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A fines de los años ochenta se libró una discusión de seguridad nacional en torno a la conveniencia de que el ejército mexicano tuviera o no responsabilidad directa en la persecución del narcotráfico. Se decidió entonces que, a semejanza de la política estadounidense en la materia, esa guerra la diera una corporación policiaca especial y no el ejército, ya que se corría el riesgo de que el encargado se contaminara y corrompiera en la tarea. Se encomendó el trabajo entonces a quien formalmente lo desempeña todavía: una división especial de la Procuraduría General de la República. La contaminación de los encargados se hizo evidente con el tiempo. La decisión de mantener los mandos castrenses fuera de la guerra del narco fue desbordada y revertida por los hechos. El ejército intervino cada vez más. El nombramiento del general Jesús Gutiérrez Rebollo como responsable del Instituto Nacional del Combate a las drogas, hace unas semanas, fue un momento culminante de este involucramiento. Su detención, hace unos días, como cómplice de los delitos que debía combatir, prueba hasta qué punto la contaminación temida en los ochenta se hizo realidad en los noventa.

Nadie puede negar que la detención de Gutiérrez Rebollo es una muestra de intolerancia a la impunidad. Pero nadie puede tampoco dejar de ver en el caso una prueba de los poderes corruptores del narco y de la vulnerabilidad de los instrumentos de seguridad pública a sus ofertas. El asunto es central: corrompido el ejército por el narco, no hay más allá, no hay otra trinchera a la que replegarse en busca de respuesta al desafío de una organización criminal que parece capaz de penetrarlo todo. No es una debilidad peculiar mexicana o colombiana. Los primeros en fracasar sistemáticamente frente a las correas persuasivas del narco han sido los Estados Unidos, cuya sociedad consume una proporción mayoritaria del mercado mundial de drogas. Todos los esfuerzos norteamericanos, incluida la presión intervencionista de sus agencias especializadas sobre gobiernos cuyos países son origen o paso de narcóticos, no han sido suficientes para suprimir el narcotráfico de sus ciudades, sus calles, sus centros de diversión, sus oficinas y sus escuelas. Ese es el fracaso que explica los otros: el fracaso estadounidense en el control del comercio y el consumo ilegal de drogas en su propio territorio.

Es un pobre consuelo que así sea. A diferencia de Estados Unidos, donde el narcotráfico es fundamentalmente un problema de salud pública, en México tiende a volverse, como en Colombia, un problema de seguridad nacional, un desafío al corazón mismo de la organización política y de la vida pública, que no es otro que el monopolio legal de la violencia por los órganos respectivos del Estado. Diversos hechos recientes han puesto en duda la capacidad de la fuerza pública —ejército y policías— para cumplir su función esencial de preservar la paz, combatir el crimen y mantener la violencia inevitable en toda sociedad en niveles tolerables. La aparición de las guerrillas en el sur y la explosiva propagación del crimen en las grandes ciudades de México, son dos hechos que hablan en ese sentido.

No obstante, en materia de desafío al monopolio estatal de la violencia y al respeto a la ley, que es el asiento de toda seguridad pública estable, nada ha crecido más en los últimos tiempos que los ejércitos del narco. Es una guerra que la fuerza pública va perdiendo. Mejor dicho, es una guerra que se gana todos los días en unos frentes y se pierde todos los días en otros. La diversidad porosa y proteica de los ejércitos del narco son su poder y también son su límite. La PGR calculaba el año pasado que había en el país unas cien organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, bandas rivales entre sí, caracterizadas por la corta vida de sus dirigentes y de sus operaciones, provocada a su vez por el sistemático desmantelamiento de los grupos más poderosos. Esa fragmentación es la que impide exterminar a los ejércitos del narco en una sola batalla decisiva o en un solo frente de guerra. Eso es también lo que impide que su acción acabe de constituirse en una amenaza directa a los poderes públicos. El narcotráfico no es una amenaza frontal sino una fuerza erosionante que va oxidando y pudriendo poco a poco a los cuerpos encargados de combatirlo, hasta volverlos organismos cómplices, infectados desde adentro por la corrupción y desde afuera por el descrédito, el temor y la desconfianza públicas.

En la actual estrategia de lucha contra el narco y el crimen organizado, no parece haber espacio para la prevención de los ochenta sobre la inconveniencia de tener al ejército en tareas policiacas. Las cosas parecen ir justamente en el sentido inverso. Mandos militares ocupan puestos de dirección y combate en las corporaciones policiacas. El ejército asume un papel protagónico en distintas trincheras de combate al crimen en las ciudades. La policía judicial destacada en Baja California fue sustituida completa, hace unos días, por militares con licencia.

Quizá no hay alternativa. Quizá el fracaso de las corporaciones de seguridad no castrenses ha sido tan grave que no puede seguirse apostando a que funcionen alguna vez. Quizá ha dejado de ser posible, por la presión externa estadunidense y por la presión interna del crimen, plantearse la separación del ejército de las tareas policiacas que está asumiendo. Pero si el narco corrompe al ejército en la proporción y la profundidad que ha corrompido a las policías encargadas de perseguirlo, si el caso del general Gutiérrez Rebollo no es un punto final sino un punto y seguido en la corrupción militar frente al narco, habremos expuesto a los poderes corruptores del narco nuestra última trinchera. Su pérdida o su debilitamiento no tendrán vuelta atrás. Habremos expuesto a la erosión del narco el corazón mismo del estado.

 

Héctor Aguilar Camín


Publicado originalmente en La Jornada el 24 de febrero de 1997.