Tres temas para el México del mañana: ruralidad indianidad y diversidad, y una especulación final sobre política, es decir, alrededor de la democracia. Parecerían temas del ayer, del México que desaparece inexorablemente asediado por la modernidad. Pura ilusión, efecto de la propaganda, de la abolición ideológica del México tradicional. En esa realidad que se trata de explicar como una herencia del pasado, como un lastre de la historia, están uno de los factores poderosos en la configuración del futuro, no sólo de quienes participan de esa condición tradicional, falsamente divorciada del conjunto nacional por una ideología que ignora los vínculos efectivos que nos unen, sino del país. Bajo esa declaración queda implicado lo cotidiano: qué vamos a comer todos nosotros y cuánto nos va a costar, quiénes y cómo nos van a gobernar, qué esperanzas y limitaciones tendremos en nuestro quehacer, decir y pensar, y todo lo demás, sin importar que lo consideremos moderno o tradicional.

La proporción de mexicanos que viven en condiciones rurales ha descendido del 65 al 35% entre 1940 y 80. Yo, tú, el tercero ahora ya es un campesino. En el mismo lapso el número absoluto de habitantes rurales se duplicó y un poco más: de casi 13 millones a un poco más de 27. La última cifra es más elevada que la población de todo el país en 1950, cuando tenía menos de 26 millones de habitantes. Esas cifras se derivan de una estrecha definición de lo rural: los poblados con menos de 2 mil 500 habitantes. Ese criterio va a cumplir un siglo de uso sin modificación desde que lo establecieron los científicos porfiristas para un país con menos de 12 millones de habitantes. Si ese límite fue representativo alguna vez, que es poco probable, obviamente dejó de serlo en un país seis veces más poblado. La preservación del criterio censal para lo rural está. vinculada con el intento ideológico de supresión, de abolición de lo que se considera indeseable, rezagado, vergonzoso. En el México de hoy la dimensión rural establecida por el tamaño y la complejidad de los asentamientos humanos o por la ocupación en actividades territorialmente dispersas, es significativamente mas grande de lo que las cifras censales sugieren. Sin embargo, con cuanta facilidad se olvida algo tan grande e importante, tan visible el México rural.

Incluso las predicciones más optimistas sobre el avance arrollador de la urbanización reconocen que el número de gente en el medio rural no va a disminuir en los próximos 20 años. Suponen que crecerá moderadamente en números absolutos aunque siga descendiendo en términos relativos. Esas predicciones aceptaban implícitamente la continuidad del crecimiento económico concentrado en los centros urbanos. Una década, la actual, sin crecimiento agregado y con descenso en los índices por cabeza, puede alterar esas predicciones en proporciones significativas. Un escenario que suponga 35 millones de habitantes para el México rural en el año 2 mil, tantos como tendrá toda España, no es sólo realista y verosímil sino hasta conservador. El México rural será pues más grande de lo que es ahora.

El ocultamiento del México rural, su abolición ideológica, no es gratuito. Con la condición rural están asociados otros índices desagradables, perturbadores para un proyecto que se sustentó en el ofrecimiento de bienestar para todos por el crecimiento acelerado y la modernización capitalista. La pobreza, con frecuencia extrema, la desnutrición, frecuentemente aguda, la subocupación crónica, los ingresos más bajos, la insalubridad y la baja esperanza de vida junto con las tasas más elevadas de natalidad, el analfabetismo, la carencia de servicios esenciales, y -horror- el consumo de maíz en lugar de trigo y el andar a raíz o con huaraches en lugar de con zapatos -diagnósticos racistas de poca participación en el mercado capitalista nacional-, se concentran desproporcionadamente en el medio rural. Peor todavía, cuando esos índices se comparan con los promedios nacionales resulta que con muy pocas excepciones no han mejorado en los últimos 40 años, por el contrario, la brecha se ha agrandado. Hay muchas razones para suponer que algunos aspectos, como la nutrición, se han deteriorado en términos absolutos. Buenas razones, aunque sea inútil, para tratar de tapar el sol con un dedo.

Otros procesos, más complejos que las dramáticas radiografías cuidadosamente retocadas que nos ofrecen los índices, también se vinculan claramente con la condición rural. Desde 1965, cuando se agotó el colchón territorial de la reforma agraria cardenista, la producción agropecuaria entró en crisis y su crecimiento fue inferior al de la población. Esto implicó que los productores y sus familias, que pasaron de 20 a casi 30 millones, tuvieron que repartirse una proporción menor del producto nacional. El reparto fue muy desigual y la inmensa mayoría se empobreció más todavía frente a los productores ricos y respecto a otros sectores de la sociedad. Bajaron en la ya muy empinada escala de la desigualdad. También implicó que la producción agropecuaria fuera insuficiente para atender a la demanda nacional y pasáramos a depender de las importaciones de alimentos básicos. Estas continúan y representan, en promedio, casi la tercera parte del consumo de granos y de oleaginosas del país. Las importaciones, vinculadas con créditos externos, pudieran eventualmente suspenderse toquemos madera pero no finjamos demencia. Si eso sucediera, los racionamientos superarían por mucho las restricciones que se presentan en los países socialistas. En partes del país habría hambrunas, como las de Somalia, para decirlo claro y pronto. Nos tienen agarrados por donde más duele. Nos han tenido así por más de 10 años, en los que el problema, que tiene soluciones claras y viables, se ha agravado. La nación no ha querido ni podido enfrentar el problema de su dependencia alimentaria, pero tampoco puede postergarlo indefinidamente.

También con el medio rural se vincula una parte de un proceso ominoso del que empezamos a adquirir tardía, casi póstuma conciencia: la degradación ecológica. Cada año, nos dicen, perdemos irremediablemente 40 mil hectáreas de bosques, desaparecen plantas y animales que probablemente eran los últimos de su especie en nuestro territorio, los ecosistemas ricos se simplifican para albergar pastos y ganado, avanzan los desiertos, se extrae el agua del subsuelo más allá de la capacidad natural de reposición para producir brandies de dudosa calidad mientras que prejuicios ideológicos y fuerzas represoras persiguen a los agaves mezcaleros y pulqueros que protegen el suelo, mueren y se enferman jornaleros rurales envenenados por plaguicidas de uso prohibido en los países que los fabrican, ríos y represas se azolvan y se salen de madre por la erosión… Un museo de horrores que podría alargarse hasta agotar, como ya ha sucedido, la sorpresa e indignación de la denuncia. Tras cada uno de estos auténticos crímenes contra natura se oculta la explotación, la pobreza y la desesperanza, así como la acumulación acelerada de capital por unos cuantos, que es promovida y reverenciada como la ruta que nos va a llevar al bienestar generalizado. La demanda por parques nacionales y reservas de la biosfera es saludable y bienvenida, pero no basta para frenar el dispendio de nuestra herencia. La muerte anunciada de la tierra mexicana se está cumpliendo inexorablemente mientras con regocijo se celebra el avance del progreso y de la modernización, o mejor, se celebró hasta que el avance se suspendió y se vaciaron los conceptos de progreso y modernización.

Los índices y procesos que afectan al medio rural, mucho mas numerosos y complejos que los mencionados, no son consecuencia de la fatalidad histórica ni del maligno y perverso crecimiento demográfico. El país tiene los recursos técnicos, humanos y territoriales para lograr la autosuficiencia alimentaria, como también dispone del saber y de las tecnologías para usar de manera más equilibrada, prolongada y menos destructiva el territorio y sus recursos. El deterioro de la condición rural es el resultado de la desigualdad, de la transferencia de capital del sector agropecuario hacia otros sectores de la economía, así como de la apropiación de recursos territoriales, fuerza de trabajo y excedentes económicos de los productores campesinos por los productores capitalistas del agro, de otros sectores y de los organismos públicos de financiamiento y comercialización rural. Mucho se ha dicho al respecto y no es el lugar para reiterarlo, aunque sí para tenerlo presente. La ruralidad no es la causa de la pobreza de la mayoría de sus habitantes. Esta se origina en un complejo tejido de relaciones de desigualdad, de explotación, tan generalizadas que convirtieron a la pobreza en sinónimo de ruralidad.

El surgimiento del México moderno se financió en gran parte por los recursos extraídos del campo, que pagaron también una buena proporción de su crecimiento y expansión. Pese a la ya vieja crisis que limitó el crecimiento del sector agropecuario, no menguó la apropiación de los recursos del campo por los sectores más dinámicos de la economía, haciendo más profunda la postración de la producción rural. Incluso hoy, cuando el sector modernizado del país está estancado y amenazado por el derrumbe, los recursos rurales siguen fluyendo para inyectar aliento, y hasta puede que esperanza, al México moderno, cuya crisis nos angustia y nos desvela. El México rural y campesino, el que se trata de abolir, es una de las fuerzas más poderosas en el soporte del país; lo mismo en las buenas que en las malas, es uno de los pegamentos más correosos de la unidad nacional.

La aportación campesina, los centavos que se convierten en millones de pesos y probablemente de dólares en manos de los empresarios e intermediarios, fluye por muchos caminos. Se transfiere cuando el campesino compra o vende productos, cuando se contrata como peón y hasta cuando recibe un crédito o un subsidio. Pero toda la red coincide en un nudo central: la desigualdad en la posesión y uso de los recursos territoriales, la cuestión agraria pues, aunque suene arcaico. En toda la historia, desde la Nueva España, nunca ha habido más campesinos sin tierra que ahora. Ni más campesinos con tierra insuficiente para producir lo necesario para el sustento de sus poseedores y ocupar su fuerza de trabajo. Se supuso que el crecimiento urbano e industrial iba a corregir esos desequilibrios que se consideraban naturales y temporales. No lo hizo y en cambio creó nuevos desequilibrios: la concentración y el desempleo en los polos urbanos de desarrollo. No lo va a hacer en el futuro, hay que decirlo claro y fuerte, porque el nuevo modelo industrial no lo requiere ni se lo propone. Los desequilibrios, la desigualdad rural, se van a corregir o a profundizar en tanto que las correas aguanten- en el campo mismo, y eso hay que asumirlo en serio.

La desigualdad creciente en la tenencia de la tierra en el marco de relaciones desventajosas para la producción agrícola frente a otros sectores de la economía, es una de las causales mayores de la trabazón del crecimiento de la producción agropecuaria y del manejo irracional, con desperdicio y destrucción, de los recursos de la naturaleza, a cambio de efímeras pero sustanciosas ganancias o de un ciclo agrícola sin morirse de hambre. Las paradojas son, cuando menos, perturbadoras: un novillo que dispone de más y mejor tierra que la que posee y trabaja una familia campesina, sobreproducción de vid e insuficiencia de maíz, uso de las tierras de riego para pasturas, salarios rurales muy inferiores al salario mínimo legal, cultivos campesinos medidos en surcos, precios rurales para el maíz tres veces más altos que en la ciudad de México, exceso de maquinaria en algunas zonas agrícolas desarrolladas, presos por invadir un pedregal improductivo y dirigentes empresariales elegidos como dirigentes por su invasión impune de miles de hectáreas ejidales. Otra vez la lista de horrores puede prolongarse hasta una dimensión enciclopédica, la pregunta es si puede perpetuarse indefinidamente.

Eso sucede después de 65 años de reforma agraria, se argumenta desde la derecha. Hay que calificar el lapso y el concepto. Los límites para la propiedad privada se establecieron hace 60 años y no se han modificado. En ese lapso la población campesina se triplicó, mientras que el número de grandes propietarios ha permanecido básicamente inalterado. Durante 12 años -1920-32- se repartió la tierra en porciones diminutas, en pegujales concebidos para complementar en especie a los salarios; sólo durante tres años se repartió la tierra en serio -1935-38-, con una visión integrada de sus potencialidades económicas y sociales; la redistribución efectiva de la tierra ha estado suspendida en los últimos 45 años, lapso en que la concentración en la tenencia se incrementó. Desde 1925, la tierra se repartió individualmente como una mala copia de la propiedad privada, como su caricatura, ya que no tenía ni la superficie ni la calidad para operar exitosamente bajo las normas de un negocio. Los ejidos y comunidades agrarias no pudieron sumar sus recursos ni administrarlos en común conforme a sus potencialidades. Las políticas agrícolas del Estado no se diseñaron para promover el desarrollo rural sino para atender las demandas de los sectores urbanos, por lo que actuaron como una poderosa corriente de despojo y subordinación del sector social y de los grupos minifundistas privados. La política agrícola quiso suplir a la política agraria, sustituir las limitaciones en la extensión por incrementos en la productividad y falló en su intento. En la actualidad no hay política agraria. La regularización de la tenencia de la tierra es el único programa agrario en marcha -que apenas atiende una de las consecuencias del rezago-, por lo que equivale a decretar la congelación de la estructura de la tenencia con todas sus deformaciones y a perpetuar los macabros flujos de recursos que traban el desarrollo del campo.

La tendencia al deterioro en las condiciones para vivir y producir en el campo no puede prolongarse indefinidamente. Esto no sólo lo dicta la lógica formal y abstracta sino la observación de la resistencia. El dilatado proceso de agresión a la ruralidad siempre provocó reacciones y movilizaciones políticas de distinta magnitud y consecuencias. Pocas veces esos movimientos rompieron o rebasaron la capacidad de absorción del sistema político, y cuando lo hicieron fueron duramente reprimidos. El campo estaba representado y una organización corporativa del estado, la Confederación Nacional Campesina, actuaba efectivamente en la gestión y en la negociación. Tanto la representación campesina como su organización corporativa se volvieron inoperantes en el último decenio, les llegó la obsolescencia y quedaron como simples cascarones burocráticos. Las movilizaciones rurales, más frecuentes y más grandes, se expresaron entonces a través de organizaciones independientes. Este fenómeno de crucial importancia hizo aflorar las demandas contenidas y las propuestas alternativas para la modificación de las complejas relaciones que traban el desarrollo del campo, entre las que destaca la necesidad de replantear la reforma agraria en los complejos y ambiciosos términos adecuados para el presente y el futuro del país. El crecimiento de las organizaciones rurales independientes y combativas no está, ni mucho menos, libre de problemas y retrocesos. No se trata de una marcha triunfal y arrolladora, pero sí de un proceso de maduración y consolidación. Probablemente en ningún otro sector de la sociedad ha avanzado tanto la organización independiente como en el campo, pese a su fragmentación o tal vez por ella. En el medio rural soplan vientos de cambio, no hay vuelta que darle. Eso no implica la manida profecía de que pronto veremos el triunfo de los buenos, sólo anuncia el conflicto, la emergencia de nuevos actores, propuestas y foros, así como la amenaza de viejas respuestas autoritarias y represivas.

Si la medición de lo rural minimiza para mostrar los avances del progreso urbano, la medición de lo indígena tiende a ocultar deliberadamente, prolongando la racista vergüenza decimonónica por el pecado original de la nación. Un botón de muestra: la clasificación de la población indígena se hace a través de la lengua, pero la población menor de 6 años, cuando menos la tercera parte, se excluye de la cuenta censal conforme al criterio del idioma. Pese al ocultamiento, se puede demostrar con cifras que los indios han crecido en términos absolutos sin que esté claro que disminuyan como proporción del total. Seremos un país mas indio, sobre todo en el campo, donde los indígenas representan una proporción creciente del México rural, acaso por la discriminación que hace más difícil y penosa su migración. Ninguna cuenta razonable puede estimar menos de 10 millones de indígenas en la actualidad. Muchas cuentas elevan esa cifra hasta 15 millones de mexicanos indios. Pese a los grandes esfuerzos ideológicos por escamotearlos, no hay closet que pueda contenerlos. No contarlos, no verlos, no hablar de ellos, no es conjuro suficiente para hacerlos desaparecer.

La mayoría de la población indígena comparte la situación de la población rural campesina en sus niveles mas pobres. A esto hay que agregar la carga adicional derivada de la discriminación, palabra proscrita por la ideología -lo mismo que racismo-, que sin embargo es una relación social evidente y en muchos contextos dominante. Hay incluso una discriminación legal, sancionada por nuestro sistema jurídico. Millones de mexicanos pueden ser legalmente juzgados y condenados en una lengua que no conocen o que dominan limitadamente como lengua franca: el español. No sólo pueden sino que son juzgados y condenados cotidianamente.

Los trámites para recuperar la tierra expropiada a las comunidades indígenas son explícitamente más complejos y difíciles que los necesarios para establecer el ejido. No sólo eso sino que de la restitución de tierras a las comunidades indígenas se exceptúan las pequeñas propiedades constituidas dentro de ellas. Muchos ejemplos podrían agregarse a las sutiles normas que discriminan efectivamente contra los indios, que son herencia de concepciones racistas antiguas pero también expresión de nuevas modalidades del racismo.

A la discriminación jurídica se agrega la discriminación social, mucho mas poderosa, clara y persistente. Esta no sólo implica que a los indios se les vea feo y se les trate mal y con desprecio, como efectivamente sucede y no vale ocultar, sino que cristaliza en forma de explotación y dominio peculiares, estigmáticas y degradantes, como los caciques, los acarreadores de jornaleros indios, los atajadores de indios en camino al mercado, los coyotes de todo tipo y sus menos notables pero igualmente perniciosas transformaciones o modernizaciones. Terrenos que implican la privación de derechos humanos. Así de simple, así de grave.

Las cristalizaciones de la discriminación son muy variadas pero, con diferente intensidad, siempre están presentes respecto a los pueblos indios de nuestro país. La agregación de las muchas discriminaciones particulares permea y alcanza a toda la sociedad nacional, que está plagada de estigmas y prejuicios, de tratamientos diferenciales, de conceptos derogatorios e infamantes, de “blanqueamientos” exitosos o patéticos, en fin, de racismo, vergonzante en la ideología donde se disfraza de modernidad y progreso, pero corrosivamente presente en la sociedad. Tanto así que no sólo los indios, en su sentido más estrecho, son estigmatizados sino también otros grupos a los que se adscribe un origen indio y rural. Antes los pelados y hoy los “nacos” -probablemente un término peyorativo que antes se aplicaba a los totonacos-, los lumpen, las “marías”, los mixtecos de las fronteras, así como los hipócrita y virtuosamente disfrazados de conmiseración como los “pobrecitos” o los “inditos” rurales, y todos los criterios para diferenciar peyorativamente. Hay hasta versiones pseudo-científicas de lo mismo, como las que sostienen que como efecto de la desnutrición hay grupos sociales que están objetivamente y permanentemente dañados y limitados… Con muy buenas razones puede postularse que el racismo con expresiones peculiares – como lo son todas-, está creciendo como resultado de una modernización profundamente desigual, excluyente y enajenada. El tema sigue siendo tabú en el discurso ideológico o en la discusión científica, pero basta prender la televisión para verlo expresado sin disfraz ni sutileza. Las viejas y nuevas castas existen, se recrean y reproducen al mismo tiempo que se inventan otras o se les bautiza. Estrictamente no es la indianidad sino el racismo el que constituye un tema y una amenaza para el futuro.

También en ese frente hace aire. Las organizaciones indígenas, en su mayor parte independientes, que apenas se fundaron 10 años atrás, también crecen en un proceso difícil y discontinuo pero que agrega fuerza, claridad en las demandas y propuestas alternativas. En muchas áreas del país, las movilizaciones indígenas desempeñan el papel más destacado en la lucha agraria, a la que agregan sus demandas específicas. Su lucha es también a veces la más dura con la violencia como sustituto de la negociación, echándole fuego a la lumbre. En este caso el presente se prolonga en el futuro, no hay que profetizar para saberlo. Pero muchas incógnitas se agregan respecto a los efectos de las otras expresiones de la discriminación y su manifestación social. La simple reiteración ritual de que en nuestro país no existe ni se permite el racismo no podrá exorcizar los riesgos de su proliferación.

El tercer tema del México tradicional es el de su diversidad: las grandes diferencias que se presentan en la gente por su ubicación en el espacio y en la sociedad. Esas peculiaridades, diferencias irreductibles que se reproducen, se vinculan con el localismo. Estos fenómenos no son sólo una herencia cultural del pasado sino que siguen siendo una manera de adaptarse a condiciones muy variadas en la geografía, la economía, el acceso y el manejo del poder. El localismo es una manera de organizar la vida conformando unidades sociales de pequeña escala, fundadas en relaciones directas como el parentesco y la vecindad, que suplen o complementan lo que las instituciones modernas y el estado no han podido organizar ni regular. Por ejemplo: la mayoría de los mexicanos ocupa la tierra en que mora sin ningún título legal. La pertenencia a un ejido, a una comunidad o un barrio urbano, donde la gente se conoce y puede trazar el origen del derecho, otorga la legitimidad y seguridad que el estado no puede garantizar. No es que falten problemas al respecto, pero si la pequeña unidad no funcionara imperaría la ley de la fuerza y la violencia de manera general. No sucede así por el momento, aunque el riesgo esté presente y algunas veces estalle. El ejemplo es inevitablemente ambiguo, como lo son las relaciones entre las unidades sociales pequeñas y las instituciones nacionales.

El localismo, la pertenencia y participación en unidades sociales pequeñas con base territorial o familiar, no es un fenómeno exclusivamente rural aunque en el campo se dé con más nitidez y con fronteras más precisas. Se ha perpetuado en las ciudades y ha penetrado en las grandes megalópolis, donde posiblemente es la fuerza cohesionadora más poderosa. Bendito sea, ya que de otra forma dependeríamos únicamente del poder judicial y las corporaciones policiacas. La emergencia del localismo a la luz pública y política tras los terremotos de septiembre, puede ilustrar claramente a lo que me refiero. La diversidad del localismo, de las pequeñas unidades sociales, es una forma de civilización alternativa, contradictoria y complementaria con la civilización burguesa, que ha tenido mucho mas éxito al penetrar como forma de dominio que como reguladora de la vida social.

No hay medida para la diversidad y el localismo, pero están presentes en la vida nacional y en su historia pese a las poderosas fuerzas que han actuado para eliminarlos. Algunos éxitos han tenido. Probablemente en todas las ciudades hay un grupo que se siente más cerca de “24 horas” o de “Siempre en domingo” que de sus vecinos y sus organizaciones locales. La visibilidad y fuerza de esos grupos no debe confundirse con la exageración de su tamaño. En 1975, por ejemplo, había apenas 3.5 aparatos de televisión por cada 100 habitantes. Por el contrario, el tamaño de los grupos nacionalizados, o más justamente transnacionalizados por el consumo de bienes, información y aspiraciones, no puede utilizarse para ignorar su poder, su supremacía.

A las fuerzas ideológicas se agregan otras fuerzas poderosas que a través de la centralización promueven la homogeneidad. La acción del estado en los planos educativos y económicos también se dirigieron en contra de la diversidad. Muchas más podrían agregarse pero evidentemente destaca la fortaleza del mercado capitalista, la fuerza cosmopolita por excelencia, que compite, sustituye y a veces destierra a la producción local y su diversidad. Pero en las condiciones de México, la penetración de estas fuerzas ha tropezado con barreras formidables, a veces infranqueables. Muchas se derivan de la debilidad y carácter contradictorio del sector moderno, que crece más bajo el amparo del poder político y del estado que por su propia dinámica. La dependencia externa contribuye a la vulnerabilidad del sector moderno y a su deformación de tal forma que su viabilidad como negocio se finca a veces en la apropiación de recursos tradicionales más que en su propia capacidad de reproducción. El sector moderno tiene el poder pero está muy lejos de ser todopoderoso. La crisis de ese sector ha desnudado sus debilidades. De esto no se desprende el anuncio de su desaparición, como tampoco se desprendió de su avance y crecimiento la eliminación de los sectores tradicionales. Se deriva simplemente el reconocimiento de contradicciones y ambigüedades como características estructurales del sistema nacional.

A las limitaciones de crecimiento del sector moderno debe agregarse la oposición de las fuerzas locales. Se asume con frecuencia que la gente se queda en el campo porque no puede salir. Postulo lo contrario: la migración es una consecuencia de la desigualdad pero no es una aspiración de la población rural. Las agrupaciones rurales han resentido la violencia del ataque ideológico pero casi nunca han recibido la oferta efectiva de los servicios institucionales que puedan sustituir sus funciones. Incluso la oferta de productos, la penetración del mercado nacional y transnacional, no se conforma como una tendencia unilineal que se extienda hasta obtener el dominio total. La resistencia local ha sido abatida en ciertas áreas del mercado, pero también ha dado origen a ofensivas, a la ampliación de la producción de los bienes locales que compiten con ventaja con los satisfactores modernos e industriales. Por otra parte, la fuerza más poderosa en el último medio siglo, el modelo de desarrollo concentrador y excluyente que propició y promovió la desigualdad, ha fortalecido la diversidad por la exclusión, por la marginalidad y la pobreza. También hay contradicciones en la resistencia, retiradas hacia la pobreza más aguda y triunfos pírricos en que se logran ventajas comparativas a costa de una más baja remuneración para el trabajo local. La modernización concentradora encierra a la resistencia en un callejón sin más salida que persistir por la pobreza, pero no la aniquila, la reproduce. En ese marco contradictorio hay buenas razones para suponer que la diversidad, el localismo, se ha incrementado en las últimas décadas aunque perdiera visibilidad y fuera relegada como tema en la discusión sobre la realidad nacional. Nos fuimos con la finta aquella de administrar la riqueza como ahora nos vamos con la de superar la crisis como condición previa para cambiar a fondo. Los cambios ya están sucediendo y muchos son irreversibles.

La diversidad derivada del localismo y lo que he llamado tradición sin definirlos con rigor, que incluye a las dimensiones rural e india y agrega a sectores urbanos muy importantes, tropieza con otro problema de importancia capital: su inexistencia jurídica y sobre todo política. Esa dimensión de la vida social, la organización pequeña y localizada, en la que participan la mayoría de los mexicanos, no está reflejada en las leyes y en las estructuras políticas del país. Estrictamente son clandestinas. La representación política se ha concedido en exclusividad a una figura institucional: el partido político nacional, que en nuestra situación niega y contradice la representación de las organizaciones locales. Los participantes de una organización local no tienen la posibilidad de postular a los candidatos para los cargos municipales sin obtener el amparo y respaldo de un partido nacional. Con mayor claridad, tienen que pedir el amparo y el nombre del PRI, que casi nunca lo concede o lo hace a través de negociaciones que implican subordinación y parálisis para los proyectos locales. Las reglas formales del sistema que no se cumplen en muchos aspectos operan como frontera infranqueable en otros, hasta configurar un sistema tan excluyente como el modelo de desarrollo. Llevadas al extremo, revelan el absurdo de un estado empeñado en construir, sin lograrlo, una sociedad a su gusto, a su imagen y semejanza. Por eso es los gobiernos acaban negociando con las fuerzas reales de la sociedad, lo mismo las de arriba que las de abajo, al margen de las instituciones formales, como si fueran extraterrestres o mejor, alucinaciones de los gobernantes, criaturas de su fantasía o de sus pesadillas.

El divorcio entre las organizaciones sociales en que la gente participa por intereses compartidos y las instituciones formales de la representación política, se resuelve en un sistema esquizoide. La contradicción se superó, temporal y exitosamente, por la formación de un partido corporativo del estado, que incluía en bloque a los grupos mayoritarios y a sus organizaciones, incluso a las informales aunque sin reconocerlas. La inclusión, muy amplia, nunca fue total y grupos numerosos quedaron marginados desde entonces. Pero esa solución al conflicto esquizoide en la que el PRI se constituyó en la única arena política, en el sustituto de la democracia imaginada por los legisladores, requería de un proyecto nacional popular como condición de estabilidad. Ese proyecto se diluyó, se confundió con otro con el que no era compatible: el de desarrollo y modernización capitalista, que acabó sustituyéndolo. Grupos importantes fueron excluidos por ese tránsito y hoy se mueven por fuera, no sólo del PRI sino de la arena política formal. Muchos de esos grupos proceden de la ruralidad, la indianidad y el localismo. La contradicción esquizoide se ha vuelto otra vez aparente e importante. El sistema político construido a partir de un partido del estado, que acabó siendo del gobierno, muestra tensiones, rajadas y fracturas que pueden vaciarlo. Ninguno de los partidos nacionales existentes, también afectados por la contradicción entre el sistema político formal y las organizaciones reales de la sociedad, puede llenarlo de nuevo. Aquí no hay predicción posible, sólo observación de lo visible, que no es mucho.

La tensión en el sistema político también se manifiesta en la erosión y disolución del proyecto hegemónico. Permanecen las inercias, las fidelidades y las complicidades como también las lealtades primordiales, pero no hay un proyecto nacional claro, del que puedan derivarse alianzas estables y convocatorias públicas. El proyecto previo, ya muy desdibujado por su tránsito de lo popular a lo empresarial pese al mantenimiento de constantes retóricas, acabó derruido por la crisis. No hay propuestas para el futuro del país, aunque abunden los sobreentendidos. Quedó manifiesto que nos apoyábamos en modelos vagos y prestados, que con una increíble pobreza asumían como nuestro futuro al presente o al pasado de otros países. Con frecuencia se recurrió a simples abstracciones verbales: desarrollo, modernización y ahora eficiencia y productividad, entre otras, para disfrazar la carencia de un modelo propio. Ahora nos quedamos sin rumbo para decirlo pronto. Las coincidencias se dan sólo en las abstracciones en tanto permanezcan como tales. Si las confrontamos con problemas concretos nos quedamos mudos o enseñamos el cobre en la disputa por el botín particular e inmediato. Quién sabe porqué y cuándo renunciamos al derecho y a la obligación de imaginar nuestro futuro. Lo pedimos prestado y ahora no podemos ni pagar los intereses.

El derrumbe del modelo hegémonico está dando origen a un confuso debate, a una lucha en muchos frentes para tratar de establecer el proyecto sustituto. La disputa real se está dando entre las cúpulas y en privado. Ahí se intenta conformar un proyecto restaurador, que puede exigir cambios profundos en tanto se preserve la concentración de la riqueza y del poder. No es tarea fácil, lo hemos visto en los últimos años, ya que no sólo se pelean cuotas y porciones sino que al mismo tiempo tiene que encontrarse una ruta viable para la recuperación del crecimiento sostenido, condición esencial para el reparto y la estabilidad. Es probable que no exista la posibilidad de formular un proyecto restaurador si es que la crisis alcanzó los límites y las raíces del sistema económico. La especulación al respecto es interesante y de ella pueden derivarse muchos escenarios posibles, algunos ominosos.

Fuera de las cúpulas las preocupaciones son distintas. Para muchos sectores la restauración no es deseable, ni acaso aceptable en muchos órdenes. Algunos coyunturales, como sería la demanda por sacrificios adicionales o la prolongación indefinida de los ya asumidos. Otros más profundos como sería la perspectiva de la ampliación permanente de las tendencias al deterioro y a la marginación ya manifiesta desde antes de la crisis de 1982 y aceleradas por ella. Tal sería el caso de los campesinos, los indios y los marginales, cuyas demandas se traducen en la necesidad de cambios más allá de la restauración. Pero esas tendencias objetivas e inquietudes por una transformación que vaya más allá de la restauración del crecimiento y la concentración no están participando plenamente en la disputa por el establecimiento del proyecto sustituto.

La pobre participación de los grupos marginales se explica por su exclusión de los foros en que se debate el proyecto nacional. Pero su ausencia en esos espacios no puede traducirse ni interpretarse como intrascendencia en la realidad social. La persistencia de la ruralidad, la indianidad y la diversidad, así como la agudización de los problemas asociadas con ella, no son los elementos que por sí solos definirán el futuro del país. Pero tienen la magnitud y agudeza para incidir profundamente en el México del mañana, para alterar y deformar a los otros elementos que participan en la configuración del futuro. Incluso tienen el poder para anular a la fuerza rectora del cambio si es que contradice o ingenuamente ignora su existencia. La marginación de sectores tan importantes los despoja de voz y de participación, pero no de fuerza ni de capacidad de resistencia. Un proyecto que ignore a los grupos marginados del poder se descalifica como un proyecto nacional y corre el riesgo de nacer obsoleto. Eso puede pasarle a los proyectos restauradores emanados de las cúpulas.

Estamos en una encrucijada paradójica. Hay una convergencia creciente, aunque no universal, alrededor de la necesidad de un proyecto nacional alternativo pero no existen las condiciones políticas para su formulación. Asumo que la construcción de un proyecto nacional no depende del genio intelectual, que por cierto no sobraría, sino de la recuperación y procesamiento colectivo de los diagnósticos, demandas y propuestas de los grupos y organizaciones populares reales y efectivas, al margen de su reconocimiento formal. La construcción del proyecto es una tarea de ejercicio de la democracia que está trabada en la naturaleza esquizoide del sistema político.

Frente a la paradoja, la especulación, breve y final. La trabazón, el destructivo empate para las mayorías que no pueden transformar su tuerza y sus demandas en un proyecto que compita por la hegemonía, sólo puede quebrarse por un nuevo tipo de sujeto político. Su novedad no consiste en un membrete distinto, eso es totalmente intrascendente y banal, sino en su capacidad para vincular orgánicamente a las organizaciones reales de la sociedad con las estructuras políticas formales. La vinculación, de establecerse, se traduce necesariamente en una reforma política para ajustar las formas a la realidad y pluralidad del país. Una reforma que haga compatible la participación directa, la pequeña democracia entre vecinos para nombrar sus autoridades sin ingerencia externa, con una gran democracia nacional sin exclusión. Rehuso de antemano la descalificación peyorativa de mi especulación como utopía. Antes tendrían que convencerme de que a partir de la experiencia y los datos disponibles, este tipo de reflexión es menos realista que la suposición de que electoralmente gane el poder ya no el PSUM sino el PAN.