La transformación anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un proyecto de cambio radical que busca incrementar el poder y alcance de la mayoría, en el que para ello se echa mano de un liderazgo carismático. A continuación se describen con mayor detalle estos dos elementos.

Ilustraciones: Patricio Betteo

 

La democracia que reaparece en Occidente a finales del siglo XVIII evoluciona a lo largo del XIX y se consolida para mediados del XX, es un modelo repleto de adjetivos. El producto final fue una democracia liberal, representativa y constitucional, que opera con algún tipo de economía de mercado y tiene una cierta relación con la “verdad”. Todos estos calificativos son fundamentales y explican su enorme éxito. El problema es que este modelo está lleno de tensiones, en particular entre la democracia entendida como el gobierno de la mayoría y sus adjetivos. Se trata de las llagas de la democracia moderna.

Una primera tensión es entre la democracia y el liberalismo.1 De entrada, son dos proyectos con distintos objetivos. A la democracia le interesa quién tiene el poder: la mayoría. Al liberalismo le preocupa qué puede y no puede hacer quien tiene el poder. Además, estas tradiciones operan con valores diferentes. Los demócratas buscan cohesión social y equidad, mientras que los liberales valoran el individualismo y ven en la equidad una amenaza potencial a la libertad y a los derechos de propiedad.

Una segunda llaga tiene que ver con la relación entre democracia y constitucionalismo.2 Una vez más vemos distintos objetivos y valores. El constitucionalismo es una teoría sobre la importancia de limitar al Estado para evitar resultados autoritarios. Su premisa es que la concentración de poder lleva inevitablemente a su abuso, por lo que es necesario dispersarlo y frenarlo. El énfasis aquí es sobre la función de “limitar” que tienen las constituciones. La democracia, en cambio, es más optimista respecto a la capacidad del ser humano para autogobernarse y busca empoderar al ciudadano, al darle autoridad al Estado para actuar en su nombre. Las constituciones en este contexto son vistas como herramientas de “empoderamiento”. Además, la perspectiva moral de estas dos tradiciones es distinta. Mientras que la democracia opera con un cierto relativismo, donde lo que hay son diferentes opiniones, todas con cierta validez, el constitucionalismo supone que existe un estándar externo que permite establecer si una política infringe o no la dignidad humana. Finalmente, la fuente de legitimidad varía. Para la democracia ésta fluye del apoyo mayoritario, pero bajo el constitucionalismo es producto del apego a la ley.

Una tercera tensión se da entre la democracia y la representación.3 De origen surge una brecha entre quienes conceptualizan la representación en función de los derechos de los representados y los que la identifican con la superioridad moral o intelectual de los representantes. Asimismo, hay quien enfatiza la autoridad de los representantes para actuar y obligar a los ciudadanos a acatar sus decisiones y los que insisten en que los representantes deben consultar a la comunidad antes de actuar. Otra disputa más es entre los que entienden la representación como una actividad en la que el juicio racional es central y quienes la ven como un acto de voluntad. Por todas estas razones la representación es, para unos, un vehículo que permite la democracia en sociedades modernas, pero para otros es un mecanismo para limitarla, que enajena a los representados.

Una cuarta llaga está relacionada con el capitalismo.4 Por un lado, los defensores de este sistema económico inicialmente rechazan la democracia ya que, al ser el “gobierno de los pobres”, amenaza la propiedad privada. Y por el otro, los demócratas, en un principio, objetan el capitalismo por la desigualdad e incertidumbre que inevitablemente genera.

Finalmente, una quinta tensión tiene que ver con la ambigua relación entre la democracia y la verdad, que tiene dos fuentes.5 Primero, la democracia depende de que exista una verdad “objetiva” a la que se pueda apelar cuando surgen disputas en el proceso de autogobierno, pero al mismo tiempo se insiste en que nadie es dueño de la verdad. Si bien se necesita un mínimo de “verdad compartida”, también es necesario un cierto debate sobre qué es y no es verdad y quién tiene la autoridad para determinarlo. La segunda fuente de ambigüedad tiene que ver con la vieja disputa entre los conocimientos del “experto” y el sentido común del ciudadano. La democracia presupone que cualquier adulto tiene la capacidad y conocimientos necesarios para participar en su autogobierno. Es decir, el sentido común tiene que ser suficiente para que la democracia sea viable. Sin embargo, con la creciente complejidad de la sociedad moderna, se requieren expertos, cuyo nivel de conocimiento no puede estar al alcance de todos.

Todas estas tensiones fueron resueltas tanto a nivel teórico como práctico en un largo, complejo y, en ocasiones, violento proceso. La historia del siglo XIX y de la primera mitad del XX es precisamente una de cómo la democracia va recogiendo adjetivos y se van mezclando distintas tradiciones políticas, hasta llegar al modelo que se consolida y vuelve dominante a partir de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, estas tensiones no desaparecieron del todo y el modelo, en ese sentido, siempre fue frágil. Por más que se consolidó, ahí estaban sus llagas y periódicamente alguien ponía su dedo en alguna de ellas. Por ejemplo, a partir de los años setenta, debates relacionados con los límites de la democracia representativa provocaron un creciente uso de referéndums. No obstante, el modelo parecía haber cuajado, dando resultados en términos materiales y ofreciendo un trato digno a todo ciudadano. Mientras hubiera resultados y dignidad, las tensiones eran manejables.

El problema es que en años recientes los resultados han sido cada vez más escasos y su distribución menos equitativa. Además, muchos se sienten maltratados por un sistema que se percibe sesgado, con la consecuente pérdida de dignidad. Ante esta situación, surgen proyectos alternativos que buscan dar “resultados y dignidad” de forma distinta. Y algo común a la mayoría de ellos es que enfatizan el componente democrático del modelo en detrimento de sus adjetivos —liberal, constitucional y representativo—, así como del mercado y la verdad. La democracia mexicana no es una excepción y el gobierno actual es parte de esta tendencia.

Lo primero a decir sobre el caso mexicano es que el modelo, si bien cuajó en Occidente, nunca realmente se implementó en México. La democracia, el liberalismo, el constitucionalismo entendido como un Estado de derecho, la representación, una genuina economía de mercado y la “verdad” como territorio compartido producto de la transparencia y rendición de cuentas, todo ello tuvo una historia fallida o incompleta a lo largo del siglo XX. No obstante, por lo menos desde los años ochenta y sobre todo a partir de la alternancia en 2000, este modelo generó un creciente consenso y se buscó implementar.

Sin embargo, al ser un modelo más bien aspiracional, no debe sorprender que, en los pocos años que lleva su proceso de implantación, hemos tenido escasos resultados. Y no sólo hubo pocos resultados, sino también mucha simulación que fue generando un creciente desencanto y hartazgo.

Para complicar la situación, el modelo entra en crisis a nivel occidental por lo menos a partir de la gran recesión de 2008. En prácticamente todas las democracias de la región, las tensiones internas del modelo afloran y distintos movimientos y líderes ponen sus dedos de forma simultánea en todas sus llagas. Es decir, justo cuando por fin se logra en México un consenso alrededor de este modelo y se inicia su implantación, empieza a ser cuestionado y pierde legitimidad en todo Occidente.

Este es el contexto en el que llega Andrés Manuel López Obrador a las elecciones de 2018 y propone su transformación. Escoge como blanco no el modelo en abstracto, sino su historia concreta en tierras mexicanas, una historia fallida a lo largo del siglo XX e inconclusa en el XXI. En ese sentido, lo que ve y denuncia no es tanto el tipo ideal, sino una versión que, en el mejor de los casos, era incompleta y, en el peor, pervertida. Es decir, una democracia elitista controlada por la partidocracia. Un gobierno tecnocrático que le da demasiado peso a la verdad del experto, quien ve al ciudadano común y corriente con frialdad y arrogancia. Representantes de todos los partidos que viven en una burbuja de privilegios y no ven necesidad alguna de dialogar ni consultar a quienes representan. Una clase política sin liderazgos ni visión, coludida con todo tipo de poderes fácticos. Un país donde la ley, más que aplicarse, es usada por los poderosos y, en el mejor de los casos, es un punto de partida para una negociación sólo entre poderosos. Una economía de mercado disfuncional, tanto por su capitalismo de cuates como por su naturaleza oligárquica. Un Estado débil en todos los sentidos, incapaz de redistribuir y ofrecer un mínimo de bienestar, seguridad y dignidad. En suma, lo que el candidato López Obrador denuncia es no sólo un país muy lejos de Dinamarca, sino a una élite política gatopardista que, en el fondo, no quiere llegar a Dinamarca.

Ante esta realidad, lo que propone AMLO es un reequilibrio de los distintos elementos del modelo, al dar más peso al componente democrático. Y en el contexto de la crisis de ese modelo a nivel occidental, su propuesta suena razonable y no se siente radical. Así, de cara al adjetivo “liberal”, propone mayor énfasis en la igualdad y el bienestar, y para ello se piensa que se necesita “limitar” menos al Estado. De cara al adjetivo “constitucional”, dice que hay que usar la ley más para empoderar a la gente que para limitar al gobierno. También, rechaza el pesimismo del constitucionalismo obsesionado con posibles abusos de poder y argumenta que, si es necesario escoger, se le debe dar prioridad a la legitimidad que fluye de las urnas, frente a la que deriva de la ley. De cara al adjetivo “representativa”, se piensa más en los derechos de quienes son representados que en la autoridad de sus representantes, quienes deberán consultar al pueblo antes de actuar. Asimismo, se argumenta a favor de una representación mínimamente descriptiva y se enfatiza la representación como un acto de voluntad más que de juicio racional. De cara al capitalismo se busca confrontar su naturaleza oligárquica y de cuates, separando el poder político del económico. Finalmente, en cuanto a la verdad, se insiste en que nadie, ni siquiera el Inegi, es dueño de la misma, al mismo tiempo que se defiende la sabiduría del pueblo y el sentido común frente al experto, incluyendo, en ocasiones, a los expertos del propio gobierno.

En suma, el proyecto político pareciera ser uno democrático radical que, en un contexto en el que las llagas de la democracia moderna están más expuestas, pone el dedo en cada una de ellas con el objetivo de incrementar el peso y alcance de la mayoría.

 

El dedo en cuestión tiene que ser el de López Obrador, ya que pareciera que la estrategia para lograr el reequilibrio propuesto es la implantación de una “democracia plebiscitaria de liderazgo”.6 Este modelo, como lo concibió en su momento Weber y ha sido desarrollado por distintos autores, cuenta con una dimensión descriptiva y otra prescriptiva.

Por lo que toca al aspecto descriptivo, el punto de partida de Weber es una reflexión sobre el impacto que tuvo la adopción del sufragio universal y la aparición de partidos políticos de masa. Lo que identifica y trata de teorizar es la paulatina personalización de la política en la que temas sustantivos pasan a un segundo plano; la creciente importancia de los candidatos por encima de su partido; un discurso cada vez más emocional y menos racional; y un nuevo vínculo directo entre líderes y votantes, en detrimento del rol mediador de los partidos y el poder del parlamento. El esquema que desarrolló para entender todo esto cuenta con seis elementos.7

Primero, un liderazgo carismático que se crea y manifiesta a través de las urnas. El ser victorioso en la lucha electoral, el derrotar a un poderoso rival, es visto como un acto heroico. El compromiso del líder con una causa, su articulación de una visión, todo ello es validado y aclamado a través del sufragio universal. Es decir, se trata de una autoridad carismática que, sin embargo, opera con una legitimidad que fluye de la voluntad de los gobernados.

Segundo, el carácter plebiscitario de las elecciones que remplazan la aclamación ocasional como método para reconocer al líder carismático. Se trata no tanto de escoger entre distintas opciones, sino de aceptar o rechazar a un líder.

Tercero, un contexto de crisis que bien puede ser generado por el propio líder a nivel discursivo. Asimismo, elementos rutinarios como las elecciones pueden ayudar en este proceso, ya que rompen con la cotidianidad y representan una posible ruptura en cuanto a política pública. Además, es factible movilizar y polarizar al electorado en una campaña, al elevar los costos de la elección y convertirla en una coyuntura crítica.

Cuarto, políticas radicales como resultado de cualidades extraordinarias que le permiten al líder superar el estado statu quo. El contexto de crisis, a su vez, facilita la adopción de un proyecto de cambio profundo, ya que permite la “primacía de la política” frente a la ley y las normas burocráticas.

Quinto, la demagogia que, según Weber, se vuelve inevitable en la lucha por el voto en una democracia de masas. Esta tendencia se ve reforzada por la necesidad de una constante comunicación entre líder y seguidores en una democracia plebiscitaria de liderazgo. Cabe señalar que para Weber la demagogia no es algo siempre negativo y tiene un lado positivo, al permitir una genuina comunicación con las masas para lograr su confianza, todo ello en un contexto de relativa transparencia y pluralidad, en el que el discurso del líder puede ser criticado por la oposición.

Finalmente, la democracia plebiscitaria de liderazgo cambia la naturaleza de la representación política en tres aspectos fundamentales. Primero, la representación se vuelve más directa y los intermediarios tradicionales —partidos políticos y parlamento— juegan un papel secundario. Segundo, la representación es más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Y tercero, el líder plebiscitario logra un mandato amplio, con menos restricciones.

En cuanto a la dimensión prescriptiva, Weber desarrolló este esquema teórico en parte como respuesta a los retos que enfrentaba la joven democracia alemana al finalizar la Primera Guerra Mundial. Según Weber, Alemania en 1919 se caracterizaba por: un parlamento débil; una burocracia poderosa; un contexto de crisis producto de la derrota militar; la necesidad de un nuevo orden político tras la abdicación del emperador; la ausencia de liderazgo político; y partidos que representaban al viejo orden. Esta situación hacía inviable la opción parlamentaria tradicional y menos con representación proporcional, ya que dicho arreglo transformaría al parlamento en un órgano corporativo integrado por hombres mezquinos, sin capacidad para generar los liderazgos necesarios para el buen funcionamiento de una democracia. Ante esta situación, sólo un liderazgo político carismático con apoyo popular sería capaz de resistir la osificación de la política en manos de élites partidistas y burocráticas, así como de poderes fácticos.

Al pasar al caso mexicano, tanto la dimensión descriptiva como prescriptiva del esquema parecen ser relevantes. Por lo que toca a la parte descriptiva, el estilo personal de gobernar de López Obrador muestra las principales características de la democracia plebiscitaria de liderazgo.

Vemos claramente a un líder carismático como pocos en la historia reciente del país. Pero su carisma se genera y manifiesta en el ámbito electoral tal y como lo plantea el modelo. Una y otra vez escuchamos descripciones de AMLO como alguien en campaña permanente. Es común toparse con análisis del ahora presidente que enfatizan lo ocurrido en las elecciones de 2006 o 2012 para entender lo que dice y hace hoy. El propio López Obrador hace una descripción heroica de sus batallas electorales y de su victoria final en las urnas. Asimismo, sus seguidores constantemente hacen referencia a la mayoría lograda en el plano electoral.

Un entendimiento plebiscitario de las elecciones es también algo que comparte López Obrador con el esquema weberiano. AMLO ve las elecciones como un referéndum sobre su liderazgo, incluso los comicios que no lo involucran a él como candidato los convierte en un plebiscito sobre su persona. Sus seguidores enfatizan el apoyo que tiene, independientemente del proyecto y sus resultados. Pero su propuesta de revocación de mandato es, tal vez, la más clara muestra de esta perspectiva plebiscitaria.

La idea de crisis también está presente. La forma en que presentó su proyecto a la largo de la campaña, el título de su libro —2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México— son muestras de la crisis en la que, según AMLO, el país estaba inmerso y ante la cual era necesaria la transformación propuesta. Su descripción de la situación en la que hereda el país, así como su evaluación de lo ocurrido durante el periodo neoliberal, son las de una severa crisis multidimensional.

El radicalismo es otro aspecto de la democracia plebiscitaria de liderazgo que vemos en la propuesta de López Obrador. De entrada, la comparación que hace entre su tranformación y las tres previas —Independencia, Reforma y Revolución— no dejan duda alguna de que el cambio propuesto aspira a ser un cambio radical. Y varios de sus primeros pasos ya como presidente también evidencian este radicalismo.

La demagogia, como la entiende Weber, es algo que también está presente. Es notable la capacidad que tiene López Obrador para hablar de forma directa con la gente y conectar con ella. La constante comunicación con el pueblo a través de las mañaneras, sus giras, conversaciones casuales mientras espera su vuelo comercial. Su disposición a polemizar con la oposición y con periodistas. Su aguda sensibilidad social, capaz de identificar y conectar con agravios profundos. La forma en que vende esperanza ante el hartazgo y ofrece una salida que, según él, nos permita dejar atrás la decadencia. Todo ello escurre demagogia.

Y finalmente la representación directa, vertical y sin límites. El nuevo presidente ocupa prácticamente todo el espacio público, brincando por encima de cualquier intermediario para hablar de forma directa con la gente. Incluso su propio partido, Morena, juega un papel secundario y no cumple el rol mediador entre base y líder. La verticalidad de esta representación es también innegable. El proyecto es suyo y no requiere ser debatido ni puede ser interpretado más que por el propio AMLO. Al mismo tiempo, este gran mandato popular no parece tener límites y puede ser ajustado por López Obrador sin, al parecer, costo alguno, como lo demuestra su cambio de postura en el tema del uso de las fuerzas armadas para combatir la inseguridad.

En cuanto a la dimensión prescriptiva, es posible encontrar ciertos paralelos entre el sistema político alemán en 1919 y el mexicano en 2019. En ese sentido, se puede presentar la democracia plebiscitaria de liderazgo como una solución para México, como en su momento Weber lo hizo para Alemania.

La debilidad del parlamento alemán que Weber detectó la podemos ver también aquí, producto de décadas de gobiernos divididos y una élite partidista amañada. El enorme poder de la burocracia que resaltó tiene su reflejo, se podría argumentar, en el control que ha ejercido la tecnocracia en México desde los años ochenta. El contexto de crisis en Alemania a finales de la Gran Guerra, si bien es de un orden de magnitud distinto a lo que hoy se vive en México, tiene tal vez sus paralelos en la violencia en la que estamos inmersos, el crecimiento económico mediocre que no logramos superar, los altos índices de corrupción con los que convivimos y el nivel de pobreza y desigualdad que tenemos. La ausencia de liderazgo político y la presencia de partidos que representan más el pasado que el futuro, son también rasgos que, se podría argumentar, están presentes en México hoy como lo estuvieron en Alemania hace cien años.

 

Los dos elementos del proyecto político de esta transformación —su mayoritismo y la democracia plebiscitaria de liderazgo— generan todo tipo retos y representan múltiples riesgos, tanto para quienes apoyan la transformación propuesta como para los que la cuestionan.

Para los opositores del proyecto de AMLO, dado que el reto es interno al propio modelo —es decir, resulta de las tensiones entre sus distintos componentes, así como de simulaciones que impidieron su plena implantación en el caso mexicano— la respuesta no puede ser una mera defensa del estado de las cosas anterior al triunfo de López Obrador. Es necesario tomar nota de las tensiones y simulaciones, reconocer culpas propias y, en consecuencia, ofrecer un modelo renovado y repensado que dé respuesta a reclamos genuinos. Además, la crisis del modelo a nivel occidental pareciera también impedir un simple regreso a las recetas del libro de texto adoptado a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial.

También hay retos para quien apoya el proyecto de AMLO. De entrada, no queda claro cómo funciona una democracia en la que las elecciones tienen un propósito plebiscitario para ratificar al líder si no hay reelección. Asimismo, el cesarismo que, según Weber, va de la mano de la democracia de liderazgo es algo que invariablemente divide a la izquierda, por más progresista que resulte el César.

Los riesgos son para ambos bandos y para cualquiera que esté a favor de algún tipo de democracia funcional que ofrezca resultados y dignidad para todos.

Del lado del mayoritismo, si bien se vale y tal vez sea necesario buscar un nuevo equilibrio entre la democracia y sus adjetivos para así lograr conectar con una mayoría que se siente agraviada, se corre el riesgo de que en el proceso se diluyan al grado que, para efectos prácticos, desaparezcan y termine uno con una democracia sin adjetivos.

Por lo que toca a la democracia plebiscitaria de liderazgo, el principal riesgo es que este arreglo degenere en un gobierno arbitrario sin restricciones. Por más que el liderazgo carismático pueda ser necesario como contrapeso al legalismo formal y la racionalidad típica de todo gobierno moderno, no puede desembocar en un liderazgo arbitrario. El líder carismático debe mantener un firme compromiso con la “ética de la responsabilidad”, es decir, debe ofrecer una justificación racional de sus actos y tomar en cuenta las consecuencias, lo que implica ser transparente y rendir cuentas. Y el rol del parlamento, por más secundario que sea, es precisamente asegurar que ningún líder, por más carismático, olvide estas limitantes.

La democracia moderna necesita adjetivos y los necesita porque requiere de restricciones. Al mismo tiempo, dada nuestra historia y en el contexto de una crisis del modelo a nivel occidental, es necesario reconocer que se vale repensar la relación de la democracia con sus adjetivos y que, en la coyuntura, esos adjetivos también podrían ser “plebiscitaria de liderazgo”.

 

Javier Tello Díaz
Analista político.


1 Múltiples autores han identificado esta tensión, entre ellos Giovanni Sartori y C. B. Macpherson, de quienes se obtiene el siguiente resumen.

2 Varios expertos han analizado esta tensión, entre ellos Jeremy Waldron, Jürgen Habermas y Larry Alexander. El siguiente párrafo resume algunas de sus posturas.

3 A continuación se resume el análisis que hacen de este tema Mónica Brito Vieira y David Runciman en su libro Representation, Polity Press, 2008.

4 Esta tensión ha sido analizada por un sinnúmero de autores.

5 En este párrafo se resumen los argumentos de Sophia Rosenfeld en su libro Democracy and Truth, University of Pennsylvania Press, 2019.

6 El término es más de intérpretes de Weber como Jeffrey Green y András Körösényi que de Weber mismo.

7 El siguiente listado es de Körösényi.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.