El debate sobre la democratización de la vida política del Distrito Federal se ha polarizado entre dos formalismos extremos. De un lado el abuso jurídico que insiste en que los capitalinos sí disfrutan de los derechos políticos porque al elegir al presidente de la República están eligiendo a sus autoridades locales. De otro lado, el reclamo de la restauración de la democracia formal en este territorio, reconstituyendo el estado del Valle de México, con poder ejecutivo, legislativo, judicial, y ayuntamientos libremente elegidos.
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