Las proclamaciones meritocráticas, parte del discurso oficial de muchos países capitalistas, contrastan con las enormes desigualdades de acceso a recursos como la educación y la riqueza, y con el incremento de las desigualdades socioeconómicas en las últimas décadas.1

Entre los países capitalistas, los escandinavos se acercan más a una sociedad con igualdad de oportunidades y con menor nivel de desigualdad. Tienen un régimen de bienestar socialdemócrata,2 con una fuerte intervención del Estado a través de la política fiscal y de políticas sociales universales, con cobertura generalizada, generosas y equitativas.3 Han igualado de forma importante las oportunidades de los individuos al reducir el peso de su origen social y de otros factores socioeconómicos.4 Además del fiscal, entre los ámbitos de política prioritarios para promover la igualdad de oportunidades, están el educativo, el de salud, el laboral, el de seguridad y protección social, instrumentados en el marco de una lógica redistributiva.5 Las etapas de vida que se consideran más cruciales, que requieren inversión prioritaria, son el desarrollo en el útero, la infancia y la juventud.6

Ilustración: Patricio Betteo

En México, al menos durante las últimas tres décadas, el Estado ha atraído la noción de igualdad de oportunidades como un principio rector de política pública, pero las acciones están lejos de las requeridas para eliminar o al menos reducir sustantivamente los efectos de factores socioeconómicos. El país se ha caracterizado no sólo por la pobreza y desigualdad persistentes, sino por su marcada transmisión intergeneracional que reproduce y garantiza privilegios y desventajas.7 Es muy probable que un niño mexicano nacido en un hogar pobre sea pobre el resto de su vida. Si, además, es mujer e indígena, o tiene piel oscura, su destino resulta aún más desventajoso.8

En el México de los últimos treinta años, por un modelo de desarrollo anclado en el neoliberalismo y con exiguo crecimiento económico, fiscalmente ha habido una baja redistribución y la política social no ha creado instituciones que garanticen la cobertura de toda la población y niveles generosos de bienes y servicios, distribuidos con equidad entre las personas. Las intervenciones sociales se han orientado cada vez más a acciones focalizadas; si bien han generado beneficios entre sectores previamente excluidos, también han profundizado la segmentación y estratificación de las instituciones sociales. Se ha consolidado la existencia de ciudadanos de primera y de segunda clase.9

Aun así durante el periodo hubo intervenciones gubernamentales que aunque limitadas apuntaron en el sentido correcto para emparejar el campo de juego desde el desarrollo en el útero y la temprana infancia. Es el caso de Prospera, programa que operó en el país entre 1997 y 2018 y llegó a cubrir a 6.6 millones de familias en condiciones de pobreza extrema a nivel nacional.10 Prospera buscó la igualdad de oportunidades y romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante el desarrollo del capital humano: estas acciones ampliarían el acceso a mejores oportunidades laborales que generarían mayor ingreso.11

Prospera entregaba transferencias monetarias a las familias, condicionadas a la asistencia escolar de niños y jóvenes y acciones de salud preventiva para todos sus miembros, incluido control prenatal (para las mujeres embarazadas) y nutricional (para niños pequeños y mujeres embarazadas o en lactancia); otorgaba complementos alimenticios para menores de 5 años y mujeres embarazadas o en lactancia, y útiles escolares a los estudiantes. Con un abordaje integral se pretendía mejorar el consumo, la nutrición y la salud de todos sus miembros y elevar la escolaridad de los descendientes.

Los resultados fueron mixtos. Puede afirmarse que Prospera benefició familias con cambios sustantivos y favorables en su vida. Contribuyó a reducir desigualdades entre un sector de la población históricamente excluido y el resto de la población nacional. Prospera mejoró el consumo alimentario y no alimentario, redujo la prevalencia de algunas enfermedades, disminuyó la desnutrición infantil, aumentó la escolaridad de niños y jóvenes y el ingreso laboral de los jóvenes y redujo brechas de género y étnicas en educación. También tuvo limitaciones serias, como el incipiente efecto sobre el desarrollo cognitivo de los niños y el aprendizaje de los estudiantes, asociados en buena medida a la deficiente calidad de los servicios de salud y educación, y a un mínimo impacto sobre la movilidad ocupacional intergeneracional, relacionado con las debilidades de los mercados laborales y de la economía en su conjunto.12

Los resultados del programa fueron insuficientes para igualar el terreno entre los niños y jóvenes pobres y sus contrapartes de otros sectores sociales. Pero un esfuerzo constante durante un periodo largo produjo avances en el sentido correcto y brindó certeza a las familias de que tendrían recursos para alimentarse, asistir a los centros de salud y enviar a sus hijos a la escuela. Si no se logró reducir de forma más drástica el efecto de los orígenes sociales sobre los desenlaces socioeconómicos de nuevas generaciones de mexicanos, no sería justo responsabilizar a Prospera.

Se requiere de un conjunto integrado de acciones sociales, con carácter universal, para favorecer la igualación: economía dinámica, recursos públicos suficientes, andamiaje institucional que soporte y dé continuidad a la política social universal y reconocimiento del Estado como garante de derechos económicos y sociales para todos los ciudadanos. En un contexto como el de México, ningún programa por sí solo podría lograr una empresa de tan gran calado.

La cancelación de Prospera a partir de este año ha generado un vacío preocupante. El actual gobierno, que se ha autodefinido como posneoliberal y de izquierda, aún no ha mostrado acciones que permitan avistar un futuro con menor desigualdad. Se ha rechazado la posibilidad de una reforma fiscal redistributiva y no es clara una transformación de las instituciones sociales de gran envergadura que cimente una atención universal, basada en el reconocimiento de derechos. El papel que desempeñaba Prospera para reducir las desventajas de los nacidos en hogares pobres, al menos en materia de alimentación, salud y educación, aún no tiene sustituto eficaz.

El freno a la desigualdad, a la sociedad de privilegios, requiere de acciones profundas que sólo pueden darse con un amplio consenso social. Sería una oportunidad perdida si con su amplio apoyo popular esta administración no construye alianzas necesarias e impulsa un cambio de fondo hacia una sociedad más equitativa.

 

Iliana Yaschine
Investigadora del PUED-UNAM.


1 Piketty, T. Capital et idéologie, Editions du Sevil, París, 2019.

2 Esping-Andersen, G. “The three political economies of the welfare state”, en G. Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism, Princeton University Press, 1990.

3 Martínez Franzoni y Sánchez Ancochea (2016) definen las políticas sociales universales como aquellas que llegan a toda la población con transferencias y servicios generosos similares.

4 Ver: Beller, E. y Hout, M. “Welfare states and social mobility: how educational and social policy may affect cross-national differences in the association between occupational origins and destinations”, Research in Social Stratification and Mobility, 2006, 24, pp. 353-365, y Sorensen, A. “Welfare states, family inequality, and equality of opportunity”, Research in Social Stratification and Mobility, 2006, 24, pp. 367-375.

5 Hout, M. y DiPrete, T. “What we have learned: RC28’s contributions to knowledge about social stratification”, Research in Social Stratification and Mobility, 2006, 24, pp. 1-20.

6 Ver: Moore, K. “Thinking about youth poverty through the lenses of chronic poverty, Life-course poverty and intergenerational poverty”, CPRC Working Paper 57, Manchester, CPRC, 2005, y Shepherd, A. “Understanding and explaining chronic poverty”, CPRC Working Paper 80, Manchester, CPRC, 2007.

7 Ver: Altamirano, M. y Flamand L. (coords.). Desigualdades en México 2018, El Colegio de México, México, 2018, y Orozco, M., Espinosa, R., Fonseca, C. y Vélez, R. (coords.). Informe movilidad social en México 2019, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México, 2019.

8 Solís, P., Güémez, B. y Lorenzo, V. Por mi raza hablará la desigualdad. Efectos de las características étnico-raciales en la desigualdad de oportunidades en México, Oxfam, México, 2019.

9 Valencia, E., Foust, D., y Tetreault, D. Sistema de protección social en México a inicios del siglo XXI, CEPAL, Santiago de Chile, 2012.

10 El programa inicialmente se llamó Progresa, en 2002 cambió de nombre a Oportunidades y en 2014 a Prospera.

11 Poder Ejecutivo Federal, Progresa: Programa de Educación, Salud y Alimentación, México, 1997.

12 Ver: Yaschine, I. “Progresa-Oportunidades-Prospera, veinte años de historia”, en Hernández Licona G., De la Garza T. , Zamudio, J. e Yaschine, I. (coords.). El Progresa-Oportunidades-Prospera, a 20 años de su creación. Coneval, México, pp. 31-65, 2019, y Yaschine, I., et al., “Long-Term Study of PROSPERA on Intergenerational Occupational Mobility”, Policy Research Working Paper No. WPS 8999, World Bank Group, Washington, D. C., 2019.

 

2 comentarios en “Un campo nada parejo

  1. Ni una palabra sobre como la corrupción se ha comido los pocos recursos públicos disponibles para los programas sociales,. Sería bueno que alguno de los investigadores dedicara su tiempo a medir el impacto real de la corrupción en la disfuncionalidad del estado como regulador de la igualdad.

  2. En hora buena por el articulo, es indispensable implementar políticas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, enfrentar la desigualdad es una tarea para todos no solamente para los políticos y los empresarios, solo una sociedad civil politizada y activa puede contrarrestar los errores de los actuales gobiernos en el poder.