A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral y escolar de las madres y padres solos o tutores que buscan empleo, trabajan o estudian para que cuenten con facilidades para obtener el cuidado y atención infantil
Población atendida en 2019: 213268 personas (fuente: Transparencia Presupuestaria)
Presupuesto aprobado para 2020: 2192429843 pesos (fuente: PEF 2020)


Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente
Objetivo: Aumentar los ingresos de las personas con discapacidad permanente para reducir la brecha de ingresos monetarios respecto a las personas sin discapacidad
Población atendida en 2019: 837428 personas (fuente: Transparencia Presupuestaria)
Presupuesto aprobado para 2020: 14197246989 pesos (fuente: PEF 2020)

 

Dentro de las transferencias directas creadas por el gobierno de López Obrador hay tres que son importantes para mejorar el acceso a la seguridad social: la Pensión Universal para Adultos Mayores, la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente (PBPDP) y el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras (PABNNHMT). De estos dos últimos se ocupa este texto, a partir de la reciente evaluación de su diseño hecha por el Coneval.

El PABNNHMT apoya a madres y padres solos, sin seguridad social y con mínimas oportunidades de desarrollo laboral y educativo, por ser quienes cuidan de menores de edad que aún no asisten a la escuela. Es una realidad clave de desigualdad de género. El modelo de familia tradicional impone a las mujeres en situación precaria una doble jornada de trabajo, pues son ellas las que también hacen labores de cuidados personales, cuyo valor no es retribuido ni reconocido.1 En la práctica, esta carga dispar es una gran barrera para la igualdad económica, laboral y de acceso a derechos entre hombres y mujeres.

El programa tuvo un presupuesto de 2200 millones de pesos en 2019, pequeño si se le compara con la pensión para adultos mayores que tuvo en ese mismo año cerca de 100 000 millones de pesos (50 veces más). Durante el mismo periodo, atendió a alrededor de 213 000 personas, según el portal de Transparencia Presupuestaria del gobierno federal.

El Coneval reporta que la cobertura del programa fue de sólo 17 % respecto a su población objetivo. Pero según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares de 2018, hay poco más de seis millones de mujeres trabajadoras, con niños menores de tres años, que son empleadas y no cuentan con servicio de guardería por seguridad social.

Ilustración: Víctor Solís

Se atiende el problema, pero Coneval señala que no hay suficiente evidencia empírica de que las transferencias directas propicien la inserción laboral de las madres trabajadoras. De hecho, el nuevo esquema propuesto deja los cuidados personales en manos del mercado o de la familia, pues no invierte en infraestructura pública que preste el servicio. Mercantilizar este derecho puede ser contraproducente, puede aumentar la desigualdad porque el programa no tiene mecanismos claros de seguimiento a los beneficiarios.

Los aspectos positivos del programa son su eficacia al actualizar el padrón, al entregar los apoyos y la buena percepción de los beneficiarios. Aunque actualmente los apoyos se entregan por órdenes de pago, se espera una bancarización a futuro que podría ser un reto de ejecución.

El Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras ha identificado un problema importante y ha mostrado un manejo en el terreno con aspectos muy positivos, como la capacidad de adaptarse al entorno y encontrar a los beneficiarios para otorgar el apoyo. Pero, el número de beneficiarios y el presupuesto son mínimos, comparados con las personas que podrían requerir del apoyo. Hay, además, una discusión pendiente sobre el diseño del programa porque las transferencias directas no siempre son la herramienta más eficaz para asegurar derechos.

La Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente está dirigida a personas jóvenes de menos de 29 años en general y a personas de menos de 64 años en comunidades indígenas. Busca reducir la brecha de ingresos que existe entre las personas con y sin discapacidad. Esta desigualdad se observa en las últimas cifras de pobreza de 2018. De acuerdo con el Coneval, el 48 % de la población con alguna discapacidad se encuentra en pobreza, por contraste con el 41 % de personas sin discapacidad.

El programa registró más de 837 000 personas, según el portal de Transparencia Presupuestaria del gobierno federal, con un presupuesto de 8 500 millones de pesos. Es modesto al lado de las Becas Benito Juárez o la Pensión para Adultos Mayores, aunque con una cobertura significativa. Según cifras del Coneval, en 2019, su apoyo llegó a alrededor del 37 % de la población objetivo.

Aunque la brecha en los ingresos de las personas con discapacidad es importante, la evaluación del Coneval considera que falta un diagnóstico más profundo sobre las causas estructurales de los bajos ingresos de este grupo. Sólo así podrá validarse si una transferencia directa es la mejor opción. Faltan, también, definiciones claras para distinguir “discapacidad permanente” de “discapacidad temporal” y protocolos para determinar en qué casos el personal que opera el programa debe pedir al beneficiario un certificado médico y en cuáles no.

A este programa se le reconocen sus esfuerzos para integrar un Padrón Único de Beneficiarios y para capacitar a los operadores con el fin de atender mejor a la población objetivo, que es vulnerable y sufre desigualdad y discriminación.

Si se toma en cuenta que es un programa nuevo, sus avances en cobertura de beneficiarios han sido encomiables. Pero igual que con el Programa para Mujeres Trabajadoras, el Coneval recomienda hacer un diagnóstico más detallado y profundo sobre las causas del problema e integrarlas a la operación del programa.

Los programas discutidos aquí proveen, mediante transferencias directas de efectivo, protección social para grupos que sufren desigualdades y rara vez tienen acceso a la seguridad social que incluye los beneficios y seguros del IMSS e ISSSTE. Aunque las evaluaciones sugieren que este gobierno ha identificado problemas de desigualdad importantes, no cuenta con un diagnóstico más profundo y, por tanto, se requiere más análisis para validar si los instrumentos de política pública usados actualmente son los más eficientes.

Las transferencias directas y no condicionadas de efectivo tienen muchas ventajas: pueden tener efectos indirectos positivos como reactivar la economía local de zonas con alto grado de marginación y rezago. Pero, no siempre son suficientes para solucionar ciertos problemas, sobre todo en materia de protección social. Para que exista una inserción laboral, educativa y económica de grupos vulnerables, como madres trabajadoras con hijos pequeños y personas con discapacidad, es necesario que los apoyos tengan mayores presupuestos para aumentar su cobertura y que los programas vengan acompañados de un aumento en la infraestructura pública de guarderías, hospitales, comunicaciones, entre otros.

Si el gobierno de López Obrador quiere un cambio sustancial en las condiciones de vida de millones de mexicanos que viven en pobreza, tendrá que darle espacio en su agenda a una reforma fiscal para mayor presupuesto y para financiar la propuesta de un sistema de seguridad social universal.

 

Diego Alejo Vázquez
Maestro en Economía por El Colegio de México y gerente de Investigación de Oxfam México.


1 García, B., Pacheco, E., Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, El Colegio de México, ONU Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2014.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.