien partes de la UNO que no aceptan la negociación con la oposición, con un FSLN que por lo menos en la votación parlamentaria siempre aparece como un bloque que no demuestra fisuras internas. Esta falta de visible divergencia interna le hace aparecer a sus contrincantes políticos como algo amenazante, una imagen que podría desaparecer con la discusión rumbo al congreso del FSLN.

La cuota del poder que se aseguró el FSLN a través de su apoyo al gobierno se evidencia para la parte radical de la UNO en el lento proceso de la devolución de bienes, en la falta de investigación a «la piñata» sandinista y las violaciones del derecho por partidarios sandinistas. En última instancia se critica la distorsión de la voluntad popular que se refiere al término del acceso del sandinismo al poder, olvidándose con este juicio que el sandinismo, por su carácter de movimiento, siempre fue más que un mero partido político entre otros. Por lo tanto la actitud del gobierno de apoyarse en una «cohabitación sandinista» responde a la relación de fuerzas reales aprovechando al mismo tiempo la capacidad de gestión interna del FSLN frente a los sindicatos del FSLN que en muchas ocasiones comprobaron no haber desarrollado todavía la responsabilidad compartida que necesita el país.

LA INDEFINICIÓN POLÍTICA GUBERNAMENTAL

Las primeras acciones del gobierno de Violeta de Chamorro, que pusieron fuera de función todos los decretos del gobierno saliente emitidos entre las elecciones y la entrega del poder, dieron la impresión de que se iba a proceder hacia una revisión de la estructura completa legada por la revolución sandinista. Pero el mismo nombramiento del gabinete presidencial muy rápidamente puso de relieve que el esquema esperado por los políticos de la UNO no iba a cumplirse: todos los puestos clave del gobierno, empezando con el ministro de la Presidencia Antonio Lacayo, yerno de la Presidenta, quedaron en manos de la familia Chamorro o fueron entregados a tecnócratas sin afiliación partidista, relegando a segundo término dentro del gabinete a algunos políticos de la UNO. La mayoría de los líderes de los partidos de la UNO se sintieron defraudados y marginados del poder, solidarizándose con la suerte del Vicepresidente Virgilio Godoy, al cual ni siquiera le fue asignada una oficina.

Esta decisión de la Presidenta, que también asumió el Ministerio de Defensa, fue profundizando una división en la UNO entre los seguidores de la Presidenta y aquellos políticos que buscaban la cercanía con el Vicepresidente para retar al equipo de la familia Chamorro. Este enfrentamiento se concretó en diferentes escenarios, enfocándose especialmente contra la persona de Antonio Lacayo. Hasta el Cardenal Obando y Bravo intervino en este conflicto, al opinar públicamente que la Presidenta no poseía el control completo sobre el poder, por lo que quedó vinculado con el levantamiento de los alcaldes de la UNO en las zonas fronterizas con alta proporción de fuerzas de la Contra desmovilizadas. Este conflicto hizo estallar a finales de noviembre la segunda fuerte crisis del gobierno de Violeta de Chamorro y se logró calmar gracias a varias discusiones entre los alcaldes y el gobierno con el ofrecimiento de un mayor apoyo para el funcionamiento de las municipalidades en las zonas afectadas por la guerra y la desmovilización.

De nuevo quedó comprobada, a través de esta crisis, la débil base política del gobierno, ya que se trató de un enfrentamiento entre las mismas fuerzas de la UNO; pero al mismo tiempo el gobierno tuvo que recurrir al esquema de negociación ya aplicado en el caso de la Concertación Económica y Social, sosteniendo una tregua temporal, sin intentar la solución del problema. Con miras a las conferencias de donantes en Roma (junio) y París (diciembre) se llegó a definir un acuerdo para desescalar la crisis aguda y dejar una solución a un posible ingreso de recursos adicionales de ,cooperación externa. Esta salida ante la escasez de recursos nacionales es clara prueba de los reducidos espacios de acción que le quedan al gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. La postulación de un trato especial ante la «excepcionalidad» de la situación socioeconómica del país, hasta la fecha no pudo convencer a los organismos multilaterales de financiamiento (FMI, Banco Internacional) para otorgar fondos adicionales al país. Cualquier cooperación adicional será condicionada a la implementación de un programa de ajuste económico, que a Nicaragua le pone exigencias especiales por su interés actual de reinsertarse en el mercado mundial, ya que el CAME, con los cambios en Europa del Este, dejó de ser una contraparte eficiente en las relaciones comerciales.

Además el país enfrenta fuertes necesidades de reconversión industrial, porque con la tecnología obsoleta de la mayor parte de la pequeña y mediana industria nacional se está vaticinando una crisis profunda del sector ante la apertura comercial que implementa en este momento el gobierno. Esta reconversión no solamente se refiere al sector manufacturero nacional, sino a todos los sectores productivos con la necesidad de reajustar los estándares tecnológicos a los norteamericanos y europeos, revirtiendo así el mismo proceso que se había dado durante el gobierno sandinista en favor de la adaptación al sistema comunista. La esperanza de nuevas inversiones extranjeras se ve limitada a raíz de las deficiencias de la infraestructura, que para su buen funcionamiento necesita de montos considerables de financiamiento y que con el déficit comercial y de la balanza de pagos, el déficit presupuestal y la inflación de 11,000% en 1990, serán difíciles de crear internamente.

La privatización que al comienzo de su gestión el gobierno consideró el arma milagro para sobreponerse a la crisis, se convirtió en poco tiempo en un arma de doble filo, porque cualquier acción en esta dirección lleva la resistencia de los sindicatos y trabajadores. Las APP (Areas de Propiedad Popular), que en muchos casos solamente sobreviven con subsidios del gobierno, hasta la fecha no han entrado en el proceso de privatización, porque anteriores propietarios han levantado peticiones de devolución, que chocan con las esperanzas obreras de privatización en favor de los trabajadores. A la resultante parálisis económica- situación en algo parecida al proceso correspondiente en la ex-RDA- contribuyó en parte también la cuasi-estrategia del gobierno de indefinición ante esta situación para no hacer surgir conflictos políticos adicionales, que solamente afectarían más su débil base política. Con el peligro de que los conflictos sociales podrían convertirse rápidamente en choques armados por la amplia distribución de armas de fuego en la población y un ejército sandinista sobre cuyo comportamiento el gobierno no puede estar seguro. Tanto los desmovilizados de la Contra y del EPS (Ejército Popular Sandinista) que no pueden ubicarse en la economía en recesión, como el sector informal representan grupos fácilmente movibles para intereses políticos de muy diferente indoles. Por eso el gobierno prefiere administrar los problemas en vez de intentar una solución, que podría más bien resultar en una desestabilización política y social. Al disponer de recursos adicionales de cooperación externa se proponen programas sociales para atender emergencias sociales, pero tal concepto no encamina al país hacia una sustentabilidad propia con una perspectiva a más largo plazo. 

DE CÓMO VINO MARX Y CUANDO SE IRÁ

La pregunta más interesante sobre el desarrollo político de Nicaragua representa la futura estructura del FSLN. Aparte de que el FSLN puede considerarse el partido más sólido y fuerte del país, se encuentra ante la difícil tarea de encontrar su camino de partido de gobierno a oposición y de movimiento revolucionario a partido democrático de masas. La discusión interna al respecto, que había empezado poco después de la entrega del poder, se vio frenada por la decisión de la Dirección Nacional de posponer su primer congreso de febrero de 1991 a julio de 1991. La consiguiente desmovilización de la base y el ahogo de la discusión interna obedecieron al esquema de una apertura controlada desde la cúpula del partido, que prefirió «cerrar filas» antes de dejarse crear fisuras en el interior. El esquema propuesto a finales de enero de 1991 para la realización del congreso puede considerarse un avance sustancial hacia la democratización de las estructuras internas, dejando atrás los esquemas de representación sectorial que habían pedido las organizaciones de masas sindicatos, movimiento comunal, etc.) para no tener que pasar por la elección democrática en las asambleas departamentales.

Más allá de la discusión sobre la estructura interna es de mayor interés la actualización del programa histórico del FSLN. Basándose en el antiimperialismo, la nación soberana, la no alineación y la economía mixta, este programa necesita urgentemente una reinterpretación en términos de las condiciones actuales, especialmente ante los cambios en la Europa del Este. El intento de la Dirección Nacional del FSLN por preservar su carácter propio como partido nacional, choca con la experiencia de una cooperación política amplia con Cuba y los partidos comunistas de Europa del Este, que dejó sus huellas también en el interior del partido. Aunque en el FSLN ha pasado de moda su definición marxista-leninista confesa, siguen muchos elementos del modelo que durante diez años difíciles orientó y apoyó al gobierno sandinista. Temas claves como la función del Estado, la relación entre sociedad civil y Estado, hasta la fecha carecen de atención en las discusiones que en estos días se inauguran en el congreso. Las líneas de discusión interna han seguido esquemas muy intelectuales como se vislumbra en la tesis de Sergio Ramírez, cuya meta es la conciliación entre pragmatismo y principalismo. Hasta ahora poco se ha profundizado en la necesidad de redimir la posición del país en las condiciones actuales de una nueva integración en el mercado mundial que deja poco espacio para experimentos nacionales.

El rumbo que tomará el FSLN en la transición de movimiento a partido, de monismo a pluralismo, de autocracia a democracia será uno de los procesos más interesantes en el desarrollo de los partidos políticos de América Latina. El papel, que corresponderá en el futuro a la Dirección Nacional, y sus esquemas, cuyo objetivo es el establecimiento de equilibrios entre las diferentes corrientes del partido, marcará el paso de la transformación del partido hacia un mayor pluralismo con la consecuente diversidad interna, o hacia un esquema cerrado que proyecte solamente hacia el interior las diferencias de estrategias y tácticas en un ambiente político que involucra en gran medida al partido en la política gubernamental.

LA NICARAGUA POSIBLE

Los grandes retos que enfrenta el L nuevo gobierno de Nicaragua sólo pueden resolverse en una labor conjunta de gobierno y oposición. Los grandes esquemas de una «contrarrevolución» o de «ni un paso atrás» no ayudan para que el país, con su economía de sobrevivencia, logre encaminarse hacia un lento proceso de recuperación económica. El apoyo y la responsabilidad que prestó y asumió el FSLN frente al gobierno pueden considerarse ejemplares en un ambiente político todavía muy polarizado y poco estable. La búsqueda de la Nicaragua posible, y no de la Nicaragua del «todo o nada» está en camino y hay que esperar que también la comunidad internacional logre entender y valorar este gran esfuerzo tanto del gobierno como del FSLN, aunque no corresponda a las esperanzas ideológicas del fin definitivo del sandinismo. La actitud que se adoptará frente a esta política de reconciliación por parte de Estados Unidos es la pregunta clave para la recuperación del país; mientras Estados Unidos no quiera descartar su preferencia por una línea basada más bien en términos ideológicos, no se hará más viable el camino hacia la Nicaragua posible.