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En abril de 2014 la Secretaría de la Defensa dejó de informar sobre el número de mexicanos muertos por miembros del Ejército en operaciones contra el crimen organizado: hasta entonces, desde 2006, se contaban 3907 víctimas. Se puede usar la fecha para indicar el momento en que cambió definitivamente el equilibrio de fuerzas entre civiles y militares.

 

Es una novedad en México ver vehículos militares en la calle todos los días, ver al Ejército dedicado a cuidar la distribución de gasolina, la construcción de sucursales bancarias, vigilando carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas. Pero no habría motivo para sorprenderse mucho, porque es sólo la culminación de un proceso que viene de lejos. Tuvimos en el país un paréntesis civilista que, según se haga la cuenta, duró unos cincuenta o sesenta años. Ese paréntesis se cerró.

El giro comenzó hace décadas. Hubo, para empezar, factores externos: el proceso avanzó de manera intermitente, siguiendo las varias oleadas de la guerra estadunidense contra las drogas. El despliegue del Ejército, sobre todo para erradicación de cultivos, comenzó a ser uno de los elementos de rutina en la relación con Estados Unidos, también la cooperación militar y la formación de oficiales en escuelas estadunidenses: era una necesidad de la política exterior. La transición se aceleró en los primeros años del nuevo siglo, sobre todo como consecuencia de la nueva política de seguridad estadunidense, resultado de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La presión sobre México se cristalizó en la fantasía del “narcoterrorismo”: la idea de que podía producirse o se había producido ya una alianza entre los narcotraficantes mexicanos y el terrorismo islámico. Varias oficinas del gobierno federal estadunidense, policías de frontera, empresas de consultoría, comenzaron a elaborar documentos para explicar la nueva amenaza. Los textos son delirantes, pero eso no tiene ninguna importancia. Tuvieron el efecto de situar los problemas de la frontera con el tráfico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo y ponerlos en el primer lugar en la agenda bilateral. El gobierno mexicano se vio obligado a intensificar la actividad del Ejército y a permitir sobre todo una mayor presencia de los servicios de inteligencia y seguridad de Estados Unidos.

Afectaron también, como es lógico, los cambios durante los años de la transición democrática, sobre todo en lo que se refiere al régimen territorial. No hace falta entrar en detalles, porque es un hecho conocido. El desmantelamiento del sistema de partido único, las victorias de la oposición en los estados, junto con varios procesos de descentralización administrativa, hicieron que el arreglo territorial se volviese problemático; era un arreglo para el régimen revolucionario, para un PRI de carro completo, que comenzó pronto a resultar disfuncional: los gobernadores tenían, mejor dicho, tienen a la vez demasiado poder y demasiado poco, tienen autonomía en muchas cosas pero no tienen dinero. Los problemas se hicieron trágicamente evidentes durante el gobierno de Vicente Fox. Y la respuesta de los siguientes tres gobiernos ha consistido en intentar nuevas formas de centralización: recuperar el control sobre recursos, como la nómina de educación, pero sobre todo encontrar formas de intervenir en los estados —y para esto ha sido fundamental el Ejército.

 

Nos hemos hecho la ilusión de que el Ejército mexicano es diferente. Es una idea que admite con naturalidad la opinión pública y hay motivos para pensar que la clase política la comparte también. Nunca ha desaparecido la sombra de Tlatelolco ni de la “guerra sucia” de los años setenta, cuyo recuerdo se evoca con regularidad en las manifestaciones de protesta. No obstante, por alguna razón, es posible hacer eso a un lado y mantener una imagen de las Fuerzas Armadas que es fundamentalmente positiva. Esa imagen se resume en una expresión que repiten puntualmente todos los secretarios de la Defensa, todos los presidentes de la República, casi cualquier miembro de la clase política: “El Ejército es del pueblo”, “El Ejército es del pueblo y para el pueblo”, o más enfáticamente, “El Ejército es pueblo”. Las referencias son incontables. Acaso en esa idea esté una de las claves del proceso de militarización o, mejor dicho, de la tranquilidad con que se ha aceptado la militarización.

Es una manera de hablar, ya lo sé, un artificio para encarecer la cercanía del Ejército con la gente. Pero no es una frase inocente. Por eso conviene decirlo con absoluta claridad: el Ejército no es pueblo. No lo es en ningún sentido. De hecho, de casi cualquier otro grupo social puede decirse con más propiedad que es pueblo. La frase aprovecha los varios sentidos de la palabra, de modo que podría significar que se paga con dinero del pueblo, que obedece a los representantes del pueblo, que responde a las necesidades del pueblo, pero el tono en que se dice no admite muchas dudas, lo que se quiere decir es que los soldados de tropa son de origen humilde. Y efectivamente lo son, como en cualquier ejército del mundo. Sin embargo, en un sentido muy concreto, y el más relevante, el Ejército precisamente no es pueblo, la tropa no es pueblo, los soldados no son pueblo, porque no están sometidos a las vicisitudes que padece el pueblo.

Ilustraciones: Víctor Solís

Los militares forman parte de una corporación rígidamente cerrada, cuya diferencia se manifiesta con claridad en el uniforme. Los militares tienen un salario fijo, tienen un contrato en el que se acuerdan prestaciones de todas clases: tienen asegurada la vivienda, la alimentación, la atención de salud, tienen protección legal y política —condiciones todas que son inasequibles para la mayoría de la población. Los militares forman una corporación, que como tal es propensa al particularísimo —igual que el clero, por ejemplo, y por las mismas razones.

Debería servir para ponernos sobre aviso el hecho de que se recurra con tanta frecuencia y con tanto énfasis a esa identificación con el pueblo. Pero es igualmente reveladora la lista de virtudes que se le atribuyen. En primer lugar se elogia al Ejército por su disciplina. Es normal, porque es el rasgo más característico de la corporación militar; ahora bien, si se piensa un poco, llama la atención que no se elogie la disciplina en muchos otros oficios en que es también enormemente importante que se cumplan las reglas, que se sigan los procedimientos, que se obedezcan las órdenes: los burócratas, los empleados de banco y los auxiliares de enfermería son también disciplinados aunque no se diga. Es decir, que en el elogio de la disciplina militar tiene que haber algo más, por ejemplo, la posibilidad de que se rompa y las consecuencias que eso tendría, pero también la conciencia de que se trata de una disciplina, digamos, de segundo orden, que va mucho más allá de las necesidades específicas de una tarea concreta —los soldados obedecen mucho más.

Se elogia también su lealtad: de hecho, entre las fechas importantes del calendario militar está la conmemoración de la Marcha de la Lealtad. Otra vez, se antoja casi una obviedad. Pero conviene recordar, para poner el elogio en perspectiva, que la marcha que se conmemora es la de una parte del Ejército, que apoya al presidente, contra otra parte del Ejército, que se ha sublevado bajo las órdenes de los generales Mondragón, Reyes y Díaz. La idea es que este Ejército es heredero de la parte buena de aquel otro Ejército, y no de la mala, y por eso se supone que es leal al pueblo. El problema es que hay demasiados vericuetos en la explicación de esa lealtad. En lo más inmediato, la lealtad del Ejército es otro nombre para el espíritu de cuerpo. Por cierto que con el patriotismo pasa algo parecido: se elogia el patriotismo del Ejército para que nadie pueda pensar que actúa movido por una lógica corporativa. Lo preocupante, en todo caso, no es que el Ejército no sea patriota, sino que con demasiada frecuencia, en todo el mundo, es el Ejército el que decide qué es patriótico.

Comoquiera, es claro que son muy distintas las virtudes que se aprecian en la vida cívica: tolerancia, apertura, espíritu crítico, disposición al diálogo.

 

Conviene dejar de lado las fantasías sobre la naturaleza popular de las Fuerzas Armadas o sobre su origen revolucionario. El mexicano es un Ejército de voluntarios pagados, no de ciudadanos. El servicio militar es un recurso teórico para “poner en las reservas del ejército a todos los habitantes útiles”, pero perdió sentido hace mucho. El ejército no se integra por la conscripción universal obligatoria de los ciudadanos, sino por los voluntarios que se alistan para seguir la carrera de las armas y que viven de ello como oficio. Es decir, que no es en riguroso sentido un ejército nacional, no es el pueblo en armas, no es el pueblo en uniforme, sino una organización, una especie de empresa de profesionales del uso de la fuerza reclutada, financiada y empleada por el poder público.

Las ventajas e inconvenientes de un ejército profesional, un ejército contratado, se han discutido desde la decadencia del Imperio romano. Maquiavelo tiene páginas incluso emotivas sobre eso. Parece probable, desde luego, que para asuntos estrictamente militares, en las guerras actuales sea preferible un ejército profesional, pero en todo caso es una elección, y más vale tener claro qué implicaciones tiene. La metáfora de la nación en armas puede tener sentido para el último periodo en que tuvo vigencia la conscripción universal obligatoria como función de la soberanía, es decir, para los ejércitos posteriores a la Revolución francesa, los de buena parte del siglo XIX, los ejércitos masivos de las grandes guerras del siglo XX. Pero la imagen es engañosa cuando se refiere a un ejército profesional, de voluntarios. La retórica de la nación, el patriotismo, el honor, es parte de la identidad corporativa de las fuerzas armadas, y se supone que aparte de darle prestigio sirve para poner límites a la ambición o al interés particular de los militares. El riesgo está en que los responsables de semejante cuerpo armado se tomen en serio la metáfora y se asuman como representantes de la nación —no es algo tan raro. Sin llegar a ese extremo, esa retórica inspira en la corporación militar un sentimiento de superioridad que no conviene desestimar.

El lenguaje con que se habla en público sobre las Fuerzas Armadas es siempre enaltecedor: el Ejército se identifica con las grandes gestas de la historia patria. Pero además está el elogio de la disciplina, la lealtad, el sacrificio, que contribuyen a formar en la imaginación de los militares, como contraparte, una imagen fundamentalmente negativa de la sociedad: desorganizada, indisciplinada, egoísta, cómoda. Por supuesto, el aislamiento también tiene ese efecto. El Ejército tiene, por ejemplo, su propio sistema educativo, que le permite alentar un acusado sentimiento de autosuficiencia; indudablemente, en algunas áreas, los profesionales del Ejército son sin duda tan competentes como los demás, pero en otras, en particular en materias sociales, económicas, políticas, históricas, su formación es claramente deficiente, porque sus ideas rara vez se exponen a la crítica —ese encerramiento, sin embargo, influye para dar a los mandos una idea desmedida de su propia capacidad.

Esa fantasía de la superioridad militar tiene consecuencias, porque con frecuencia la comparte también la clase política, y es moneda de curso legal en la conversación pública. Por ejemplo, bajo la especie de que el Ejército es particularmente eficiente (y por eso es razonable que se le encargue que construya aeropuertos, vías férreas, sucursales bancarias o que distribuya árboles o medicamentos). Bien: la idea resulta de un malentendido, de identificar eficiencia y disciplina, porque la superior eficiencia del Ejército consiste en que las órdenes se cumplen sin discutir, nada más. O sea, que en la práctica se puede decir que el Ejército es eficiente en el mismo sentido en que una máquina es eficiente: todo está en su lugar, funciona según lo previsto, cada parte cumple con su función, en un orden inalterable. Si todo lo demás está resuelto, una máquina es eficiente. Sin embargo, para cualquier tarea que no sea maquinal, la disciplina es un inconveniente. En eso insisten todas las representaciones críticas del Ejército, de Las aventuras del valeroso soldado Schwejk a Catch 22. El problema no son sólo las órdenes, que puedan ser absurdas, sino que por su naturaleza el Ejército tiene una enorme dificultad para corregir los errores —su operación supone que las órdenes se cumplen, no se discuten, y no hay lugar para la iniciativa. Las leyes que reconocen como atenuante, incluso como eximente, la “obediencia debida” dicen exactamente eso, que los soldados carecen de voluntad propia. La eficiencia del Ejército consiste en eso.

 

A mediados del siglo pasado, el régimen revolucionario transitó hacia el civilismo. Se señala como inicio de la nueva época la candidatura de Miguel Alemán, aunque todavía el Ejército tuviese un peso apreciable para condicionar algunas decisiones. El tránsito al civilismo implicaba que ya no era indispensable la autoridad militar, que el Ejército ya no era el principal recurso de gobierno, y la amenaza de la coerción podía pasar a un segundo plano, pero significaba también que el Ejército se había debilitado lo suficiente para que no hubiera que temer su intervención en los asuntos nacionales.

El civilismo también significaba eliminar los conflictos entre los jefes militares. La clave de ese tránsito fue la profesionalización del Ejército que se tradujo concretamente en tres cosas: que los militares, en particular los jefes, se abstuviesen de cualquier militancia política, partidista o personal; que los mandos renunciasen a toda ambición política personal; y que el Ejército como institución no interfiriese con el funcionamiento de la administración pública. En ese sentido, profesionalizar al Ejército equivalía a convertirlo en un instrumento —sin iniciativa propia. Por supuesto, eso se pagó con un trato generoso para la corporación, sobre todo para los mandos, y con el reconocimiento periódico de su patriotismo.

Todo eso es cosa del pasado. El momento civilista ya pasó. No está claro qué características vaya a tener el nuevo militarismo, son muy distintos los modelos de Egipto, Chile y Pakistán, y no es posible saber cuál vaya a ser el mexicano. Pero es claro que las fuerzas armadas van a ser uno de los factores del nuevo régimen político.

Un poco por inercia, un poco también por falta de imaginación, atribuimos todo a la voluntad del presidente, y en vez de análisis tenemos juicios de intención —como si en todo momento se hubiera podido hacer cualquier otra cosa. En este caso, se explica lo que ha sucedido en los últimos años porque Felipe Calderón estaba urgido de ganar legitimidad, porque López Obrador necesita ser obedecido sin discusión. Y bien: podría haber algo de eso. Pero no es todo. Se trata de un proceso largo, consistente, impulsado por tres secretarios de la Defensa, en tres gobiernos distintos, es decir, una generación entera de mandos ha procurado que el Ejército tenga un nuevo lugar, mucho más importante, una nueva función, una nueva relación con la autoridad política. Eso no es una casualidad ni es pura obediencia.

El Ejército ha ido sustituyendo a policías, funcionarios, contratistas, empresas privadas, sin que haya una razón clara para todo eso. Salvo por las fantasías de las que hablamos antes, no hay motivo para pensar que el Ejército sea más honesto ni más eficiente que una empresa para administrar el aeropuerto, para construir una vía férrea o para transportar medicamentos. Se ha dicho que es más barato, se ha dicho que permite ocultar el gasto, desde luego sirve para intimidar a los particulares, pero detrás de esos cálculos de corto plazo hay un movimiento mayor, un despliegue progresivo del Ejército con una lógica de ocupación de espacios estratégicos —una lógica estrictamente militar.

 

El paréntesis civilista se cerró en 2006. El Ejército está de regreso, pero obviamente no es el Ejército de 1940. La profesionalización del siglo pasado consiguió que las fuerzas armadas abandonasen la tradición pretoriana que venía del XIX, sin que se desarrollase una tradición militarista porque no hubo guerras en que pudiera forjarse, no hubo tareas propiamente militares que pudiesen dar prestigio a la carrera de las armas. La asistencia en desastres naturales ha hecho popular al Ejército, la contrainsurgencia lo ha hecho impopular, pero difícilmente nadie recuerda los nombres de media docena de generales del siglo pasado.

Aquél era un Ejército reducido, de importancia política marginal, con oficiales bien pagados. Éste es muy diferente. Los mandos de las nuevas generaciones tienen una formación distinta, una idea mucho más elástica de la seguridad nacional, y una experiencia política marcada por el sentimiento de crisis, descontrol e inestabilidad del proceso de transición democrática, y una relación muy estrecha y muy problemática con el Ejército de Estados Unidos. Y ha cambiado la configuración política del país, los políticos han pensado que era necesaria la intervención del Ejército, los militares han pensado que era necesaria su intervención, el resultado ha sido un acuerdo por el que el Ejército ha obtenido recursos legales, políticos y económicos: nuevas facultades, con una legislación a la medida, un aumento del presupuesto, la gestión del gasto en las grandes obras de infraestructura, y la concesión de fuentes de ingresos, como la administración del futuro aeropuerto (se detuvo el proyecto de un desarrollo inmobiliario en Santa Fe, al menos temporalmente, pero estaba ya elaborado: no era una fantasía).

Los discursos del secretario de la Defensa son cada vez más abiertamente políticos para explicar que el Ejército es otro: “Marchamos con usted conscientes de que emprendemos una transformación nacional pacífica y profunda […] En su gobierno se nos han encomendado nuevas tareas… y las hacemos porque sabemos que esos esfuerzos están encaminados a la transformación de México que usted dirige […] Si bien es cierto que tenemos misiones orgánicas definidas, también es cierto que dentro de las mismas están implícitas otras tareas que tienen como finalidad el bienestar y el desarrollo de nuestro pueblo […] Los soldados de mar, tierra y aire … seguiremos unidos trabajando junto al gobierno de la República en acciones que tiendan al desarrollo económico, la seguridad y la paz del pueblo, el bienestar social y la educación, entre muchas otras cosas más…”.

Esas muchas otras cosas no son una colección azarosa de encargos. En primer lugar, desde luego, el Ejército tiene el mando en materia de seguridad mediante un despliegue permanente que le confiere de hecho capacidad de control sobre toda la fuerza pública, ha desplazado a todos los cuerpos de policía, pero tiene además facultades de procuración de justicia para actuar con independencia de jueces y ministerios públicos. Ese solo hecho lo coloca por encima de todas las autoridades locales: es una concentración de poder que sólo tiene un ejército de ocupación. Pero además de eso tiene el control de todas las vías de comunicación: carreteras, puertos y aeropuertos, incluyendo por supuesto las aduanas. Tiene también el control de la generación y distribución de energía, la vigilancia de plantas generadoras, refinerías, oleoductos, aparte de la distribución de gasolina. Policía, energía y comunicaciones, es decir, todo. Pero además decide sobre la asignación de contratos en las grandes obras de infraestructura, y es el intermediario institucional para el ejercicio de buena parte del gasto social a través de las sucursales del Banco del Bienestar, la administración del programa Sembrando Vida, la distribución de medicamentos. Eso no es resultado de una serie de ocurrencias.

 

Obviamente, el cambio tiene consecuencias. En primer lugar, tiene consecuencias para el Estado. Hay un debilitamiento general de la administración pública, muy especialmente de las autoridades estatales y municipales, cuyas facultades han sido recortadas por la presencia del Ejército. Las policías municipales sencillamente no pueden sobrevivir a la sombra del Ejército, ni mucho menos se puede aspirar a reconstruirlas. La Secretaría de la Defensa ha desarrollado una especie de administración paralela, capaz de sustituir a cualquier otra dependencia o absorber algunas de sus funciones, ya sea de comunicaciones, hacienda, energía o incluso salud.

Tiene consecuencias también para la sociedad. En muchos aspectos, la vida social tiene que pasar por un filtro militar: el tránsito en carretera, el paso de una aduana, cualquier operación en un puerto, la competencia por contratos públicos de obra civil. A veces, en la aduana del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, por ejemplo, ese filtro se hace ostentosamente visible: uniformes, órdenes, interrogatorios sucesivos. A veces no hace falta eso. Pero sobre todo están las consecuencias de lo que se ha dado en llamar la lucha contra el crimen organizado: la violencia abierta de los enfrentamientos, la cauda de torturas, asesinatos, desapariciones, pero también el hecho de que el Ejército se convierta en una pieza central en el mecanismo de la economía ilegal. Es posible, es necesario de hecho analizar las alternativas, pero el saldo de la ocupación militar es indudable. Y eso no va a cambiar. El Ejército puede hacer muchas cosas, pero no puede producir orden: la disciplina es otra cosa, la obediencia es otra cosa, el orden no resulta de la capacidad de fuego, sino de arreglos que tienen toda la complicada ambigüedad de la vida local.

Pero el cambio tiene también consecuencias para el Ejército y llama la atención que casi no se hable de ello. Sería absurdo pensar que se pueden cambiar así el lugar, la función, las tareas del Ejército, y que éste siga siendo el mismo: con otro presupuesto, otra legislación, otra presencia, otras facultades, otra relación con las autoridades, las fuerzas armadas son otras. Eso significa en primer lugar que han aumentado exponencialmente las oportunidades de corrupción, en los negocios ilícitos, pero también en la gestión del gasto público o de las aduanas. En segundo lugar, el nuevo acomodo le da un nuevo lugar en el sistema político, y eso necesariamente se refleja en la ambición de los mandos, y provoca conflictos dentro de la institución; por primera vez en décadas afloran conflictos entre generales, declaraciones altisonantes, al borde de la insubordinación.

O sea, que tenemos un Ejército con casi todos los rasgos que se quiso eliminar con el tránsito al civilismo. No es posible saber si volverá la tentación pretoriana, si llegaremos a un arreglo similar al de Egipto, con un Ejército dedicado a sus negocios. No hay muchos motivos para el optimismo.

El nuevo lugar del Ejército se anunció en los comunicados de la Secretaría de la Defensa a partir de 2007. Seguían todos un mismo patrón, estaban redactados para resultar inverosímiles. Siempre había un patrullaje de rutina, cuyo motivo no se explicaba nunca, y una agresión sorpresiva cuyo resultado eran cuatro, diez, a veces dieciséis o veinte agresores muertos —ni heridos ni detenidos. Eran para transmitir una amenaza y todo el mundo lo sabía, y se dejó pasar, la clase política lo dejó pasar. Pero el giro definitivo está en el silencio a partir de 2014: las fuerzas armadas siguen desplegadas, sustituyen a las policías, tienen más facultades, sin supervisión, y están dando muerte a ciudadanos mexicanos, y no se sienten en la obligación siquiera de informar. Los motivos no importan: si no publican la información es porque pueden no publicarla. Eso es todo.

 

Fernando Escalante Gonzalbo
Profesor en El Colegio de México. Sus libros más recientes: Si persisten las molestias y Así empezó todo. Orígenes del neoliberalismo.

 

6 comentarios en “No es el pueblo

  1. Extraordinario analisis que nos abre los ojos para mirar de cerca tantas cosas que ignoramos. Brillante.

  2. Interesante dada la importancia del tema. El “civilismo” tsl vez fue una fachada conveniente para un régimen autotitario que después cobró fuerza durante los años de la guerra fria y con la presencia de la revolución cubana. El gran quiebre se dio con el 68 en plena histeria anticomunista que marcó el principio del discurso que reivindica que el ejèrcito es pueblo para el pueblo, vámos, se le vio en cuidando el orden en los estadios con motivo de los mundiales de futbol y antes en la represión de la huelga ferrocarrilera. El tema del crimen organizado sigue siendo muy complejo y no se puede minimizar el ataque a las torres gemelas que disparó justificadamente los niveles de la husteria. Lo ovbio: México tiene una posición geográfica de extraordinaria importancia geoestratégica para los E.U. Falta señalar los cargos políticos desempeñados por miembros del ejército como embajadores, gobernadores, etc.

  3. Apreciado Fernando/ Su análisis es valiente y equilibrado. Para un inteligente y provocativo cotejo le recomiendo atender el caso del ejército israelí. Encontrará notables diferencias. Saludos cordiales esde Jerusalén.

  4. Interesante su análisis pero difiero de decir que no sean pueblo, muchos vienen de gente humilde, estudian, trabajan, y van ascendiendo por su esfuerzo nada se regala, no es cierto eso de que tienen casa y demás, a veces esos beneficios son regulados al igual como lo es el Infonavit, las casas no son regalos se pagan por igual con un descuento a los sueldos, los salarios no son de primer nivel, la tropa sufre las carencias económicas de cualquier ciudadano, los oficiales por igual, los generales quizás menos pero ya se esforzaron años por llegar a dónde están, nada es regalado, serían interesante un análisis más a fondo y certero dejando de lado la política y las preferencias personales, las tabúes culturales.

  5. Una radiografía que informa con objetividad del proceso de militarización en nuestro país, una decisión que nunca fue, ni petición ciudadana ni promesa de campaña. Saludos