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Hace veintidós años, a propósito del surgimiento de un estrambótico Comando Patriótico de Concientización del Pueblo, encabezado por el teniente coronel médico militar Hildegardo Bacilio, delirante personaje de efímera notoriedad, escribí para nexos un artículo que titulé “El Ejército desconocido”.1 En 1999 hacía muchos años que no se divulgaba una proclama política de un alto oficial del Ejército, de ahí que, en pleno proceso de transición democrática, resultara ominosa la aparición de un movimiento con pretensiones salvadoras desde dentro de las Fuerzas Armadas. Por fortuna, aquello no fue más que una llamarada de petate, pero ya entonces mi preocupación recurrente era lo poco que sabíamos sobre el Ejército y las concreciones de su institucionalización, que simplemente se daba por hecha.

Ilustración: Víctor Solís

Me preocupaba entonces que el manto de misterio que acabó por cubrir al estamento militar impedía conocer el estado interior de las Fuerzas Armadas y su grado de compromiso con el orden democrático. Más allá del mito de su subordinación plena al poder civil durante la época clásica del régimen del PRI, era necesario revisar el papel que deberían jugar en un nuevo orden democrático.

Más de dos décadas después, el tema del papel de las Fuerzas Armadas en la construcción de la institucionalidad democrática sigue siendo objeto de polémica, sobre todo cuando durante buena parte del accidentado proceso de instauración de una poliarquía funcional en México, el Ejército y la Marina han recuperado protagonismo, en la medida en la que han recobrado el papel de policía encargada del control estatal del territorio, función que nunca perdieron del todo durante las décadas en las que supuestamente habían dejado paso al control civil y que fue uno de los pilares del arbitrarismo del régimen supuestamente periclitado, pero que pervive en buena parte del mal funcionamiento de la maquinaria estatal actual.

La narrativa más difundida sobre el papel que jugó el Ejército a partir de la consolidación del poder civil, con el pacto de 1946 del que surgió el PRI, es que los militares quedaron al margen de la política y que el Ejército adoptó el papel de un cuerpo del Estado. Con aquel pacto, el último de los sucesivos que comenzaron con el de 1929, habría concluido un largo proceso de cesión del poder, al grado que en las discusiones sobre las reformas necesarias para el tránsito a la democracia se daba por hecho que se había completado ese requisito previo para dar paso a un orden social de acceso abierto.

Dados los acontecimientos posteriores, y a la luz de nueva evidencia histórica, es necesario recapitular sobre el papel que han jugado las Fuerzas Armadas en el proceso de construcción estatal en México y el lugar que hoy ocupan. ¿En verdad los militares se alejaron completamente del poder político? ¿Cuáles fueron las condiciones que garantizaron su alejamiento de la disputa por la Presidencia de la República? ¿En qué medida el proceso de militarización que se ha desplegado a partir del gobierno de Calderón no es otra cosa que la recuperación del papel tradicional que jugó la milicia durante los años del régimen del PRI y que no fue reformado en el proceso de construcción de un orden democrático?

Un libro que ya tiene unos años —fue publicado en 2013 pero no ha tenido suficiente difusión en México y, por supuesto, no ha sido traducido— Myths of Demilitarization in Postrevolutionary Mexico, 1920–1960, de Thomas Rath, aporta evidencia sustancial para matizar la idea de que las Fuerzas Armadas se convirtieron desde la llegada a la presidencia de Miguel Alemán en un actor secundario y claramente subordinado al poder civil.2 En la mitología oficial, la fuerza del régimen se basaba en la hegemonía construida en torno al proyecto modernizador del nacionalismo revolucionario, por lo que el dominio del PRI fue esencialmente consensual y se basó en el fuerte control corporativo y clientelista, sin recurrir constantemente a la violencia. El trabajo de Rath cuestiona esa versión y muestra evidencias de la importancia de la actuación militar para el mantenimiento del orden autoritario, sobre todo en el ámbito rural, pero también como policía política e instrumento represor de los movimientos sociales urbanos aun antes de la represión al movimiento ferrocarrilero y a las movilizaciones estudiantiles de los años sesenta.

Desde luego, buena parte de la historia que cuenta Rath es bien conocida: durante el siglo XIX, el país estuvo a merced de todo tipo de caudillos armados. Por un lado, estaba el Ejército construido a partir de las reformas borbónicas y que había crecido al calor de la lucha contra la insurgencia a partir de 1810, pero que en 1821 había decidido la independencia, a la cabeza de una coalición opuesta a la Constitución liberal de Cádiz; se trataba de un cuerpo sin disciplinas férreas y sin una organización jerárquica sólida, pero unida en la defensa de sus fueros y privilegios. Por el otro lado, la Guardia Nacional, de raigambre popular y en buena medida desarrollada como mecanismo de resistencia local frente al Ejército formal.

Los alineamientos ideológicos de los señores de la guerra fueron variantes, aunque en términos generales era más frecuente encontrar a los oficiales del Ejército regular del lado del centralismo y del conservadurismo, mientras que los destacamentos de la Guardia Nacional solían defender el orden local y el federalismo.

El monopolio de la violencia tardó medio siglo en construirse y el poder del Estado no se consolidó hasta que un hombre fuerte, Porfirio Díaz, con lealtades sólidas entre los señores de la guerra que controlaban territorios después de la lucha contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo, construyó una coalición nacional lo suficientemente sólida para reducir la violencia a niveles razonables. No fue hasta entonces en que el control territorial alcanzó un grado importante de centralización y modernización, gracias al trabajo de mapeo del territorio, de construcción de infraestructura y de censos poblacionales y económicos, junto con un intento por centralizar y profesionalizar a las Fuerzas Armadas, lo que implicó la eliminación de la Guardia Nacional, en la que el propio Díaz había hecho su carrera y de la que provenía el núcleo principal de oficiales del Ejército republicano.

Díaz también intentó reducir el papel del Ejército en el control territorial con el impulso a un cuerpo de policía para el cual se reclutó incluso a jefes de gavillas y bandoleros, el temible Cuerpo de Rurales, establecido por Benito Juárez en 1861 y que operó como fuerza contra el bandolerismo que pululaba por el país. La mala fama de los rurales, por su arbitrariedad y crueldad y el papel que jugó uno de sus jefes en el asesinato de Francisco I. Madero, llevó a su disolución en 1914, junto con el Ejército federal derrotado, aunque a partir de la década de 1920, como ha recordado Mariano Sánchez Talanquer en un artículo publicado hace poco en nexos, en diversos estados del país surgieron de nuevo defensas rurales usadas tanto para combatir al bandidaje como para defender la reforma agraria cardenista o, contradictoriamente, para reprimir las protestas campesinas.

A partir del estallido de la rebelión de Madero en 1910 y al menos hasta el triunfo del Ejército Constitucionalista, en 1916, de nuevo la vida del país estuvo marcada por el conflicto armado generalizado. Fue de la facción triunfadora, el Constitucionalismo, que desde sus orígenes se había propuesto organizar sus fuerzas con jerarquías y estructuras militares formales, de donde nacería la parte fundamental del actual Ejército mexicano. A pesar de que los caudillos constitucionalistas gustaban identificarse como ciudadanos armados, y no como militares, y de que una y otra vez clamaban contra el militarismo, los años del siglo pasado previos al gran pacto de 1929 también estuvieron marcados por el protagonismo de los señores de la guerra surgidos de manera improvisada de la Revolución y que se distinguían por su carácter levantisco y por su mal conformar.

Entre 1920, con la rebelión de Agua Prieta contra Venustiano Carranza, a la que Luis Cabrera llamó “huelga general de generales”, y 1929, cuando en el mismo momento en el que nacía el Partido Nacional Revolucionario se rebelaron varios generales encabezados por José Gonzalo Escobar, lo crucial de la política se resolvió a balazos entre los caudillos militares. Además, el Ejército siguió siendo usado, durante esa década y las dos siguientes, para controlar las sublevaciones locales, sobre todo la cristera. El Ejército de la época formativa del régimen fue un instrumento de represión de la disidencia, lo mismo que el escenario fundamental de la competencia política, resuelta siempre con los contrincantes muertos. Hasta ahí la historia es muy conocida.

El pacto de 1929, propiciado por el asesinato del general Álvaro Obregón, recién reelecto casi por unanimidad una vez asesinados sus posibles competidores por la presidencia, tuvo como principal objetivo reducir la violencia en la lucha por el poder entre la coalición que controlaba al país. En la construcción del acuerdo, del que surgió el Partido Nacional Revolucionario, jugaron un papel central los políticos civiles empeñados en la desmilitarización del país, pero participaron también muchos de los generales que habían estado del lado ganador en las sucesivas confrontaciones armadas. El pacto político se dio de manera paralela al proceso de reforma del Ejército impulsado por Plutarco Elías Calles y operado por el general Joaquín Amaro.

La reforma de Amaro significó un gran avance en la profesionalización del Ejército, pero no acabó con el protagonismo político de los generales ni estableció definitivamente una concepción de las Fuerzas Armadas como un órgano neutral del Estado. La ruptura entre Calles y Cárdenas, en junio de 1935, que implicó una purga de callistas entre la oficialidad, fue seguida por el intento cardenista por cambiar la concepción del Ejército como cuerpo políticamente neutro por una centrada en la idea de que los soldados formaban parte del proletariado y el Ejército surgido de la Revolución debía forjar una conciencia de clase que lo alineara con los obreros y los campesinos en la lucha de clases contra la explotación capitalista.

Sin embargo, la mayoría de los oficiales del Ejército, incluso los que habían ascendido a partir de la ruptura con el callismo, no compartían esta visión clasista del papel de las Fuerzas Armadas ni estaban dispuestos a renunciar a sus negocios. Rath documenta bien el espíritu empresarial de la mayoría de los jefes militares surgidos de la Revolución, propensos a usar a los soldados a su servicio para sus proyectos de construcción, a acaparar tierras compradas a precio de saldo a los antiguos terratenientes porfirianos arruinados y a usar su poder para extorsionar y negociar con la desobediencia de las leyes.

Aquellos militares con habilidades para hacer negocios no vieron con buenos ojos la idea del Ejército garante de la democracia de trabajadores a la que aspiraba el nuevo partido del régimen, surgido del nuevo pacto impulsado por Cárdenas entre una parte de la coalición original —la que quedó de su lado después de la ruptura con Calles— y las organizaciones obreras y campesinas. El diseño original del Partido de la Revolución Mexicana, con sus cuatro sectores: el obrero, el campesino, el popular y el militar, reflejaba la idea cardenista, influida por el marxismo de Vicente Lombardo Toledano, de un Ejército no neutro, sino comprometido con el proyecto político según el cual el Estado debería jugar del lado de los trabajadores para equilibrar la balanza en la lucha de clases.

Rath narra con detalle el cambio en la formación ideológica de la educación militar durante el gobierno de Cárdenas y cómo se les pretendió inculcar conciencia de clase a los soldados y a los cadetes del Colegio Militar, pero documenta también el descontento de buena parte de los generales con el papel que se les pretendía endosar. El relato de Rath deja claro que fue la construcción de una fuerte coalición de generales a su alrededor lo que inclinó la sucesión en favor de Manuel Ávila Camacho, aunque apenas si considera a Francisco J. Múgica contendiente, tal vez porque su estudio refleja sobre todo lo que ocurría en el Ejército, donde el general valido de Cárdenas —apoyado por el ala radical del cardenismo, sobre todo por el ámbito del Partido Comunista, pero que no contaba con el apoyo de la poderosa CTM de Lombardo— gozaba de animadversión generalizada.

En la sucesión de Cárdenas fue evidente el peso que todavía tenía el Ejército, tanto en el lado oficialista como en el opositor, encabezado por uno de los generales más poderosos, prototipo del general–empresario, Juan Andreu Almazán, quien logró un tirón electoral tan importante que puso en jaque al candidato oficial, aunque finalmente se impuso la maquinaria fabricante de votos y la movilización del voto campesino de los beneficiarios del reparto agrario o de los aspirantes a llegar a serlo. Almazán logró construir una coalición amplia en torno a su candidatura, en la que se sumaron generales, el Grupo Monterrey y los círculos políticos de la Iglesia católica.

La parte más interesante de la narración de Rath es la del gobierno de Ávila Camacho. Es ahí donde se van delineando los rasgos del pacto al que finalmente se llegó con los generales para que se alejaran de la competencia por la Presidencia de la República. Desde el principio de su gobierno, Ávila Camacho se inclinó por los partidarios de desideologizar el papel político del Ejército. Cambió la retórica oficial y el llamado a la unidad nacional sirvió para construir una nueva imagen del Ejército como garante de ese propósito, una fuerza patriótica al servicio de toda la sociedad.

La Segunda Guerra Mundial fue el momento de construcción de nuevos equilibrios de poder entre el Ejército y en su relación con el gobierno. Ávila Camacho usó la amenaza de guerra para unificar facciones y para reincorporar a generales díscolos o marginados por su antigua cercanía con Calles, como el influyente Joaquín Amaro, que había sido el impulsor de la profesionalización basada en la neutralidad y también próspero en los negocios, y Abelardo Rodríguez, el expresidente del grupo sonorense, una de las estrellas de los negocios legales e ilegales hechos al amparo de las armas. Aunque Cárdenas atemperó el reparto territorial de Ávila Camacho durante su estancia en la Secretaría de la Defensa Nacional —que duró lo que duró el estado de guerra con las potencias del Eje, ni un día más—, fue tolerante con el uso del poder militar para enriquecerse.

En el nuevo reparto del poder que se gestó durante el gobierno de Ávila Camacho se respetó el papel de los altos mandos militares como reguladores arbitrarios de los mercados clandestinos. El caso del asesinato del gobernador de Sinaloa Rodolfo T. Loaiza durante el Carnaval de Mazatlán de 1944, casi siempre atribuido al general Pablo Macías, antecesor de Cárdenas como secretario de la Defensa Nacional, fue la expresión del proceso de control sobre el mercado de la amapola del Triángulo Dorado, que comenzaba a producir entonces grandes dividendos debido al aumento de la demanda en Estados Unidos entre los veteranos de guerra que volvían con dependencia a la morfina y se quedaban sin acceso a la sustancia legal. Durante décadas, la producción clandestina de amapola en el noroeste del país abasteció buena parte de la demanda ilegal de morfina y heroína de Estados Unidos sin grandes brotes de violencia. Los productores y traficantes negociaban directamente su desobediencia de la ley con los jefes de las zonas militares y las autoridades locales, quienes les vendían protección de la misma manera que prácticamente la totalidad de los servicios del Estado eran mercadeados por los agentes encargados de proveerlos. La negociación directa de la desobediencia de la ley fue el mecanismo por medio del cual el régimen del PRI redujo la violencia en todo el país y el narcotráfico no era una excepción.

El de Ávila Camacho fue todavía un gobierno de generales. En cambio, sólo los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina ostentaron grados militares durante el gobierno de Miguel Alemán. El cambio es el reflejo de un nuevo pacto, en el que se establecieron reglas tácitas para el encaje de la oficialidad de las Fuerzas Armadas en la nueva coalición de poder. Del nuevo pacto surgió el PRI y se basó, sobre todo, en una nueva relación de la clase política con los empresarios. De acuerdo con Rath, no se trató ni de la desmilitarización total de la política ni de la despolitización completa del Ejército. Sólo se acotó el campo de su actuación, pero durante las dos décadas siguientes siguieron siendo cruciales en el juego político local y, por supuesto, se pudieron dedicar libremente a vender protecciones particulares y a seguir haciendo negocios en el mercado formal y, sobre todo, en el informal.

Durante el gobierno de Alemán no concluyó el proceso de aceptación del pacto, que implicó lealtad al pragmatismo del régimen del PRI y respeto de su monopolio de la representación. En 1948 hubo amagos de rebelión y todavía en 1952 una importante facción de generales retó al régimen en torno a la candidatura de Miguel Henríquez Guzmán, antiguo leal de Cárdenas que, sin embargo, no tuvo empacho en enriquecerse desde el generalato. Sin embargo, la mayoría de los generales se sintió cómoda en su nuevo papel y aceptó las nuevas reglas de reparto del botín estatal entre las distintas partes de la coalición de poder. Fue entonces donde acabaron de definirse las tareas de las que se haría cargo el Ejército.

Después de la Segunda Guerra Mundial había quedado establecido el lugar de México en el orden internacional, bajo la égida del poder de Estados Unidos. Como fuerza de defensa frente a alguna amenaza exterior el Ejército era inútil, a menos que fuera contra Guatemala. Su papel establecido formalmente, de garantía de defensa de la patria carecía por completo de sentido. Así, el papel que se le endilgó fue el de policía política y cuerpo represor del bandidaje y la insurrección política. También comenzó a ser la fuerza de control de la protesta social, aun cuando ésta fuera pacífica.

Durante la época clásica del PRI el Ejército fue usado permanentemente, de manera inconstitucional, para expresar la fuerza de la coalición de poder. Los militares fueron el armazón del autoritarismo y aunque se mantuvieron ya al margen de la disputa por el control del gobierno nacional, siguieron jugando un papel político crucial, sobre todo en el ámbito regional. Rath documenta la persistencia de generales con fuerza política propia, que definían la política en sus regiones incluso bien entrada la década de 1960, a pesar de las reglas de rotación en las jefaturas de zona militar. Los militares mantuvieron una cuota sustancial de representación legislativa y siguieron obteniendo gobiernos estatales.

El pacto del PRI con los militares implicó que no se construyera una policía civil nacional y que las policías locales fueran una fuente más de empleo para la oficialidad, incluso con la posibilidad de obtener tanto su estipendio militar como  el sueldo del cargo policiaco. Las formas de operación de las policías locales, formadas por los militares, reproducían sus formas de actuación arbitrarias y sus estrategias de limpieza social.

Siempre que los soldados hacían el trabajo de policías actuaban con el estilo militar de contener violentamente las amenazas, en lugar de acumular pruebas para un juicio legal. Los oficiales del Ejército organizaban o llevaban a cabo torturas o ejecuciones extrajudiciales con impunidad. No fueron infrecuentes las matanzas de campesinos disidentes o de bandidos producidas por el Ejército, como cuando en 1943 el Ejército respondió a intentos de rebelión en Morelos y el Estado de México ejecutando sumariamente a todos los “bandidos” que encontraban; lo mismo ocurrió por esos años en Nayarit.

En cualquier caso, a lo largo de las décadas de 1940 y 1950, lo que se esperaba de la mayor parte del Ejército era que actuara como policía en las zonas rurales, reprimiera disidentes y proveyera su propia inteligencia sobre disturbios políticos y sociales a la SDN.3

Son conocidos los episodios de utilización de la represión militar de la disidencia y los movimientos sociales. En 1948 el Ejército actuó contra la dirección legítima del sindicato ferrocarrilero y sirvió para imponer a un dirigente oficialista, el Charro Díaz de León, cuyo apodo se extendió a todos los líderes sindicales oficialistas; en 1956 los soldados tomaron el Instituto Politécnico Nacional para sofocar un movimiento estudiantil, en 1960 se les usó para romper la huelga de los ferrocarrileros, rodearon a miles de trabajadores y los trasladaron a campos militares en diferentes puntos del país antes de enviarlos a prisiones civiles.

Incluso otras agencias encargadas de la violencia estatal fueron nutridas por las Fuerzas Armadas. Ya he mencionado a las policías locales. Hay que sumar a la nefanda Dirección Federal de Seguridad, creada por Miguel Alemán en 1947, en parte con oficiales del Ejército, aunque también se nutrió de civiles a los que se les otorgaba grados militares para aumentar sus ingresos. También los oficiales del Ejército y la Marina tuvieron influencia en la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, antecedente del Cisen.

Durante las siguientes décadas del régimen del PRI, las Fuerzas Armadas fueron intocables en los medios de comunicación, como parte del pacto que garantizó su alejamiento relativo de la lucha por el poder político. A cambio de su complicidad con el poder civil, los altos mandos del Ejército consiguieron mantener importantes parcelas de control territorial de rentas, una representación corporativa en el Congreso, gobiernos estatales y la cerrazón frente a cualquier escrutinio social, no se diga ya judicial, de sus actividades. También ejercieron la censura contra películas que les incomodaban, como hicieron en 1960 con La sombra del caudillo, de Julio Bracho, basada en la novela de Martín Luis Guzmán, una ficción inspirada por el asesinato en 1927 del general Francisco Serrano, llevado a cabo por militares.

En el discurso oficial, las Fuerzas Armadas eran objeto de reconocimiento y pleitesía en cada informe presidencial, donde era alabada su patriótica entrega; en el momento de la mención del presidente, los jefes militares eran ovacionados con entusiasmo por los presentes en el recinto legislativo y éstos se ponían de pie, con gesto marcial, para agradecer los aplausos. Más que una obligación, su aceptación de la subordinación al orden civil del régimen era vista como una concesión que cada año debía ser agradecida desde la tribuna en la que el Ejecutivo simulaba rendir cuentas a la nación.

Durante la década de 1960 en diversos estados del país se usó al Ejército para reprimir los movimientos estudiantiles, aunque la tragedia del 68 marcó el límite de la utilización del Ejército contra la protesta civil en las zonas urbanas, mientras, durante la década de 1970, se le continuó usando para perseguir a la insurrección rural, como la de Lucio Cabañas en Guerrero y, a partir de la Operación Cóndor, para el exterminio de los plantíos de amapola y mariguana, como parte de la guerra contra las drogas impuesta por el gobierno de Estados Unidos. Desde entonces, el Ejército ha estado implicado en la lucha contra el narcotráfico, aunque sin dejar de administrar las redes de protección particular en diversas regiones.

Así, el protagonismo que ha adquirido el Ejército en tareas de seguridad pública desde 2007 no es sino la exacerbación de un papel que nunca dejó de cumplir. Los intentos fallidos de construir un cuerpo de policía federal civil, que comenzaron durante el gobierno de Ernesto Zedillo, siempre con la participación de las Fuerzas Armadas en su construcción, han mostrado de manera descarnada el hecho de que la desmilitarización en México nunca concluyó, sólo fue enmascarada. El régimen del PRI se sustentó no sólo en su estructura corporativa y su maquinaria de control electoral, sino en las Fuerzas Armadas, que siempre fueron parte de la coalición de poder.

En el antiguo régimen, el control militar del territorio era coherente con el que de manera cotidiana ejercían las autoridades locales, casi todas provenientes del PRI y que se entendían bien con los mandos del Ejército. A partir de la lectura de otro libro reciente, Votes, Drugs, and Violence. The Political Logic of Criminal Wars in Mexico, de Guillermo Trejo y Sandra Ley,4 se puede tejer la conjetura de que con la irrupción de la pluralidad electoral se rompieron las redes de comunicación entre las autoridades locales y las Fuerzas Armadas y eso condujo al proceso de desmantelamiento de las fuerzas policiacas locales llevado a cabo por las Fuerzas Armadas a partir del gobierno de Felipe Calderón, pues los diversos pactos políticos de las autoridades locales crearon conflictos en el proceso de venta de protecciones particulares a las organizaciones que controlan los mercados clandestinos.

Los gobiernos producto de la alternancia democrática, en lugar de emprender una reforma del Estado que sustituyera la antigua maquinaria de venta de protecciones particulares —ineficiente y corrupta, con enormes problemas de agencia que implicaban el abuso privado de las parcelas de poder estatal, pero que garantizaba la reciprocidad clientelista— por cuerpos civiles, relativamente despolitizados, transparentes y obligados a rendir cuentas de todos sus actos, han devuelto a las Fuerzas Armadas el control casi monopólico de la violencia estatal.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo el supuesto de que su carácter disciplinado resolverá los problemas de agencia y de corrupción, les ha devuelto a las Fuerzas Armadas una serie de tareas que habían perdido al menos parcialmente, como el control de los puertos y de la marina mercante o las aduanas. También ha reestablecido su papel como constructoras de obras de infraestructura, fuente de gran corrupción en los años formativos del régimen del PRI y, desde luego, ha dejado bajo su control a su nuevo cuerpo policiaco, la Guardia Nacional, que se mantiene militarizado a pesar de contravenir la propia reforma constitucional que lo creó. La presencia militar en la vida del país ha vuelto a ser tan conspicua como en los años del gobierno de Ávila Camacho, antes de que con Alemán perdiera notoriedad, aunque conservara gran poder.

En 1999 concluía mi ensayo sobre el Ejército desconocido con este párrafo:

El conjunto más delicado de reglas del juego para una democracia es aquél que garantiza, precisamente, el sometimiento de los cuerpos armados al poder instituido. El Estado es una organización cuya ventaja comparativa radica en la posibilidad del uso de la violencia en última instancia. De ahí que aquéllos que tienen las armas materialmente pueden convertirse en un grupo de interés en sí mismo y lograr su autonomía. Para que el acatamiento de las reglas del juego se vuelva autónomo en las fuerzas armadas, el consenso en torno a tales reglas debe ser sólido entre las fuerzas políticas, de manera que no surjan litigios severos que polaricen a los actores. 

Veintidós años después, los gobiernos democráticamente electos no sólo no han hecho la tarea, sino que nos han conducido a un retroceso que puede tener graves consecuencias.

 

Jorge Javier Romero Vadillo
Profesor-investigador titular C del Departamento de Política y Cultura de la UAM-Xochimilco.


1 Romero, J. J. “El Ejército desconocido”, nexos, febrero 1999.

2 Rath, T. Myths of Demilitarization in Posrevolutionary Mexico, 1920–1960, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2013.

3 Rath, ob. cit., p. 99.

4 Trejo, G., y Ley, S. Votes, Drugs, and Violence. The Political Logic of Criminal Wars in Mexico, Cambridge University Press, Cambridge, 2020.