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Si yo me llamara Marcelo, Claudia, Enrique, Ricardo, o fuera aspirante a la presidencia de la República, estaría concentrado en este momento en quitarle a Manuel Bartlett todo el poder que tiene y evitar que presente o logre su reforma constitucional.

Ilustración: Adrián Pérez

¿Por qué? Porque la reforma intenta legalizar lo que el gobierno ha pretendido hacer desde abril del año pasado y que es contrario al orden constitucional. Me refiero a cambiar el orden de despacho de la energía (el orden en que se recibe en la red) para dar poder discrecional a algunos servidores públicos, facultad que ha sido disfrazada de “dar preferencia a la CFE”. Con ello, se pretende mantener el uso de centrales de generación caras y que un funcionario pueda decidir, sin criterios claros y en total opacidad, a quién se le recibe la energía. Voy en orden cronológico.

El 29 de abril de 2020 se intentó evitar la entrada de centrales de generación renovable y modificar el despacho con el acuerdo del Centro Nacional de Control Energía (Cenace). Pero el gobierno se dio cuenta de que el Cenace no tiene facultades para cambiar las cosas así, pues el acuerdo era contrario a su marco regulatorio. Entonces, violando el debido proceso, el 15 de mayo de 2020 la Sener emitió una política de confiabilidad que de nuevo buscaba darle poder discrecional a ciertos funcionarios públicos para decidir quién se podía instalar, y quién podía generar energía que se recibiría en el sistema eléctrico. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cambiar el despacho para dar facultades discrecionales sin criterios claros y así priorizar a una empresa (CFE), además de frenar los proyectos de energía renovable, era contrario al orden constitucional. Por eso eliminaron la mayoría de las “novedades” de la política de confiabilidad.

Entonces el Poder Ejecutivo decidió cambiar la ley. En la ley le dieron facultades discrecionales al director de una empresa para decidir a quién se le recibe la energía y a algún burócrata para saber a quién se le permitía generar. Pero, hasta ahora, al menos un juez ha determinado que esta reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) es contraria a la Constitución y, considerando que la reforma a la LIE coincide con los artículos declarados inconstitucionales de la política de confiabilidad del 15 de mayo del año pasado, es muy probable que la Suprema Corte también declare que la LIE reformada viola la Constitución. Y como todas las acciones atenciones terminaron siendo declaradas contrarias a la Constitución, en lugar de entender el error, intentarán cambiar la Constitución. De ahí nace la intención de la reforma constitucional. Empero, en caso de lograrse —esperemos que la oposición evite este cambio en la Carta Magna, pues está en sus manos—, generará daños al país. ¿Como cuáles?

De concretarse, las inversiones ya hechas tendrían que respetarse, con lo cual tendría que crearse un segundo modelo de “contratos legados”. En otras palabras, por principio constitucional no se puede aplicar la ley de forma retroactiva y quienes ya tienen derechos deben ser respetados. Por lo que tendríamos, al mismo tiempo, los permisos que entraron en operación antes de la reforma de 2013 (autoabastecimientos, productores independientes de energía), los permisos del marco jurídico actual (subastas, mercado eléctrico) y los permisos y el orden generados por la nueva reforma.

Eso inutilizaría la reforma nueva, ya que se tendría que respetar lo ya existente; por lo tanto, el incremento de despacho a la CFE sería marginal, además de que no corregiría el gran problema: la CFE y el gobierno mexicano no tienen dinero para satisfacer la demanda creciente de energía.

Y, si se impone el nuevo orden que la reforma establecería, lo que significa dar prioridad en el despacho a la CFE por encima de generadores más baratos, se terminaría por afectar las inversiones. De esta forma, el Estado mexicano se vería forzado a pagar indemnizaciones millonarias a los generadores que decidan defender sus derechos ya adquiridos y demandar al gobierno de México.

Pero estas demandas no se resolverían en procesos cortos, sino en litigios internacionales que rebasarían al sexenio. Los daños por no respetar los derechos tan sólo de subastas y mercado eléctrico serían superiores al billón de pesos, pero los que tendrían que pagar serían los del gobierno siguiente.

¿Quien ocupe la presidencia a partir de 2024 estaría de acuerdo en iniciar su mandato con deudas que significan alrededor del 20 % de su presupuesto de egresos anual sólo por cumplir el capricho del director de la CFE? Porque este gobierno inicia este pleito sabiendo que lo terminará perdiendo, y que los responsables de ese desastre estarán riéndose en su casa, mientras el gobierno mexicano tendrá que pagar con el dinero del erario.

No sólo eso: este adeudo será sin agregar un solo watt nuevo de capacidad de generación y sin garantizar la satisfacción de las necesidades energéticas del país.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

 

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