La corrupción sigue siendo el talón de Aquiles de este país. Presentamos el recuento detallado de los casos que se han registrado a lo largo de este año.

“A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemigos: justicia a secas”.
—Benito Juárez

El cambio de régimen no ocurre por decreto. La aprobación presidencial hoy en día está compuesta por la evaluación de los ciudadanos en tres temas: economía, corrupción y seguridad. La alta aprobación con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició su administración no ha caído desde mediados de año, al mantener alrededor del 60 %. Sin embargo, la evaluación favorable en materia económica se mantiene estancada y en materia de seguridad ha ido en picada (con datos de la encuesta de El Financiero). ¿De verdad la percepción de la población sobre el éxito de la agenda anticorrupción del actual gobierno alcanza para mantener la popularidad de AMLO?

Los datos indican que el público aprueba el mensaje del presidente: su baja tolerancia hacia la corrupción, su llamado a la transparencia, a ser congruentes, a tener un comportamiento moralmente aceptable, a predicar con el ejemplo. Pero la postura anticorrupción de este gobierno se vuelca con mayor fuerza contra quienes no son parte de su transformación.

El machete no deshierba con el mismo rigor a quienes considera opositores. ¿Es Rosario Robles distinta de Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte, presunta cómplice y prestanombres, o a la madre de Emilio Lozoya, quien está vinculada a proceso con cargos de delincuencia organizada por recibir un depósito de un supuesto soborno de Odebrecht a su hijo? ¿Por qué hay quienes enfrentan su proceso en libertad y quienes no?

El anuario de la corrupción de 2019 recorre una muestra de 18 casos que documentan el balance entre el abuso del poder y la gestión anticorrupción de este nuevo régimen.

Ilustraciones: Estelí Meza

 

ENERO

Censo del bienestar: operación clientelar

Desde octubre de 2018, como presidente electo, AMLO anunció la puesta en marcha del Censo del Bienestar, un barrido casa por casa para registrar posibles beneficiarios de los programas sociales de su administración. En este levantamiento no hubo claridad sobre la identidad, remuneración e independencia de las personas que lo levantaron. Se dijo que serían voluntarios, pero los 17 000 servidores de la nación acabaron por integrarse a la nómina de la Secretaría de Bienestar una vez que inició el gobierno en diciembre.

Declaraciones patrimoniales: medir con diferente vara a amigos y enemigos

En su discurso de toma de protesta, AMLO mencionó en 21 ocasiones la palabra corrupción, dos de las cuales fueron para hacer referencia a que un buen juez por la casa empieza, y para prometer que en su gobierno se limpiaría de arriba para abajo. El 3 de enero, el presidente prometió que su declaración patrimonial sería pública al día siguiente y comprometió las declaraciones de todos sus colaboradores para fin de mes. “El que no dé a conocer sus bienes, alegando de que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno. Transparencia es transparencia”.

Dos casos de omisión destacaron en los días y meses subsecuentes. En primer lugar, el de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Una vez vencido el plazo para publicar su declaración patrimonial, ésta no incluía un departamento en Houston, adquirido en copropiedad con su esposo en 2009 y valuado en más de medio millón de dólares. Sánchez Cordero adujo un error dentro de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ésta última responsabilizó a la titular de Gobernación. El error pareció diluirse al inculpar a funcionarios de niveles medios en otra dependencia. Lo cierto es que tuvo que hacerse un ajuste manual a la declaración de la ministra para no incumplir con las instrucciones presidenciales.

El segundo caso fue Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien tras casi seis décadas en el servicio público, el 3 de enero de 2019 ya había presentado diligentemente su declaración patrimonial, sin reservar información alguna. Sin embargo, entre agosto y septiembre de 2019, investigaciones periodísticas revelaron que la pareja sentimental de Bartlett y sus hijos habrían incrementado su patrimonio de manera inverosímil, justamente durante los años en los que Bartlett no fue funcionario (2006-2012). La falta consistió en que Barlett omitió mencionar información indispensable en su declaración patrimonial, pero también en que simuló el cumplimiento de la instrucción presidencial. La titular de la SFP anunció en septiembre una investigación contra Bartlett, cuya conclusión aún se desconoce.

 

FEBRERO

Compra de pipas en Nueva York

Después de los problemas de abasto de gasolina, achacados a la estrategia de combate al huachicol de las líneas de Pemex, se integró una comisión con los secretarios de Relaciones Exteriores, Economía, Función Pública y la Oficial Mayor de Hacienda, que invitaron directamente a varias empresas al Consulado de México en Nueva York para comprarles entre 500 y 1000 pipas por órdenes del presidente. Aduciendo una emergencia nacional, el procedimiento de compra fue publicitado como una adjudicación competitiva, aunque dicho procedimiento no existe en la ley. Posteriormente se reveló, gracias a una solicitud de información, que había sido adjudicado directamente a través de una filial de Pemex.

Sin embargo, no se cumplió con la normatividad necesaria para realizar una compra internacional, ya que debió haberse realizado una convocatoria nacional que fuera declarada desierta, lo cual no sucedió, así como una serie de procedimientos públicos a través de Compranet, que tampoco pasaron. Las compañías participantes fueron invitadas discrecionalmente a tal punto que productores nacionales se inconformaron porque no tuvieron conocimiento del procedimiento. La compra sin licitación se justificó por la emergencia, pero las pipas no llegaron sino hasta dos meses después, una vez superada la crisis por el desabasto de combustibles.

 

MARZO

Desviaciones en Cooperativa Cruz Azul: impunidad

En marzo de 2019, una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) develó cómo los directivos de la Cooperativa Cruz Azul habían tomado decisiones sobre el dinero de los cooperativistas a sus espaldas y en esquemas de dudosa legalidad.

Desde 2016, Billy Álvarez, director general de la cooperativa, autorizó que se pagaran más de 191 millones de pesos (mdp) por supuestos servicios de consultoría y administración a empresas relacionadas entre ellas, que se ubicaban en modestos locales y que, en algunos casos, sus accionistas reportaron como domicilios casas localizadas en colonias populares. Desde entonces, a los socios no se les habían entregado informes sobre los gastos de la cooperativa ni de los servicios de consultoría o administración contratados. Sin embargo, el problema existe desde 2012, cuando los directivos de la cooperativa enviaron fondos a empresas creadas en paraísos fiscales a espaldas de los cooperativistas.

 

ABRIL

Se siguen contratando empresas fantasma

A pesar del discurso presidencial del fin de la corrupción y de que la contratación de empresas fantasma ya no existiría, siguen faltando mecanismos preventivos para que esto no ocurra. Al comparar en abril de 2019 el listado de empresas fantasma (publicado por el SAT) con los contratos firmados por el nuevo gobierno (disponibles en Compranet), se encontraron al menos cinco contratos que suman 16.7 mdp, entregados a dos empresas fantasma. En una actualización posterior, realizada en octubre de 2019, se encontró que ya eran siete las dependencias del gobierno federal que firmaron 16 contratos con seis empresas fantasma por un total de 123.4 mdp.

 

MAYO

Renuncia el superdelegado Carlos Lomelí

En mayo MCCI denunció que una empresa distribuidora de medicamentos vinculada al delegado de la Secretaría de Bienestar en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, había ganado siete contratos con el gobierno federal por un total de 164 mdp. La investigación señaló a una red de nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos con socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilios en común.

Pocos días después, el presidente anunció el inicio de una investigación por parte de la SFP. En junio, una de las empresas reconocidas por Lomelí, Laboratorios Solfran, manifestó su interés por participar en la compra consolidada de medicamentos del gobierno federal. Finalmente, el 12 de julio el superdelegado renunció; ese mismo día, la SFP manifestó que esta renuncia era fruto del trabajo liderado por su titular, Irma Eréndira Sandoval.

Posteriormente, el 15 de julio, la SFP anunció la existencia de siete investigaciones abiertas en contra del exsuperdelegado. A mediados de septiembre, la dependencia inhabilitó a Laboratorios Solfran y Lomedic, dos de las empresas vinculadas con Lomelí, para celebrar contratos con el gobierno federal por dos años y seis meses. Ambas recibieron una multa por un millón de pesos. De acuerdo con la dependencia, las empresas falsearon información en su participación en contrataciones públicas.

 

JUNIO

Uso político de las instituciones de inteligencia: la renuncia de un ministro

En los primeros días de junio se filtró información a la prensa de que el entonces ministro Eduardo Medina Mora habría realizado transferencias por 103 mdp entre cuentas a su nombre en México, Estados Unidos y Gran Bretaña en el periodo de 2016 a 2018, cuando ya era ministro de la Suprema Corte. Se le acusaba de realizar movimientos por montos que excedían sus ingresos declarados. Medina Mora salió a defender la legalidad de su patrimonio en una misiva, en la que señalaba “manipulación informativa” y una conversión malintencionada de números de cuentas, montos y tipo de cambio por parte de la investigación periodística. Los montos de las transferencias, aclaró Medina Mora, ascendían a menos de la décima parte de lo publicado en la prensa. Al final de la carta, se comprometía a seguir cumpliendo con sus funciones constitucionales como ministro de la SCJN de manera íntegra, imparcial e independiente.

No obstante, el 3 de octubre Medina Mora renunció como ministro de la Suprema Corte en un breve escrito dirigido al presidente López Obrador. El 4 de octubre, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que habría solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a Medina Mora por lavado de dinero, derivado de los movimientos bancarios documentados en las notas periodísticas durante el verano.

 

JULIO

Ley Bonilla: cómo alargar el periodo de una gubernatura

En Baja California (BC), diputados de todos los partidos votaron a favor de ampliar el periodo del gobernador electo de dos a cinco años. El instituto electoral estatal emitió el 5 de enero la convocatoria para la elección de una gubernatura de transición —de dos años— que permitiera, en 2021, homologar las elecciones locales con las federales. Tras una serie de impugnaciones (incluyendo una del entonces candidato Jaime Bonilla), en marzo la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) revocó la sentencia del tribunal local y mantuvo el periodo de la gubernatura en dos años.

El 2 de junio, el ganador de la contienda fue el morenista Jaime Bonilla, senador con licencia y superdelegado en Baja California. El congreso local saliente, de mayoría panista, votó el 8 de julio de 2019 una reforma a la constitución local que ampliaba el periodo para la gubernatura recién electa de dos a cinco años.

La nueva legislatura —de mayoría morenista y que comenzó el 1.° de agosto— coordinó una consulta ciudadana el 13 de octubre que se realizó sin controles, metodología ni representatividad estadística, con preguntas claramente tendenciosas. En este ejercicio amañado, ganó la opción de quedarse en el cargo por cinco años, con 84 % de las 53 000 personas consultadas, equivalente a 1.9 % del padrón en la entidad. Los resultados de la consulta contrastaron con mediciones de varias casas encuestadoras que arrojaban en días previos que la población en BC quería un gobernador por un periodo de dos años, tal como lo habían votado en los comicios.

El 17 de octubre el gobierno saliente publicó finalmente la reforma constitucional que ampliaba el plazo de la gubernatura de dos a cinco años. Hasta el 31 de octubre, la Suprema Corte había recibido cinco acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma.

Jaime Bonilla tomó posesión el 1.° de noviembre, acompañado por la secretaria de Gobernación y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente. Sánchez Cordero declaró en medios que la gubernatura por cinco años era legal, una violación del principio de certeza jurídica que debe garantizar el Estado tras cualquier proceso electoral.

Ley garrote en Tabasco

El 29 de julio 2019, el congreso de Tabasco aprobó la iniciativa de reforma conocida como ley garrote a propuesta del gobernador electo Adán Augusto de Morena. La reforma modificó el Código Penal local que permite criminalizar bloqueos al libre tránsito o acciones que obstaculicen la ejecución de obras públicas y privadas, al tipificar estas acciones como delito que amerita entre uno y diez años de cárcel, así como el pago de multas pecuniarias.

La modificación provocó reclamos sociales y ciudadanos, pero legisladores, gobernador y presidente justificaron la reforma al argumentar que existen grupos de manifestantes —pertenecientes a colectivos sociales, sindicales o políticos— que extorsionan a la autoridad; que bloquean obras y vialidades hasta conseguir beneficios para sí y sus líderes. Sin embargo, ésta y otras reformas en Tabasco apuntan a facilitar la ejecución de obras de infraestructura planificadas por el gobierno de López Obrador en la entidad, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, y reducir la legítima resistencia que pueblos originarios, grupos ambientalistas y ciudadanos puedan ejercer.

Ilegalidades en la campaña presidencial del Bronco

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, abandonó su encargo para buscar una candidatura presidencial independiente, pero con cargo al erario del estado y utilizando tiempo laboral de 656 servidores públicos del gobierno del estado para recabar firmas de apoyo ciudadano cuando aún fungía como gobernador, tal como quedó documentado por el Instituto Nacional Electoral. Además, se detectaron aportaciones irregulares a su campaña por 4.5 mdp, realizadas por triangulación de recursos de empresas mercantiles que, por ley, están impedidas para inyectar dinero a las campañas políticas. Por último, se identificó la expedición de tarjetas a través de las cuales tres personas morales gastaron 6.5 mdp como pago a los auxiliares de Rodríguez Calderón sin que éste los reportara como gastos de campaña.

Una sentencia del Tribunal Electoral federal en julio de 2019 impuso la fecha límite al Congreso de Nuevo León para imponer una sanción antes del 20 de diciembre de 2019. Esta sentencia no especifica qué sanción procede, aunque excluye la posibilidad de un juicio político.

 

AGOSTO

No hay plazo que no se cumpla: Rosario Robles bajo prisión preventiva

El 13 de agosto, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna —sobrino de Dolores Padierna, enemiga política de Rosario Robles— dictó prisión preventiva a Robles, quien fue vinculada a proceso por el desvío de recursos públicos por 3000 mdp durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Robles fue acusada del delito de ejercicio abusivo de funciones por su participación en el esquema denominado la Estafa Maestra, que consistía en contratar bienes y servicios por adjudicación directa por medio de universidades públicas, que a su vez contrataron empresas fantasma con el objetivo de desviar recursos públicos .

El mismo día de la audiencia de Robles, José Antonio Meade, secretario de Hacienda en el periodo en el que se investiga a Robles por los desvíos, fue captado saliendo de Palacio Nacional. No pareció ser casualidad, pues el juez pidió a Robles pruebas de haber notificado las irregularidades al entonces titular de la SHCP y a su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto.

No deja de sorprender que sea ella la única que enfrenta su proceso en prisión, mientras sus excolaboradores y homólogos continúan en libertad. Los criterios legales debieran ser equiparables y las investigaciones contra todos los involucrados debieran realizarse con igual rigor, de forma que la justicia pueda impartirse con imparcialidad.

 

SEPTIEMBRE

El Congreso de Veracruz remueve al fiscal Jorge Winckler en violación de la norma

El martes 3 de septiembre, el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, fue removido de manera ilegal por la diputación permanente. En vez de convocar al pleno del congreso del estado y promover la remoción y el nombramiento de un nuevo fiscal con la mayoría calificada que mandata la constitución local, la junta de coordinación política solicitó discutir un punto de acuerdo que no estaba previsto para la sesión, en el cual se proponía la separación temporal de Winckler del encargo como medida preventiva por no contar con sus controles de confianza vigentes y en regla, así como el nombramiento de Verónica Hernández como encargada del despacho.

Winckler fue designado fiscal en diciembre 2016, durante la gestión del gobernador Miguel Ángel Yunes, por el poder legislativo local sin la intervención (directa) del titular del ejecutivo local. Tanto la nueva administración de Cuitláhuac García como la FGR sostienen que Winckler está coludido con grupos del crimen organizado, presuntamente vinculados a Yunes. En cualquier caso, se violaron los procedimientos legales para la remoción del fiscal y se desconoce si la actual encargada del despacho cuenta con sus certificados de confianza en regla.

Litigios contra Santa Lucía y la violación a las reglas del juego

A lo largo de 2019, se promovieron una serie de amparos a nombre de pasajeros, pilotos y vecinos por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco (NAIM) y su sustitución por el proyecto de Aeropuerto Internacional Civil/Militar en Santa Lucía (AISL).

La forma en la que el NAICM fue cancelado —a través de una consulta sin representatividad nacional ni metodología— mermó la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, e implicó un daño al erario de más de 300 mdp, así como la pérdida de 46 000 empleos directos. Por su parte, el AISL no contaba con los requisitos legales —estudios y dictámenes de impacto ambiental, seguridad y afectación social— para dar inicio a su construcción en abril de 2019.

Jueces y magistrados del poder judicial otorgaron más de una docena de medidas cautelares que impedían la construcción en Santa Lucía hasta que se contara con todos los estudios y requisitos legales; y obligaban al gobierno a preservar las obras del NAICM en Texcoco en tanto se resolviera la construcción del AISL.

En un embate del gobierno para continuar con la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el 3 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó la revocación de las suspensiones otorgadas con el argumento de que la soberanía nacional se ponía en riesgo si las operaciones militares en la zona quedaban paralizadas. La Sedena arguyó que el proyecto de construcción de AISL era una instalación estratégica y que por seguridad nacional se debían revocar las medidas cautelares.

A partir de ese momento, el juez de distrito que había otorgado las suspensiones comenzó a negar nuevas solicitudes, incluyendo algunas de comunidades indígenas y pueblos originarios, e incluso revocó algunas de las que ya había otorgado. Por su parte, el tribunal colegiado que había otorgado medidas cautelares por unanimidad empezó a revocarlas por mayoría de votos.

La presión contra el único magistrado que se mantuvo firme a su postura inicial se incrementó: fue acusado de manejo irregular de sus cuentas bancarias, y suspendido por el Consejo de la Judicatura. El tribunal colegiado comenzó a revocar la totalidad de las suspensiones otorgadas originalmente por medio de argucias legales, pero carentes de legalidad. En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha ejercido la facultad de atracción solicitada por los demandantes para resolver las querellas.

Ley compadre en Tabasco

El 26 de septiembre, el Congreso de Tabasco —con una notable mayoría de Morena— aprobó modificaciones a las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionadas, y de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, reforma conocida como ley compadre, para que los contratos públicos de proyectos estratégicos pudieran ser asignados sin necesidad de licitar.

El 15 de octubre, la Comisión Federal de Competencia Económica informó que habría enviado una serie de recomendaciones al gobernador saliente, Arturo Núñez, para que devolviera el proyecto al congreso local, con el argumento de que la reforma violenta la libre competencia. Pocos días después, el gobernador electo, Adán López Hernández, defendió la reforma. Hasta el cierre de este recuento, el decreto no había sido publicado y la ley compadre no ha entrado en vigor, pero tampoco se ha desechado.

 

OCTUBRE

Amnistías fiscales que no beneficiaban al fisco, pero sí a grandes contribuyentes

El 1 de octubre, tras un litigio encabezado por la organización civil Fundar, el SAT hizo pública la información de 27 263 contribuyentes que entre 2007 y 2017 recibieron condonaciones y cancelaciones fiscales por 746 mdp. Además, se dio a conocer que 201 contribuyentes —amparados para no dar a conocer su identidad— recibieron condonaciones adicionales por 101 mdp. La suma total de la amnistía fiscal es de 847 mdp, que equivale al monto presupuestado por la SHCP para pagar pensiones (800 000 mdp) o al costo del IMSS (825 000 mdp) en el ejercicio fiscal 2020.

Las condonaciones más grandes se concentran en un pequeño grupo de contribuyentes poderosos, que son quienes tuvieron acceso a importantes despachos de abogados. Por ejemplo, montos de 310 mdp o más les fueron condonados a 10 % de los contribuyentes; y 37 % de las condonaciones se concentra en 0.7 % de los contribuyentes, que son justamente quienes se ampararon contra la publicación de su identidad.

Ley antifactureras: evasión fiscal que se convierte en delincuencia organizada

El 15 de octubre se aprobó la ley antifactureras, un conjunto de reformas legales que equipara la defraudación fiscal, el contrabando, la expedición y el lucro con facturas falsas o simuladas, al delito de delincuencia organizada. El objetivo es sancionar con cárcel a quienes defrauden a la hacienda pública por más de 7.8 mdp, de forma que se desincentive la simulación y la evasión fiscal. Además, la acusación de delincuencia organizada no es directa para todos los defraudadores, pues sólo aplica si se acredita la colusión de tres o más personas para cometer el delito de manera reiterada.

Sin embargo, equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada tiene, al menos, tres grandes problemas: se desincentiva la formalidad porque quienes pueden ser acusados de factureros necesariamente debieron estar registrados ante el SAT; se endurecen las penas para presuntos factureros sin garantía sobre los criterios que usan tanto el SAT como la UIF para investigar, y se vulnera la presunción de inocencia, pues la mera acusación de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa y permite el congelamiento de cuentas e incautación de activos cuya legítima procedencia no pueda acreditarse.

 

NOVIEMBRE

Carlos Romero Deschamps renuncia al STPRM bajo investigación

El 16 de octubre, Carlos Romero Deschamps renunció a su cargo como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que desempeñaba desde hace 26 años, en medio de escándalos de opacidad, malos manejos financieros y poca transparencia en su gestión.

Desde principios de año, el Inai instruyó al STPRM a que entregara información sobre su presupuesto, pero el sindicato se amparó. Tras la renuncia de Romero Deschamps, López Obrador informó que existen dos denuncias penales contra el exlíder sindical.

A principios de noviembre, Blanca Rosa Durán Limas, esposa de Romero Deschamps, recibió una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra.

 

DICIEMBRE

¿Un año de una nueva era democrática?

El 1.º de diciembre se cumple el primer año de gobierno de AMLO, quien prometió desde la campaña una verdadera transformación en la que la corrupción no tendría cabida y se atendería primero a los pobres. Sin embargo, este gobierno ha enfocado su esfuerzo en recopilar sus propios datos, generar clientelas, desdeñar la técnica, señalar y castigar a enemigos, recompensar la lealtad sobre la legalidad, concentrar el poder y colocar a alfiles que compartan principios ideológicos en encargos clave. México ya vivió esta concentración de poder en el siglo XX con el PRI.

Más que un cambio de régimen y más allá de las promesas de campaña, los mexicanos aspiran a un cambio en la ejecución de las reglas: leyes que se cumplan para todos, instituciones sólidas, justicia imparcial, eliminación de privilegios, elecciones regulares, encargos fijos, respeto a la voluntad popular, una economía creciente y mayor bienestar para todos. Pero sobre todo, los mexicanos aspiran a tener seguridad, a dejar de tener miedo por su vida y la de su familia. A ese objetivo común debe volcarse el gobierno el resto del sexenio: a construir un verdadero Estado de derecho.

 

Sofía Ramírez Aguilar, Leonor Ortiz Monasterio, Leonardo Núñez González, Gerardo Carrasco, Cecilia Castro y Ricardo Alvarado Andalón
Investigadores de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

 

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