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México tiene una larga y muy mal entendida historia constitucional. Por un lado, hay una narrativa muy apreciada por los historiadores del régimen priista que coincide con la perspectiva del inquilino actual de Palacio Nacional. En ella se cuentan los valiosos esfuerzos de un grupo de liberales, caracterizados por una enorme conciencia social que buscaron implementar un régimen de democracia e igualdad frente a la oposición férrea de la Iglesia, los terratenientes y el Ejército, cuyos miembros querían mantener un gobierno colonial de privilegios indebidos e injustos. Los frutos de esta labor se materializaron en la Constitución de 1857 y su versión reformada promulgada en 1917. Por otro lado, encontramos la narrativa de las “transiciones democráticas” de finales del siglo XX, que deriva en gran medida de la mirada académica estadunidense. Desde esta perspectiva, en México no hubo rule of law antes de las reformas de la década de 1990. Es decir, que las constituciones siempre habían sido un disimulo descarado y las elecciones, un ejercicio manchado por la corrupción. Por tanto, se habla de los grandes logros constitucionales de la transición con base en la conformación de las instituciones creadas en el marco de este proceso —como el IFE/INE— y las reformas emblemáticas aplicadas al Poder Judicial que, entre otras cosas, otorgaban facultades de corte constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ilustración: Víctor Solís

Vale la pena tener en cuenta estas dos narrativas a la hora de evaluar si México se encuentra en una crisis constitucional. El discurso presidencial ampliamente conocido por su ubicuidad en los medios sugiere que para Andrés Manuel López Obrador la Constitución revolucionaria se encuentra en crisis desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. La causa de dicha crisis estaría ubicada precisamente en las reformas que la narrativa de la transición considera como las fundadoras del orden constitucional en México: la independencia de la SCJN y los órganos autónomos. Al escuchar los juicios del presidente sobre dichos órganos, podemos observar con claridad su postura: los considera vehículos de la vieja reacción conservadora que buscan frenar sus planes para la cuarta transformación. No son garantes de la democracia, sino símbolos de la corrupción en el corazón del gobierno.

Sin embargo, para los defensores de la transición democrática este discurso y las acciones que lo acompañan son sumamente preocupantes. De acuerdo con su apreciación, todo apuntaría a que el presidente pretende recrear el viejo autoritarismo priista —incluso porfirista— al eliminar o amordazar los frenos constitucionales que limitan la actuación presidencial. En este sentido, el contorno de la crisis constitucional que se vive actualmente estaría delineado por la abierta hostilidad del presidente hacia el INE, sus intentos de prolongar la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la SCJN y sus declaraciones que retratan al Poder Judicial como “el enemigo” de la acción gubernamental.

Desde luego, ninguna de las dos narrativas es respaldada plenamente por la evidencia histórica. Como mi propio trabajo académico indica, hay una tradición constitucional en México que se remonta a la misma Independencia y si algo caracterizaba la vida política antes de 1857 eran los debates intensos sobre la mejor forma de implementar un gobierno representativo con una división de poderes que protegiera los derechos individuales de los habitantes de la república. También las investigaciones que han surgido del seminarioAtarraya Historia Política y Social Iberoamericana, coordinado por Alicia Salmerón y Fausta Gantús, desmantelan en forma convincente la idea de que las elecciones en México nunca fueron realmente competitivas. La historiografía demuestra que las elecciones en el siglo XIX podrían ser igual de impredecibles como las de hoy y, por consiguiente, fueron el objetivo de muchas campañas políticas intensas.

No obstante, la evidencia histórica sugiere que el enfrentamiento librado en el centro de la crisis constitucional actual —cualquiera que sea su definición— hunde sus raíces en esta historia constitucional. Las primeras constituciones vigentes en México —la de Cádiz de 1812, el Decreto de Apatzingán y la Constitución Federal de 1824— supusieron que el poder legislativo debía ostentar el monopolio para promulgar, derogar e interpretar la ley. De acuerdo con el pensamiento que respaldaba la preponderancia de esta organización, este poder debería regular la constitucionalidad por ser el representante máximo de la soberanía nacional. Además, consideraba que la integración heterogénea del Congreso evitaría que sus decisiones fueran presas de los intereses particulares.

Sin embargo, la experiencia de gobierno bajo la Constitución de 1824 reveló la falacia de esta suposición. Como señalaban sus críticos en la década de 1830, la supremacía legislativa llevó al Congreso General a consagrar pronunciamientos, emitir decretos de expulsión y, de manera recurrente, a comportarse como un poder soberano que gobernaba por encima de la Constitución. Las Siete Leyes (1836) intentaban resolver este problema por medio de la instauración de un cuarto poder de gobierno —el Supremo Poder Conservador— cuyo mandato era “conservar” la constitucionalidad (de ahí su nombre, que no tiene nada que ver con el conservadurismo como movimiento político). Entre otras atribuciones, este poder estaba facultado para revocar la legislación que resultara inconstitucional (a petición de uno de los demás poderes) para, de esta manera, subordinar a los representantes de la soberanía nacional a la Constitución.

La medida resultó muy controvertida y los críticos de las Siete Leyes argumentaron que el Conservador usurpaba facultades exclusivas del Congreso. Además, el Conservador fue protagonista de varias confrontaciones ásperas con el Poder Ejecutivo, el cual —en voz del presidente Anastasio Bustamante— recomendaba sin ambages su desaparición. Esta crisis constitucional, sin embargo, marcó el rumbo del constitucionalismo en el siglo XIX, pues el fracaso del proyecto de Supremo Poder Conservador llevó a la clase política a idear nuevas propuestas para frenar los abusos contra la Constitución. Gracias a los debates en torno a este punto, la Constitución de 1857 incorporó el juicio de amparo como mecanismo de control de la constitucionalidad en manos del Poder Judicial. La última instancia para este juicio fue la SCJN, que podía reputarse representante de la soberanía nacional al igual que el Poder Legislativo en virtud de que los magistrados eran electos por la misma vía que los diputados y el presidente.

Después de la Revolución, el amparo fue duramente cuestionado por su papel en el reparto agrario. Como demuestra el trabajo de Timothy James, durante la década de 1920 el amparo resultó ser un arma efectiva para que los terratenientes se defendieran contra la expropiación. En este contexto, algunos revolucionarios interpretaron la autonomía del poder judicial como un obstáculo para su proyecto político y, como había sucedido en el siglo XIX, calificaron las acciones de los tribunales como usurpaciones de la voluntad soberana de la nación. Los revolucionarios atribuían esta situación a la inmovilidad de los magistrados que la Constitución de 1917 había dispuesto. La diferencia con los debates del siglo XIX fue que ya no se alegaba que el Poder Legislativo fuera el máximo representante de la soberanía, sino que este papel fue atribuido al presidente. Como argumentó Antonio Díaz Soto y Gama en la Cámara de Diputados el 15 de mayo de 1928, ni Obregón ni Calles debían aceptar que “la Corte se constituy[era] en la revisora omnipotente de los actos revolucionarios del Ejecutivo”, pues las circunstancias exigían que este poder, “evidentemente orientado por la opinión pública, orientado y refrenado por el Poder Legislativo”, tuviera la última palabra en el gobierno. Estas opiniones llevaron a la abolición del amparo en materia agraria (1931); a las reformas constitucionales de 1928 que confiaron al presidente el nombramiento de los ministros de la SCJN; y a la reforma de 1934 que estableció la renovación de los titulares de la Corte en cada sexenio.

Vistos a la luz de este marco histórico, los debates constitucionales de hoy recorren caminos que ya han sido transitados: en el meollo de las declaraciones del presidente contra el INE o el Poder Judicial, se encuentra la convicción de que estos organismos deben subordinarse a su voluntad porque él lleva el mandato democrático de la nación soberana. Con base en este razonamiento se podrían justificar sus decisiones más cuestionadas, incluso la de someter a referendo la posibilidad de llevar a juicio a los expresidentes. Pero, a decir verdad, esta convicción entra en conflicto abierto con los mecanismos de control de la constitucionalidad propios de las reformas de la década de 1990 y, dicho sea de paso, con las disposiciones originales de las constituciones de 1857 y 1917.

La reiteración de una vieja querella entre dos maneras de entender la constitucionalidad provoca la sensación de crisis en la actualidad. Desde ambas perspectivas están en juego las bases mismas de la Constitución y la división de poderes: ¿deben la SCJN y los órganos autónomos tener las facultades para mantener a los poderes elegidos dentro de sus mandatos constitucionales? ¿Es su deber cuestionar “los actos revolucionarios del Ejecutivo”? O ¿tendrían que respetar la autoridad última del voto popular y subordinarse a los órganos que lo representan? En la medida en que estas preguntas pongan en tela de juicio la legitimidad de la Constitución en su forma presente, el desenlace de esta crisis pinta para ser tan determinante para el futuro del constitucionalismo como lo fueron las confrontaciones de las décadas de 1840 y 1920.

 

Catherine Andrews
Investigadora en la División de Historia del CIDE

 

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