Los cambios y las reformas: estatus y razones

Desde el inicio del sexenio, y ante la promesa de no modificar algún punto de la reforma energética, comenzó una serie de cambios regulatorios que, a partir de marzo de 2021, incluirían a la Ley de la Industria Eléctrica. ¿Cuál es el estado de estas modificaciones al marco normativo? Vale la pena hacer un recuento de los cambios, el estatus que guardan y por qué están detenidos. A final de cuentas, hablan de las contradicciones entre la Constitución y la estructura que quiere establecer el gobierno.

Ilustración: Víctor Solís

A continuación, los presento en orden cronológico.

Modificación de criterios de Certificados de Energía Limpia.

Está en tribunales. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) lleva a cabo una investigación. La modificación coincide con lo que después fue la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica: buscaba reconocer con Certificado de Energía Limpia (CEL) a toda la energía. Esto eliminaría de facto la función de los CEL, que no es contabilizar la energía limpia, sino ser un incentivo para la instalación de nueva capacidad de generación de energía limpia. En resumen, haría posible que la CFE argumentara que cumple la ley sin hacerlo. La modificación fue combatida en tribunales y hay suspensiones, aunque aún no hay sentencia.

Acuerdo de confiabilidad del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)

Se dio con el pretexto de la reducción en la demanda eléctrica derivada del paro industrial de la pandemia. Buscaba evitar la entrada en operación de proyectos de renovables y le permitía al Cenace que dejara de recibir energía de estas fuentes con cierta discrecionalidad. En los hechos, el acuerdo es letra muerta: prácticamente todas las generadoras que habían sido suspendidas por el acuerdo entraron en operación mediante suspensiones otorgadas en juicios de amparo.

Política de Confiabilidad

Buscaba limitar nuevos proyectos de fuentes renovables y centralizar la planeación; incluso involucraba asuntos sociales en una política netamente técnica. La mitad de estas resoluciones fueron declaradas inconstitucionales e invalidadas por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Modificación de tarifas de porteo para proyectos de autoabastecimiento

Encarecía la transmisión para proyectos anteriores a la reforma, al grado de volverlos no competitivos. Como incentivo para la generación de energía renovable, estos proyectos tenían acceso a tarifas de transmisión preferenciales. También está detenida en tribunales.

Modificación de contratos legados de CFE Suministro Básico

Originalmente, la reforma le permitía a CFE suministro básico (la empresa que le vende energía a los hogares) tener contratos con las plantas existentes de las generadoras de la CFE. La modificación hacía que se reconocieran plantas generadoras que aún estaban en desarrollo como parte de un contrato previo. De esa manera, se evitaba que las generadoras de la Comisión tuvieran que competir con privados para entregar energía y, por tanto, que ofrecieran la energía al costo que fuera. La medida está suspendida en tribunales.

Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica

Buscaba crear un modelo de despacho que diera facultades discrecionales a la CFE para decidir a quién se le recibirá primero la energía, dejando de lado el despacho económico. Esto le permitiría a la Comisión decidir qué energía recibir aunque ésta fuera más cara que otras opciones. La reforma insiste en la modificación del criterio de Certificados de Energía Limpia y podría terminar con los permisos de generación, que son derechos adquiridos de las empresas que cuentan con ellos. Actualmente también está suspendida en tribunales.

Las razones de que todo esto esté suspendido por los juicios de amparo en tribunales es, básicamente, la violación a tres derechos. En primer lugar, la violación a derechos adquiridos; en segundo lugar, porque al limitar las renovables y frenar la transición energética, niega el derecho a un medio ambiente sano. La tercera razón es que viola el espíritu de la Constitución que establece la libre concurrencia en el sector eléctrico y el derecho del ciudadano a participar en el mercado eléctrico que, por cierto, es un mercado regulado.

En resumen, los cambios regulatorios y las reformas citadas tienen estos tres comunes denominadores: ignoran los derechos adquiridos, limitan a las renovables y la transición energética e intentan limitar al ciudadano en el mercado eléctrico. El problema es que estos tres principios están en la Constitución; no se pueden modificar por la voluntad de una persona, así sea el presidente: sólo podrían hacerse a un lado reformando la Constitución.

La elección del próximo domingo no cambiará la posibilidad de que el presidente pueda modificar la Constitución, pues no tiene los votos en el Senado, que se mantendrá sin cambios. Pero podremos ver si estos intentos de cambio se mantienen por tres años más o se empieza a respetar la Carta Magna.

En unos días sabremos.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía

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Publicado en: Energía