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La magnitud de la violencia de género en México la conocemos bien: ha tenido como una de sus consecuencias que asesinen, en promedio, a diez mujeres al día. Gracias al trabajo incansable de las feministas, sabemos también que el machismo es un factor fundamental para entender esta violencia. Marca las vidas de las mujeres, incluso después de su muerte. Si queremos reducirla, sin embargo, mirar solamente el impacto que tiene la guerra machista no basta. Esta guerra es, después de todo, vieja, a diferencia de la crisis de seguridad que experimenta el país hoy en día. Lo que importa entender es cómo se entrelaza y se exacerba con otros factores. Uno de ellos, que no puede ignorarse dado el contexto del país, es precisamente el de la llamada Guerra contra las Drogas y la militarización de la seguridad pública que a consecuencia se ha generado.

En el diálogo público sobre los asesinatos de mujeres en México se enfatizan sus diferencias con los homicidios de los hombres. Es más común en el caso de las mujeres, por ejemplo, que sean asesinadas en casa, como lo es que sean privadas de la vida por asfixia, con armas blancas, golpes y hasta envenenamiento. La violencia sexual también es más frecuente para ellas que para los hombres. Estos patrones persisten, pero muestran sólo parte de lo que ha sucedido con las mujeres desde que se intensificó la guerra contra las drogas en el sexenio de Felipe Calderón. La realidad es que los asesinatos de mujeres sufrieron cambios importantes que coinciden con la transformación de la estrategia de seguridad.

El más obvio es que, como ocurrió en el caso de los hombres, los homicidios de mujeres comenzaron a aumentar precisamente a partir de 2007. Sus picos y descensos —a nivel nacional e incluso a nivel estatal— han sido casi espejos. Ahí donde explota la violencia contra los hombres, se exacerba la de las mujeres también. El segundo cambio más relevante es que los asesinatos en la calle sobrepasaron a los de la casa. Ambos han aumentado, pero el crecimiento ha sido mayor en el caso de los primeros —como ocurre con los hombres. La tercera transformación clave es respecto a las formas en las que las mujeres ahora son privadas de la vida: desproporcionadamente con armas de fuego. En el 2007, por ejemplo, el 35 % de los asesinatos de mujeres fueron cometidos con un arma. Para 2019, el 57 % —casi seis de cada diez— han sido perpetrados de esta manera.

¿Qué explica el aumento en los homicidios de las mujeres y los cambios en la forma como son asesinadas? La hipótesis que esgrimimos —y que tratamos de comprobar en el informe Las dos guerras, publicado por la organización Intersecta—1 es que la Guerra contra las Drogas y, concretamente, la militarización de la seguridad pública ha sido un factor importante detrás de esta transformación.

 

Los señalamientos a los costos que ha tenido la militarización de la seguridad pública en el país no son nuevos. En esta misma revista se han publicado una variedad de análisis mostrando, con distintas aproximaciones y metodologías, que el despliegue militar de los últimos años contribuyó a la explosión de distintas manifestaciones de la violencia, incluidos los homicidios. No indagaron, sin embargo, en si había un impacto diferenciado por género ni por tipo de homicidio. Por la misma opacidad de las Fuerzas Armadas, más aún, muchos de estos estudios estaban limitados temporalmente, enfocándose en el periodo de Calderón, que es para el cual había más datos. Gracias a un cambio en las prácticas de transparencia de las Fuerzas Armadas pudimos acceder a información sobre su operación en el combate a la delincuencia organizada entre 2007 y 2018. Este periodo cubre dos sexenios completos: tanto el de Calderón como el de Peña Nieto.

Hay distintos componentes de la estrategia militar que podrían —y deberían— evaluarse. El foco de nuestro análisis está en los enfrentamientos que han sucedido entre las Fuerzas Armadas y presuntos grupos delictivos y su impacto en los homicidios a nivel municipal. De acuerdo con los datos proporcionados por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, no hay un solo registro de enfrentamientos —cuyo elemento definitorio es el fuego cruzado entre elementos castrenses y civiles— previo a 2007.2 A partir de este año, sin embargo, este tipo de sucesos no han cesado. Se han vuelto parte indisoluble de la estrategia militarizada de la seguridad. Son eventos, además, que muestran que la actuación militar en el terreno no siempre empata con el anuncio formal de los famosos “operativos”: muchos sucedieron meses antes de que se anunciara públicamente el inicio de un operativo o en lugares en donde ni siquiera se reconoce que hay operaciones concretas en marcha. En este sentido, los enfrentamientos son un buen indicador de la actuación de las Fuerzas Armadas en el marco de la Guerra contra las Drogas.

Ilustración: Víctor Solís

¿Qué sabemos de los enfrentamientos, mismos que la Sedena llama “agresiones”? Entre el 2007 y el 2018, conforme a los datos de las Fuerzas Armadas, los elementos de la Sedena se vieron involucrados en 4493 de estos eventos y los de la Semar en 399, dando un total de 4892. En el caso de la Sedena, el número de enfrentamientos registrados durante el periodo de Calderón fue mayor en comparación a los que ocurrieron en el sexenio de Peña Nieto (estamos hablando de 2805 en el primer caso y de 1688 en el segundo). En el caso de la Semar, la relación se invierte: fueron más los enfrentamientos durante el sexenio de Peña Nieto (hubo 260) que de Calderón (hubo 139). Geográficamente, los enfrentamientos de la Sedena ocurrieron en treinta entidades federativas —en 585 municipios—, mientras que, en el caso de la Semar, tuvieron lugar en veintitrés entidades federativas —en 109 municipios. En ambos casos, sin embargo, Tamaulipas es el estado con más enfrentamientos, casi en todos los años (ahí ocurrieron el 45 y 42 % del total de los eventos, respectivamente).

Para estimar los efectos que tienen los enfrentamientos sobre los homicidios, utilizamos un modelo econométrico de “diferencias en diferencias”. El modelo no sólo estima el efecto de lo que pasaría si hubo o no enfrentamientos, sino cómo la violencia cambia dependiendo del número de enfrentamientos que se desataron en un lugar. Es decir, el modelo distingue entre aquellos municipios que tuvieron un enfrentamiento y municipios que tuvieron decenas de enfrentamientos. Por lo mismo, los resultados del modelo son interpretados como el impacto promedio de un enfrentamiento adicional en un municipio en el aumento de la violencia homicida.

¿Qué encontramos?

 

Al estimar los efectos para todo el periodo —de 2007 a 2018—, encontramos que los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas siempre están asociados a un incremento en los homicidios tanto de los hombres como de las mujeres. El impacto de los enfrentamientos es mayor en el corto plazo (a tres meses de los enfrentamientos) que en el largo plazo (a un año de los enfrentamientos); y el efecto es más grande para la Semar que para la Sedena, en ambos casos. Pero el efecto siempre es el mismo: los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas están asociados a un aumento no sólo de los homicidios de los hombres, sino también de los de las mujeres.

Al comparar la magnitud del impacto de los enfrentamientos entre los homicidios de hombres y los de mujeres, sobresalen dos resultados. El primero es que, a corto plazo, el impacto de los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas sobre los homicidios de los hombres siempre es mayor que el impacto sobre los homicidios de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el corto plazo, por cada enfrentamiento adicional en el que participó la Sedena, los homicidios a nivel municipal aumentaron en promedio en un 2.12 %. En el caso de los hombres, el aumento fue del 5.5 %, 2.6 veces mayor. Esto no nos sorprendió considerando lo que sabemos sobre los homicidios en general —los aumentos desproporcionadamente impactan a los hombres— y sobre la composición por sexo —abrumadoramente masculina— del Ejército y del crimen organizado.

Lo que sí nos sorprendió, sin embargo, es que la brecha de género se cierra o incluso se revierte en el largo plazo. Por ejemplo, en el largo plazo, un enfrentamiento adicional de la Sedena incrementa en promedio los homicidios de mujeres en 1.31 %, mientras que los homicidios de los hombres se incrementan en 1.23 %. En otras palabras, el incremento es mayor para el caso de las mujeres que para los hombres.

¿Qué pasa cuando los efectos se estiman para diferentes tipos de homicidio?

Para los hombres, el impacto de un enfrentamiento adicional de la Sedena en el corto plazo incrementa todos los tipos de homicidios analizados: aquéllos cometidos en casa o en público, con arma de fuego o sin arma de fuego. El efecto, sin embargo, es mayor sobre los homicidios cometidos en la vía pública y con armas de fuego. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres? A corto plazo, un enfrentamiento adicional con participación de la Sedena no tiene un efecto sobre los homicidios ocurridos en la vivienda o sobre los homicidios cometidos sin arma de fuego, pero sí en aquéllos cometidos en la vía pública (aumentan en promedio en un 1.03 %) y con arma de fuego (incrementan en un 1.26 %). En resumen, el impacto de los enfrentamientos de la Sedena en el corto plazo se observa principalmente en los homicidios cometidos en vía pública y con arma de fuego.

Lo que ocurre a largo plazo es igual de importante. En el caso de los hombres, los impactos de un enfrentamiento adicional con participación de la Sedena son muy similares independientemente del tipo de homicidio: ya sea en público o en casa, con arma de fuego o sin arma de fuego. Algo similar sucede en el caso de las mujeres. Un enfrentamiento adicional con participación de la Sedena genera un incremento en los cuatro tipos de homicidios analizados. Es decir, a largo plazo, la participación de la Sedena afecta las muertes de mujeres en espacios no necesariamente relacionados con la militarización de la seguridad pública. Quizá, a largo plazo, lo que estamos viendo son los efectos más amplios de la violencia que se desata en una comunidad. Una violencia que afecta a quienes estén ahí, de una variedad de formas y que no necesariamente se encuentra directamente relacionada con los enfrentamientos que la suscitaron.

Falta mucho por entender, empezando por el por qué y cómo es que este impacto en los asesinatos ocurre. Falta también entender, de mejor manera, el efecto de la militarización en otras violencias que afectan a las mujeres, como son las desapariciones o la violencia sexual, por mencionar sólo dos. Esta violencia existe. Y por años ha estado presente. No podemos olvidar a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres de la comunidad me’phaa que sufrieron tortura a manos del Ejército en el 2002. No podemos olvidar a Nitza Paola Alvarado y Rocío Irene Alvarado quienes, junto con José Ángel Alvarado, fueron desaparecidas por militares en Chihuahua en 2009. Tampoco podemos obviar a Clara Gómez, una de las sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya. Las mujeres siempre han estado ahí, lo que nos ha faltado es verlas. Lo que nos ha faltado es reconocer lo que significa vivir en un contexto machista y militarizado, y los efectos que ello tiene en todos los ámbitos de las vidas de las mujeres.

 

Sabemos que gracias a una reforma que se realizó a la Constitución en marzo de 2019, se abrió la puerta, finalmente, a la intervención legítimade los soldados y marinos en labores de seguridad pública. Pero es, no podemos olvidarlo, un permiso condicionado. Si se quiere utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, como mandata la Constitución, debe hacerse de forma extraordinaria, regulada, subordinada, complementaria y fiscalizada. De seguir con esta estrategia, la evidencia muestra por qué es necesario exigir que efectivamente se cumpla con cada uno de los requisitos que establece la Constitución para el uso militar en funciones de seguridad pública. A nuestro parecer, sin embargo, la discusión de fondo que debemos tener es, precisamente, sobre el modelo de seguridad al que le queremos apostar como sociedad.

El modelo basado en la militarización no sólo no da los resultados prometidos —reducir la violencia—, sino que genera daños adicionales. Pone vidas en riesgo. Las mujeres —y no sólo los hombres— merecen más. Merecen un modelo de seguridad que efectivamente permita alcanzar la paz.

 

Estefanía Vela Barba
Directora ejecutiva de Intersecta, una organización feminista que se dedica a la investigación y a la promoción de políticas públicas para la igualdad.

Laura H. Atuesta
Profesora-investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y Coordinadora de su Programa de Política de Drogas.


1 Los detalles sobre las fuentes, metodología y resultados de nuestro análisis pueden leerse en el informe Las dos guerras, mismo que está disponible en la página web de Intersecta (intersecta.org).

2 Si bien aquí no ahondamos en ello, nos parece importante alertar de que existen discrepancias en los datos proporcionados por las secretarías sobre los enfrentamientos.