Acaba de publicarse el informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) sobre la situación de los migrantes centroamericanos que atraviesan México. El estudio se basa en una encuesta levantada a casi 500 migrantes, en entrevistas detalladas, y en un trabajo de sistematización de observaciones de campo de sicólogos, médicos y enfermeras que laboran en los espacios de atención en que MSF opera a todo lo largo de la ruta migratoria.

El cuadro de conjunto que presenta MSF es alarmante y francamente escandaloso.  Las experiencias de estos miles de migrantes se asemejan —en cuanto a la gravedad de la violencia— a las que han experimentado los refugiados que atiende MSF en las zonas de guerra de Oriente Medio y África. El gobierno de Estados Unidos concuerda con esta aseveración y ha colocado a las ciudades de Nuevo Laredo y Matamoros en su “zona de alerta para visitantes nivel 4”, igual que Siria y Afganistán.

Ilustración: Patricio Betteo

No es para menos. El 46 % de los migrantes centroamericanos encuestados decidieron salir de su país porque experimentaron un hecho violento que los afectó directamente. De éstos, más de un tercio intentó antes mudarse a otra localidad en el interior de su país, pero la prolongación de la inseguridad terminó por expulsarlos hacia Estados Unidos. A ellos se suman decenas de miles de otros refugiados que sin haber sufrido algún tipo de violencia, tienen temores fundados de que les pueda tocar.

Resulta tristísimo constatar que en lugar de ponerlos a salvo, el arribo a México los expone todavía más: 57 % de los migrantes encuestados fueron víctimas de la violencia durante su travesía mexicana —fueron secuestrados, golpeados o violados—. Los desaparecidos o asesinados, obviamente, no figuran en la encuesta.

El presidente López Obrador ha declarado que la Guardia Nacional no reprime migrantes, sino que los protege, pero la realidad es otra. Los migrantes usualmente son tratados por las autoridades como si fueran criminales: los apresan y luego los deportan.  Como la mayoría está huyendo de la violencia que hay en sus países, regresarlos no es protegerlos, sino condenarlos.

Por otra parte, no se hace gran cosa para protegerlos mientras están en México; las descripciones que hacen los migrantes de los Centros de Detención son escandalosas. Una señora hondureña, detenida con sus hijos y su esposo en Acayucan narra: “Desde el momento en que llegamos al Centro de Detención de Migrantes me di cuenta de que era una cárcel… no podemos ni caminar. Todo está sucio. Yo paso tres días aguantando las ganas de ir al baño porque los excusados están desbordados. Hace demasiado calor y nos da mucha sed. Cuando les pido agua, si no para mí al menos para mis hijas, me culpan por haberlas traído… No entienden que lo tuve que hacer para salvar sus vidas”.

Otra informante fue secuestrada junto con su familia a su entrada a México y luego de pagar su rescate cayó en manos de las autoridades migratorias. Cuenta que estar en el Centro de Detención de Migrantes es todavía peor que estar secuestrada: “Cuando estuve secuestrada al menos nos daban comida, mis hijos comían y yo estaba con mi marido, podía abrazarlo y llorar con él… Desde que llegamos, lo he visto sólo una vez; ya llevamos aquí 21 días… No puedes hacer nada, el calor es insoportable. La gente llora y grita; están desesperados y no puedes hacer nada”. Y termina su entrevista diciendo que quiere que los suelten aunque sea para que los criminales los maten, porque si los han de matar, al menos morirá viendo el cielo: “No quiero morir de tristeza y soledad aquí, peor que un animal”.

Si la meta del gobierno fuera cuidar a los migrantes, en lugar de apresarlos y deportarlos, tendría que tomar medidas de seguridad para protegerlos en su camino. El reporte de MSF habla de la presencia del crimen organizado esperando a los migrantes en todas las estaciones de autobuses para secuestrarlos. ¿No podrían cuidar eso? También los secuestran o los violan, roban o golpean a la salida de los albergues donde se refugian.

En la frontera norte, Estados Unidos remitió a México a 55 000 centroamericanos entre enero y octubre de 2019, gracias a la nueva política de asilo que acordaron los gobiernos de Trump y López Obrador. Esa gente tiene que esperar su audiencia del lado mexicano de la frontera, pero las cortes estadunidenses están abrumadas: hay 800 000 casos de asilo parecidos que aún no han sido resueltos y el tiempo de espera es de alrededor de dos años, además de que usualmente se les niega el asilo. Más de dos mil refugiados duermen debajo del puente internacional que une Matamoros a Brownsville y están en peligro constante. “En Nuevo Laredo”, explica el reporte, “es casi imposible salir de los albergues porque los llamados ‘halcones’ de las pandillas vigilan las entradas. A pesar de la presencia de la policía, los equipos de Médicos Sin Fronteras han atestiguado secuestros tanto a la salida de los albergues como en las estaciones de autobús”.

La triste realidad es que el gobierno mexicano no está protegiendo a los migrantes y las decenas de miles de refugiados que entran a México anualmente por la frontera sur, quienes están emprendiendo un verdadero viacrucis.

 

Claudio Lomnitz
Profesor de antropología de la Universidad de Columbia. Es autor de Nuestra América. Utopía y persistencia de una familia judía, La nación desdibujada. México en trece ensayos y El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, entre otros libros.

 

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