Hay seis grupos que concentran la mitad de las ventas de gas LP a nivel nacional, aunque hay más de 300 distribuidores grandes, medianos y pequeños con más de 1200 plantas de distribución con permiso. La concentración de ventas en varios grupos no es ilegal, sin embargo, es práctica común que las autoridades en materia de competencia analicen si esa concentración es señal de ausencia de condiciones de competencia efectiva. Por esa razón, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició en mayo pasado, de oficio, una investigación para determinar cuántos mercados relevantes hay en territorio nacional, y si en todos ellos existen condiciones de competencia efectiva. El plazo que tiene para concluir esa investigación es a principios de diciembre próximo.
Ilustración: Patricio Betteo
¿Es un hecho que haya un oligopolio? Probablemente, pero con ese número de participantes es complicado determinarlo, por eso la Cofece no ha concluido la investigación.
El precio del gas LP ha aumentado en buena medida porque la demanda —y por lo tanto el precio internacional— subió. Las empresas distribuidoras de gas no pueden evitar ese incremento en los precios internacionales. México importa más del 60 % de la oferta nacional, por lo que es tomador de precios; es decir, o Pemex y los importadores privados pagan el precio internacional, o no tienen gas. ¿Hay alguien que pueda obtener gas por debajo del precio del mercado internacional? Lamentablemente sí, pero no de forma legal. Quienes trafican con producto robado podrían atenerse al precio máximo sin problemas, para beneficio sólo de ellos.
Ahora, si usted revisa, en casi todo el país había oferta variada de gas LP, con precios bajos y altos en el mercado. Los precios más altos suelen ir ligados a mayor calidad y seguridad en el servicio. Por eso cobran más y por eso hay gente dispuesta a pagar más. Es igual que casi cualquier producto, ¿quieres mejor calidad? La puedes conseguir pero es más costosa. ¿Quieres menor precio? Está disponible, pero tendrás que ir por tu tanque, puede no tener el mantenimiento ideal, no tendrás certeza de que sea seguro, etcétera. En otras palabras: quienes ofrecen precios más bajos lo hacen a costa de la rentabilidad o de lo que pueden ahorrar en seguridad y calidad.
El costo internacional ha subido, por lo tanto todos suben el precio. El presidente, buscando cumplir con su promesa de no subir el costo del gas (promesa absurda, pues no depende de él), instruyó a la Secretaría de Energía, y ésta a su vez a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a bajar el precio del gas por decreto.
Y eso empeoró el problema.
Hay que señalar que, en ciertas condiciones, podrían bajar el precio en el mercado. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, la Cofece lleva a cabo una investigación. Si en esa investigación encuentra que en alguna región del país no hay competencia efectiva —por ejemplo, que las empresas se ponen de acuerdo para subir o mantener el precio del gas—, la CRE puede establecer precios máximos en esa zona, mismos que deben estar basados en la suma de los costos reales de llevar el gas hasta donde se vende.
El problema es que no se solucionó de esa manera, sino que se hizo sin contar con estudios previos adecuados. El regulador no respetó la ley ni tomó en cuenta al sector para regular correctamente.
Al contrario, estableció una fórmula con un factor discrecional para establecer el precio máximo. Eso significa que un burócrata determinará desde su oficina, con base en criterios desconocidos, cuál será el precio máximo del gas. El problema es que estos burócratas pusieron precios que probablemente ni siquiera recuperan los costos de los distribuidores. Un ejemplo: entre comprar el gas y llevarlo a tu casa gastan 23 pesos y el gobierno quiere que lo vendan en 22. ¿Quién lo haría en su sano juicio? Nadie.
Por eso los reclamos. Y cuidado aquí, ¿quiénes reclaman?
Unas ochenta empresas que tienen permisos de distribución están inconformes. Pero los negocios más afectados no son los grandes —que tienen con qué aguantar los precios máximos—, sino las pequeñas empresas, o los comisionistas no regulados (hombres camión, diableros), que llenan sus tanques con los distribuidores. Más allá de que protesten o no, estos agentes no harán algo en lo que pierdan dinero. Los precios máximos que pone la CRE simplemente significan pérdidas para ellos y no harán algo para perder.
Ahora, ¿quiénes padecerán más el precio máximo?
Aquellos que vivan en zonas alejadas de los puntos de distribución o en lugares de acceso más difícil. O sea: los más pobres. Se verán forzados a usar leña, carbón o pagar más en un mercado negro de gas —de alguien que esté dispuesto a llevarlo, pero para recuperar costos deberá cobrar por fuera— que, al ser la única opción, tendrá una cuota mayor.
Para terminar, ¿puede funcionar una regulación de precios máximos? Sí, pero debe ser temporal, hasta lograr un mercado real. Además, debe estar basada en costos reales, determinada con total transparencia y considerando a los participantes. Un precio máximo por debajo de los costos reales suena bonito en el papel, pero es imposible en la práctica. Finalmente, si usted cree que el Estado podría hacerse cargo de la actividad para que sea más barata, le recuerdo que una empresa del Estado da más baratos los servicios por una razón: son las únicas que pueden vivir perdiendo dinero, sustituyéndolos por subsidios.
Vuelvo al ejemplo: si al privado le cuesta 23 pesos llevar un kilogramo de gas a su casa, y la CRE le pone como precio máximo 22 pesos, probablemente Gas Bienestar se lo pueda ofrecer a 22, aunque le cueste 27, pues los cinco pesos de costo adicional que no le cobra a usted estarían subsidiados. Pero no es que sean más baratos, sino que tapan las ineficiencias con dinero del Estado. Esos cinco pesos no los paga usted en su factura de gas, pero los paga por otro lado.
¿Cree usted que no pueden perder dinero así? Tan sólo en el primer trimestre Pemex tuvo 100 000 millones de pesos de pérdidas en refinación. O sea: dio gasolina al costo de mercado, aunque le costaba más producirla y todo eso se fue a pérdida. Y eso es algo que una empresa privada obviamente no puede hacer.
Los precios máximos parecen más bien un engaño reciclado del pasado, de ese pasado que entiende y en el que vive el presidente, aunque sea ajeno a la realidad.
Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía