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A lo largo de casi tres años de gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha usado las “mañaneras” para intentar presumir los escasos logros de su administración. Más allá de ser sesiones informativas, estas conferencias matutinas se han consolidado como una estrategia para gobernar a través de la estigmatización, polarización y reproducción de mentiras. El tercer informe de gobierno no fue más que una extensión de estas conferencias y evidenció tanto la calculada estrategia de desinformación como la promoción de una realidad distinta a la que vive México. Se trató de un informe contaminado con indicadores no verificados, verdades a medias y acusaciones y denostaciones en contra de sus adversarios, en el que el presidente presentó información que no afecta la imagen del régimen, pero omitió datos que ocultan las diferentes crisis que enfrenta el país. De los muchos temas y afirmaciones que causaron polémica en este último informe de gobierno, hemos seleccionado algunos que parecen vulnerar los signos vitales del país y que, por lo tanto, ponen en riesgo muchas de las metas de éste y otros gobiernos.

Ilustración: Víctor Solís

Un cuestionado Estado de derecho

En materia de derechos humanos, el presidente afirmó que durante su administración no se han violado los derechos humanos de los migrantes, con una sola excepción: el caso en el que dos miembros del Instituto Nacional de Migración —que ya han sido suspendidos— golpearon a un ciudadano haitiano. La realidad, sin embargo, es que desde que Donald Trump amenazó al gobierno mexicano en 2019 con incrementar las tasas impositivas al comercio con México si éste no disminuía los flujos migratorios, el gobierno de AMLO viró hacia una política migratoria de detención masiva y militarizada. Tres meses después de la firma del acuerdo migratorio entre ambos países en junio de 2019, el gobierno mexicano ya había desplegado a 25 000 tropas de la Guardia Nacional —10 000 en la frontera sur y 15 000 en la frontera norte— que habían detenido a cerca de 81 000 migrantes. Tan sólo en el primer año de la actual administración, la organización Human Rights Watch documentó 32 secuestros o intentos de secuestro de migrantes en ciudades fronterizas, así como múltiples casos de extorsión por parte de las autoridades mexicanas. Los niños han sido uno de los principales blancos: al menos 38 menores han sido víctimas de secuestro. Asimismo, la organización reporta más de 1000 casos de homicidio, violación, secuestro y tortura en contra de solicitantes de asilo que han sido enrolados en el programa “Quédate en México”.

Durante su informe, el presidente también aseguró que “la independencia de los poderes Legislativo y Judicial, así como de la Fiscalía, es una realidad”. No obstante, la Suprema Corte de Justicia no se ha pronunciado en más de veinte controversias y acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de algunas de las leyes y políticas centrales del gobierno de Morena. Esto significa que, en los hechos, estas disposiciones se mantienen en activo, lo que pone en duda la independencia del Poder Judicial.

A pesar de que el presidente aseguró que existe una plena legalidad, basta con revisar sus decisiones para saber que esto es falso. Desde 2018 el Ejecutivo federal emprendió una serie de reformas en las que ni los legisladores de su partido ni el propio presidente se interesaron en cumplir con las formas procedimentales para modificar la Constitución. Por si esto fuera poco, muchas de estas reformas acotan derechos previamente reconocidos, invaden las competencias de otros poderes y limitan la transparencia en el uso de los recursos públicos.

En su último informe, esta asociación civil cuenta al menos cuarenta acciones ilegales por parte de la actual administración. Entre los casos más controvertidos hay nombramientos de miembros de los órganos constitucionalmente autónomos, como el de Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuatro comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el del titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Asimismo, fue de particular interés la aceptación en el Senado de la renuncia del entonces ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora. Para muchos observadores, este último caso fue inconstitucional, ya que el artículo 98 de la Constitución establece que las renuncias de los ministros solamente procederán por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Este proceso no se cumplió, ya que el exministro no proporcionó argumentos que validaran las causas graves de su dimisión.

Aunado a ello, el gobierno actual ha violado disposiciones incluidas en el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, principalmente en materia energética, al dotar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con ventajas injustificadas frente a sus competidores. Cabe mencionar que el presidente también ha presionado públicamente a miembros del Poder Judicial que han tomado decisiones contrarias a su proyecto. Tales son los casos del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica, y del magistrado Jorge Camero Ocampo, suspendido por acusaciones de corrupción, quien otorgó amparos contra la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.

En el terreno de la seguridad, hay que reconocer que la incidencia delictiva ha mejorado de manera marginal. En términos generales, sin embargo, la violencia y el crimen se mantienen casi igual que a finales del sexenio pasado. Aunque los homicidios disminuyeron en un 0.7 % al comparar los primeros seis meses de 2021 con el mismo periodo en 2020, la administración de López Obrador está por rebasar los 100 000 homicidios.

Más pobres, menos calidad en salud y menos aprendizaje

El sector social también ha resentido las consecuencias de las malas decisiones del actual gobierno. El manejo de la pandemia y la salud pública en general no han sido una prioridad para el presidente. En el informe, el presidente López Obrador afirmó falsamente que el 65 % de la población en México ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Pero, de acuerdo con Signos Vitales, en septiembre de 2021 sólo el 27.2 % de la población cuenta con el esquema completo de vacunación, mientras que un 17.91 % más tiene una sola dosis. Estas cifras sugieren que sólo el 45.11 % de los mexicanos ha recibido al menos una dosis de la vacuna, un dato muy alejado de lo que menciona el Ejecutivo federal. El desorden administrativo en el sector salud se refleja en el desabasto de medicamentos, infraestructura y equipamiento médico para hospitales, pero sobre todo en el exceso de muertes, que rebasa por mucho lo observado en años anteriores. La Secretaría de Salud señala que, hasta agosto de 2021, se esperaban 1 189 106 muertes por distintas causas, pero el registro fue de 1 697 553 muertes observadas. Es decir: en el último año murieron más de medio millón de mexicanos que en circunstancias normales no habrían muerto. El exceso de mortalidad indica que solo 245 000 muertes fueron a causa del nuevo coronavirus, pero no explican qué pasó con las otras 262 000 muertes registradas.

El impacto de la crisis sanitaria y la ausencia de medidas para paliar y evitar el empobrecimiento masivo de la sociedad se reflejan en las cifras de 2020. La pobreza pasó del 41.9 % de la población en 2018 al 43.9 % en 2020, lo que implica que más de 3.8 millones de personas han caído en la pobreza. Esta crisis también se presenta en los niveles de pobreza extrema, que pasaron del 7 % en 2018 a 8.5 % en 2020, lo que significa un aumento de 2.1 millones de personas en pobreza extrema. Es decir, en dos años perdimos lo avanzado en casi un lustro en términos de pobreza y bienestar social.

A diferencia de lo que mencionó el presidente en su informe, de acuerdo con el Coneval, al menos tres de los seis indicadores de carencias sociales aumentaron entre 2018 y 2020. El acceso a los servicios de salud, por ejemplo, pasó del 16.2 % de la población al 28.2 %. Por su parte, la carencia de alimentación nutritiva y de calidad pasó de 22.2 % a 22.5 %. Por último, el rezago educativo creció de 19 % a 19.2 %.

Este último indicador es especialmente importante, pues uno de los mayores fracasos de este gobierno ha sido el educativo. Los logros mencionados en el informe de gobierno no coinciden con los principales problemas que enfrenta México, incluso concediendo que la pandemia ha contribuido al rezago y abandono escolar en el país. Actualmente el Inegi reporta que el porcentaje de la población que no concluyó el ciclo escolar por motivo de la pandemia decrece conforme aumenta el nivel de escolaridad. De acuerdo con el mismo Instituto, el 94.7 % de los alumnos de preescolar que no terminaron el año escolar 2020 dejaron la escuela a causa de la pandemia, mientras que entre los estudiantes de educación superior sólo el 44.6 % abandonó sus estudios a causa de la emergencia sanitaria. Por otro lado, el porcentaje que no concluyó el ciclo escolar 2019–2020 por falta de recursos o porque tenía que trabajar fue de 5.6 % para el nivel de secundaria, 43.7 % para el nivel de media superior y de 25.1 % para el nivel superior. De continuar con una precaria política educativa, las consecuencias para millones de niñas, niños y adolescentes podrían ser enormes y lamentables.

Sin crecimiento económico y con un incierto futuro energético y ambiental

De acuerdo con el presidente, la pandemia no desembocó en una crisis de consumo. No obstante, las remesas y los apoyos de los programas de bienestar fueron las variables que mantuvieron la estabilidad económica del país. De acuerdo con el Inegi, el número de personas ocupadas en la economía llegó a su máximo histórico en el cuarto trimestre de 2019 (55.68 millones). Al tercer trimestre de 2020 se observó una pérdida de 4.87 millones de empleos respecto al último trimestre de 2019. Gran parte de esta pérdida (78.4 %) se observó en el sector terciario de la economía (3.82 millones de personas desocupadas). Al segundo trimestre de 2021, el número de personas ocupadas se ha incrementado en 4.43 millones respecto al tercer trimestre de 2020. Este impulso se debe en parte al incremento en el número de personas ocupadas en el sector terciario, el más afectado (3.45 millones más que en el tercer trimestre de 2020).

Sin embargo, trimestre a trimestre el número de personas mayores de quince años (en edad de trabajar) creció de tal forma que puede generar distorsiones en el mercado laboral, e incluso más allá de éste, como en el mercado educativo. Esta distorsión se expresa en un mayor crecimiento de la población no económicamente activa entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2021 (2.21 millones de personas), mientras que la población económicamente activa sólo aumentó en 42 733 personas. Es decir: muchas personas en edad de trabajar están quedando excluidas del mercado laboral. Por si esto fuera poco y, otra vez de acuerdo con cifras del Inegi, al mes de junio de 2021 la Inversión Fija Bruta mantiene niveles semejantes a los de noviembre de 2010, lo que implica once años de atraso.

El presidente declaró que la nueva política energética busca que México produzca las gasolinas que consume y que deje de importarlas. Sin embargo, el Sistema Nacional de Refinación produce apenas el 60 % de los petrolíferos que vende Pemex. En lo que va de la actual administración, la producción de petróleo crudo ha permanecido casi en el mismo nivel. De acuerdo con cifras de la Base de Datos Institucional de Petróleo Mexicanos, en diciembre de 2018 la producción de crudo era de 1.71 millones de barriles diarios, y en julio de 2021 el nivel de extracción fue de 1.7 millones de barriles. A pesar del bajo nivel de producción y del nulo crecimiento del mismo, el volumen de petróleo enviado a las refinerías en el mismo periodo se ha incrementado en un 24.7 %. Sin embargo, debido a las condiciones en las que se encuentran las refinerías en México, la elaboración de gasolinas ha aumentado apenas un 19.2 %, mientras el combustóleo lo ha hecho en un 42.1 %. Actualmente, la producción de combustóleo supera a la de gasolinas en México.

La débil situación financiera de Pemex, así como las operaciones encubiertas realizadas por la CFE —por ejemplo: los subsidios cruzados— representan un foco rojo para las finanzas públicas mexicanas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a junio de 2021 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (un indicador amplio de la deuda nacional) es de 12.4 billones de pesos, mientras que en 2018 fue de 10.55 billones de pesos.

Por otro lado, el gobierno ha demostrado un completo desinterés por el medio ambiente. No existe una política ambiental que delinee una estrategia para lograr la sustentabilidad en el país. Los logros reportados en el informe no reflejan un avance que resuelva el verdadero problema: fomentar el crecimiento económico sin vulnerar el entorno natural. La falta de confiabilidad en las acciones realizadas por el gobierno federal en esta materia quedó en evidencia cuando diversos medios de comunicación reportaron que el tercer informe de gobierno había reproducido sin más la información contenida en el segundo informe en relación a las emergencias ambientales registradas en el país entre 2019 y 2020. La acumulación de rezagos ambientales se ve reflejada en la contaminación del agua, el aire y el suelo. Los resultados en términos ambientales parecen nulos y la necesidad de actuar en función de un desarrollo sostenible como se planteaba a inicios de la administración es urgente.

Comentarios finales

El tercer informe de gobierno del presidente López Obrador no da cuenta de la realidad del país. México avanza hacia un terreno desconocido en economía, salud, educación, energía renovable y seguridad pública. La falta de oficio en la creación e implementación de políticas públicas por parte del gobierno se ha hecho cada vez más evidente, reflejando un desconocimiento en el manejo de los problemas públicos, así como una ineficiencia y pasividad en su procesamiento.

La huella de este gobierno es visible en la destrucción de instituciones, en el desmantelamiento de las capacidades gubernamentales y en la injustificada racionalización presupuestaria en temas prioritarios. La notoria escasez de resultados en prácticamente todas las áreas en las que el gobierno tiene injerencia es una muestra de que la ruta ha fracasado. Los rezagos en materia de crecimiento y desarrollo en México son consecuencia de la inacción del gobierno. El costo para el país y los mexicanos se verá reflejado en muchos años de avance perdidos en áreas donde se logró mejorar y construir. Pero, sobre todo, a estos años de retraso habrá que sumarle los años que tomará llegar a los niveles en los que estuvimos, como país, en 2018.

 

Signos Vitales
Asociación civil, apartidista, sin fines de lucro comprometida con los principios democráticos y de libertad

 

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