A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

Desde que asumió la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha descalificado a diario a sus opositores, ha atacado o desmantelado instituciones asociadas al “viejo régimen” y ha iniciado acciones tendientes a centralizar poder en sus manos. Estos eventos son parte integral de la llamada “regresión” democrática que afecta hoy a países tan distintos como Brasil, Hungría, Turquía o la India. México es actualmente una instancia de este fenómeno. Aunque la democracia mexicana no ha perdido aún sus atributos esenciales, la vocación autocrática del actual gobierno es evidente y ha avanzado en la subversión de normas de tolerancia y de uso de buena fe de las reglas. Una serie de mecanismos de contención autocrática han funcionado hasta ahora, pero es preciso no confiar en su perdurabilidad en un contexto de desigualdad, crisis de representación y debilidad de la oposición política.

Ilustración: Víctor Solís

La regresión democrática es un proceso en el que las normas e instituciones básicas de una democracia son gradualmente erosionadas y a la larga destruidas, casi siempre de manera legal, por líderes y partidos electos popularmente.1 Lo curioso de esta metamorfosis es que se trata de un proceso lento, visible y anunciado. En 2010, cuando Nicaragua era todavía una democracia, el presidente Daniel Ortega prorrogó de modo irregular el mandato de funcionarios designados por el Congreso, entre ellos el de jueces aliados en la Corte Suprema, que hacía poco le habían abierto la puerta a su reelección. Esa reelección y la obtención de una mayoría calificada del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Asamblea Nacional en 2011 abrió el camino a la dictadura que gobierna hoy ese país. La idea es clara: la democracia se deteriora y muere en manos de líderes electos que anuncian sus intenciones con anticipación.

También es evidente que mientras las elecciones sean competitivas, el voto es el arma más poderosa para contener un proceso regresivo, sea para bloquear la continuidad del autócrata (si se reelige) o para quitarle apoyo a su partido en la legislatura. Donald Trump ejecutó muchas acciones que transparentaban intenciones autocráticas, la última de las cuales —la más grave— fue anunciar que de perder su reelección no reconocería el resultado. La diferencia con el caso mencionado antes fue que Trump, aun cuando rechazó los resultados e incitó a una rebelión, sufrió una clara derrota en la elección y su partido perdió fuerza en la legislatura. De esta manera, una mayoría de votantes en Estados Unidos impidieron (al menos por el momento) que la erosión democrática del país se transformara en una franca involución autocrática.

¿Dónde se ubica México? En los tres años que lleva de gobierno, López Obrador ha utilizado sus conferencias mañaneras para criticar a periodistas e intelectuales que cuestionan su gestión, para acusar a organismos autónomos y de control de estar sesgados contra el gobierno y para denunciar falsamente a organizaciones de vigilancia de la sociedad civil de estar financiadas por potencias extranjeras para socavar su gestión. Estas acciones debilitan la norma de tolerancia al disenso, que es fundamental para cualquier democracia. No obstante, más preocupantes todavía son los intentos de capturar o influenciar instituciones que ofician de árbitros del proceso político y el uso faccioso de la ley contra opositores.2

En junio de 2020, López Obrador cuestionó al Instituto Nacional Electoral (INE) no sólo como una agencia costosa y potencialmente inútil para garantizar elecciones equitativas, sino como una instancia que ha favorecido el fraude electoral en el país. En abril de 2021 consideró un golpe a la democracia que el INE y el Tribunal Electoral impugnaran por irregularidades en sus declaraciones de gastos de campaña las candidaturas de miembros de su partido para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán. Recientemente anunció que propondría al Congreso una reforma para renovar los miembros del Consejo General del INE y han surgido denuncias de una supuesta investigación iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra un consejero del INE con el que el gobierno ha tenido diferencias en el pasado.

Entre 2018 y 2019 el presidente nominó en tres oportunidades jueces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en procesos cuestionados en todos los casos por el perfil e idoneidad de los candidatos, y en dos por su cercanía política con el gobierno. En abril de 2021, la mayoría del gobierno en el Congreso aprobó en la reglamentación de la reforma al Poder Judicial un artículo transitorio que extiende por dos años el mandato del presidente de la SCJN. Esta medida transgrede el artículo 97 de la Constitución y enrarece el ambiente político, pues el actual presidente de la Corte ha dado sucesivas muestras de proximidad con el gobierno.3

Estos factores han llevado a un deterioro democrático. Si comparamos el 2020 con el 2016, México ha caído en el índice agregado de democracia del Economist Intelligence Unit y del Freedom House, así como en el índice de democracia liberal de Varieties of Democracy.4 Sin embargo, la democracia mexicana se sostiene. A pesar de los ataques e intentos de manipulación e influencia, las principales instituciones de control y contrapeso, como el INE y el Poder Judicial, siguen funcionando con autonomía. Si bien la coalición del presidente consiguió entre 2018 y 2021 controlar una amplia mayoría en ambas cámaras, nunca alcanzó las dos terceras partes requeridas para aprobar reformas constitucionales que pudieran cambiar la estructura de separación de poderes. Aunque mantuvo la mayoría absoluta, la elección intermedia de junio de este año redujo aún más el apoyo legislativo del gobierno. Por otra parte, una sociedad civil crecientemente activa, una pluralidad de medios de comunicación independientes y la cercanía del país con Estados Unidos, operan como barrera de contención para una deriva autoritaria.

Pero los signos ominosos están a la vista. La profunda desigualdad social y económica que existe en México lleva a que quienes son beneficiados por las políticas redistributivas del gobierno privilegien éstas por sobre cualquier criterio institucional abstracto, dejando la defensa de la legalidad en manos de los grupos relativamente más privilegiados. Esto, a su vez, alimenta aún más la polarización política e impide que una mayoría ciudadana reaccione a tiempo por medio de la movilización o el voto ante actos abusivos. Por otra parte, aunque el sistema de partidos tradicionales no ha colapsado, las capacidades competitivas de la oposición están hoy seriamente disminuidas, lo cual incrementa la posibilidad de construir un proyecto hegemónico. Alguna vez advirtió Guillermo O’Donnell que las nuevas democracias tienden a ser débiles y pueden morir por muerte súbita, como en un golpe de Estado, o por muerte lenta, al vaciarse gradualmente las prácticas democráticas. Este último proceso brinda avisos, muchos, y a veces se puede evitar lo peor. Pero la ventana de oportunidad no dura para siempre.

 

Gabriel L. Negretto
Profesor del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor afiliado de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)


1 Haggard, S., y Kaufman, R. Backsliding, Cambridge University Press, Nueva York, 2021.

2 Sobre la importancia de estos factores en procesos de erosión democrática, ver Levistky, S., y Ziblatt,D. How Democracies Die. Penguin, Nueva York, 2018.

3 Para apaciguar las críticas recibidas, el 6 de agosto el presidente de la SCJN declaró que no aceptará la extensión de su cargo.

4 Ver Freedom House (2016-2020), Economist Intelligence Unit (2016-2020), Varieties of Democracy (V-Dem) Project (2016-2020).

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.